Sin insectos no habrá chocolate ni café ni almendras. Y no son los únicos alimentos amenazados. La FAO pone cifras a un futuro de despensas vacías: 8 de cada 10 cultivos a nivel mundial dependen de los polinizadores, una fauna acorralada a tal extremo que un tercio está en peligro de extinción. La organización internacional, además, señala como una de las principales causas la intensificación de la agricultura y su uso masivo de químicos, como plaguicidas y fertilizantes. Lo que desmiente frontalmente a aquellos que señalan que sin agrotóxicos no habrá suficiente comida. Es justo lo contrario. La pérdida de biodiversidad es la que amenaza directamente nuestra soberanía alimentaria. 

Según esto, España debería estar muy preocupada. La conocida como la Huerta de Europa tiene casi la mitad de su territorio dedicado a la agricultura y de ésta, el 80% (18 millones de hectáreas) está amenazado por contaminación de plaguicidas. Algo que se detecta incluso en espacios protegidos como los Parques Nacionales. Y no solo hablamos de alimentación y economía, sino de salud pública. La ciencia lleva décadas relacionando estos compuestos con un mayor riesgo de padecer diabetes, trastornos reproductivos y respiratorios, disfunciones neurológicas o cáncer. Por ello, no parece muy saludable que la concentración de estos agrotóxicos esté por encima de los límites permitidos para el consumo humano en el 30% de las estaciones de control de aguas superficiales de nuestro territorio (datos del MITECO de 2022). Mucho menos tranquilizador es que se haya detectado en la orina de los niños y niñas españolas presencia de pesticidas prohibidos.

Lamentablemente, llevamos mucho tiempo así. En 1962, vivimos un hecho histórico al formalizar nuestra entrada al Mercado Común Europeo, dando así los primeros pasos para formar parte de lo que finalmente sería la Unión Europea. Mientras, al otro lado del charco, se publicaba en Estados Unidos un libro que también debiera haber cambiado el rumbo de la historia: Primavera silenciosa. En él, la bióloga Rachel Carson denunciaba los efectos nocivos que sobre la naturaleza tenía el empleo masivo de productos químicos. Ahora, seis décadas después y con mucha más evidencia científica que refuerza las premisas de Carson, España tiene la oportunidad de poner freno a esta amenaza que acababa con el canto de las aves o el zumbar de las abejas y asegurar nuestra capacidad de producir alimentos.

En menos de dos meses, el Gobierno prevé publicar un nuevo Plan de Acción Nacional para el Uso Sostenible de los Productos Fitosanitarios (PAN) para “conseguir la reducción de los riesgos y los efectos de su uso en la salud humana y el medio ambiente”, informa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sin embargo, el borrador al que hemos tenido acceso no logrará proteger adecuadamente ni a las personas ni a la naturaleza. El Plan presenta deficiencias en sus objetivos, su aplicación y control. También en su grado de ambición, así como en los indicadores establecidos para medir el riesgo asociado al empleo de pesticidas. No asegura un principio básico ineludible, que es el de precaución. 

El texto tampoco recoge aspectos claves de las Estrategias De la Granja a la Mesa y de Biodiversidad, propuestas en 2020 por la Unión Europea. En concreto, no hace suyos los objetivos de reducir el uso y el riesgo globales de los plaguicidas químicos en un 50%, así como el empleo de los más peligrosos a la mitad de aquí a 2030.

Para enmendar la situación solicitamos retirar el actual borrador del PAN y rehacerlo para que incluya metas a la altura de la problemática, como las marcadas por Europa. Debe incorporar objetivos vinculantes, ambiciosos y medibles de reducción cuantitativa y cualitativa del uso e impacto de plaguicidas, para el período 2024-2029. En concreto, la acción pública debe lograr una reducción del 50% de la carga tóxica real. También, tiene que prohibir de manera inmediata el uso de los pesticidas de mayor peligrosidad, recogidos en la lista elaborada por Pesticide Action Network. Y todo ello, asegurando que se aplique desde el principio en zonas altamente contaminadas, donde el impacto ambiental y sobre la salud humana ya se manifiesta de urgencia, como el Mar Menor y Doñana. 

El nuevo PAN debe vetar el uso de plaguicidas en zonas públicas de uso no agrario, especialmente en aquellas en que residen poblaciones sensibles, como parques y jardines, entornos de colegios, hospitales y residencias de personas mayores. Adicionalmente, tiene que evitar su empleo en el mantenimiento de vías de tren, arcenes de carreteras, etc. En todos estos casos, los herbicidas a base de glifosato no pueden estar autorizados.

Para lograr unos campos libres de pesticidas sintéticos, y que la transición se haga de una manera justa, deben también recuperarse los sistemas públicos de asesoramiento, formación y acompañamiento, como apoyo a las personas que trabajan en el sector agrario. Al mismo tiempo, tiene que mejorar la calidad y transparencia de los datos disponibles, eliminando el secreto estadístico, que menoscaba el escrutinio público de la sociedad civil. Finalmente, y más allá del PAN, tiene que apoyarse la producción y el consumo de alimentos ecológicos. 

Más allá de este plan estatal, le corresponde a la Unión Europea recuperar el rumbo de la transición agroecológica y poner sobre la mesa una normativa ambiciosa sobre plaguicidas, que sea ejemplo a nivel mundial.  También, debe exigir las mismas normas de juego en los mercados globales, para cuidar la salud de las personas productoras y los ecosistemas dentro y fuera de las fronteras europeas. 

Desde WWF España, SEO/BirdLife, la Sociedad Española de Agroecología (SEAE) y Ecologistas en Acción, pedimos al Gobierno de España que, aunque con 60 años de retraso, asuma como prioridad ambiental y de salud pública la protección frente al impacto de los plaguicidas. Porque volver a las primaveras ruidosas -con zumbidos, trinos y croares- beneficia a toda la sociedad, desde quienes producen hasta quienes consumen los alimentos. En definitiva, a quienes viven y pretenden hacerlo (bien) durante mucho tiempo.