El principio de ordinalidad en el ámbito de la financiación autonómica es un mecanismo para garantizar que comunidades que aportan más a la caja común de la hacienda pública tengan menos recursos por habitante para abordar sus competencias en servicios públicos que las que aportan menos. La aplicación del principio de ordinalidad está en el acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. 

A menos que el Estado reduzca su gasto o que aumente sus ingresos y los distribuya entre las comunidades, el “cupo” catalán va a alterar los principios de solidaridad interterritorial tal y como hoy lo entendemos. Si se aplicara, Andalucía, que hoy recibe unos 600 euros por habitante más de lo que aporta, podría ver recortada seriamente esa cantidad. Cataluña, que recibe 300 euros por habitante menos de lo que aporta, podría ver compensado ese déficit. Se trata de una práctica común en estados federales. En Alemania, las regiones que más aportan son las que más reciben. 

Estamos los andaluces muy acostumbrados a que se nos tache de pedigüeños; incluso se ha escrito que en la Comunidad Autónoma andaluza se viene aplicando, desde comienzos de los años ochenta, una política económica presidida por la estrategia del “subdesarrollo racional” que consiste en admitir la incapacidad de los andaluces para converger con las regiones ricas mientras se recoge la siembra victimista para que la solidaridad de otros pueblos sostenga las necesidades de los ciudadanos, cuando no las políticas clientelares de los partidos en el gobierno o, como ocurre hoy con Moreno, y a cachitos, las transferencias a entidades privadas en los campos de la sanidad, la enseñanza, la dependencia, etc. 

La posición de pedigüeño no casa con la pertinaz política fiscal del actual gobierno de la Junta en favor de la reducción de impuestos sobre los que tiene competencias normativas y de gestión: el 100% de los impuestos sobre patrimonio, sucesiones, donaciones, impuesto de transmisiones patrimoniales, impuesto de actos jurídicos documentados y tasas de juego, y el 50% sobre el IRPF. Andalucía solo cubre el 46% de su presupuesto con los impuestos recaudados en la región. 

La Junta de Andalucía tiene competencia normativa sobre el 50% del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, y también en este caso, se ha procedido a la rebaja de los tramos del impuesto, con especial deducción para los más ricos.

La Junta de Andalucía es, junto a Madrid, la única comunidad española que ha suprimido el Impuesto sobre el Patrimonio –en Cataluña se genera unos 600 millones por ese concepto-, lo que sin duda beneficia a los grandes propiedades rústicas y urbanas –el 5% de los andaluces posee el 55% del patrimonio privado-, al tiempo que está indicando que la inversión más rentable aquí es la adquisición de bienes inmuebles, la privatización y especulación de suelo o vivir de la renta antes que invertir en actividades productivas que contribuyan a la convergencia económica y social con el resto de España. 

Con el mismo objetivo se han implantado bonificaciones para el impuesto de sucesiones y donaciones que viene decayendo en los últimos años; en 2023 se recaudó por este concepto 39 millones menos que el año anterior. Quiere esto decir que la herencia, y no el mérito personal, sigue siendo clave en la estratificación de la sociedad andaluza. En Cataluña, el gravamen oscila entre el 7 y el 24% y la recaudación en 2023 se acercó a los 1.000 millones de euros. 

Otro impuesto sobre el que la Junta tiene competencia absoluta son los impuestos de transmisiones patrimoniales que gravan las transferencias de propiedad y los actos jurídicos documentados. En Andalucía, dependiendo de los bienes transferidos, el gravamen que estaba en el 10% se ha reducido al 6 y el 7%. En Andalucía se ha recaudado por este concepto unos 2.400 millones de euros en cinco años; en Cataluña, también 2.400 millones, pero sólo en 2023. Incluso el impuesto al juego está menos gravado en Andalucía -15%- que en Cataluña -20%-. 

Los ayuntamientos andaluces tienen plena competencia para fijar el gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles; en Sevilla, el tipo general es del 0,67% del valor catastral de la propiedad; el tipo aplicable es el mismo para el propietario de la vivienda que habita, para el casero que especula con la propiedad y para el dueño del piso turístico al que, al menos, se le han suprimido las bonificaciones. Además, están exentos de pagar IBI la Iglesia católica –pese a las inmatriculaciones- o las escuelas concertadas, que vienen a ser lo mismo. Las propiedades destinadas a uso comercial pagan el 1,12%. En todos los casos en los que la propiedad se destina a la obtención de un beneficio, el gravamen es ridículo; no hay forma con esos criterios de mermar el parasitismo económico, de hacer que la propiedad decaiga en la jerarquía de las recompensas al capital. 

La Junta de Andalucía tiene competencia normativa sobre el 50% del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, y también en este caso, se ha procedido a la rebaja de los tramos del impuesto, con especial deducción para los más ricos; el 18% de los andaluces con mayores rentas han visto reducida su contribución un 39%; el IRPF recauda el 12,8% del total de la recaudación autonómica andaluza; en Cataluña es el 43,3% del total. 

El argumento típicamente neo-liberal de que reduciendo impuestos se atrae capitales es un trampantojo; competir con Madrid en hacer dumping fiscal como hace Moreno es ganas de hacer trampas al solitario.

Afirma la Junta que rebajando impuestos se recauda más porque el dinero que no se paga en impuestos se gasta en beneficio de la actividad económica; de hecho, en 2023, la recaudación se incrementó un 20,7% más que el año anterior; ese incremento se ha producido por los aumentos del IRPF y del IVA; los del IRPF por el aumento de trabajadores cotizantes especialmente en sectores tan precarios y poco sostenibles como la hostelería y el turismo –como diría Mandeville, los pobres siguen comiendo de las migajas que caen de la mesa de los ricos-; el IVA, por el incremento de la demanda pero, sobre todo, por el aumento de los precios como consecuencia de la guerra de Ucrania. 

Tanto en uno como en otro impuesto, la recaudación podría ser mayor sin la permisividad de las autoridades con la economía sumergida –el 27% en Andalucía- o con el fraude en el IVA. La falta de inspección en las empresas y el dejar hacer con el pago “sin IVA” parece formar parte de una estrategia política para consolidar una “distributional coalition” de los dueños del capital, grandes y pequeños, para sortear las responsabilidades fiscales.  

El argumento típicamente neo-liberal de que reduciendo impuestos se atrae capitales es un trampantojo; competir con Madrid en hacer dumping fiscal como hace Moreno es ganas de hacer trampas al solitario; para atraer inversiones que no sean improductivas se necesitan aditamentos estructurales, institucionales y políticos de los que Andalucía carece en buena medida. El capital no va, por muchas facilidades fiscales que se den, allí donde no hay know how, donde se carecen de contactos políticos o clusters que faciliten el negocio. 

Los datos son tozudos. La inversión extranjera en Andalucía es el 2% de la española –nuestra población es casi el 18%-; en Madrid, la inversión extranjera es del 74,8%. Andalucía no converge ni siquiera con los niveles de renta medios del país. El PIB de la comunidad es 13,4% del PIB español, casi cinco puntos menos que lo que le correspondería por población; la renta media de los andaluces -21.000 euros- es una cuarta parte inferior a la media española, igual que hace un siglo; una estructura de recompensas basada en extraer rentas de la propiedad y en actividades de bajo valor añadido –agricultura, hostelería, turismo, construcción, etc.- y bajos salarios son responsables directos de la dificultad para remontar el vuelo. 

En esa situación de infradesarrollo, repugna el desprecio darwinista que los socios de la “distributional coalition”, de la “sociedad de socorros mutuos” que decía Ortega, tienen con la mayoría de andaluces; no importa que en Andalucía se encuentren los pueblos y los barrios más pobres de España; que la tasa de pobreza -30,5%- sea la más alta del país; no importa que Andalucía esté a la cola del gasto per cápita de la sanidad pública o de escuela pública. Todo sea por satisfacer a aquellos sectores sociales que sostienen que el pago de impuestos es un robo y votan para que se les rebaje o se haga la vista gorda por no pagarlos. 

España frustró el desarrollo andaluz desde 1873 imponiendo criterios proteccionistas y neo-coloniales en su política económica, dejándola en manos de caciques; lo volvió a frustrar al no llevarse a cabo la reforma agraria en 1931 que pudo salvar la República y condenar a Franco; y de nuevo dejando sin aplicación las estrategias de desarrollo recogidos en el Estatuto de Autonomía de 1980 sustituyéndolas por las tramposas y fallidas recetas neo-liberales. España nos debe tres.

Con este panorama, con tan burdas maniobras para beneficiar a una minoría, reclamar mayores transferencias desde las comunidades ricas mientras se rechaza el principio de ordinalidad tiene pocos argumentos para prosperar. Obviamente, para salir de este impasse se necesita gobiernos que atiendan las necesidades de la mayoría social, impulsar políticas para producir un cambio en el modelo productivo y, en ese itinerario, modificar los criterios de financiación es muy relevante. 

Desde las competencias normativas en materia fiscal que tiene la Junta de Andalucía se podrían establecer criterios que no sólo establezcan el principio del que más tenga más pague, sino la consecución del objetivo estratégico de desincentivar las inversiones no productivas, ejerciendo una mayor presión fiscal sobre buscadores de renta –las entidades privadas que viven del presupuesto público-, rentistas, especuladores, caseros y arrendadores turísticos serviría para desviar las inversiones hacia el capital productivo. Otra línea de trabajo sería incrementar la presión fiscal sobre aquellas rentas que provengan y reproduzcan las desigualdades sociales –las herencias y donaciones, los centros educativos y universidades privadas o concertadas-; es decir, estrategias que sirvan para levantar barreras de entrada al capital y hacer de la igualdad de oportunidades un factor determinante de la prosperidad. 

El secular atraso andaluz requerirá por otra parte la activación de negociaciones y acuerdos bilaterales con el Estado. Ya no valdrán en la nueva etapa los tortuosos ajustes que han presidido la negociación entre comunidades autónomas sobre fondos de convergencia, de suficiencia y de competitividad. Será justo que las comunidades que más den más reciban, pero también que nos preguntemos por las causas históricas, institucionales y políticas por las que unas comunidades autónomas son más ricas que otras y, por consiguiente, habrá que negociar bilateralmente con el Estado, para que esa verdadera “deuda histórica” pueda ser corregida. 

España frustró el desarrollo andaluz desde 1873 imponiendo criterios proteccionistas y neo-coloniales en su política económica, dejándola en manos de caciques; lo volvió a frustrar al no llevarse a cabo la reforma agraria en 1931 que pudo salvar la República y condenar a Franco; y de nuevo dejando sin aplicación las estrategias de desarrollo recogidos en el Estatuto de Autonomía de 1980 sustituyéndolas por las tramposas y fallidas recetas neo-liberales. España nos debe tres.

En un intento de favorecer la investidura de Salvador Illa en Cataluña y de salvar la continuidad de la mayoría pro-gubernamental en el Congreso, Pedro Sánchez ha aceptado los argumentos del candidato y de sus socios catalanes de incrementar la financiación de aquella Comunidad Autónoma aludiendo a la peculiaridad que define aquel territorio. Lejos de meterse en un charco de difícil salida en alusión a la España plurinacional, el argumento se ha centrado en la necesidad de adecuar las competencias asumidas por aquella Comunidad y sus necesidades financieras.

Al respecto de las peculiaridades en España, vengo años diciendo que este país, más que plurinacional es pluricapitalista, y lo lleva siendo desde hace muchos siglos, y que Andalucía, junto con Extremadura y Canarias, forma parte del pelotón de las regiones atrasadas, empobrecidas, por el arraigo de instituciones formales e informales construidas para favorecer a las élites y a sus clases subalternas “muy españolas y mucho españolas”. Frente esta realidad, empíricamente demostrable a poco que se consulten los datos, lo peor del caso es que los andaluces, como decía Ortega y Gasset, actuamos como comparsas de un ballet con música y coreografía que explicita el ethos narcisista que desde siempre se han esforzado en difundir los señoritos locales, ahora representados por Moreno Bonilla.

Un reciente estudio de la OCDE sobre el nivel de satisfacción de los andaluces con su vida, ofrecen los siguientes resultados. Los andaluces otorgaban un 1 al empleo, un 2 a la renta familiar, un 3 a la escuela; por encima del 5, y aún notables, se puntuaban las variables relativas a las relaciones sociales, a la convivencia y al buen vivir. Existe pues un más que evidente contraste entre los valores generados por la realidad material de los andaluces y la cultura artificiosa e inducida por los narcisos. En Andalucía no avanzaremos, ni se conseguirá avances en materia de financiación, hasta que la cultura arraigada en las necesidades de la mayoría se imponga a peculiaridad festera y darwinista que propalan las élites y sus subordinados.

Está por ver cómo afectaría a Andalucía el actual movimiento de fichas a la ley vigente de financiación que data de 2009, y me pregunto si merece la pena pedir más dinero, buscando la equiparación con el resto de comunidades autónomas, si Moreno se lo va a traspasar a sus amiguetes, ensanchando más de lo que ya están las desigualdades sociales entre andaluces

El parlamento aprobó en 2018, por abrumadora mayoría, los criterios para que los recursos financieros transferidos a la Comunidad Andaluza garantizaran la equiparación de sus infradotados servicios públicos a los del resto de España. Hay que resaltar el término “servicios públicos” porque Moreno Bonilla, haciendo de Robin Hood al revés, emplea las dotaciones financieras para darle a los ricos lo que le quita a los pobres. Los demoledores argumentos de Inmaculada Nieto y de Irene García en el último pleno del Parlamento Andaluz lo han dejado meridianamente claro.

Hoy, en 2024, está por ver cómo afectaría a Andalucía el actual movimiento de fichas a la ley vigente de financiación que data de 2009, y me pregunto si merece la pena pedir más dinero, buscando la equiparación con el resto de comunidades autónomas, si Moreno se lo va a traspasar a sus amiguetes, ensanchando más de lo que ya están las desigualdades sociales entre andaluces. La financiación que necesitamos y la peculiaridad idiosincrásica que la avale tienen que salir de la convicción del atraso relativo, de la evidente desigualdad social, de la mala calidad de las instituciones de esta variedad de capitalismo, de la necesidad de ejercer la soberanía sobre los recursos propios y sobre los que se generen aquí, porque, llegado a este caso, quizás no haga falta mendigar transferencias de comunidades ricas, sino, simplemente, aplicar bilateralmente nuestro propio “concierto”.

Durante un tiempo tocará preguntarnos por las razones del porqué el puzle de las derechas, la clásica, la extrema y la estrafalaria, han obtenido resultados tan favorables en las pasadas elecciones europeas del 9J, por qué constituyen esos resultados un escalón más en un fenómeno político que parece sistémico. Nos tocará tentarnos las ropas para admitir que un tipejo, presunto delincuente, salido de las modernas alcantarillas que son las redes sociales, con un megáfono en la mano, obtenga más audiencia y más votos que honorables formaciones políticas que han dejado horas y anhelos, incluso la vida en una época, en beneficio de las clases empobrecidas de la sociedad.

Obviamente, no hay una explicación fácil; se podría explorar la idea de que el medio es el mensaje, pero no sería suficiente; no está de más echar la vista atrás para acordarse de los marxistas de hace un siglo que decían que el comunismo era la fase ulterior del socialismo; hoy se podría decir que el anarco-capitalismo es la fase ulterior del neo-liberalismo que campeó a sus anchas por los circuitos de la globalización desde los años ochenta hasta la crisis de 2008. Desde la crisis de entonces, cegados en parte los circuitos de la economía global, de vueltas en muchos casos las empresas a las regulaciones nacionales o supranacionales como la de la Unión Europea, vemos aparecer en el escenario político a paladines de la libertad a ultranza que arremeten contra todo aquello que estorba y sirve de dique para negocios especulativos y corrupciones: el Estado de derecho, la democracia, la clase política honesta que se conduce por cauces constitucionales.

En eso no han modificado los trucos que los tramposos, como la tinta del calamar, han usado a lo largo de la historia de España; los culpables son siempre los otros: los infieles, los ilustrados, los republicanos, los rojos, etc.; en definitiva, todos los que se oponen a sus robos y usurpaciones

Si esta gente, pese a su discurso cínico y su aspecto grotesco, gana elecciones es porque ofrece a una parte del electorado lo que quiere oír y espera que se le conceda una vez llegado al poder: impunidad. Vemos al Partido Popular atrincherarse en el Consejo General del Poder Judicial y en una parte de la jurisprudencia para que pasen desapercibidas sus corrupciones de cuando se consideraban impunes; vemos a Vox arropándose de viejos resabios franquistas, añorando los tercios de Flandes, para reproducir lo que hacía Franco desde el poder: no meterse en política, manejar una grandilocuencia sublime y tramposa para llenar impunemente sus bolsillos y los de sus amigos políticos; estos que han salido ahora, como Milei, no necesitan ningún tipo de pretexto para tener impunidad: vienen a acabar con el Estado, con la motosierra, por la cara, en nombre de la libertad.  

En su camino hacia la impunidad las tres derechas utilizan una misma estrategia: ver la paja en el ojo ajeno aun percatándose del madero que tienen en el propio. En eso no han modificado los trucos que los tramposos, como la tinta del calamar, han usado a lo largo de la historia de España; los culpables son siempre los otros: los infieles, los ilustrados, los republicanos, los rojos, etc.; en definitiva, todos los que se oponen a sus robos y usurpaciones. Pueden hurgar como modernos torquemadas, inventar conspiraciones y bulos para señalar a sus enemigos sin el menor pudor o vergüenza a que se les señale: y tú mucho más.

Su corrupción no les pasa factura por la sencilla razón de que forma parte del mensaje: ninguna traba a la iniciativa personal, sea un canto a la “libre empresa” sea el incumplimiento de las normas democráticamente aceptadas. Y no les pasa factura porque es el mensaje que quiere oír su electorado; no pasa factura que mueran miles de ancianos y ancianas en las residencias si permiten esquivar las obligaciones urbanísticas; no pasa factura que se usurpen los servicios públicos si permiten pagar menos impuestos o no pagarlos, ni prescindir del IVA en las facturas, ni abrir pozos ilegales o negarse a pasar controles fitosanitarios, ni explotar vilmente a los inmigrantes por la mañana mientras se le segrega socialmente por la noche, etc., etc. Es impunidad lo que necesita esta gente y lo que reclama a sus políticos.

El Estado fascista no fue sino una acumulación de impunidad disfrazada de testosterona. No es sorprendente que los votantes que reclaman hoy impunidad suelan ser varones. De aquella nefasta experiencia se aprendió tras la Segunda Guerra Mundial con estados ocupados de implementar el pleno empleo y el bienestar

Queda el capítulo de la juventud; hay muchos motivos para su enojo; sienten que el Estado les ha abandonado en capítulos importantes para sus vidas como son la certidumbre de cara al futuro, el empleo y la vivienda, entre otros. A la manera neo-liberal se les ha dicho que se valgan por sí mismos, y una parte, pequeña afortunadamente, ha entendido que, en la competencia, todo vale, y en el todo vale, el mensaje de la impunidad de las derechas, el vivere pericolosamente fascista, es el adecuado.

En la actualidad, podemos situar la historia de la humanidad como en una posguerra: la guerra global que sostuvo desde 2019 a 2021 contra el COVID, y la podemos comparar con las de otras guerras mundiales del siglo XX;  de la Primera Guerra Mundial surgieron los fascismos alimentados por el abandono que el Estado liberal hizo de ex combatientes y trabajadores en la penosa depresión económica de los años veinte y treinta; el Estado fascista no fue sino una acumulación de impunidad disfrazada de testosterona. No es sorprendente que los votantes que reclaman hoy impunidad suelan ser varones. De aquella nefasta experiencia se aprendió tras la Segunda Guerra Mundial con estados ocupados de implementar el pleno empleo y el bienestar.

¿Qué camino quiere tomar Europa y España en la posguerra del COVID? ¿Cuidados o impunidad? Hoy, contra la impunidad del anarco-capitalismo, contra los impunes de pacotilla que reclaman libertad sin mirar cuáles son las consecuencias de sus actos, sólo hay un remedio y se llama Boletín Oficial del Estado.

El concepto de nación es polisémico y ha tenido diversas acepciones a lo largo de la historia. En España, se utilizaba en el siglo XVIII para definir la identidad política y emocional de la población con un déspota más o menos ilustrado; por los efectos de la Guerra de Independencia de 1808, la nación se identificó con el común, con la soberanía compartida y la voluntad de pertenencia. En el segundo tercio del siglo XIX, la clase burguesa se fue dotando de los mecanismos institucionales que le permitieron poner en marcha un proceso acelerado de acumulación de capital; como es sabido, uno de esos mecanismos fueron las leyes de desamortización eclesiástica y civil que posibilitaron la usurpación legal de bienes colectivos; otro, fue la ley de sufragio censitario que concedía el capital político a menos del 4% de la población, la adinerada y propietaria; finalmente otro, fue revisar, o mejor inventar, un concepto de nación basado en la tergiversación de la historia.

España fue considerada una nación forjada de santiagos y pelayos que cerraban España de la misma manera que la burguesía trataba de cerrar el mercado interior a la competencia extranjera y usaba Ejército e Iglesia para conservar los últimos baluartes de un imperio en decadencia. Mientras esos objetivos se cumplieron, la nación española fue solo una; los vivas a España se oían en todos las lenguas y dialectos del territorio español.

Mientras el concepto militarista y místico de nación ganaba terreno, Andalucía era la vanguardia de un nacionalismo cívico, republicano

Mientras el concepto militarista y místico de nación ganaba terreno, Andalucía era la vanguardia de un nacionalismo cívico, republicano. El partido demócrata, luego republicano federal, se extendió por toda la geografía andaluza, conformando un movimiento de masas, de clases medias, artesanos y campesinos sin tierra, opuesto a la otrora oligarquía señorial y ahora terrateniente. Como expresión del carácter hegemónico de aquel fenómeno político sirvan los desfiles que gremios, cooperativas, clubes federales, sociedades laicas o culturales desplegando su particulares banderas y gallardetes ante un público entusiasmado que los seguía.

De igual manera, decenas de periódicos federales reproducían el principal objetivo político: proponer un modelo de Estado y de nación más abierta al mundo, menos centralista y dogmática. Dicho modelo quedaría fijado en la constitución no nata de 1873, según la cual España se definía como una única Nación –la republicana- compuesta de Estados –pluriestatal-, con amplia autonomía política y económica. Aquella alternativa andaluza para España fue defendida y derrotada sangrientamente por la invasión militar de julio de aquel año. Desde entonces, Andalucía ha conocido una decadencia que dura aún hoy.

Tras el “desastre” de Cuba de 1898, la máquina de inventar nacionalismos se pone de nuevo en marcha; arraiga la versión castiza del españolismo anclada en valores mesetarios, centralistas, militaristas y nacional-católicos, pero aparecen otros nacionalistas hurgando en la historia regional con el propósito de identificar su específico nacional-catolicismo y para hacer de la lengua la palanca de acción política que nunca había sido. Los tres polos nacionalistas del siglo XX, Madrid, Cataluña y el País Vasco, apenas logran disimular, sin embargo, un mismo propósito a veces compartido a veces disputado: ejercer como metrópoli de la colonia interior en que han convertido el sur de España con la connivencia de las élites autóctonas.

Mejor no dejarse invitar toda vez que la derecha ahora en el gobierno andaluz presume de nacionalista y se enfunda en la bandera blanca y verde al tiempo que privatiza lo que es público

Por estas razones, la definición de España como un Estado plurinacional –es decir lo contrario de 1873- no puede sino chirriar a los republicanos. En Andalucía existen rasgos idiosincrásicos, históricos y culturales suficientes para justificar su entrada en el selecto club de las naciones españolas, pero me temo, primero, que no será invitada a una fiesta reservada que comportan o pueden comportar privilegios, y consiguientemente menoscabos, políticos y económicos; y, segundo, que mejor no dejarse invitar toda vez que la derecha ahora en el gobierno andaluz presume de nacionalista y se enfunda en la bandera blanca y verde al tiempo que privatiza lo que es público y asiste sin rubor al deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de andaluces.

El himno de Andalucía reclama “volver a ser lo que fuimos”; acabamos de asistir al 150 aniversario del Estado andaluz dentro del federalismo español. Démosle una nueva oportunidad a la sociedad civil organizada, a las organizaciones sociales en su conjunto y diversidad, para fraguar y ofrecer al Estado plurinacional nuestra peculiar manera de ser nacionalista, la republicana, la única capaz de sacar Andalucía de su dependencia y de su atraso. 

Vayamos al grano, sin ambages. España lleva rota desde hace casi mil años: “invertebrada”, que decía Ortega; “compuesta” de los diversos modelos de capitalismo que tuvieron su origen en la Baja Edad Media, por las múltiples formas en que se conquistó de Al-Ándalus; asentados en reinos e instituciones varias en los siglos modernos; en rivalidad, incluso física, unos con otros por ganarse al Estado con estratagemas buscadoras de rentas en la Edad Contemporánea. Producto de todo ello y de una forzada división regional del trabajo, a nadie se le escapa que España está, al menos, rota por la mitad; la rica al norte y la relativamente pobre al sur.

No es esto resultante de una mayor capacidad o laboriosidad de unos o de la estulticia o pereza de otros, sino de la capacidad de unos y otros por capturar el Estado, “Madrid”; capitalistas más inclusivos, mejor pertrechados y arraigados social y culturalmente y, por tanto, políticamente, en el norte; capitalistas socialmente desarraigados y extractivos, dependientes, en el sur.

Capturar el Estado, como llevaban haciendo secularmente la Iglesia y los Ejércitos, ha sido el gran deporte de las burguesías españolas desde que tenemos un Estado unitario –nunca unido- a comienzos del siglo XVIII. Los vascos acapararon la administración estatal en aquel siglo; los catalanes despedían con un “Visca Espanya” a los voluntarios que marchaban a Cuba a defender el tráfico negrero a mediados del XIX; unos y otros impulsaron el llamado “nacionalismo económico español” consistente en cerrar las fronteras e impedir la competencia de las mercaderías extranjeras a finales del aquel siglo. A medida que la dimensión del progreso se fue midiendo por el índice de industrialización, el Estado –en especial el de la España “una” franquista- aplicó políticas de desarrollo selectivo que beneficiaron a las regiones previamente industrializadas e influyentes.

Capturar el Estado, como llevaban haciendo secularmente la Iglesia y los Ejércitos, ha sido el gran deporte de las burguesías españolas desde que tenemos un Estado unitario –nunca unido- a comienzos del siglo XVIII

El Estado de las autonomías declarado en la Constitución de 1978 fue inicialmente pensado para potenciar las ventajas comparativas de las regiones ante la inminente inclusión de España en el Mercado Común; que finalmente hubiera “café para todos” solo supuso un pequeño estorbo en la prolongación de las favorables relaciones que las burguesías nacionalistas vascas y catalanas –PNV y CyU- mantuvieron con el Estado por la vía de los pactos políticos, bien con el PSOE bien con el PP.

Varios escollos importantes aparecieron en los últimos decenios en el sistema del turno neo-canovista. Dos en concreto; uno, la globalización de los mercados y Maastricht que espoleó a los capitalismos españoles a buscar fórmulas de reducción de costes para ser más competitivos, entre las que se encontraron la revisión de los compromisos de transferencia de rentas compensatorias a las regiones desfavorecidas. El otro, el que ahora nos ocupa, es que “Madrid”, desde que existe como comunidad autónoma, ejerce como el gran polo económico, financiero y de servicios de España, que opera para sí atrayendo capitales y sinergias, dejando al Estado, también ubicado en Madrid, sin la capacidad regulatoria y redistribuidora que antes tenía. Madrid comunidad autónoma frente a Madrid sede del Gobierno. Madrid, que ha vivido secularmente, desde Felipe II, del Estado, se enfrenta ahora, en nombre de “la Unidad de España”, a un Gobierno que no le queda otra que hacer de la pluralidad nacional la clave de su fortaleza.

España se encuentra de nuevo invertebrada en medio de tres auto-declarados conflictos: el “conflicto vasco” que se adivina más ahora en clave interna; el “conflicto catalán” aliñado con las viejas raíces identitarias; y el “conflicto madrileño” al atribuirse esta comunidad autónoma sin derecho alguno ser la pulpa de España, “España dentro de España”. Tres conflictos entre los que antes era el triángulo nacional-capitalista que encerraba la prosperidad del país.

En esta situación, Andalucía mira el panorama a distancia, sin intervenir. Resulta ser la incógnita inamovible, el ceteris paribus de las grandes cuestiones de Estado. Andalucía ya tuvo su “conflicto” en el siglo XIX, cuando éramos los separatistas de entonces, por proponer un modelo federal y librecambista para la vertebración del Estado, y lo perdió en 1873; la Segunda República hizo poco por Andalucía y así le fue a la República; en la Transición, las expectativas que suscitaron el 4 de diciembre de 1977 y el Estatuto de 1981 se tornaron en frustración cuarenta años después.

España, fruslerías nacionalistas aparte, sigue rota entre el norte y el sur. De hecho, si España se mantiene unida es porque, desde que se perdió el imperio, el sur ha quedado como patio de atrás, como mercado reservado para intereses ajenos a los de los andaluces; eso sí; con la connivencia de unas élites locales y de una mesocracia narcisista en medio de la mayor desigualdad social del país. Va siendo hora de acabar con el chantaje emocional que plantean los “nacionales” de uno u otro calibre; hora de plantear los términos del debate en los justos términos: el de los desequilibrios económicos entre comunidades y el que nos lleve a la verdadera igualdad entre los españoles. Hora de volver a proponer una alternativa desde el sur para una menos tramposa y más fructífera unidad de España.

Andalucía tiene el gran “mérito” de ser la comunidad autónoma que presenta las mayores desigualdades sociales. De un lado, los pueblos y los barrios más pobres del país. Del otro, entre los andaluces más ricos, los grandes propietarios de suelo rural o urbano, latifundistas perceptores de la PAC, constructores, ganaderos, bodegueros, aceiteros, enlazados en algunos casos con multinacionales o, últimamente, con los monopolios de la energía.

Muchos son herederos de los señoritos de siempre; forman parte de élite dominante andaluza; están bien anclados en el entramado de poder local y regional bajo el paraguas protector de la Junta. De hecho, lo primero que hizo Moreno Bonilla al tomar posesión fue suprimir el impuesto a los grandes patrimonios, y lo primero que ha prometido el alcalde de Sevilla del PP es edificar Tablada.

Pero no solo ellos, el término “señorito” con el que los andaluces se referían quitándose la gorra al paso del cacique al que había que obedecer para sobrevivir, tiene un carácter polisémico, se adapta a los tiempos. Y en ese sentido desde los años sesenta del siglo pasado hasta la fecha hemos visto aparecer por Andalucía otros señoritos que mandan tanto o más que los antiguos, ¿o cómo llamar a la familia Botín, a los presidentes de los bancos BBV o La Caixa, que reciben nuestros ahorros después de liquidar las cajas de ahorros, la banca de proximidad?

¿Cómo llamar a los accionistas de las cadenas de distribución que están acabando con el pequeño comercio de barrio, que ahogan a los productores locales hasta hacerlos trabajar con pérdidas? ¿Cómo llamar a las grandes aseguradoras y clínicas privadas que avalan la campaña de Feijoo y que han entrado como un caballo de Troya en la sanidad pública para saquearla a costa de la salud de los andaluces y de las andaluzas? ¿Cómo llamar a los fondos buitres y a los buitres que se enriquecen del siempre boom turístico y de la subida del precio de los alquileres? ¿Cómo llamar…?

Moreno realiza una política despectiva con respecto a un pueblo andaluz que sigue ocupando las ratios más bajas del país en lo que se refiere a la cantidad y la calidad de la vida"

Es cierto que Moreno Bonilla y estos nuevos señoritos no lucen el ceño despectivo que lucían los antiguos por no se sabía qué mérito o limpieza de sangre; ahora, en nombre de la modernización, con una amplia sonrisa, incluso ondeando cínicamente la bandera blanca y verde, la bandera del “andaluces levantaos”, Moreno realiza una política despectiva con respecto a un pueblo andaluz que sigue ocupando las ratios más bajas del país en lo que se refiere a la cantidad y la calidad de la vida. 

Hay un tercer tipo de señorito; el que careciendo de los recursos de los anteriores participa de su diseño cultural, de sus ademanes, propaga una imagen narcisista de nuestra realidad, elimina de la agenda política la solución a las carencias, a las desigualdades; son la tropa que gobierna y define la supuesta “idiosincrasia” andaluza, sus tradiciones supuestamente “ancestrales”. 

La batalla contra el señoritismo en todas sus modalidades tiene que empezar rememorando un hecho histórico. La Andalucía abierta, laica, igualitarista, avanzada que fue derrotada en 1873, durante la 1ª República, hace ahora 150 años. Desde entonces, nuestra tierra no ha dejado de ser una colonia interior gobernada por señoritos de todos los pelambres. La región más rica del país en aquella época no pasa hoy del 75% de la renta media del país, a cincuenta puntos porcentuales de Madrid, el País Vasco o Cataluña. 

SUMAR Andalucía ha venido para ser el instrumento político del derecho a decidir de los andaluces y de las andaluzas tanto individual como colectivamente"

La descolonización necesaria pasa por ejercer la capacidad de decidir, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, como pueblo. A nivel personal abriendo todas las barreras que obstaculizan la igualdad de oportunidades –educativas, sociales, políticas, simbólicas, culturales, económicas, etc.— para quienes hoy como antaño viven bajo la dictadura de la necesidad, bajo el tiránico “esto es lo que hay; o toma o lo dejas”. A nivel colectivo, la descolonización pasa por ejercer la SOBERANÍA sobre los asuntos que nos competen, revocando las decisiones que hoy toman por nosotros los señoritos de fuera y sus cómplices de dentro.

Con ser el voto a SUMAR decisivo para que no reviertan las políticas sociales del gobierno de coalición en los últimos años. SUMAR Andalucía ha venido para ser el instrumento político del derecho a decidir de los andaluces y de las andaluzas tanto individual como colectivamente. Pero algo más; en la España de hoy, en la que la derecha amenaza con romper España desde Madrid, Andalucía debe recuperar lo que anuncia su himno: “volver a ser lo que fuimos”; en concreto, volver a ser la Andalucía democrática, igualitaria, inclusiva, avanzada y republicana que fue hace 150 años.

Una Andalucía –un Estado andaluz, se decía entonces— insertada de igual a igual en una España compartida, en un Estado federal; la única alternativa contra quienes han hecho de la ocupación del Estado el origen y la perpetuación de sus privilegios. Votar SUMAR Andalucía es la puerta abierta a la esperanza.