Pocas horas de calma ha tenido el recién investido presidente de Guatemala, que tomó posesión el pasado domingo tras una tensa jornada en el Congreso, donde el Gobierno saliente llevó a cabo los últimos intentos para evitar el traspaso de poderes.

El máximo tribunal del país ha aceptado este miércoles un amparo provisional en contra de la elección de la nueva junta directiva del Congreso, presidida por el diputado Samuel Pérez Álvarez, del partido socialdemócrata y ganador de las elecciones Movimiento Semilla.

Aunque la decisión del Tribunal Constitucional no afecta a la investidura de Bernardo Arévalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidenta de la República, el amparo obliga a repetir la elección de la presidencia de la Cámara, que se prevé que tenga lugar este jueves en la primera sesión plenaria de la nueva legislatura.

La decisión se dio a conocer tras avalar el recurso presentado por la diputada opositora Sandra Jovel, quien perdió la elección a la presidencia del Congreso el pasado domingo. La resolución del alto tribunal se sustenta en la suspensión de los diputados del Movimiento Semilla ordenada el pasado julio por el juez Fredy Orellana, acusado por Estados Unidos de corrupción y de socavar la justicia. En el marco de una investigación judicial por un supuesto caso de falsificación de firmas durante el proceso de fundación del partido, el juez impuso la suspensión de la personalidad jurídica de la formación. 

Tras esta orden judicial, ahora la Corte Constitucional avala que los diputados electos en el Congreso son independientes y no pueden asumir cargos en la junta directiva o comisiones legislativas. La resolución del máximo tribunal se produce tras meses de persecución judicial contra el Movimiento Semilla, el partido de izquierdas ganador de las elecciones que lleva meses denunciando un intento de golpe de Estado en su contra.

Nuevo revés judicial

El Gobierno electo del presidente Bernardo Arévalo afronta su primera crisis institucional tan solo cuatro días después de asumir el cargo. Después de una tensa jornada vivida el domingo pasado en la constitución del Congreso, el diputado de Semilla Samuel Pérez logró la presidencia de la Cámara con 92 diputados a favor de los 160 escaños totales. 

Pese a que su formación solamente cuenta con 23 representantes, estos consiguieron llegar a acuerdos con otras bancadas y sumar los votos necesarios. Fueron precisamente estos apoyos los que permitieron a la bancada de Semilla presentar una moción después de que la Junta Calificadora los declarara como independientes y, posteriormente una lista respaldada por una mayoría que proponía al diputado de Semilla como nuevo presidente del Congreso. 

La candidatura perdedora, que obtuvo tan solo 75 votos, fue la de la diputada Sandra Jovel, quien presentó un recurso ante el Constitucional subrayando que los miembros de Semilla habían sido declarados independientes por la justicia y no podían asumir la presidencia del Congreso. Jovel, del partido Valor de la excandidata presidencial Zury Ríos –hija del dictador Efraín Ríos Montt– es aliada a la agrupación política Vamos, formación del presidente saliente, Alejandro Giammattei.

Junto a ella, otras cuatro personas más han interpuesto acciones de amparo ante el Tribunal Constitucional pidiendo la nulidad de la junta directiva del Congreso. Entre ellas destaca la Fundación Contra el Terrorismo, una asociación de ultraderecha que ha intentado torpedear en diversas ocasiones la investidura del nuevo gobierno. 

El alto tribunal ordena ahora repetir la elección de la junta directiva del Congreso “para garantizar la efectiva instalación de esta legislatura”, según anuncia en un comunicado emitido durante la tarde de este miércoles.

Una investidura caótica

El Parlamento se convirtió el pasado domingo en protagonista durante la jornada de investidura del nuevo Ejecutivo. Las sospechas de un posible golpe de Estado que impidiera la toma de posesión sobrevolaban el ambiente, después de que una comisión legislativa pusiera obstáculos para otorgar las credenciales a los nuevos diputados electos. Tras más de 12 horas de incertidumbre y tensión, los congresistas lograron jurar el cargo y el nuevo presidente de Guatemala fue investido pasadas las 12:00 de la noche.

La suspensión de Semilla es parte del pulso que mantiene la Fiscalía y políticos opositores contra todo el proceso electoral que dio la victoria a Arévalo. Mientras tanto, organizaciones sociales y movimientos indígenas ya han convocado concentraciones frente a la sede de la Corte Constitucional. Estas se producen después de 105 días de movilizaciones impulsadas por las comunidades indígenas en defensa de la democracia, que terminaron tras formalizarse la investidura.

A la espera de una sentencia firme y de la nueva votación programada para el día de hoy, la bancada de Semilla continuará con minoría en el Congreso y deberá seguir tejiendo alianzas con el resto de fuerzas políticas para asegurarse la gobernabilidad del país.

La incertidumbre y la tensión se han apoderado de las horas previas a la investidura del nuevo presidente electo de Guatemala. Con más de ocho horas de retraso, Bernardo Arévalo de León, ganador de los comicios celebrados en agosto de la mano del partido socialdemócrata Movimiento Semilla, ha tomado posesión como presidente.

“Nunca más el autoritarismo”, ha dicho nada más ser investido jefe del Estado del país centroamericano, tras un tormentoso proceso de transición en el que el Ministerio Público, y algunos jueces y parlamentarios de la Legislatura que acaba de terminar, han tratado de impedir que asumiera el cargo. “El pueblo de Guatemala ha demostrado su sabiduría, e instituciones como el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad han protegido el deseo soberano de los guatemaltecos de vivir en democracia”, ha dicho en su primer discurso el presidente.

Arévalo de Léon ha recibido la banda presidencial de manos del presidente del Congreso, Samuel Pérez Álvarez, debido a que el mandatario saliente, Alejandro Giammattei, se ha ausentado de la ceremonia. Ha ingresado al Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, donde se ha celebrado la investidura, al son del concierto para violín y orquesta La Primavera, del compositor italiano Antonio Vivaldi.

Los intentos del gobierno saliente por impedir la investidura del nuevo Ejecutivo han prevalecido hasta el último momento, tras varios meses en los que el Ministerio Público (Fiscalía) ha tratado de inhabilitar por la vía judicial al partido socialdemócrata. La última de estas maniobras se ha producido en la sesión previa del Congreso en la que debían jurar el cargo los nuevos diputados. En medio de tensiones, la Junta Calificadora se negaba a aceptar las credenciales de diversos representantes electos, en lo que los diputados de Semilla calificaban como un nuevo intento de impedir la transición del gobierno. “Se está intentando vulnerar la democracia con ilegalidades, nimiedades y abusos de poder”, declaraba Arévalo en la red social X.

Ante la incertidumbre generada por estos últimos acontecimientos, los jefes de Estado, cancilleres y funcionarios de alto nivel que viajaron a Guatemala al traspaso de mando presidencial emitieron una declaración conjunta en apoyo al presidente y exigiendo que se llevara a cabo el traspaso de poderes. Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha mandado su apoyo al presidente electo de Guatemala en un mensaje publicado en la red social X. “La voluntad del pueblo de Guatemala, libremente expresada en las urnas, en un proceso electoral transparente, debe ser respetada”, ha dicho. 

Finalmente, el Movimiento Semilla, que cuenta con una minoría de diputados en el Congreso –23 de 160– ha conseguido los apoyos necesarios para revertir la decisión judicial y el diputado semillista Samule Pérez, de 31 años, ha sido elegido presidente del Parlamento guatemalteco.

Por su parte, el presidente saliente –Alejandro Giammattei– aseguraba a través de la red social X que “ante el riesgo de llegar a media noche sin iniciar los actos protocolarios, en este momento hice entrega de los símbolos de la Presidencia para que se me dé por separado del cargo como lo establece la Constitución de la República”.

Un traspaso de poderes lleno de obstáculos judiciales

Con un discurso anticorrupción y muchas expectativas de cambio, Arévalo asume la presidencia reemplazando a Giammattei, quien cuenta con uno de los niveles de aprobación más bajos del continente, según diversas encuestas. “Dejamos un mejor país del que encontramos” y nos vamos “con la frente en alto”, aseguró Giammattei el viernes al entregar el balance de su mandato. Atrás deja una legislatura marcada por acusaciones de corrupción y persecución judicial contra opositores. En los últimos años, decenas de fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos han sido encarcelados o han tenido que exiliarse.  

El presidente electo triunfó en la primera vuelta electoral del mes de junio, y ganó el balotaje con el 60,9% del respaldo popular dos meses después contra todos los pronósticos, que situaban como favorita a la elite política tradicional del país. Desde la inesperada victoria del Movimiento Semilla, el Ministerio Público encabezado por la fiscal general Consuelo Porras, se convirtió en el protagonista del proceso electoral. Mediante un gran abanico de casos judiciales, han buscado durante meses ilegalizar la formación política e impedir la investidura del presidente electo y su vicepresidenta Karin Herrera. 

El pasado septiembre, Arévalo acusó públicamente a la jefa de la Fiscalía de encabezar un intento de golpe de Estado en su contra. La denuncia se produjo tras darse a conocer una investigación del Ministerio Público contra el partido por una supuesta falsificación de firmas en el proceso de fundación de la organización política 

Estos intentos de obstaculizar la voluntad popular fracasaron porque se toparon con una gran resistencia interna y con una condena directa de la comunidad internacional. Dentro de Guatemala, los movimientos indígenas junto con otros sectores sociales llevan más de 100 días de movilizaciones con el objetivo de defender la democracia y los resultados expresados en las urnas. Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y Estados Unidos también han tenido un papel importante denunciando cada ofensiva judicial de la Fiscalía e imponiendo sanciones a los actores señalados por corrupción. 

Aunque la asunción de poderes supone una pequeña victoria para Semilla que hace pocos meses nadie se imaginaba, la mayoría de analistas coinciden en señalar que la persecución judicial no cesará tras el 14 de enero. El nuevo gobierno electo deberá afrontar en los próximos meses las causas penales que la Fiscalía mantiene abiertas y que buscan limitar la acción de gobierno.

En este sentido, Arévalo manifestaba hace semanas que “una de las primeras acciones, si no la primera, será exigirle la renuncia a la señora fiscal general”, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos por participar en hechos significativos de corrupción.

Arévalo, un sociólogo con perfil internacional, encabeza una formación política socialdemócrata que surge de la llamada “primavera de 2015”, una ola de protestas contra la corrupción del Gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti. Durante la presentación del nuevo gobierno anunciada esta misma semana, paritario por primera vez en la historia del país, Bernardo Arévalo aseguraba que tienen como desafío principal “rescatar” las instituciones públicas que se encuentran “debilitadas por la corrupción”.  

Una legislatura con todo en contra

Además de afrontar la persecución judicial, el nuevo ejecutivo deberá gobernar con una minoría en el Congreso, ampliamente controlado por fuerzas conservadoras. Con tan solo 23 diputados de 160, la toma de posesión marca el inicio de una nueva legislatura que no va a ser fácil para la formación izquierdista. La necesidad de buscar coaliciones y entendimientos con otras formaciones políticas será uno de los grandes retos que deberán afrontar si quieren desarrollar su programa político.  

El país que recibe el nuevo presidente se encuentra bajo un importante deterioro democrático, cuenta con el 60% de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza y con uno de los índices de desigualdad más altos del continente. Además de evitar los impedimentos legales para llevar a cabo su acción de gobierno, Arévalo deberá gestionar las grandes expectativas que un amplio sector de la población ha depositado en su gobierno del cambio. 

Entre estos sectores se encuentra el movimiento indígena, quien ha liderado los más de 100 días de protestas frente a los intentos judiciales de invalidar las elecciones. En este sentido, el anuncio de su gabinete decepcionó a este sector al constatar que entre los nuevos ministros solo hay una persona indígena, la ministra de Trabajo y Previsión Social, Miriam Roque. En un país en el que los pueblos originarios representan el 42% de los más de 17 millones de habitantes, uno de los grandes retos del nuevo Gobierno será no dejar de lado a estas comunidades tradicionalmente ignoradas por las elites políticas. Aunque las autoridades comunales aseguran que otorgan un voto de confianza al nuevo gobierno, afirman que fiscalizaran muy de cerca la acción del ejecutivo. 

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió el pasado 14 de diciembre un recurso de amparo definitivo que exhorta al Congreso a llevar a cabo la toma de posesión del nuevo presidente. El fallo de la máxima corte llegaba justo un mes antes de la investidura, programada para el 14 de enero. El progresista Bernardo Arévalo se ha sometido a una persecución constante desde antes de las elecciones por parte de la vieja élite del país y la Fiscalía intenta suspender su partido, el Movimiento Semilla.

Desde que el socialdemócrata Bernardo Arévalo ganó la presidencia del país el pasado 20 de agosto, la Fiscalía impulsó una serie de casos judiciales que buscan cancelar y deslegitimar los resultados. Según la mayoría de los analistas, se trata de un intento de golpe de Estado “técnico” y es una muestra más de persecución política y de la deriva autoritaria que ha vivido el país en los últimos años.

Aunque la resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala allana el camino para que el 14 de enero de 2024 se efectúe la toma de posesión del nuevo presidente electo, el analista político y miembro de la asociación de Analistas Independientes de Guatemala (AIG) Luis Fernando Mack advierte que el fallo del alto tribunal no extingue los esfuerzos del Ministerio Público por evitar la investidura. Como él, diversos analistas consultados por este medio coinciden en sostener que la persecución política contra Semilla no cesará.

Sin embargo, Arévalo se prepara para la toma de posesión y se espera que el 8 de enero anuncie su Gabinete de Gobierno. “Se vienen grandes cosas”, declaró el pasado fin de semana el presidente electo. “Hemos reunido un equipo de hombres y mujeres sumamente profesionales, comprometidos con Guatemala y que lo darán todo por ti y tu familia”, añadió confiado en que jurará el cargo.

Persecución judicial

El Movimiento Semilla, encabezado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, fue la gran sorpresa de las pasadas elecciones presidenciales. Con un discurso centrado en la lucha contra la corrupción y la recuperación democrática de las instituciones, la formación logró obtener un respaldo popular del 60,9% en la segunda vuelta presidencial.

La victoria de los socialdemócratas ha desafiado las formas tradicionales de hacer política y ha logrado romper con la correlación de fuerzas de la clase política y económica dominante del país. Específicamente, contra el denominado “pacto de corruptos”, término que utilizan la mayoría de analistas políticos del país para referirse a la coalición de funcionarios, políticos, militares, empresarios y estructuras criminales que han cooptado la mayoría de instituciones del Estado en favor de su propio interés. 

Sin embargo, desde su inesperado pase a la segunda vuelta a finales de junio, el Movimiento Semilla empezó a sufrir una campaña de persecución política y judicial con el objetivo de deslegitimar su victoria electoral e impedir la investidura.

La Fiscalía, encabezada por Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, sancionados por Estados Unidos por corrupción y por “socavar la justicia”, abrieron una investigación contra el partido por una supuesta falsificación de firmas en el proceso de fundación de la organización política. A la persecución penal se le han sumado allanamientos a la sede del Movimiento Semilla y a la del Tribunal Supremo Electoral, así como la suspensión temporal del partido.

A los pocos días de su triunfo electoral, Arévalo de León denunció en rueda de prensa que se estaba impulsando un “golpe de Estado mediante acciones espurias, ilegítimas e ilegales en distintas instancias” con el objetivo de “impedir la toma de posesión de las autoridades electas, incluyendo al presidente”.

En este sentido, Luis Mack sostiene que los casos judiciales abiertos contra el partido son un “chantaje” que busca limitar la capacidad de gobernar del nuevo ejecutivo y tratar de evitar, mediante la represión y el miedo, que desarrollen todo su programa político de cambio. A su vez, toda la campaña de desprestigio contra Semilla “tiene el objetivo de socavar la legitimidad del nuevo gobierno antes de que ejerza, un discurso que ha ido calando paulatinamente entre la población”, asegura Mack.

Un gobierno débil y amenazado

Tras el 14 de enero, el principal desafío de Arévalo será la gobernabilidad. En caso de ser investido, el nuevo presidente electo deberá afrontar los diversos procesos judiciales abiertos en su contra. Un partido suspendido por la justicia y dos solicitudes por parte del Ministerio Público de retirar la inmunidad judicial del presidente, prevén que la persecución judicial se prolongue en el tiempo.

Para diversos analistas y expertos, además, se vislumbra un Gobierno débil en términos legislativos. Con un Congreso ampliamente controlado por fuerzas conservadoras, en el que la bancada de Semilla cuenta con apenas 23 diputados de 160, las esperanzas de cambio del nuevo gobierno pueden verse muy limitadas. Los socialdemócratas se verán obligados a establecer un proceso de diálogo con los distintos sectores sociales y políticos para generar grandes acuerdos alrededor de políticas públicas y reformas que son necesarias para el país.

Mientras tanto, la conflictividad institucional y tensión política que se prevé que se viva en los próximos meses va a coexistir con las expectativas y las esperanzas de cambio que Arévalo ha generado entre una mayoría de guatemaltecos.

Las claves de la investidura

El país centroamericano ha vivido el proceso electoral más convulso desde los Acuerdos de Paz firmados en 1996, lo que ha puesto en alerta a la comunidad internacional, empezando por la Organización de Estados Americanos (OEA), la misión de observación electoral de la Unión Europea y el Gobierno de Estados Unidos.

Los diferentes organismos internacionales han exigido a las autoridades de Guatemala que garanticen la investidura del presidente electo. A las recientes sanciones económicas interpuestas por Estados Unidos contra diferentes operadores de justicia del país, se suma la condena explícita del Parlamento Europeo contra el “intento de golpe de Estado” y las maniobras del Ministerio Público para invalidar el resultado de las elecciones.

A nivel nacional, los ataques contra Semilla y el orden democrático también han sido contrarrestados por una gran movilización social. Tras un paro nacional que mantuvo al país colapsado durante más de un mes, las comunidades indígenas y organizaciones sociales, aunque con menos capacidad de movilización, continúan con las protestas frente a las sedes de organismos oficiales. Según Mack, estos dos elementos han sido clave para evitar que se consolide la cancelación de Semilla.

Sin embargo, la incertidumbre continúa gobernando en Guatemala. A pesar de que hay señales que indican que la investidura se producirá, continúan existiendo indicios de que en los días y horas previas al traspaso de poderes podría haber alguna acción que impida la toma de mando, asegura el analista político. Con la mayoría de instituciones gubernamentales y de justicia cooptadas por la oposición, son muchas las posibilidades de que los sectores conservadores del país lleven a cabo alguna argucia legal que acabe con la voluntad popular expresada en las urnas.

Guatemala vuelve a vivir días marcados por la persecución política. A primera hora de la mañana de este lunes, el país centroamericano se despertaba con la noticia de la detención y del envío a prisión de la abogada Claudia González. González, que trabajó en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CGIG), es defensora de jueces y fiscales independientes que han denunciado la corrupción y han sido perseguidos. En paralelo, el exfiscal Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos por denunciar la corrupción del Gobierno de Alejandro Giammattei, dijo que la Fiscalía estaba allanando la casa de su familia en Guatemala.

Pocas horas después, durante la noche del 28 de agosto, el Registro de Ciudadanos, órgano perteneciente al Tribunal Supremo Electoral (TSE), suspendió de forma “provisional” al Movimiento Semilla, la formación socialdemócrata que ganó las elecciones presidenciales del pasado 20 de agosto. Minutos antes, el mismo TSE había oficializado en una rueda de prensa los resultados de los comicios y adjudicó los cargos de la presidencia y vicepresidencia a Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera. El partido obtuvo el 60,91% de los votos, frente al 39,9% logrado por su contrincante, Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Finalmente, el miércoles el Congreso acordó no reconocer a la bancada del Movimiento Semilla por la orden de un juez penal. Los cinco diputados del Movimiento Semilla, incluyendo a Arévalo de León, han sido declarados como “independientes” debido a la decisión de la junta directiva del legislativo guatemalteco, presidida por Shirley Rivera, diputada del partido oficial Vamos.

La medida del Congreso obedece a una orden penal, girada el pasado 12 de julio, por parte del juez penal Fredy Orellana, acusado de socavar la justicia y de corrupción por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

La suspensión, que la mayoría de analistas coinciden en definir como una muestra más de persecución política, se produce tras la denuncia presentada el pasado 12 de julio por un supuesto caso de firmas falsas durante la creación del Movimiento Semilla en 2018. La investigación la llevan a cabo fiscales sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por “socavar” la justicia en Guatemala.

“Hay un intento muy descarado de torpedear el proceso electoral con el objetivo de mantener un sistema de corrupción e impunidad, pero por un grupo de actores que cada vez se van quedando más solos y con menos influencia”, dice a elDiario.es Samuel Pérez, diputado del Movimiento Semilla y jefe del bloque legislativo en el Congreso.

“Resistencia de los poderes existentes”

De manera inesperada, el Movimiento Semilla logró vencer en las urnas y romper con la correlación de fuerzas de la clase política y económica dominante del país. Con un claro mensaje anticorrupción y centrado en la recuperación democrática de las instituciones públicas, los socialdemócratas supieron capitalizar el voto de descontento. 

En los últimos años, los ciudadanos han vivido un paulatino deterioro del Estado de derecho y de debilitamiento de la democracia. Los analistas coinciden en remarcar la deriva autoritaria iniciada por el expresidente Jimmy Morales y consolidada por el Gobierno saliente de Alejandro Giammattei. Decenas de fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos han sido detenidos o han tenido que exiliarse alegando una persecución política en su contra. 

El partido Semilla viene denunciando también una campaña de persecución desde los resultados obtenidos en la primera vuelta el pasado 25 de junio. “La persecución judicial que sufren es una resistencia de los poderes existentes, del pacto de corruptos, para no entregar el poder ejecutivo”, dice Evelyn Boche, periodista guatemalteca especializada en política. El llamado “pacto de corruptos” es el término que utilizan la mayoría de analistas políticos del país para referirse a la coalición de redes económicas y políticas ilícitas que incluye a funcionarios, políticos, militares, empresarios y estructuras criminales que han colonizado el sistema de partidos en favor de su propio interés.

En este sentido, el analista político Manfredo Marroquín sostiene que la persecución contra los candidatos electos se debe a un temor a posibles investigaciones judiciales por actos de corrupción en contra del actual Gobierno. “Cualquier investigación a partir del 14 de enero, fecha en que está prevista la investidura, los va a identificar como responsables del saqueo del Estado”, dice Marroquín. 

Sin embargo, un elemento clave, según el analista político y antropólogo Ricardo Sáez de Tejada, es que en las últimas semanas se ha producido un realineamiento de los principales sectores políticos, económicos y sociales del país en favor de una transición democrática y un cambio de gobierno. Un ejemplo de ello es el comunicado emitido este lunes por parte del Consejo Nacional Empresarial, en el que solicita la renuncia de Consuelo Porras como Fiscal General del Ministerio Público y rechaza sus acciones “por atentar contra el orden constitucional, la democracia y la decisión del pueblo en las urnas”. 

La comunidad internacional –encabezada por la Organización de Estados Americanos (OEA), la misión de observación electoral de la Unión Europea y el Gobierno de Estados Unidos– también ha expresado su preocupación por la suspensión provisional de Semilla. Estos comunicados se han producido pocos días después de una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la existencia de un posible plan para asesinar a Bernardo Arévalo con “participación de agentes estatales”, según el texto de la resolución de la CIDH, que otorgó medidas cautelares al presidente y la vicepresidenta electos.

Mientras tanto, en un vídeo publicado este lunes en redes sociales, el presidente saliente Alejandro Giammattei anunció que iniciará una transición “ordenada, transparente y eficiente con las autoridades electas”, asegurando así el traspaso de poderes al nuevo Ejecutivo. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con las acciones que está llevando a cabo el Ministerio Público (la Fiscalía), presidido por el mismo presidente. 

Y ahora qué

El fiscal nacional del partido Movimiento Semilla presentó el lunes en el Registro de Ciudadanos un recurso de nulidad en contra de la suspensión provisional de la personalidad jurídica de la agrupación política. La solicitud, basada en un fallo concedido en junio por parte de la Corte Constitucional, sostiene que ninguna fuerza política puede ser suspendida durante el periodo electoral, que oficialmente termina el 31 de octubre.

En las próximas horas se espera que el pleno de magistrados del TSE –conformado por dos magistrados bajo amenazas de muerte y tres de ellos con solicitud de retiro de inmunidad– se pronuncie sobre la situación legal del partido. 

A la espera de las resoluciones judiciales, todos los analistas consultados por este medio coinciden en sostener que la persecución política continuará y se intensificará. Sáez de Tejada sostiene que el objetivo de cancelar el partido es limitar la capacidad de gobernar. “Si el partido llega a ser cancelado, significaría que quedaría sin un bloque legislativo, es decir, el bloque de Semilla sería de una veintena de diputados independientes que no tendría acceso ni a las juntas directivas, ni a presidencias de comisiones legislativas, o a presidir órganos internos”. Este hecho vería limitada su capacidad de negociación en un Congreso en el que cuentan con minoría parlamentaria, con tan solo 23 de 160 diputados.  

Por su parte, Manfredo Marroquin vaticina que, tras el 31 de octubre, se va a producir la cancelación definitiva del partido. Aunque esto no supondría ningún impedimento para asumir la presidencia, el analista no descarta que se produzcan nuevas acciones legales que traten de evitar que Bernardo Arévalo llegue a ser presidente del país. 

En una jornada histórica para el país centroamericano, el partido Movimiento Semilla logra vencer en segunda vuelta a Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Con un discurso anticorrupción y crítico con el sistema, el académico Bernardo Arévalo obtuvo el 58% de los votos frente al 37% de su rival, una candidata conservadora y continuista con el Gobierno actual. 

Más de 4 millones de guatemaltecos –el 45% del padrón electoral– han asistido a las urnas en una de las elecciones más convulsas desde la instauración de la democracia en 1986. Considerada por muchos ciudadanos como un referéndum sobre la democracia, los resultados de esta contienda eran decisivos para poner freno a la deriva autoritaria que ha vivido el país en los últimos años. 

El Movimiento Semilla fue la gran sorpresa de la primera vuelta de las elecciones celebradas el 25 de junio al quedar en segunda posición sin que ninguna encuesta lograra pronosticarlo. Surgido de la llamada “primavera de 2015”, una ola de protestas contra la corrupción del Gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti, el partido ha conseguido ilusionar a un electorado desmovilizado y capitalizar el voto de descontento. Durante la primera vuelta electoral, el voto nulo fue la opción mayoritaria elegida por el 17% de los ciudadanos. 

El binomio presidencial encabezado por Arévalo y la docente y científica Karin Herrera han hecho de la lucha contra la corrupción su punta de lanza durante la campaña electoral. Con un discurso político centrado en la recuperación democrática de las instituciones públicas, han logrado generar esperanzas de un cambio en el país, sobre todo entre la población joven.

Por su parte Sandra Torres, ex primera dama durante el Gobierno de Álvaro Colom, buscaba por tercera vez llegar a la presidencia del país. Lejos de los postulados iniciales socialdemócratas, la presidenciable ha pasado a ser una candidata conservadora y vista como parte del establishment. De su lado están grupos de veteranos militares, líderes evangélicos y sectores derechistas del país.

Tras conocerse los resultados, el presidente Alejandro Giammattei ha felicitado a Arévalo a través de su cuenta de Twitter y le ha invitado a “iniciar la transición ordenada al día siguiente de que los resultados queden oficializados”, en referencia a la transferencia del poder que tendrá lugar el próximo 14 de enero. 

Una contienda marcada por la persecución política

La contienda se desarrolló en medio de un contexto de regresión autoritaria por parte del actual Gobierno contra fiscales, jueces, organizaciones y periodistas. En los últimos años, decenas de opositores que han denunciado la corrupción han sido encarcelados o han tenido que exiliarse.

Tras las inhabilitaciones iniciales de tres candidatos punteros en las encuestas que tenían un discurso antisistema, la persecución judicial por parte del Ministerio Publico se ha centrado en el Movimiento Semilla. Primero, la Corte Constitucional ordenó arbitrariamente una revisión de las actas electorales de la primera vuelta. Tras semanas de incertidumbre, las autoridades electorales no encontraron mayores inconsistencias en los resultados. La persecución judicial contra Semilla continuó a través de una denuncia por parte del fiscal Rafael Curruchiche –incluido en la lista de sancionados del departamento de Estado de EEUU por corrupción– que reclamaba la inhabilitación del partido. El motivo, un supuesto caso de firmas falsas en el momento de la constitución del partido. A la denuncia le siguieron allanamientos por parte de la policía a la sede del partido Semilla y al Tribunal Supremo Electoral, en busca de archivos relacionados con el proceso en curso. 

Este frágil contexto institucional se vio nuevamente dañado durante las primeras horas de la jornada electoral. Blanca Alfaro, una magistrada del Tribunal Supremo Electoral, declaró que tenía intención de renunciar a su cargo debido a amenazas y presiones. Gabriel Aguilera, otro magistrado del poder electoral, afirmó que también había recibido amenazas.

El futuro de Semilla

En los últimos días, el fiscal Rafael Curruchiche, ha afirmado que podría suspender al partido de Arévalo después de las elecciones del domingo y emitir órdenes de arresto para algunos de sus miembros. “No descartamos allanamientos, órdenes de aprehensión o solicitudes de antejuicio después del 20 de agosto”, declaraba el fiscal Curruchiche tres días antes de las elecciones. 

La judicialización de la política ha ido acompañada de una narrativa de fraude impulsada por la candidata Sandra Torres. En las últimas horas la candidata de la UNE ha intensificado el discurso y las acusaciones de manipulación de los resultados electorales por parte de los socialdemócratas. En un comunicado emitido a las 23:30 hora local, el Comité Ejecutivo del partido informaba que no fijará una postura relativa a la aceptación de los resultados “hasta que se esclarezcan los resultados” y señaló “irregularidades” en el proceso electoral“.

En el terreno político, se abre una nueva etapa en Guatemala en la que el partido de Arévalo tendrá que gobernar con una mayoría de la oposición en el Parlamento. Según Luis Fernando Mack, analista político y miembro de la asociación de Analistas Independientes de Guatemala (AIG), uno de los principales retos del partido va a ser “tener las condiciones políticas necesarias para hacer cambios, puesto que no va a tener ni las condiciones institucionales ni legales optimas, tiene a todo el sistema en contra”.

Tras la jornada electoral, se abren muchas incógnitas e incertidumbres sobre el futuro político del país más grande de Centroamérica. Por el momento, los ciudadanos han elegido poner freno al auge del autoritarismo. 

Miles de simpatizantes se congregan en la céntrica Plaza de la Constitución, en Ciudad de Guatemala. Pancartas, gritos de “Sí se puede” y mucho optimismo en el acto de final de campaña del Movimiento Semilla. “En esta plaza donde estamos hoy, hace ocho años nos encontramos y nos unimos detrás de un anhelo: sacar a los corruptos del poder”, exhorta a los asistentes Bernardo Arévalo, candidato presidencial. Esa misma plaza fue el escenario del surgimiento del partido tras la llamada “primavera de 2015”, una ola de protestas contra la corrupción del Gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti. 

Más de 9 millones de guatemaltecos están habilitados para votar en unas elecciones marcadas por el deterioro del Estado de derecho y la falta de independencia del Poder Judicial. El partido de centro-izquierda y anticorrupción Movimiento Semilla se enfrentará a Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), candidata conservadora y defensora del statu quo. 

La primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas el 25 de junio, estuvo marcada por el voto de rechazo al sistema político. El voto nulo, que superó el 17% de los sufragios, fue el gran triunfador de la noche electoral. Sin embargo, la sorpresa la dio el Movimiento Semilla, que contra todo pronóstico logró el 11,8% de los votos. La ex primera dama Sandra Torres, fue la candidata más votada, con el 15,8% de los sufragios.

Los analistas consideran que Semilla ha logrado captar el voto de hartazgo y descontento ciudadano frente a la corrupción y el Gobierno autoritario de Alejandro Giammattei. En los últimos años, decenas de fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos han sido detenidos o han tenido que exiliarse señalando una persecución política en su contra. 

Con un discurso político centrado en la recuperación democrática de las instituciones públicas, el partido ha logrado situarse primero en las encuestas, que le otorgan un 65% de la intención de voto.

Hostigamiento, persecución y denuncias judiciales

El mensaje anticorrupción del candidato socialdemócrata logró romper con la correlación de fuerzas de la clase política y económica dominante del país. Sin embargo, las esperanzas de cambio de los partidarios de Semilla se vieron rápidamente truncadas. 

La noche del viernes 30 de junio, cinco días después de la celebración de la primera vuelta, nueve partidos políticos cercanos al oficialismo denunciaron un supuesto fraude ante la Corte de Constitucionalidad. El máximo tribunal aceptó el amparo y dejó en pausa la oficialización de los resultados hasta resolver las discrepancias. Tras cuatro días de revisión de escrutinios que mantuvieron al país en vilo, el cotejo de datos terminó sin variaciones relevantes. La narrativa de fraude no tenía sustento. 

Lejos de terminar, la batalla para dejar fuera de la contienda a los socialdemócratas no había hecho más que empezar. Tras días de suspenso, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó los resultados de la primera vuelta. Sin embargo, el anunció llegó solo una hora después de que el Ministerio Público (fiscalía) presentara una denuncia contra Semilla. En un video difundido por redes sociales, el fiscal Rafael Curruchiche –sancionado por Estados Unidos por obstaculizar investigaciones sobre actos de corrupción– solicitaba la suspensión inmediata del partido. 

La denuncia interpuesta sostenía que más de 5,000 ciudadanos fueron adheridos “ilegalmente” al partido y que sus actas de adhesión contenían firmas de 12 personas fallecidas.

A la denuncia le siguieron allanamientos por parte de la policía a la sede del partido Semilla y al Tribunal Supremo Electoral, en busca de archivos relacionados con el proceso en curso. 

Los pronunciamientos por parte de organizaciones nacionales e internacionales que pedían respetar el orden constitucional y los resultados electorales no se hicieron esperar. Tras días de incertidumbre, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional a favor de Semilla y protegió al partido para evitar su suspensión. 

Luis Fernando Mack, analista político y miembro de la asociación de Analistas Independientes de Guatemala (AIG) dice a elDiario.es que “se trata de la utilización del derecho y del sistema judicial para perseguir fines políticos y perseguir al oponente”. 

Aunque el amparo fue una buena noticia para la organización, la Corte no cerró la posibilidad de que sean perseguidos penalmente en un futuro. “No descartamos allanamientos, órdenes de aprehensión o solicitudes de antejuicio después del 20 de agosto”, declaraba el fiscal Curruchiche este jueves al ser preguntado por periodistas. 

Sandra torres y el divorcio de la socialdemocracia

El proceso judicial abierto contra Semilla ha sido utilizado por Sandra Torres para criticar a su adversario. La campaña de la UNE, asegura Mack, “está basada en la mentira, la desinformación y la descalificación del adversario. Se trata de una campaña destructiva”. Un ejemplo son los ataques constantes a Semilla, a quien acusa de querer aprobar el matrimonio homosexual, legalizar el aborto o querer convertir al país en un régimen comunista como Venezuela. 

La ex primera dama durante el Gobierno de Álvaro Colom busca por tercera vez llegar a la presidencia del país. Sin embargo, la candidata ha dado un giro completo en su ideología y la de su partido. Lejos de los postulados iniciales cuya base eran la socialdemocracia y el fortalecimiento del Estado, la presidenciable ha pasado a ser una opción del sistema conservador. De su lado están grupos de veteranos militares, líderes evangélicos y sectores derechistas del país. 

Este cambio de rumbo político no ha sido bien recibido por parte del electorado, quien la percibe principalmente como una candidata oportunista y poco fiable, asegura Mack. Su imagen también se vio dañada tras ser procesada y enviada a prisión durante cuatro meses en 2019 acusada de asociación ilícita y financiación electoral irregular.

La punta de lanza de su campaña son los programas de apoyo a familias empobrecidas. Con medidas asistencialistas como la entrega de bolsas solidarias de víveres o la reducción de impuestos a la canasta básica, ha logrado un fuerte arraigo territorial en el interior del país.  

Estas medidas sociales, sin embargo, no desdibujan el hecho de que Torres pertenece al “pacto de corruptos”, término con el que los analistas guatemaltecos se refieren a los partidos y sectores de poder que, desde su perspectiva, han cooptado a las instituciones del Estado para que actúen a su favor.

Esperanza frente la deriva autoritaria

“Los resultados de estas elecciones pueden cambiar la deriva autoritaria que vive al país”, asegura el analista político Manfredo Marroquín a elDiario.es. 

El éxito del partido de Arévalo, defiende Marroquín, se debe a dos factores clave. En primer lugar, “la expulsión de la contienda de tres candidatos con un discurso antisistema, que prácticamente le dejó todo el espacio de la izquierda anti statu quo al Movimiento Semilla”. En segundo lugar, la candidatura socialdemócrata “era la única opción no contaminada por la corrupción que ha logrado captar el voto de la esperanza, el de la posibilidad de un cambio real”. Luis Mack añade que otro factor clave ha sido el voto joven, un voto novedoso, convencido y entusiasmado. 

En la primera vuelta, la candidatura obtuvo sus principales apoyos en un votante de clase media, urbano con cierto nivel educativo y principalmente joven. En contraposición, obtuvo menos apoyo en el interior del país, donde no tenía vasos comunicantes con organizaciones sociales campesinas ni con las comunidades indígenas.

Sin embargo, de cara a la segunda vuelta se perfila un escenario político muy diferente. La campaña de persecución política en su contra y las esperanzas de cambio que han calado en el electorado pueden beneficiar a la candidatura de Arévalo. Según los analistas, el Movimiento Semilla probablemente logre capitalizar el voto nulo y el voto de descontento de todo el país.

En este sentido, las últimas encuestas publicadas muestran una distribución de la intención del voto muy similar según la región, la edad y el nivel educativo del votante, factores que pasarían a ser irrelevantes a la hora de elegir el voto por Semilla. 

Incertidumbre tras las elecciones

La preocupación por el devenir de los acontecimientos políticos ha llegado a la Organización de Estados Americanos. En una visita oficial esta pasada semana, el secretario general logró el compromiso de todos los poderes del Estado de respetar el resultado electoral y la entrega del poder. Sin embargo, muchos sectores, incluido el propio Movimiento Semilla, temen que una victoria de Arévalo no garantice que sea investido el próximo 14 de enero. 

Más allá de la persecución judicial en curso que amenaza con inhabilitar el partido, en las últimas horas la candidata de la UNE ha intensificado la narrativa de fraude electoral. En diversos videos difundidos en las redes sociales oficiales, Torres ha asegurado que le van a robar las elecciones. Estos mensajes contrastan con la filtración de un vídeo en la que una dirigente de la UNE exige a fiscales de mesa del partido que impugnen mesas electorales el día de las votaciones. 

Mientras tanto, los guatemaltecos aguardan expectantes ante una deriva que puede sentar un precedente para futuras elecciones, en las que la incertidumbre sea la norma.

El pasado domingo, cinco horas después del inicio del escrutinio de votos en las elecciones presidenciales de Guatemala, el candidato Bernardo Arévalo de León dio la sorpresa y se situó en el segundo lugar, abriendo la posibilidad de un cambio hacia la izquierda, en medio de la deriva autoritaria en el país centroamericano.

Arévalo, un académico con perfil internacional, es hijo de José Arévalo Bermejo, primer presidente democrático elegido tras la Revolución de 1944 y quien tuvo que exiliarse después del golpe militar de 1954. Encabeza una lista conformada por intelectuales académicos que surge de la llamada 'primavera de 2015', cuando se produjo una ola de protestas contra la corrupción del Gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti.

El partido de centro-izquierda que floreció tras esa primavera se llamó Movimiento Semilla y, después de 2015, entró en el Parlamento guatemalteco, pero en las últimas elecciones presidenciales no pudo concurrir porque la candidatura fue descalificada por las autoridades por supuestos motivos administrativos de su cabeza de lista, la ex fiscal general Thelma Aldana.

En las elecciones del domingo, la formación política de escasa trayectoria logró canalizar el voto de descontento y romper con la correlación de fuerzas de la clase política y económica dominante. “El electorado estaba harto, cansado de un sistema político que estaba cooptado por estos grupos de siempre y lo que estaba buscando era una alternativa decente y creíble”, declaró el propio Arévalo tras conocerse el escrutinio definitivo.

Democracia débil

La cita con las urnas tuvo lugar en medio de la preocupación por el debilitamiento de la democracia, tal y como han denunciado analistas y organizaciones internacionales y, en ese contexto, el desencanto general con el sistema político se plasmó en el voto nulo, que superó el 17%, más que cualquiera de los candidatos.

Ese porcentaje se triplicó respecto a las elecciones de 2019 en Guatemala y se cree que fue una respuesta de los votantes al veto de las autoridades electorales a tres candidaturas críticas con el sistema, un veto que puso en evidencia ese debilitamiento del sistema democrático y la falta de independencia de los órganos electorales.

Los tres aspirantes a la presidencia que no pudieron presentar su candidatura han mostrado su apoyo a Movimiento Semilla y, sobre todo, a la victoria del voto nulo. Jordán Rodas, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), afirmó que el hecho de que“el Movimiento Semilla esté en segunda vuelta y el voto nulo sea ya del 17% representa un rechazo rotundo a la corrupción y la impunidad en Guatemala”.

Roberto Arzú García-Granados, del partido Podemos, felicitó a los guatemaltecos “por el triunfo de llevar al voto nulo al primer lugar con más de 1 millón de votos”, y Carlos Pineda, de Prosperidad Ciudadana, aseguró que ese voto nulo “fue la voz de los sin voz” en los comicios del pasado domingo.

“La única opción no contaminada por la corrupción”

El Movimiento Semilla obtuvo el 11,8% de los votos, aunque todas las encuestas lo situaban en la octava posición, dejando fuera a los que se perfilaban como favoritos: Zury Ríos, hija del general golpista sentenciado por genocidio Efraín Ríos Montt, logró el 6,6% de los sufragios; y el político y diplomático de larga trayectoria Edmond Mulet, el 6,7%. Solo fue superado por Sandra Torres, ex primera dama de Guatemala, que se hizo con más del 15% de los votos.

Para Manfredo Marroquín, analista político y fundador de la ONG anticorrupción Acción Ciudadana, el triunfo del partido de Arévalo se debe a dos factores clave. En primer lugar, “la expulsión de la contienda de tres candidatos con un discurso antisistema, que prácticamente le dejó todo el espacio de la izquierda anti statu quo al Movimiento Semilla”. En segundo lugar, el movimiento “era la única opción no contaminada por la corrupción que ha logrado captar el voto de la esperanza, el de la posibilidad de un cambio real”.

Como ha ocurrido previamente con otras listas, algunos de sus integrantes han sido perseguidos judicialmente para excluirlos de la contienda. Incluso la Fiscalía presentó una querella ante el Tribunal Superior Electoral que buscaba anular la candidatura antes de las elecciones pero, según Marroquín, “no le dio tiempo a construir un caso medio presentable ante la opinión pública. Además, la no inscripción era ya prácticamente dejar sin ninguna opción al electorado de izquierda, cosa que podría complicar mucho la situación del Gobierno a nivel nacional e internacional”.

El partido socialdemócrata arrasó sobre todo en el área metropolitana de la capital guatemalteca (donde se concentra el 30% del voto del país) y en otras grandes ciudades, por lo que aglutinó el voto urbano. Según el analista político y miembro de la asociación de Analistas Independientes de Guatemala (AIG) Luis Fernando Mack, “el perfil de votante es de clase media, urbano con cierto nivel educativo y principalmente joven”.

Al mismo tiempo, ese ha sido uno de los puntos débiles del Movimiento Semilla. En opinión de Marroquín, “es un partido muy urbano visto como una elite de académicos de izquierda que no tiene vasos comunicantes con organizaciones sociales campesinas ni con las comunidades indígenas”.

Esa falta de presencia y arraigo entre la población campesina y las comunidades indígenas, que representan el 42% de los guatemaltecos, es uno de los grandes retos y críticas al movimiento.

“Una opción real de cambio”

Sin embargo, Arévalo logró captar un buen porcentaje de votos en los diferentes territorios del país, también en las comunidades indígenas. De acuerdo con los resultados electorales, en las circunscripciones donde no ganó tuvo de promedio un 7% de apoyo.

Según Mack, “mediante el voto útil, la ciudadanía de los diferentes territorios del interior, también las comunidades indígenas, apoyaron al partido porque lo consideraban como una de las opciones reales de cambio, pero eso no significa que apoyen directamente al movimiento” encabezado por Arévalo.

Todos los analistas coinciden en afirmar que el éxito del Movimiento Semilla pone de relieve la existencia de un voto de rechazo a los candidatos tradicionales, como la ganadora, Sandra Torres, que logró un 15,8% de los sufragios. La ex primera dama de Guatemala “pertenece al conocido como pacto de corruptos y cuenta con un arraigo territorial fuerte y una importante estructura detrás, pero también es una opción que genera mucho rechazo entre la población”, según Mack.

En la segunda vuelta, prevista el próximo 20 de agosto, los guatemaltecos deberán escoger entre esa candidata continuista, que consolide definitivamente la deriva autoritaria de los últimos años, o por el contrario, un aspirante que da alas a las esperanzas de un cambio y de revertir esa deriva que preocupa dentro y fuera del país.

Guatemala empieza la cuenta atrás para las elecciones presidenciales del 25 de junio inmerso en una deriva que analistas y organizaciones internacionales califican de debilitamiento de la democracia. A eso se le añade un desencanto general de la población y un sentimiento colectivo de desinterés y falta de esperanzas en un cambio real. Una combinación que puede traer consecuencias muy negativas para la ya dañada democracia guatemalteca.

La cita electoral del domingo es “la más pesimista y con menos esperanzas de cambio de los últimos 30 o 40 años”, según el analista político y miembro de la asociación de Analistas Independientes de Guatemala (AIG) Luis Fernando Mack.

También el último 'Latinobarómetro' de 2020 indica que Guatemala presenta uno de los índices de confianza y apoyo a la democracia más bajos de la región: tan solo el 37% de los ciudadanos considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno y el 65% no está satisfecho con el funcionamiento de la misma. En términos de derechos políticos, únicamente el 9% de los guatemaltecos considera que sus derechos a participar en política están completamente asegurados, frente al 51% que considera que están poco o nada garantizados.

Una muestra de ello son los jóvenes: de 4,5 millones de ciudadanos de entre 18 y 30 años censados, sólo 2,6 millones se han registrado en el padrón electoral para ejercer su derecho a voto. A diferencia de lo que ocurrió en las elecciones de 2015 y 2019, cuando la esperanza de que se diera un cambio movilizó al electorado, ahora se está produciendo un distanciamiento respecto al proceso político.

El politólogo y antropólogo Ricardo Sáenz de Tejada lo atribuye a que muchos de los jóvenes que tienen derecho a votar por primera vez sólo han vivido “la degradación del sistema político, la criminalización de los opositores, la imposición de la corrupción y la aceleración de la autocracia”.

No vivieron, en cambio, la llamada primavera de 2015. Sáenz de Tejada se refiere al ciclo de movilizaciones más importantes que han tenido lugar en Guatemala desde los acuerdos de paz de 1996, fruto de la indignación por los graves casos de corrupción contra el Gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti. Así, 2015 fue un periodo marcado por un clima de optimismo, de un sentimiento generalizado de “ahora sí, se puede” y de las posibilidades de un cambio real. Estas esperanzas pronto se desvanecieron con la elección como presidente del comediante Jimmy Morales en 2019, quien expulsó de Guatemala a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), organismo que había llevado ante la justicia 120 casos de corrupción.

Diferentes analistas sostienen que la sensación de derrota y de pesimismo no afecta únicamente a los jóvenes, sino que es generalizada y se ha agudizado en los últimos cuatro años con la presidencia de Alejandro Giammattei, quien ha “cooptado todas las instituciones del Estado y se ha encargado de matar toda posibilidad de cambio”, en opinión de Mack.

Exclusión de candidatos y acusaciones de fraude

La campaña electoral arrancó el pasado 27 de marzo entre críticas y acusaciones de fraude contra las autoridades. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó inscribir las candidaturas de Thelma Cabrera y Jordán Rodas, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), y la de Roberto Arzú García-Granados y David Pineda, del partido Podemos. Ambas eran críticas con el sistema y se proyectaban como fuertes aspirantes en la contienda electoral.

La candidatura encabezada por Arzú fue rechazada supuestamente porque el candidato hizo campaña electoral anticipada. Mientras que en el caso de la líder maya Thelma Cabrera, el tribunal rechazó inscribir el binomio por una denuncia interpuesta contra el candidato a vicepresidente, Jordán Rodas, antiguo procurador de Derechos Humanos. Esa denuncia se basa en una acusación contra Rodas por no haber presentado el finiquito, un documento que demuestra la ausencia de cualquier reclamo a nivel administrativo. Sin embargo, el analista Sáenz de Tejada considera que la decisión está ligada a la ola autoritaria que vive el país y supone una violación grave del derecho a elegir de los electores.  

El MLP, un partido de izquierdas y “antisistema”, está conformado por movimientos sociales y campesinos indígenas provenientes de las comunidades y pueblos originarios de Guatemala. Encabezado por Cabrera, el Movimiento había conseguido por primera vez en la historia reciente aglutinar el voto indígena, que representa alrededor del 42% de la población. En las elecciones de 2019 logró obtener el cuarto lugar. La líder de origen maya mam asegura que su exclusión se trata “de un fraude electoral anticipado orquestado por las oligarquías del país, las cuales tienen miedo” a su propuesta política.

Al mismo tiempo, el TSE ha permitido la inscripción de candidatos con claras prohibiciones constitucionales como es el caso de Zury Ríos, hija del dictador acusado de genocidio Efraín Ríos Montt, ya que en Guatemala existe una norma que prohíbe la participación a parientes de golpistas. También se han inscrito narcotraficantes confesos, como Exadillas Dionel Ramos Aguilar, u otros candidatos con causas judiciales abiertas.

Mack atribuye esta situación a la actual ley electoral, que, según el analista, tiene “vacíos legales y contradicciones”, lo que lleva al TSE a actuar estableciendo reglas propias que, en muchas ocasiones, son “discrecionales y contradictorias”. En consecuencia, asegura, “se agudiza la percepción ciudadana de que ya está todo cocinado y de que las elecciones no son un instrumento útil”.  

El último candidato que fue arrestado es Juan Francisco Solórzano Foppa, de la coalición Semilla-Winaq-URNG para la alcaldía de la capital. Era crítico con el sistema y, según las últimas encuestas, tenía opciones reales de lograr la alcaldía.

Las encuestas también daban una clara victoria al empresario Carlos Pineda, del partido Prosperidad Ciudadana, un candidato outsider y crítico con el oficialismo. Pero pocos días después de la publicación de los sondeos, la Corte Constitucional suspendió su candidatura alegando irregularidades en la asamblea donde se proclamó a los candidatos del partido.

Después de su descalificación y según las últimas encuestas, los candidatos con mayor ventaja son Zury Ríos, hija del dictador Efraín Ríos; Sandra Torres, candidata conservadora de la oposición pero afín al oficialismo, y Edmond Mullet. 

Persecución política de periodistas y jueces

La Organización de Estados Americanos (OEA), entre otras, ha mostrado su preocupación por la exclusión de candidatos y por la situación política que vive Guatemala. Los analistas no se ponen de acuerdo para definir el actual sistema político del país, pero todos ellos coinciden en señalar un progresivo debilitamiento de la democracia y los tintes autocráticos que está adquiriendo.

En el contexto de la región centroamericana, en Guatemala no existe un líder carismático como Bukele o una dictadura tradicional como la de los Ortega en Nicaragua. Sáenz de Tejada la define como una “democracia de fachada” o una “dictadura en la que se realizan elecciones”. En su opinión, existe una coalición de redes económicas y políticas ilícitas que incluye a funcionarios, políticos, militares, empresarios y estructuras criminales que ha colonizado el sistema de partidos para su propio interés.

Mientras, Mack sostiene que se trata de una “democracia híbrida”, con el Estado controlado por el Ejecutivo de Giammattei, que ha cooptado los poderes legislativo y judicial, persiguiendo a los opositores y protegiendo a los aliados del presidente. “Si todo está cooptado y todos responden a los mismos intereses, no hay posibilidad de que surja una oposición real; si la hubiera, la van a perseguir y la van a eliminar”, explica.

El primer analista agrega que, “más allá de la deriva autoritaria, se añade otra línea de acción: el ataque y la persecución a los medios de comunicación y los periodistas”.

Una muestra de ello es el caso de José Rubén Zamora, periodista y director de El Periódico, quien lleva 10 meses encarcelado por acusaciones de obstaculizar la acción penal. Zamora fue arrestado en su casa el pasado julio, tan solo cinco días después de lanzar fuertes críticas por corrupción contra el presidente Giammatei y su círculo íntimo. Zamora, principal crítico del Gobierno, fue condenado la semana pasada a seis años de prisión por un supuesto caso de blanqueo de capitales en un proceso plagado de irregulares, según ha denunciado el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés), entre otras organizaciones.

El pasado 15 de mayo se publicó la última edición de El Periódico, que, después de casi 30 años de existencia, decidió cerrar tras denunciar persecución, presiones políticas y económicas. Cuatro de los abogados que se encargaban de la defensa de Zamora han sido detenidos por acusaciones infundadas y un quinto ha tenido que abandonar el país.

“La condena y el encarcelamiento vergonzosos del periodista guatemalteco José Rubén Zamora son un crudo testimonio de la erosión de la libertad de expresión en el país y de los esfuerzos desesperados del Gobierno del presidente Alejandro Giammattei por criminalizar el periodismo”, dijo tras el anuncio de la sentencia Carlos Martínez de la Serna, director de programas de CPJ en Nueva York. “Las autoridades guatemaltecas deben acabar con esta farsa absurda de procesos penales contra él. Es hora de liberar a José Rubén Zamora, cuyo único ‘crimen’ ha sido el ejercicio audaz de su profesión”.

Desde 2018, más de 30 abogados, fiscales, jueces y periodistas que denunciaron la corrupción en el país centroamericano han tenido que exiliarse señalando una persecución política en su contra.

Mario no aparta la vista del móvil. Se sienta solo en el comedor de la Casa del Migrante de Tecún Umán, punto fronterizo entre Guatemala y México. Acaba de llegar, pero a diferencia de otros, él viene de hacer el camino contrario: se encuentra de regreso a casa. Es guatemalteco, tiene 35 años. Mario huyó de la zona 18 de la capital del país, una de las más peligrosas de Centroamérica. Al finalizar el almuerzo, en la cola para lavar los platos, Mario se acerca. Quiere contar la historia de dos viajes forzados, uno de ida, y otro de vuelta. La historia de su deportación.

Como a él, el albergue la Casa del Migrante de Tecún Umán acoge diariamente a centenares de migrantes en su camino hacia el norte y, cada vez más, a aquellos que se ven forzados a volver al punto de partida. El caso de Mario no es una excepción.

“El trabajo sucio lo hace México”

Guatemala ha experimentado un incremento del número de deportados desde que, a consecuencia de las caravanas de migrantes, México y Estados Unidos endurecieron sus políticas migratorias. Tan solo durante el primer trimestre del año 2023, 20.564 guatemaltecos han sido deportados a su país. Un total de 265 buses y 104 aviones repletos de personas que han visto finalizar su sueño americano. El 24% eran mujeres, y el 9% niños, niñas y adolescentes, dos de los colectivos más vulnerables en estas peligrosas rutas. Estos datos no tienen en cuenta a todos aquellos que se ven obligados a retornar por su cuenta. Son forzados a regresar por la peligrosidad del camino, por la falta de recursos para continuar su viaje o por el temor de que los cárteles mexicanos acaben con sus vidas.

Rodolfo espera en una sala oscura y calurosa del Centro de Recepción de Retornados de Tecún Umán. Una gorra roja oculta su tez morena y llena de arrugas. Le acompaña Juan, un joven tímido y delgado de 23 años. Un inesperado compañero de viaje que conoció “por allá arriba”, en Palenque. Sus ojos reflejan tristeza, cansancio y decepción. Juan y Rodolfo han sido deportados. Los dos esperan dinero de sus familias para poder regresar a sus casas. El viaje al revés. El camino de los deportados. Mientras hacen los trámites pertinentes, llega otro bus repleto de retornados. Es el quinto del día.

- Y ahora, ¿qué? ¿Te planteas volver a subir?

- Yo ya no voy a intentarlo. Iba para allá para ganar más, pero está muy duro por allá arriba.

Rodolfo lo intenta por segunda vez. La primera llegó hasta Veracruz, desde donde regresó por su propio pie. El dinero ya no le daba para continuar su viaje, pero esta ocasión ha sido diferente: “Me agarraron porque los buseros mexicanos están compinchados con la migra. Compré un boleto y el mismo conductor se desvió y me dejó directamente en migración”. Estuvo cinco días en una cárcel para migrantes en el sur de México. Al día siguiente, volverá a su puesto de trabajo en la obra, en la capital de Guatemala.

El Centro de Retornados donde se encuentran Rodolfo y Juan es el mismo por el que pasó Mario antes de llegar a la Casa del Migrante, un hangar situado en pleno centro de la ciudad fronteriza de Tecún Umán, al norte de Guatemala. Aparte del centro de retornados de Tecún Umán, Guatemala cuenta con dos centros más. Todos están financiados por Estados Unidos y representan la culminación de la política de externalización de fronteras de este país.

En marzo de 2020, con el pretexto de la pandemia de COVID-19, Estados Unidos emitió una orden de salud pública que permitía a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes que se encuentran en territorio estadounidense. El Título 42, como se la conoce, aún continúa vigente. En este punto es donde entran en juego México y Guatemala. México se ha convertido de facto en un apéndice de la frontera sur de Estados Unidos. Este país ha cedido toda su autonomía y soberanía en materia migratoria a cambio de beneficios económicos, comerciales y políticos con su vecino del norte. “Es México quien hace el trabajo sucio”, nos cuenta Noé, el técnico que derivan desde la Casa del Migrante para atender a las personas del Centro de Retornados. Guatemala está siguiendo ese mismo camino.

Los que “son agarrados por la migra”, como nos cuenta Rodolfo cabizbajo, son hacinados durante unos días en una “cárcel para migrantes” en México. “Allá esperamos hasta que fuimos suficientes para llenar un bus y para acá nos dejaron”, dice. Estos son los protocolos habituales de las deportaciones. La otra cara de este duro viaje.

En el lugar donde nos encontramos llegan únicamente guatemaltecos. Una vez allí, tienen que buscarse la vida para continuar su camino de vuelta a casa. Ante las dificultades para regresar, muchos intentan subir de nuevo. A los que no son guatemaltecos —en este momento las nacionalidades mayoritarias en esta frontera son Venezuela y Haití— los dejan en el puente fronterizo Rodolfo Robles, una práctica cuestionada por el derecho internacional que se ejecuta bajo la excusa de la falta de recursos.

“Se ha vuelto una práctica muy común en esta frontera que las autoridades mexicanas deporten a ciudadanos de otros países del continente, y del mundo, y los suelten en Tecún Umán,” recalca Noé. Abandonados a su suerte, tras un largo viaje hacia el norte, estos migrantes se encuentran en una situación de estancamiento o de limbo. Muy lejos de su objetivo, Estados Unidos, pero también lejos de su origen, de sus familias, de su hogar.

Cárteles, retenes y aislamiento

Mario salió de Zona 18 un jueves de febrero. Él no cruzó la frontera por Tecún Umán, es la primera vez que está en este lugar. Su viaje inició cruzando La Mesilla, una de las fronteras más peligrosa entre Guatemala y México debido a la presencia de cárteles. Su estrategia: una pelota de fútbol, unos tenis y una pantaloneta: “Compramos una y pasamos jugando a la pelota unos 15 kilómetros, como si fuésemos de la zona. Nos acercamos también a una señora mayor para ayudarla a recoger latas con una bolsa y así no parecimos migrantes”. Este inicio ingenioso y afortunado no marcó, por desgracia, un precedente en el resto del viaje de Mario a través de México. Después de sobrevivir de forma exitosa el sur del país (sorteando milagrosamente varios retenes y puntos calientes de cárteles), como para tantos, la mala suerte empezó en el norte, concretamente en Tamaulipas, una localidad próxima a la frontera con Estados Unidos.

Una vez allí, y con ayuda de unos primos que ya estaban en EEUU, Mario y su compañero se pusieron en contacto con los cárteles para pagarles la cantidad pertinente y poder llegar hacia Matamoros o Reynosa, puntos fronterizos del norte de México. Esta frontera la dominan los cárteles y, por tanto, cualquiera que quiera poner un pie en ella debe pagar el monto correspondiente. Los migrantes pagan al coyote y el coyote paga al cartel: “Nos pedían 8.000 dólares a cada uno para cruzar con un coyote a pie. Mi amigo tuvo que quedarse, no tenía el dinero”.

Mario llegó en un coche de unos desconocidos a una “casa de seguridad” en Matamoros, una especie de viviendas destartaladas que los cárteles utilizan para dejar a los migrantes esperando el momento del cruce, apenas sin comida ni agua. Allí pasó un total de 20 días e intentó cruzar el peligroso Río Bravo cinco veces. En cada una de ellas, las patrullas mexicanas o estadounidenses lo detuvieron a él y al resto de migrantes con quien realizaba el intento de cruce. “[Los coyotes] nos llevaban hasta la orilla del río pero ahí no cruzaban, si logras cruzar el río aún no estás del otro lado… Yo les decía que tenían que acompañarnos y que por eso habíamos pagado”. Cada una de estas veces, Mario acabó en lo que los migrantes llaman “las perreras”, dice.

Él mentía y decía que era mexicano para que solamente lo deportaran hasta la misma frontera mexicana. Cuando los soltaban, el coyote ya los esperaba en Matamoros. Si el migrante conocía la palabra clave correspondiente, él volvía a llevarlos a la casa para descansar unos días y así volver a intentarlo. En el pack de 8.000 dólares entraban varios intentos. “Los que no sabían o no recordaban la clave se los llevan en carro… nunca supe dónde”, cuenta.

Harto de intentos en vano, Mario se comunicó con sus primos. Quería solicitar un cambio, otros coyotes, otros guías. Con estos estaba claro que no llegaría a ningún lado. Pero el cambio era imposible. Su primo le explicó por primera vez que estaba en manos de los Zetas. Este cártel controla la zona y todos los coyotes deben rendirle cuentas. Cambiar de cártel supondría la muerte. Cansado y fatigado, Mario lo intentó una última vez.

Después de cruzar el río, más de cuatro horas de caminata, varios metros avanzando arrastrados por el suelo y viendo el muro de siete metros a tiro de piedra, las luces de las patrullas se encendieron de la nada, los habían detectado hacía un rato por una torre de control. Ese día no deportaron a Mario a Matamoros sino a Reynosa, a una garita de los federales de México. Después de varias preguntas identificaron que no era mexicano, sino guatemalteco: “Ahí mis sueños pues ya estaban rotos. Fue muy duro para mí, porque ser deportado hasta Guatemala se hace más difícil. Si me tiran acá nomás yo vuelvo y vuelvo…”. Dos días después, las autoridades reunieron a un grupo de 15 guatemaltecos y los mandaron hacia Villahermosa, capital del estado de Tabasco, cerca de la frontera con la selva guatemalteca de Petén. Después de pasar tres días detenidos, a Mario y su grupo los llevaron al centro de retornados de Tecún Umán. De nuevo enganchado a su teléfono, Mario continúa buscando formas para regresar a casa.

“Uno sabe de todos los riesgos. Sabía perfectamente que incluso podía morir. Pero tenía más miedo al retorno que a morir... En Ciudad de Guatemala, ya no tenía nada”, dice Mario, a quien el largo camino le ha empujado a abandonar su objetivo. “Viviendo todo lo que viví, tanto miedo, y sentirme privado de mi libertad durante tanto tiempo, ahora valoro más la vida. Ahora quiero empezar de cero en Guatemala. Ya no quiero intentarlo más”, asegura.

Poco después de esta entrevista Mario nos escribió al WhatsApp el siguiente mensaje:

Aún no escribas mi historia. Aún no termina.

Voy nuevamente para EEUU.