El pasado 21 de noviembre tomó posesión como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente, otrora alcalde de Valladolid. Recogía el testigo de Raquel Sánchez, pero con varios cambios en el Ministerio. Perdía, por una parte, las competencias de Vivienda, que pasaban a formar un ministerio propio, pero la “movilidad” ganaba un apellido: “sostenible”. Esto es toda una declaración de intenciones por parte del nuevo Gobierno de España, en un momento crítico para el sector del transporte. Los efectos del cambio climático se hacen notar de forma cada vez más extrema y las reformas en movilidad son necesarias y urgentes.

En los últimos años, ya se han venido tomando acciones destinadas a impulsar el transporte sostenible en nuestro país. Una de las más destacadas es la fuerte rebaja de los abonos de transporte público, junto con la gratuidad de los trenes de Cercanías y Media Distancia de Renfe. Una medida atrevida y muy cara para las arcas públicas que ha conseguido, por ejemplo, que Renfe transporte cada vez más gente, o que el INE informara de un aumento de en torno al 20% en el uso de transporte público el pasado mes de junio. Sin embargo, no está claro cuál será el futuro de esta medida: Raquel Sánchez abrió la puerta a convertir en “estructurales” algunas de las rebajas, pero Puente avisó el pasado 1 de diciembre, en las jornadas de movilidad de eldiario.es, que las rebajas no pueden ser eternas.

Respecto a la medida, un estudio de Esade publicado el pasado mes de octubre sembraba dudas sobre su verdadera eficacia en términos de sostenibilidad. No se negaba que tuviera un efecto notable en la inflación, que al fin y al cabo era el verdadero objetivo de las rebajas. Pero no habría conseguido reducir –o al menos no de manera notable– el tráfico de automóviles. No se detectaba ninguna bajada en los niveles de tráfico en el ámbito de estudio, ni en términos medios diarios ni en términos acumulativos, ni tampoco diferencias significativas en el uso del coche, según renta o localización geográfica.

El estudio tenía, claro, sus limitaciones. Se centraba tan solo en Madrid y su área metropolitana, y no podía estudiar otras zonas en las que quizá hubieran dado otra perspectiva sobre las conclusiones. Pero es, cuanto menos, llamativo que este tipo de medidas no ayuden a reducir el uso del coche, pese a ser positivas para el uso del transporte público. Decía Óscar Puente en esas jornadas de movilidad que él no considera que exista un derecho a ir en coche a cualquier parte. Al contrario: lo que existe es un derecho y una libertad para moverse en ámbitos urbanos de forma eficaz, y el Gobierno debe garantizarlos. La posición del ministro es valiente y fundamental en estos momentos clave para la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático. Pero sus palabras tienen que traducirse en hechos igual de valientes.

Que más gente use el transporte público es muy positivo, por supuesto, pero es necesario que también haya menos gente usando el coche. Por muy barato que sea el transporte público, es lógico que, si en transporte privado uno tarda considerablemente menos en hacer su trayecto, elija esta opción. La competitividad del transporte público respecto al transporte privado es muy compleja, porque es muy difícil y caro alcanzar una situación en la que el transporte público sea tan bueno que sus desventajas respecto al coche puedan ser ignoradas. Sobre todo, sin medidas que desincentiven de manera activa el uso de vehículos privados, que suelen generar polémica, sobre todo en sus primeros momentos. Ya se vio con la aplicación de Madrid Central en la capital en 2018, o con los peajes para autovías españolas que debíamos aplicar el año que viene. Son medidas que ayudarían para conseguir los objetivos de sostenibilidad y transición ecológica en el transporte, pero que corren el riesgo de ser muy impopulares y de ser diametralmente opuestas al principio de progresividad, castigando más a las personas con menor nivel de ingresos.

En Madrid, incluso teniendo en cuenta la red de transporte público envidiable de la ciudad, no es de extrañar que mucha gente siga prefiriendo el coche. Muchas líneas de autobús tienen unos intervalos inasumibles, con espacios de hasta media hora entre buses urbanos y de horas entre buses interurbanos, dificultando su uso ante cualquier retraso. En el metro, líneas como la 2, 3, 5 o 7 suelen sufrir cortes cada vez que llueve. Por no hablar de los cierres por obras en líneas tan importantes como la 1, o la situación en la línea 7B a su paso por San Fernando. Respecto al Cercanías, tan de actualidad en los últimos días, las obras para la nueva estación de Chamartín, las averías y, ahora, los descarrilamientos en Atocha, están dañando gravemente su imagen. El diseño del transporte público madrileño, prácticamente radial, alarga además los tiempos de viaje para desplazamientos entre distintas zonas de la periferia.

En otras ciudades, los problemas son similares o, incluso, más graves. Las incidencias en Rodalies, cuya cesión a la Generalitat será uno de los temas fundamentales de esta legislatura, son el pan de cada día, al igual que las del metro de Barcelona. Hace unos meses, varios alcaldes de la provincia de Málaga denunciaban el estado de su red de Cercanías, y el Metro de Bilbao sufrió una grave incidencia que interrumpió el servicio durante horas este pasado septiembre. Y, en la España vaciada, la situación es aún peor. No se puede negar que muchas de estas zonas han sido beneficiadas en mayor medida por las iniciativas del Gobierno, a través de los abonos gratuitos de Media Distancia que han permitido que muchas personas trabajen en grandes ciudades sin dejar de vivir en sus provincias. Pero esto ha llevado a que sea imposible encontrar plazas libres en muchos trenes, ante la falta de refuerzos en varios casos. Esta situación en las capitales de provincia puede parecer muy positiva si se compara con la falta de autobuses en gran parte del medio rural, que obliga a usar el coche si se quiere vivir en un pueblo.

Los pasos que se están tomando para favorecer la movilidad sostenible son positivos, permitiendo un acceso más universal, rebajando precios hasta el punto de la gratuidad en algunos casos. Pero se deben tomar decisiones más contundentes, sobre todo en cuanto a las frecuencias de los transportes públicos. Se trata, por supuesto, de algo muy caro y que requeriría de los esfuerzos e inversiones de diversas administraciones de todos los colores políticos de manera coordinada. Las medidas actuales, no obstante, también son muy caras, y demandan los mismos niveles de coordinación.

Repensar la forma de incentivar desde las instituciones el transporte público debe comenzar por un análisis y debate muy extensos, sobre la eficacia y los puntos fuertes y débiles de las medidas que se han ido aplicando en los últimos años. ¿A quién han beneficiado más? ¿Han sido medidas progresivas, que ayudaban más a las personas que menos tienen, o han beneficiado a todos por igual? ¿Qué factores han favorecido, a nivel nacional, el crecimiento en el uso del transporte público? ¿Qué barreras siguen dificultando el acceso al tren, al metro, al autobús…, y de qué maneras se pueden superar?

Como se ha comentado, los principales problemas tienen que ver con el acceso y las frecuencias. Acceso tanto en términos físicos –cercanía a paradas de transporte público– como en términos económicos –no solo en cuanto a los abonos mensuales, que ya están altamente subvencionados en casi toda España, sino también en relación a los precios de, por ejemplo, los trenes de larga distancia–. Y frecuencias, porque el tiempo es un factor fundamental en este asunto, tanto en relación con el cumplimiento de los horarios como con el tiempo que se tarda en completar el viaje. Resulta difícil imaginar una situación en la que cualquier trayecto sea posible en transporte público en un tiempo competitivo con el vehículo privado. Pero el objetivo debe ser acercarse lo suficiente a esa situación, como para que un número suficiente de personas pueda ignorar las ventajas del coche respecto a otros medios de transporte, y decidirse por el transporte público.

El ministro Óscar Puente tiene una misión muy difícil: trasladar sus palabras sobre transporte público a hechos. Tiene que impulsar el derecho a moverse en transporte público de manera eficaz y eficiente, como él mismo dijo, y ahora más que nunca. En definitiva, debe ayudar a que se den los pasos necesarios hacia una movilidad verdaderamente sostenible. Habrá que estar muy atentos, en las próximas semanas y durante toda la legislatura, a este ministerio, esperando que esté a la altura de su nuevo nombre: movilidad sostenible.

Las elecciones generales del pasado 23 de julio nos trajeron unos resultados en varios aspectos inesperados. El PSOE mejoró en escaños respecto a las estimaciones de la mayoría de encuestas, mientras que Vox y Sumar no consiguieron los resultados que esperaban. El PP fue a la vez el ganador y el perdedor de la noche. Ganaron las elecciones, con 48 diputados más que en noviembre de 2019 y una amplísima mayoría en el Senado. Pero es que Alberto Núñez Feijóo se veía con un pie y medio en el Palacio de la Moncloa, lo que elevó excesivamente las expectativas de los populares. Esas expectativas estaban de sobra justificadas. El PP arrasó en las elecciones municipales y autonómicas de mayo, y gobierna actualmente en doce de las comunidades autónomas (incluyendo Canarias, donde son socios minoritarios de la coalición). El desgaste del PSOE y Podemos tras cinco años de gobierno, unido a los problemas para conformar la plataforma Sumar, hacía pensar que una mayoría absoluta de PP y Vox era inminente.

Al acabar el recuento, el bloque de PP y Vox sumaba 171 escaños. El del PSOE y Sumar, 172. Faltaban por incluir en algún bloque los siete diputados de Junts, un partido cuyas decisiones pueden parecer impredecibles. Pero, con esos resultados en la mano, muchos nos imaginamos un escenario en el que una abstención de los independentistas permitiría al actual gobierno de coalición continuar en el Ejecutivo. Unos días después, el recuento del voto exterior movió un escaño entre bloques: el PP ganó un diputado a costa del PSOE. Ahora el PSOE necesitaba un voto a favor de Junts, mientras que el PP se abrió a negociar una abstención con ellos. Pero, poco después, en la votación para elegir la presidencia del Congreso, Vox, por sorpresa, votó contra la candidata del PP, rompiendo un bloque que se presumía firme. El PSOE pudo reunir el voto a favor de todos los partidos del Congreso salvo CC, UPN, PP y Vox, consiguiendo elegir a una presidenta del Congreso por mayoría absoluta por primera vez desde 2011, demostrando que los bloques políticos no son tan sólidos como parece.

Con todo esto en mente, el rey encargó a Feijóo intentar formar gobierno, en una sesión de investidura que se celebra esta semana. Una fecha aparentemente tardía, pero necesaria por un simple motivo: celebrar el debate de investidura una, dos o tres semanas antes provocaría que una repetición electoral cayera en plena Navidad. La fecha del debate, acordada entre el candidato y la presidenta del Congreso, demuestra que PP y PSOE no descartan que volvamos a votar. Es un movimiento inteligente por parte de los dos grandes partidos. Las posibilidades de investidura de Feijóo y Sánchez dependen de partidos muy variados que, en el pasado, han demostrado no ser excesivamente fiables. Tanto ERC como Junts han priorizado en bastantes ocasiones su nacionalismo a su ideología de izquierda o derecha. El PNV, en 2018, pasó de votar a favor de los presupuestos de Rajoy a ayudar a echarle con la moción de censura de Sánchez en tan solo nueve días. Vox, como se ha mencionado, no votó a favor de Cuca Gamarra para presidir el Congreso. Ejemplos similares se pueden encontrar para UPN o CC, e incluso algunos de los componentes de Sumar.

Cabe así preguntarse si les podría interesar a PP, PSOE y demás partidos jugársela con una repetición electoral. Con estos resultados y la probabilidad de un nuevo gobierno de coalición PSOE-Sumar, la legislatura se prevé dura, ante la innegable necesidad de negociar cualquier ley con una variedad de grupos políticos. Un gobierno que ya sabe perfectamente lo complejo que puede llegar a ser esto, como demuestra el caso de la reforma laboral, aprobada por un error de un diputado popular ante la negativa de los socios habituales (Bildu y ERC) a apoyarla. Además, no sería sorprendente que esta legislatura acabara antes de tiempo, aunque haya investidura. Una situación que no resulta extraña en el PSOE, que ya adelantó las elecciones en 1996 y 2019 al no ser capaz de aprobar unos presupuestos con sus socios en aquellos momentos. Con unos resultados tan ajustados, el riesgo del rechazo a leyes importantes, e incluso la retirada de la confianza parlamentaria en el presidente a través de una moción de censura, tienen que tenerse en cuenta a corto o medio plazo. El PP ha reconocido que no cuenta con los votos suficientes para su investidura, asumiendo de antemano una derrota que es evidente desde hace tiempo. Ahora la pelota está en el tejado del PSOE: ¿repetir o no repetir?

¿Ayudarían otras elecciones a resolver la previsible inestabilidad en la legislatura? En base a los antecedentes, sería extraño que esto fuera así. En 2016, la repetición supuso una caída de escaños para PSOE, Podemos y Ciudadanos, y una subida del PP con un descenso notable de la participación. Pero no resolvió el bloqueo parlamentario a cualquier investidura, porque PSOE, Podemos y Ciudadanos siguieron sin ponerse de acuerdo, y PP y Ciudadanos no sumaban por sí solos. Solo hubo investidura cuando el PSOE (guerra civil interna mediante) decidió abstenerse y permitir que gobernara Rajoy. La moción de censura de Sánchez en 2018 demostró los riesgos de este tipo de aritméticas parlamentarias sin mayorías claras. Su propia investidura también se basó en una multitud de acuerdos con distintos partidos, lo que favoreció el adelanto electoral ya mencionado.

Ese adelanto también provocaría una situación de bloqueo político, al no haber (de nuevo) mayorías claras tras las elecciones de abril. Con el colapso del PP, una mayoría de derechas resultaba impensable, pero el PSOE no pudo (o no supo) capitalizarlo. Ciudadanos se ancló en el “no” a Sánchez, convencidos de que podrían superar a un PP en caída libre, y el acuerdo con Unidas Podemos fue imposible. Volvimos a las urnas en noviembre, y, como en 2016, PSOE y UP bajaron en escaños, al igual que Ciudadanos. El PP creció pese a mantener unos malos resultados, y Vox despegó a nivel nacional superando los 50 asientos. Y la participación bajó más de cinco puntos. La derecha seguía sin sumar, y PSOE y UP tenían aún más difícil alcanzar una mayoría suficiente para la investidura. Pese a ello, consiguieron formar el primer gobierno de coalición de nuestro actual sistema parlamentario, iniciando una legislatura de muchos vaivenes.

El caso actual es particularmente complejo, porque el PSOE necesita, a priori, el apoyo de Junts para conseguir llegar a la Moncloa. Cualquier otra opción, una vez el PP ha reconocido que su gobierno es imposible, pasa por la ruptura de uno de los bloques que han compuesto el escenario político español a lo largo de la última legislatura. O el PP, Coalición Canaria y UPN se abstienen o votan a favor de Sánchez, o el voto favorable de Junts es condición sine qua non para que haya gobierno. El precio a pagar por ese voto es lo que genera más dudas. Ese precio lo dio a entender Carles Puigdemont en las últimas semanas, y es, seguramente, menos exigente de lo que cabía esperar. Aun así, provocó que el PP se retractara de sus palabras sobre Junts, “un partido cuya tradición y legalidad no están en duda”, y organizara una manifestación en Madrid contra un candidato que ni siquiera se presenta aún a la investidura. Además, varios de los llamados “socialistas históricos”, incluidos Alfonso Guerra y Felipe González, se han pronunciado con vehemencia, e incluso malas formas, contra la posibilidad de amnistiar los sucesos del 1 de octubre de 2017.

Repetir elecciones, como se vio en 2016, no asegura que el escenario postelectoral vaya a permitir la formación de un gobierno. Ni tampoco asegura que se deje de depender de Junts, ERC, Bildu, Vox… para llegar a la Moncloa. También parece impensable una situación en la que el PSOE decida a última hora permitir gobernar a Feijóo, ni que el PP permita gobernar a Sánchez. El PSOE ha perdido escaños en las dos elecciones que se han repetido previamente, y lo sucedido con Ciudadanos en 2019 muestra los riesgos de una repetición para cualquier partido. Varios de los componentes de Sumar se arriesgan, además, a perder representación en el Congreso, sobre todo en provincias como Sevilla, Córdoba o Alicante, donde obtuvieron el último de los escaños. 

Los partidos nacionalistas y regionalistas tampoco tienen demasiado que ganar con una repetición. Más aún cuando en el próximo año y medio habrá elecciones autonómicas en varias regiones clave para la investidura (Galicia, Euskadi y Cataluña). El BNG es, en principio, el que tendría menos problemas con una repetición, pero su único escaño es fundamental para la investidura. El PNV tiene a Bildu al alza, y no sería sorprendente un sorpasso si decidieran apoyar al PP en el ámbito nacional. El PSC es actualmente primera fuerza en Cataluña, y ERC y Junts mantienen su duelo por liderar el independentismo. Un mal movimiento de cualquiera de los dos que pueda favorecer un gobierno con Vox o apoyado por Vox puede ser muy negativo para ellos en este sentido.

El PP y, sobre todo, el PSOE tienen bastante que ganar con una repetición electoral, pero también mucho que perder. Quizá puedan conseguir suficientes escaños como para gobernar holgadamente en solitario, pero ni la experiencia histórica ni las encuestas más actuales parecen sugerir que eso sucedería. El PSOE tiene relativamente cerca un nuevo gobierno de coalición con Sumar, siempre y cuando sean capaces de alcanzar los acuerdos necesarios con los distintos grupos nacionalistas y regionalistas, aunque su gobierno corre el riesgo de ser inestable. El PP, habiendo desistido de perseguir la investidura, cuenta con mayoría absoluta en el Senado, permitiendo un control muy intenso al gobierno que resulte elegido. Seguramente sean los que menos tienen que perder si hay nuevas elecciones, pero ahora mismo no depende de ellos. El resto de partidos se encuentran en una situación similar. Junts, por ejemplo, tiene a su alcance una influencia en la política nacional de la que carece desde hace años, porque prácticamente cualquier ley, incluidos los presupuestos, van a necesitar su voto a favor. Al igual que el de Bildu, el de ERC, el de BNG, el de PNV… Ahora tienen que decidir si le interesa, a cualquiera de ellos, renunciar a lo que tienen a cambio de la posibilidad de mejorar sus resultados. 

El 12 de noviembre de 2019, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias anunciaban, abrazo mediante, un principio de acuerdo para formar el primer Gobierno de coalición en España desde la República. Mes y medio después, presentaban el documento completo del acuerdo, permitiendo una investidura después de meses de incertidumbre. No consiguieron ningún pacto así en 2015 ni en 2016, entre ataques e insultos y pese a que, hipotéticamente, se podría haber llegado a la mayoría necesaria. Esta falta de entendimiento forzó una repetición electoral y, más tarde, permitió un nuevo gobierno de Rajoy. Un PSOE en plena guerra civil prefirió primero pactar con Ciudadanos y, luego, echar a su secretario general para abstenerse en la investidura de Rajoy que aceptar un gobierno con Podemos. En 2018, Podemos apoyó la moción de censura de Sánchez, permitiéndole acceder a La Moncloa, pero sin exigir una coalición, quizá dándose cuenta de su error en los años anteriores.

En abril de 2019 se repitió la situación de 2016: el PSOE no quería una coalición y Unidas Podemos se negaba a un acuerdo meramente programático. Junto con un Ciudadanos anclado en el “no” a Sánchez, España tuvo las cuartas elecciones en cuatro años ese noviembre. ¿Y qué supuso esa nueva repetición electoral? Supuso que Podemos, tercera fuerza del país en 2015 y 2016 con más de sesenta escaños, se viera con 35 y en cuarta plaza. Que el PSOE perdiera tres diputados y decenas de senadores. Que el PP recuperara 22 escaños tras el enorme fracaso de abril. Y que la extrema derecha llegara a ser tercera fuerza parlamentaria en España, superando los 50 escaños.

El pacto de gobierno de finales de 2019 fue fruto de la desesperación de un PSOE y un Podemos que se dieron cuenta de que otra repetición electoral les condenaba, prácticamente, a perder las opciones de sumar. El pacto dejó de ser una oportunidad para ser una necesidad, en palabras del propio Iglesias. Dejaron, momentáneamente, los egos a un lado y pactaron un acuerdo de 50 páginas, refrendado ampliamente por las bases de ambos. Dos meses después de la toma de posesión de este gobierno de coalición, estalló la pandemia de la COVID-19.

Desde entonces, Pedro Sánchez ha desacreditado al Ministerio de Consumo de Unidas Podemos con su “chuletón al punto”. Belarra ha acusado al PSOE de no ser verdaderamente feminista, e Iglesias ha criticado incesantemente a Sánchez y Yolanda Díaz. García Page ha calificado de “mala compañía” a Podemos, y los morados han repetido continuamente sus ataques a ministros socialistas como Grande-Marlaska o Robles. En las últimas semanas, con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, se han intensificado estos intercambios: el sí es sí, la ley mordaza, la ley de bienestar animal, la ley LGBT… Además, Podemos y Sumar se han enzarzado en relación a su posible unidad, hasta el punto de que la dirección nacional de la formación morada se ha enfrentado con algunas agrupaciones regionales. Si a esto le añadimos las contribuciones de otros partidos de la izquierda parlamentaria como ERC, Compromís, Más País o Bildu, la situación se vuelve aún más caótica.

Es comprensible que las izquierdas traten de diferenciarse entre ellas cuando se vienen elecciones. Pero existe una diferencia considerable entre distinguirse de otras fuerzas similares y tirarse piedras en el tejado con estos ataques cruzados. En el anterior ciclo electoral, hace cuatro años, la izquierda del PSOE se presentó en varias autonomías y ayuntamientos dividida. Quizá el caso más sonado fue el de Madrid, con Errejón y Carmena escindiendo Podemos para formar Más Madrid, y Carlos Sánchez-Mato presentándose con Madrid en Pie contra sus antiguos compañeros en el Consistorio. En ambas elecciones, con dos fuerzas importantes a la izquierda del PSOE, acabó gobernando la derecha. Una fuerza de izquierda fue la más votada en Comunidad y Ayuntamiento por primera vez en décadas, y aun así gobernó el PP. Igualmente, en 2015, la falta de acuerdo entre Podemos e IU en la autonomía madrileña hizo que estos últimos se quedaran fuera de la Asamblea y que Cristina Cifuentes fuera investida presidenta, con un solo escaño de diferencia.

La realidad es que el PSOE, a estas alturas, no va a gobernar en la mayoría de sitios sin el apoyo de Podemos. Ni Podemos sin el apoyo del PSOE. Más Madrid no va a gobernar en Madrid sin los votos del PSOE, Colau no va a ser de nuevo alcaldesa sin el PSC, y viceversa. El PSOE gobierna en todas sus autonomías salvo dos, en las que tiene mayoría absoluta, gracias al resto de izquierdas. La presencia de más y más candidaturas hace que la aritmética postelectoral se complique exponencialmente. Si Podemos no consigue entrar en el Ayuntamiento o la Asamblea de Madrid, será más difícil que Más Madrid y PSOE sumen. El PSOE necesita que los votantes a su izquierda se movilicen y voten este próximo 28 de mayo, y los partidos a la izquierda del PSOE necesitan que los socialistas saquen unos resultados suficientemente buenos.

Si existe una evidente dependencia mutua, ¿tiene sentido que el PSOE y el resto de la izquierda actúen así? ¿Los conflictos casi continuos entre Podemos, PSOE, IU, Más País y un largo etcétera consiguen movilizar más voto o todo lo contrario? ¿Que Yolanda Díaz haya esperado tanto para presentar su proyecto político de cara a las generales moviliza o desmoviliza? Después de su puesta de largo el pasado 2 de abril, hay muchas esperanzas en que la renovación de este espacio político reactive la unidad, la movilización y la transversalidad que caracterizó al Podemos de 2015-2016. Pero tanta espera puede llevar a la impaciencia, y la falta de acuerdo con los morados, fuerza mayoritaria a la izquierda del PSOE actualmente, no ayuda.

La realidad es que Sumar llega tarde, al menos para las elecciones municipales y autonómicas, en las que muchos de sus presumibles futuros componentes se presentarán por separado. Esta desunión les va a obligar a diferenciarse y confrontar no solo con los socialistas, sino también entre ellos. Si a esto le añadimos el debate continuo dentro del PSOE entre el giro al centro y el giro a la izquierda (esto es, competir por el voto con el PP o con Podemos), nos encontramos con aun más potencial de conflicto. La creciente transferencia de votos entre bloques ideológicos en los últimos años, que benefició al PSOE en las elecciones catalanas de 2021 y al PP en las madrileñas del mismo año, hace concebible que los socialistas busquen el apoyo de antiguos votantes del PP, quizá decepcionados con sus pactos con Vox. En este caso, podrían ser acusados de traicionar a su base de izquierdas. Pero, si deciden girar hacia la izquierda, se verán abocados al choque directo con Podemos.

Predecir el futuro de la movilización de la izquierda de cara a este ciclo electoral resulta imposible. Pero lo que está claro a día de hoy es que Podemos y PSOE han entrado de lleno en la confrontación, una estrategia que hasta ahora no ha ayudado a que mejore la valoración de las acciones del Gobierno. Gran parte de la izquierda irá separada a este ciclo electoral, y la candidatura de Yolanda Díaz, en la que descansan muchas de las esperanzas de unidad de la izquierda española, está fracasando en conseguir un acuerdo completo. De momento, el Partido Popular de Feijóo debe de estar frotándose las manos ante estas continuas guerras fraternales de la izquierda española, que se juega su supervivencia en los gobiernos de muchas comunidades y ciudades. Pero, de momento, parecen más preocupados por mantener sus luchas cainitas que por el futuro de este espacio político.