Desde diferentes frentes, los retos a los que la Unión Europea se enfrenta nos muestran un cambio de realidad, que necesita de nuevos paradigmas guiados por la justicia social y la inversión en unos sistemas de bienestar social sólidos.

Con una tendencia inflacionista al alza, salarios congelados en muchos países de la Unión, precios de la energía por las nubes y una pobreza laboral latente y evidenciada, Europa se encomienda a la tarea de buscar nuevos instrumentos que ayuden a sobrevolar las fluctuaciones del mercado, adaptarse a las transiciones, y frenar los choques, también en materia social. Toca renovar o, renovar.

Entra por tanto en el tablero de discusión, cómo mejorar los mecanismos antipobreza existentes, como el del Ingreso Mínimo Vital (IMV), también llamado Renta Mínima.

España ha sido pionera en impulsar un sistema de renta mínima (IMV) muy aplaudido fuera de nuestras fronteras, por lo que este tema podría desempeñar un papel relevante durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, en el segundo semestre de este año. Si bien todos los países europeos cuentan hoy con un sistema de renta mínima, existen grandes disparidades en cuanto al diseño y la aplicación de los mismos. La UE pone por tanto ahora el foco en la necesidad de adaptar estos sistemas nacionales, no solo para impulsar una mayor adecuación, sino también para asegurar su eficacia. Y es que, si la renta mínima nació para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad o pobreza mediante un ingreso mínimo, no parece estar dando los resultados esperados: todos los sistemas actuales se sitúan por debajo del respectivo umbral nacional de pobreza y, en algunos casos, incluso por debajo del 20%. Es evidente pues, que el flotador diseñado para ayudarnos a ondear tiempos difíciles, necesita una inyección de oxígeno de manera global.

Los datos sobre la magnitud del problema de la pobreza en la Unión Europea, hablan por sí solos. Según Eurostat, ya en 2021, 95,4 millones de personas estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE, lo que equivale al 21,7% de la población europea. El riesgo de pobreza o exclusión social fue, ese mismo año, mayor para las mujeres que para los hombres (22,7% frente a 20,7%), y más de una quinta parte (22,5%) de la población europea con hijos a cargo, estaba en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social.

En vistas a cumplir con los objetivos fijados en la cumbre europea de Oporto de reducir el número de personas que viven en la pobreza o exclusión social en, al menos, 15 millones para 2030, resulta imprescindible mejorar los instrumentos de lucha contra la pobreza y, en concreto, los sistemas de renta mínima.

Consciente del incremento del coste de la vida, y de la necesidad de ayudar a millones de europeos a llevar una vida digna y pagar las facturas, el Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de marzo en Estrasburgo, una resolución sobre rentas mínimas adecuadas, lanzando un claro mensaje: la necesidad de apostar por una directiva europea. Durante las negociaciones del texto, desde el grupo socialista defendimos la necesidad de impulsar normativa europea para contar con unos sistemas de renta mínima eficaces en Europa, que sirvan como red de seguridad y protección social.

La resolución aprobada por la Eurocámara, contiene además importantes recomendaciones relativas a la admisibilidad, accesibilidad o cobertura de las prestaciones. Entre otras muchas cuestiones, pide el aumento de los esquemas nacionales de renta mínima para alcanzar un nivel equivalente al umbral nacional de pobreza, o al valor económico de los bienes y servicios necesarios. También, la complementariedad con otro tipo de prestaciones sociales como la pensión por jubilación, desempleo o discapacidad, e incentivos para ayudar al acceso a un mercado de trabajo de calidad, importante para reducir el circulo de pobreza laboral, y velar por la obtención de trabajos decentes con unas buenas condiciones laborales. 

El texto contempla, asimismo, la posibilidad de percibir la prestación de manera individual dentro de un mismo núcleo familiar, y la eliminación de barreras para acceder a las ayudas, potenciando así un rastreo por parte de las administraciones para contactar a los potenciales beneficiarios. Con estas recomendaciones, se pretende prevenir situaciones de dependencia o violencia de género, y la eliminación del conocido problema de la non take-up, referido a personas que pudiendo pretender a la prestación, no la solicitan por falta de información, perpetuando así su condición de vulnerabilidad.

En tiempos convulsos, debemos dar ejemplo de solidaridad y apostar por una inversión en lo público. Unos sistemas de renta mínima bien diseñados pueden funcionar como instrumento estabilizador frente a choques económicos y sociales.

La Unión Europea explora la manera de avanzar hacia una reducción de la pobreza, a expensas de dar ese giro de tuerca que contribuya a eliminar las desigualdades.