En las últimas semanas de encuentros y reuniones, al hablar de mi trabajo en la Red contra la Pobreza, me he encontrado una frase repetida que me dicen de manera bienintencionada y sincera: “Si de verdad hubiera tanta pobreza, yo la vería”. Y como frase, que ya es un indicador social, me dice que la pobreza no solo existe; sino que también se oculta, se desplaza, se disimula… y con el tiempo se normaliza.

En Castilla-La Mancha la evidencia es contundente: el INE sitúa en 2024 la tasa AROPE (riesgo de pobreza o exclusión social) en el 34,2% de la población regional. Es decir, más de una de cada tres personas. Desde nuestra Red hemos traducido esa cifra a vidas concretas: alrededor de 719.000 personas. Si con ese volumen “no vemos” la pobreza, el problema no es de estadística, sino de percepción.

La pregunta, entonces, no es si hay pobreza, la pregunta real es: ¿qué mecanismos hacen que la pobreza sea tan fácil de no ver?

En España, y especialmente en territorios como el nuestro, hay una especie de refugio cultural: “Somos clase media”. Da igual si el sueldo no llega, si el alquiler se come media nómina, o si hay que elegir entre calefacción y cesta de la compra. “Pobre” suena a fracaso, a vergüenza, a culpa. Y cuando nadie se reconoce en esa palabra, la pobreza se convierte en algo lejano: “la de otros”, “la de la tele”, “la de la ONG”, “la del barrio al que no voy”. Por eso, cuando aparecen los datos, chocan con una barrera mental: “No puede ser; yo no lo veo”.

Nuestro entorno inmediato marca distancias, ya que vivimos donde nos podemos permitir, lo que supone una segregación, ya que la pobreza se concentra y, al concentrarse, se vuelve invisible para quien no pisa esos espacios. No por maldad, sino por rutina. La gente vive donde puede, no donde quiere, segmentando la ciudad y el territorio: barrios, pedanías, municipios, zonas rurales dispersas… donde la vulnerabilidad se acumula y la mirada externa pasa de largo. Un simple cambio de entorno (hacia arriba o hacia abajo) funciona como una bofetada de realidad: la distancia social de pronto “sí se ve”.

La tasa AROPE es un indicador europeo que combina pobreza relativa, carencia material y baja intensidad laboral, lo que significa que muchas situaciones de pobreza no parecen “pobreza” en el imaginario tradicional: No siempre hay hambre explícita, ni ropa rota, ni mendicidad. Hay frigorífico, pero vacío a mitad de mes; hay móvil, pero porque sin él no hay vida administrativa, ni empleo, ni citas, ni colegio. También puede haber coche, pero con averías que se posponen y gastos que se acumulan. La pobreza contemporánea va vestida de normalidad porque se ha adaptado a sobrevivir en silencio.

Hay hogares que sobreviven sin constar, con empleos sin derechos, sin cotización suficiente, sin estabilidad

Además, Castilla-La Mancha presenta niveles elevados de economía sumergida: en torno al 16,8% del PIB, según informe del pasado octubre elaborado por la Universidad de Murcia. Si una parte relevante de los ingresos circula “en B”, la vulnerabilidad se vuelve opaca: hay hogares que sobreviven sin constar, con empleos sin derechos, sin cotización suficiente, sin estabilidad. Este trabajo informal funciona como un amortiguador: tapa la emergencia inmediata, pero mantiene el riesgo estructural. Se llega a fin de mes… hasta que hay una enfermedad, una separación, una subida del alquiler, una avería, un accidente… Y aquí va la prueba doméstica: basta con preguntarnos cuántas veces en nuestro entorno se paga “en efectivo” o se arreglan servicios “sin factura”.

Cuando eso se normaliza, la pobreza también se normaliza, porque parece que “todo el mundo se apaña”. Solo que “apañarse” no es un modelo de bienestar: es una estrategia de supervivencia.

En lo personal nos relacionamos con gente similar: familia, compañeros de trabajo, amigos, conocidos del colegio, del gimnasio, del bar de siempre, el mismo circuito, ya que solemos relacionarnos estrechamente con gente cuya renta media se parece a la nuestra, y por eso, cuando alguien afirma que “no ve pobreza”, está describiendo su ecosistema social, no la realidad completa. Si tu entorno se compone de gente que llega razonablemente bien a fin de mes, lo más probable es que la pobreza aparezca solo como una noticia o una estadística más. Y cuando algo no te toca, cuesta creerlo.

Naturalmente, la pobreza no afecta igual a todo el mundo. Hay infancia que crece con menos oportunidades; hay hogares monoparentales al límite; hay jóvenes encadenando precariedad; hay mayores con pensiones bajas que recortan en calefacción o salud; hay personas con discapacidad con costes extra y menos opciones laborales; hay familias migrantes con barreras añadidas de acceso a empleo, vivienda y derechos. También existe una pobreza rural que no sale en la postal del “pueblo bonito”: dispersión, transporte limitado, acceso desigual a servicios, dependencia energética y soledad no deseada.

Y aquí está el punto de pedagogía social y medidas concretas, ya que, si la pobreza se vuelve invisible, la política pública corre el riesgo de volverse complaciente: “si no se ve, no urge”. Pero si urge, porque la pobreza limita oportunidades, se hereda con facilidad y empobrece a la comunidad actual y del futuro. Por ello es necesario mejorar el conocimiento de la realidad con mayor profundidad de datos y estudios sobre el territorio y la sociedad; reforzar y coordinar rentas y políticas que protejan cuando el empleo no alcanza, ya que hay que convertirlo en empleo digno, permanente y con ingresos suficientes; garantizando derechos, simplificando trámites y reduciendo barreras para asegurar una atención temprana para todos.

Por eso, cuando alguien dice “si hubiera tanta pobreza, yo la vería”, en realidad está diciendo: “Mi vida está razonablemente protegida de esa realidad”. Y eso no es un fallo individual: es un reto colectivo. No confundamos la ausencia de visibilidad con la ausencia de urgencia. En Castilla-La Mancha, la pobreza existe, afecta a una parte enorme de la población y, precisamente por eso, ha aprendido a pasar desapercibida.

Decía Thomas Dye que “las políticas públicas son todo aquello que los gobiernos deciden hacer o no hacer”. Y aunque parezca una obviedad académica, la frase encierra una gran verdad que conviene recordar: las decisiones políticas también se miden por las ausencias, por lo que se posterga, se ignora o se deja caer del presupuesto. Y precisamente ahí —en ese terreno donde se decide qué se prioriza y qué se deja para después— es donde las organizaciones de la sociedad civil tenemos mucho que decir.

Durante los últimos días, desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM) hemos intensificado nuestra labor de incidencia política: reuniones con los distintos grupos parlamentarios para hablar del presupuesto regional, relevantes miembros del gobierno regional, desarrollo de propuestas de mejora en materia de empleo, servicios sociales y digitalización dentro del acuerdo “Castilla-La Mancha, Horizonte 2030”, y una insistencia tan constante como amable en algo que ya no debería ser discutible: necesitamos más inversión social, no menos, ya que la inversión social es motor de desarrollo económico y social de la región.

Las políticas públicas también necesitan ciudadanía

Las políticas públicas no surgen por generación espontánea ni se cuecen únicamente en los despachos de las consejerías, sino que son el resultado de tensiones, intereses, datos y, sobre todo, de voces que insisten. La historia de la política social en Castilla-La Mancha —como en tantas otras regiones— se ha escrito gracias a la persistencia de quienes, desde el Tercer Sector, recordamos que el progreso no se mide solo en PIB, sino también en igualdad, acceso, participación y dignidad.

Y es que las organizaciones sociales como la Red representamos la experiencia directa de miles de personas que conviven a diario con la pobreza, la exclusión o la brecha digital. Somos la línea de contacto entre la teoría y la realidad. Entre el informe y el rostro, y cuando los acuerdos de concertación social dejan fuera a las entidades del Tercer Sector —mientras sí incluyen a otros “agentes sociales” más clásicos—, se pierde una pieza clave de la realidad, no por ego corporativo, sino porque sin las organizaciones sociales, el diagnóstico socioeconómico se queda cojo y las políticas pueden cumplir objetivos, pero no cambian vidas.

Una región que no deja a nadie atrás (sobre el papel)

Castilla-La Mancha, Horizonte 2030, suena bien. Es un nombre redondo, esperanzador, lleno de futuro. Y lo cierto es que el documento nace con buena intención y perspectivas, ya que si bien la región ha crecido mucho, y necesitará crecer a mucha mayor velocidad para acercarse a la media nacional, y por ello, esta política nace con el compromiso de coordinar esfuerzos para garantizar un desarrollo sostenible y cohesionado, primer requisito para crecer, aunque si en ese horizonte no caben las personas en situación de pobreza o exclusión (es necesario incluir a ese 34,2% de la población en el diagnóstico), si el bienestar no se mide desde la base, corremos el riesgo de llegar al 2030 con una estrategia ejecutada y demasiada gente descolgada por el camino.

Desde EAPN-CLM hemos planteado propuestas muy concretas en áreas clave que tienen que ver con el refuerzo de los servicios sociales públicos, el empleo inclusivo o la digitalización justa.

La incidencia política no es activismo: es democracia

Algunas personas todavía se sorprenden de que las organizaciones sociales hagan “incidencia política”, como si opinar sobre políticas públicas fuera una intromisión en el sacrosanto terreno de la política institucional, pero precisamente es lo contrario: participar, proponer, evaluar y fiscalizar es el ejercicio básico de la ciudadanía democrática. Es precisamente esa participación ciudadana lo que distingue a las democracias de otros sistemas de gobierno.

Nuestro trabajo no es de oposición, sino co-constructores de políticas, aportando evidencias y propuestas sopesadas, no eslóganes pegadizos; diálogo, no confrontación. Lo hacemos desde la convicción de que la pobreza no se erradica solo con caridad, sino con estructuras sólidas, decisión y compromiso. Nuestra tarea no es dar discursos, sino abrir conversaciones incómodas, y para ello hay que recordarle al poder que la exclusión social no se resuelve con discursos inspiradores, sino con políticas coherentes, lo haremos amablemente, sí, pero con firmeza.

¿Y por qué insistimos tanto?

Porque cuando las instituciones se olvidan de mirar hacia abajo, las desigualdades crecen hacia arriba; porque si no se escucha a quienes trabajan cada día en los barrios, en los centros sociales o en los programas de inserción, la política se convierte en un juego de despacho; y porque —como solemos repetir con una sonrisa medio cansada— no somos ONG “de pancarta”, sino de propuesta.

Nuestra incidencia no se basa en la queja, sino en la evidencia y el dato. Queremos una región más justa, sostenible y digital, sí, pero también más humana. Y eso se consigue con grandes planes estratégicos y también con pequeñas decisiones presupuestarias, con sensibilidad política y con diálogo real.

Sabemos que insistir en aumentar el presupuesto social no es la manera más popular de ganar titulares. Pero si lo hiciéramos al revés —si pidiéramos menos inversión, menos derechos o menos equidad—, seguro que habría cola para escucharnos.

Así que seguiremos siendo esa voz incómoda pero necesaria, la que se cuela en las reuniones y en los presupuestos, la que recuerda que la pobreza no es un fenómeno natural, sino una consecuencia de decisiones humanas.

Y lo haremos con el optimismo que da saber que cada avance, por pequeño que sea, mejora la vida de alguien. Porque otro mundo no solo es posible: está en marcha. Lo construimos cada día, desde cada entidad, cada barrio y cada persona que se niega a aceptar la desigualdad como paisaje.

El próximo 17 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, se presentarán los nuevos datos del informe “El Estado de la Pobreza en Castilla-La Mancha” elaborado por la Red contra la Pobreza en España, una radiografía que no puede ni debe pasar desapercibida en un momento en el que estamos asistiendo a un presumible crecimiento económico, y donde los indicadores sociales nos retrotraen a niveles de hace una década.

A tenor de los últimos datos oficiales del INE que avanzamos en febrero, más de un tercio de la población de Castilla-La Mancha vive en riesgo de pobreza o exclusión, es decir, cientos de miles de personas que no logran participar plenamente en la vida económica y social, ya que la renta media disponible en la región sigue sensiblemente por debajo de la media del país y la infancia soporta niveles de pobreza desproporcionados. Además, los hogares monoparentales y las familias de origen extracomunitario concentran una mayoría de situaciones de vulnerabilidad. Presentaremos el detalle completo en la rueda de prensa del viernes 17 de octubre (Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza).

Esta realidad no es solo un problema social que se vive en silencio por quien lo sufre, sino también un lastre económico para la región, ya que las carencias materiales reducen el consumo interno, debilitan el mercado laboral de valor añadido y limitan la capacidad de innovación y crecimiento de la región. Castilla-La Mancha no podrá sostener un crecimiento justo mientras una parte tan significativa de su población viva y crezca en condiciones de vulnerabilidad estructural.

En un contexto de competitividad global, la región afronta la cuarta revolución tecnológica con un desequilibrio en el acceso y aprovechamiento de las nuevas herramientas digitales, donde las rentas bajas y la falta de competencias digitales condenan a demasiadas personas a la exclusión y la dependencia en un mundo cada vez más automatizado y digitalizado, y que relegará al paro estructural a quien carezca de conocimiento. Mientras el progreso avanza para unos pocos, una mayoría creciente queda excluida de la necesaria conectividad, de la formación y del empleo de calidad, cada vez más escaso.

Las políticas públicas regionales de inclusión han demostrado ser un estímulo al crecimiento comunitario, y deben retomar su ambición en materia de lucha contra la pobreza por su indudable valor de desarrollo social y económico regional, complementando a otros niveles de la administración que actualmente responden a la pobreza o a la falta de vivienda pública con medidas generalistas, retomando medidas de su competencia e impulsando planes con recursos adecuados a los retos que se proponen abordar.

Si la pobreza afecta a más de un tercio de la población, si la desigualdad territorial vacía nuestros pueblos y si la infancia crece sin oportunidades, cabría pensar que la pobreza es el principal problema estructural de Castilla-La Mancha, y por tanto, situarse en un lugar destacado en el debate del Estado de la Región, ya que sin cohesión social y económica para una creciente mayoría de la ciudadanía, los ingentes discursos y abundantes datos que se presentan en estos espacios nos distancian de la realidad precaria y pobre de oportunidades de importantes capas de la ciudadanía que deben seguir creyendo en que hay un ascensor social, y que funciona.

El 17 de octubre conoceremos los datos completos del alcance e implicaciones de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social en nuestra región. Hasta entonces, la pregunta es sencilla: ¿qué papel quieren jugar los partidos políticos de Castilla-La Mancha en la lucha contra la pobreza: el de espectadores o el de protagonistas del cambio?

El pasado lunes 17 de junio, las organizaciones que conforman la Red nos reunimos en la sede de los compañeros de Fundación Ceres en Tomelloso, para desarrollar un encuentro de vital importancia para nuestra organización, donde pudimos reflexionar sobre las causas de la pobreza en nuestra región, y alcanzar acuerdos que nos permitan renovar nuestro compromiso por esta causa que nos une y aglutina.

Acudimos al encuentro con nuestras organizaciones con la intención de definir las líneas generales que debe contener la II Estrategia de Lucha contra la Pobreza y la Desigualdad Social 2024-2030 a fin de asegurar su utilidad y eficacia para las personas más vulnerables y para el resto de la ciudadanía. Un espacio de reflexión conjunto sobre los retos más importantes a los que se enfrenta la ciudadanía, escuchando las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil que trabaja codo con codo para mejorar su situación y proporcionar oportunidades que hasta ahora no han tenido, de modo que puedan ser incluidas en la futura II Estrategia que guiará las políticas sociales de los próximos años.

En este espacio, pudimos revisar los diferentes ejes de actuación de la futura Estrategia e incluir, con organizaciones expertas en cada ámbito, avances significativos en lo que deben ser políticas públicas para mejorar la situación de la ciudadanía de Castilla-La Mancha en los ámbitos sociales, educativos, de empleo, vivienda, sanidad. Uno de las preocupaciones de los profesionales participantes fue el de garantizar la sostenibilidad y estabilidad de estas políticas públicas y la colaboración y participación de las organizaciones del Tercer Sector en general, y de EAPN-CLM y sus entidades miembros en particular, considerando que esta colaboración es esencial para el éxito y la implementación efectiva de estas políticas públicas.

Además, hemos conocido e incorporado también las observaciones y propuestas de las personas insertas en programas y proyectos de inclusión social, que son siempre una brújula que orienta el camino evitan que olvidemos lo más importante de las políticas públicas, y que no es otra cosa que ser de utilidad a toda la ciudadanía y en concreto a la que menos oportunidades tiene.

En el marco de este encuentro regional, hubo tiempo para recibir formación e información sobre temas clave que permiten mejorar la labor de las organizaciones con la ciudadanía, y revisar los diferentes trabajos que venimos haciendo la Red con las organizaciones miembro, incorporando a la Asociación Dejando Huellas, y en nuestra relación con las administraciones y otros grupos de interés con los que como plataforma asociativa nos relacionamos para cumplir con nuestra misión de luchar contra la pobreza y la exclusión social en Castilla-La Mancha.

Tras 30 años de actividad, hemos demostrado que nuestro compromiso es inquebrantable, pero no podemos hacerlo solos. Cada uno de nosotros tiene un papel crucial en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Desde nuestras posiciones, ya sea como miembros de organizaciones, ciudadanos comprometidos o decisores públicos, debemos actuar con determinación y solidaridad. Las palabras y las ideas deben transformarse en acciones concretas que cambien vidas. Es el momento de sumar esfuerzos, de innovar y de ser valientes en nuestras decisiones, recordando que cada pequeño paso cuenta y que juntos podemos construir una sociedad más justa y equitativa. Es hora de tomar la iniciativa y ser el cambio que queremos ver en nuestra región. ¡Actuemos hoy por un mañana mejor!

El próximo 5 de marzo en el campus universitario de Talavera de la Reina, nuestra Red contra la Pobreza organiza un encuentro para presentar los resultados de la implementación del Ingreso Mínimo Vital en España y Castilla-La Mancha. En esta ocasión, lejos de ser una buena práctica para mostrar a otras regiones, Castilla-La Mancha es un ejemplo que a nivel estatal se pone a menudo como “la que eliminó su renta básica regional cuando apareció el Ingreso Mínimo Vital”. Pues será porque aquí no hay pobreza.

Lejos de evaluar el impacto que para la ciudadanía supone eliminar una red de seguridad para las vicisitudes que la vida nos pueda traer, puesto que esa es la finalidad del encuentro que he publicitado a hurtadillas hace un momento, me centraré en el mensaje que se transmite a la ciudadanía, ya que si bien se pretende eliminar la pobreza no hablando de ella, la Unión Europea nos lo recuerda con dada bandera azul que vemos, ya que tras su evaluación de 2021 nos mantuvo la calificación como una de las regiones menos desarrollada del continente, y, por tanto, acreedora de más ayuda europea para ver si la situación de nuestra ciudadanía mejora antes de 2030.

Las rentas básicas regionales que coexisten con el Ingreso Mínimo Vital en el resto de España evitan que la ciudadanía quede desprotegida ante una situación sobrevenida, ya que son más ágiles y cercanas en su gestión; permiten complementar cuantías y atender situaciones familiares y personales más complejas; mantienen un cierto nivel adquisitivo en los hogares más vulnerables sosteniendo el consumo y la economía local; evitan situaciones de estrés y sufrimiento en las familias con menores (la pobreza infantil y juvenil afecta a dos de cada cinco menores castellanomanchegos) lo que muy posiblemente ayudará a cierta normalidad familiar y que la pobreza no se transmita de padres a hijos. Eliminar el Ingreso Mínimo de Solidaridad de Castilla-La Mancha en 2021 sin reasignar los recursos para a seguir luchando contra la pobreza en otros frentes, emitió un mensaje que pocos oímos, y cuyos efectos, a la vista de los datos del bienestar ciudadano son evidentes.

Con la revisión de nuestro Estatuto de Autonomía que en estos momentos se está llevando a cabo, tenemos la oportunidad empezar a reconstruir el espejo en el que mirarnos, ya que más allá de los cambios técnicos, la ciudadanía precisa saber que nuestros decisores públicos mantienen un compromiso explícito por no dejar a nadie atrás; garantizando que nuestra región tiene el propósito de mejorar la vida de las personas menos afortunadas, las que puedan vivir una sucesión de malas rachas, y las que precisan coger el ascensor social. 

Todos sabemos que el primer paso para superar las situaciones de pobreza de nuestra región es asumir su existencia, establecer compromisos y planificar respuestas, por lo que siguiendo el mandato de las organizaciones de la Red contra la pobreza, hemos solicitado formalmente a todos los partidos políticos representados en las Cortes de Castilla-La Mancha que fueron elegidos por la ciudadanía, a que incorporen en el nuevo texto de nuestro Estatuto de Autonomía el compromiso de luchar contra la pobreza en Castilla-La Mancha, a fin de devolver a la ciudadanía un mensaje de confianza en el futuro, ya que la pobreza, más que una privación de ingresos, es una privación de oportunidades para desarrollar los proyectos vitales a los que tenemos derecho, limitando nuestra libertad de elección.

Una de las atribuciones de las Administraciones Públicas es la de asegurar un marco normativo estable y adaptado a las necesidades de ciudadanos y empresas, que contribuya a simplificar sus relaciones con otras administraciones, a mejorar la competitividad de nuestras empresas y fortalecer la confianza en las instituciones, a la vez que se eleva la calidad de los servicios y transparencia de las decisiones. Se trata de un cambio de paradigma en las relaciones administrativas, propiciando la adopción de políticas públicas con la participación de distintos sectores público y privado. 

La gobernanza son los procesos gobierno, instituciones, procedimientos y prácticas mediante los que se deciden y regulan los asuntos que atañen al conjunto de la sociedad. La buena gobernanza añade una dimensión normativa o de evaluación al proceso y manera de gobernar, que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Por tanto, la gobernanza no se refiere al gobierno formal exclusivamente, sino a una forma de dar dirección a la sociedad en la que el gobierno formal, la sociedad civil y el tejido empresarial se entrelazan para gestionar los asuntos públicos. En cierto sentido, la gobernanza se refiere al hecho de gobernar en un modo distinto, un modo en el que el gobierno se convierte en agente de configuración de espacios sociales donde el resto de los actores interactúan y aspiran a regir el curso de la sociedad. 

Puesto que la pobreza de grandes grupos de población puede generar dependencia y menor libertad de decisión de estos grupos de población respecto a las administraciones, la desafección de estos grupos por las acciones de gobierno es un riesgo cierto que viene siendo denunciado desde instituciones europeas, por lo que es necesario un esfuerzo suplementario de gobiernos y sociedad civil para no abandonar a esta parte de la ciudadanía, por lo que desde EAPN se proponen diferentes elementos que vienen a reforzar esa necesaria gobernanza, donde la transparencia, la integridad, la legalidad, la participación, la rendición de cuentas, así como la ausencia de corrupción y delitos deben de ser premisas iniciales para que la gobernanza sea un hecho. 

Para hacer todo esto posible, desde EAPN-CLM proponemos varias acciones a los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha, como son: 

·      Reforzar un contenido más social de la reforma Estatuto de Autonomía de CLM y otras legislaciones que hay que abordar, donde se incluya la participación de EAPN-CLM y personas con experiencia en pobreza. 

·      Realizar un pleno parlamentario anual y específico sobre la situación de pobreza y exclusión en CLM, con una comisión parlamentaria responsable de evaluar las medidas para atajar esta situación en la región. 

·      Crear un observatorio Regional sobre Pobreza, Exclusión y Desigualdad Social que mida la inclusión, la erradicación de la pobreza y el impacto del 25% de fondos estructurales dedicados para estos fines. 

Debemos considerar que estamos en un momento clave para que nuestra democracia y gobierno den un paso adelante respecto a los retos que la acción política, social y tecnológica nos proponen, por lo que desde EAPN-CLM junto con personas con experiencia en pobreza que han participado en el desarrollo de estas propuestas, hemos sintetizado una serie de líneas de acción que han sido desplegadas en las diferentes medidas propuestas a lo largo de estas semanas y que consideramos fundamentales desarrollar en la próxima legislatura para que la ciudadanía más vulnerable de la región pueda mejorar su situación, y constituirse en un activo esencial para la que Castilla-La Mancha deje de estar entre las regiones menos desarrolladas. 

En Castilla-La Mancha se han venido desarrollando diversas políticas públicas relacionadas con la provisión de vivienda para colectivos y grupos desfavorecidos a lo largo de estos 40 años de autonomía, muchos de ellos bien conocidos por la cuantía de cada promoción (las 600, las 48, etc), por el nombre del barrio (La Granja, el Paredón…) o incluso por sus colores (pisos negros, bloques blancos, o el parchís, etc) creando barrios y entornos con la única función de dar cobijo a personas y grupos desfavorecidos, que al menos en el momento de la asignación de esta solución habitacional, tenían necesidad de la misma. 

En todos los casos, se trata de barriadas con una función exclusiva en cada municipio, sin considerar la necesidad de que estas barriadas estén siquiera integradas en el municipio, dispongan de más funciones urbanas para el municipio la ciudadanía o que en estas viviendas sociales haya diferentes grupos y perfiles de personas para que sean comunidades integradas e integradoras. Y en todos los casos, ha sido necesaria una intervención intensiva de Servicios Sociales, tanto municipales como de entidades sociales para paliar las dificultades y esfuerzos que la creación de estos desatinos urbanos sigue generando. 

Conocedores de primera mano de estas situaciones, desde EAPN-CLM hemos realizado una serie de propuestas a los diferentes partidos políticos que concurren a nuestras elecciones regionales, a fin de dar respuesta a las necesidades que la población de Castilla-La Mancha tiene en materia de vivienda accesible, digna y de calidad suficiente como para permitir la inclusión social, la emancipación de los más jóvenes y una integración justa de la población regional, y que pasamos a enumerar:  

·       Las viviendas públicas, como cualquier recurso público, deben estar gestionadas y supervisadas para que cumplan su objetivo, que no es otro que el de promover la emancipación de jóvenes, y que suponga una red de seguridad para familias vulnerables durante el tiempo que lo precisen.  

·       Implicar a la población más vulnerable y desempleada en la rehabilitación de la totalidad de viviendas disponibles para el alquiler social y construir/habilitar mil nuevas viviendas sociales cada anualidad de la legislatura. 

·       A fin de que las ayudas al alquiler, suministros, etc., sean de utilidad, se debe agilizar su resolución e informar a la ciudadanía del estado de su tramitación y plazo de ingreso. 

·       Es factible necesario erradicar los asentamientos y focos de chabolismo e infravivienda que lamentablemente existen hoy en día en Castilla-La Mancha, ofreciendo una alternativa digna de vivienda creando un Plan Regional de Realojo. 

Tan son solo cuatro propuestas, que si bien precisan como cualquier iniciativa de apoyo económico, si necesitan un importante impulso político de todas las administraciones implicadas, tanto nacionales (estos días se ha promulgado la primera Ley de Vivienda de nuestra democracia), regionales (con recursos propios pero sobre todo con recursos europeos que se debería aprovechar de manera inteligente) y locales (que les toca la gestión de la seguridad y atención ciudadana), ya que si como hasta ahora seguimos dejando la provisión de este derecho constitucional en manos privadas o con una intervención incompleta de las administraciones, genera las ya conocidas situaciones que viven muchos barrios con viviendas sociales, y el esfuerzo por paliar estas situaciones será siempre más costosos en lo económico y emocional que una buena planificación previa y una gestión firme pero dialogante de lo ya construido. 

 Desde EAPN-CLM hemos creado un vídeo que viene a representar las dificultades de Carlos y Laura, una pareja que cuenta con dificultades para llegar a fin de mes por el incremento de costes de vida, enfocándose principalmente en la inflación del último año, sobre todo en los precios de la luz, hipoteca, alimentación y energía:

https://www.youtube.com/watch?v=kL-d0Khia80