Desde 2003 hasta el día de hoy, 1.372 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas. Para quienes quieran llamar a esto -y ahí entra la ideología, porque todo esto es ideología- violencia intrafamiliar, recordarles que estos asesinatos se producen en un contexto de violencia que tiene raíces estructurales y que convierte a las mujeres en víctimas precisamente por su condición de mujeres.

Pero esta cifra de 1.372 mujeres es solo la punta del iceberg: la que vemos en las noticias, en las concentraciones, en los minutos de silencio. La cruda realidad es que, a día de hoy, hay 109.410 mujeres víctimas de violencia de género cuyos casos han sido reconocidos y registrados en el sistema VioGén, de las cuales 53.818 tienen menores a su cuidado.

Por más que las medidas de protección salven vidas cada vez que se produce un asesinato machista nos invade una insoportable sensación de frustración y fracaso. Sensación que solo desaparecerá cuando desaparezcan los asesinatos machistas y, para conseguirlo, hay que mejorar y ampliar los recursos de los que disponemos.

Existe una amplia variedad de recursos a los que pueden acudir las mujeres que sufren violencia: servicios sociales del Gobierno de Canarias, del Cabildo, y de los ayuntamientos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Administración de Justicia, servicios especializados de igualdad y, por supuesto, asociaciones que luchan contra la violencia de género. Aun así, la existencia de todos estos recursos no siempre se traduce en una atención verdaderamente integral.

Y aquí llega otro golpe de cruda realidad. Si para una mujer ya es duro reconocerse primero a sí misma que está siendo maltratada por su marido o pareja, después llega la dureza, la tristeza y la vergüenza de ir contando su historia de puerta en puerta y de despacho en despacho al primero que aparezca. Y es que ninguna mujer debería tener que contar cinco veces la historia de la violencia que ha sufrido para recibir protección.

La respuesta no puede ser otra que colocar a la víctima en el centro del proceso de atender, proteger y acompañar, mediante la creación de una ventanilla única de asistencia a las víctimas de violencia de género.

La puesta en marcha de la historia única, un mecanismo capaz de centralizar la información, es imprescindible, pero no suficiente. Colocar a la víctima en el centro del proceso supone no confundirla con su historial. No basta con que no tengan que moverse sus datos, es ella la que no debe verse obligada a deambular por diferentes administraciones, perdida entre solicitudes de cita previa mientras acumula horas en salas de espera.

Si existen ventanillas únicas para trámites empresariales y económicos, si existen ventanillas únicas para energías renovables, ¿cómo es posible que no exista una ventanilla única dirigida a proteger y salvar la vida de las mujeres?

Ninguna mujer debería tener que peregrinar de administración en administración, de formulario en formulario y de trámite en trámite repitiendo una y otra vez la violencia que ha sufrido, para conseguir la protección que merece.

Lo que no se nombra no existe, cita atribuida al filósofo George Steiner, viene a explicar que aquella realidad de la que no se habla se desconoce y si se desconoce no puede ser abordada lo que significa que no puede ser solventada y es ahí, donde reside a mi modo de ver, el poder de los nombres.

Nombrar, iluminar y difundir lo que ocurre es lo que nos hace conocedores de la realidad, porque la realidad existe siempre, aunque no la veamos, y si queremos cambiarla hay que conocerla.

Eso es lo que ha pasado con las residencias Amavir, una realidad oculta que gracias a las denuncias de trabajadores, familias y del Partido Socialista ha sido nombrada y por tanto conocida por todos.

El 4 de marzo, hace ahora cuatro meses, denunciamos las condiciones lamentables a las que estaban sometidos nuestros abuelos, abuelas, padres y madres en Amavir Tías. Falta de médico, de personal sanitario y gerocultor, de limpieza, de toallas, de ropa de cama y de comida. El primer acta de supervisión recogía una realidad aterradora en la que personas que ya no son capaces de valerse por sí mismas se vieron completamente abandonadas por el sistema que tendría que haber garantizado su calidad de vida y su bienestar.

“El gran número de dificultades descritas, está teniendo como consecuencias en los residentes, falta de higiene personal y dental, caídas recurrentes por falta de supervisión, generación de úlceras por presión al no poder realizarse los cambios posturales suficientes y las curas adecuadas por falta de personal, infecciones urinarias por no realizarse todos los cambios de pañales necesarios por falta de personal, sentimientos de soledad en los residentes al no disponer de personal suficiente que puedan dedicarse a acompañar, errores en la administración de medicación que ha ocasionado efectos secundarios en los residentes y baja calidad en los cuidados y atención debido a la sobrecarga y agotamiento emocional del personal.”

Cuatro meses después hay limpieza, ropa de cama y comida. Lo que sigue sin haber es el personal necesario para el cuidado de los residentes incumpliendo las condiciones del contrato.

Esta aterradora realidad se ha cerrado sin ninguna consecuencia para la empresa concesionaria. El Cabildo de Lanzarote abrió y cerró un expediente informativo del que no se desprendió nada. Ni la resolución del contrato, ni la intervención del servicio, ni siquiera una sanción económica. Nada de nada, excepto la presencia del consejero de Bienestar Social, Marciano Acuña, brindando con los responsables de Amavir Tías por su 19º aniversario. Agradezco a todos los familiares y trabajadores que se pusieron en contacto con nosotros para trasladarnos lo que estaba ocurriendo. Gracias a todos ellos pudimos nombrar los hechos y hacer que existieran.

Quiero quedarme con eso. Con lo importante que es nombrar, iluminar y difundir lo que ocurre para que la realidad exista, ya que existiendo seremos capaces de cambiarla.

Y sí, ese es el futuro que Coalición Canaria tiene reservado para el Hospital Insular, una residencia de ancianos estilo Amavir.

Esa disposición de la que hizo gala quedó en nada cuando, desde el primer momento, exactamente al cuarto día, renunció a recuperar dos millones de dinero público de Inalsa y del Consorcio del Agua al ordenar al abogado que llevaba el procedimiento que paralizara su actividad para después desistir de manera tácita del mismo. A continuación se subió el sueldo, pretendiendo cobrar más que el presidente de España y dando el espectáculo bochornoso de realizar una encuesta para preguntar si debía cobrar mucho, muchísimo o demasiado. Un inicio que nada tuvo que ver con los problemas de Lanzarote sino más bien con los problemas de Pedro San Ginés y con los suyos propios.

Si ese fue el primer mes después llegaron los meses de las ocurrencias y de las mentiras.

En mi opinión, la mayor ocurrencia y mentira a la que nos ha sometido durante este año ha sido la de repetir de manera incesante “ni un turista más ni un turista menos” mientras concedía dos nuevas licencias para hoteles y una para un complejo de apartamentos, contribuyendo así a la ya existente saturación turística que sufre la isla. Al tiempo, continúa negando el problema generado por la falta de regulación del alquiler vacacional que ha provocado la subida desmesurada del precio de los alquileres de las pocas viviendas disponibles.

Recuerdo que alrededor de su segundo mes de gobierno, Oswaldo Betancort anunció 90 millones de inversión en materia de aguas y la mejora del servicio de abastecimiento de forma inmediata. Otra gran mentira. Los cortes de agua en la isla de Lanzarote son constantes, las pérdidas de agua en la red de abastecimiento son cada vez mayores y las desaladoras no funcionan de forma adecuada. Y por si fuera poco, ahora Canal Gestión pretende revisar al alza las condiciones del contrato de concesión del ciclo integral del agua en Lanzarote, para cobrarnos más por un servicio que no presta, con el silencio cómplice de Oswaldo Betancort.

Donde sí tengo que reconocer que se han producido avances importantes es en materia de fiestas en cuanto a gasto se refiere. El gasto del Saborea del año 2023 dobló al del año anterior y las aportaciones económicas para las fiestas del municipio de Arrecife también han aumentado. Tanto han aumentado que tenemos un escenario permanente en la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva, a la que ahora se puede ir a conciertos pero no a hacer deporte.

En definitiva, Oswaldo Betancort en su primer año de gobierno ha demostrado una ausencia total de proyecto de isla y una ocurrencia tras otra para salir del paso mientras despilfarra y desprotege el dinero de los habitantes de la isla.

Ha sido un primer año perdido, pero lo verdaderamente preocupante es que no se perciben signos de que los tres restantes no supongan una nueva decepción.

Es fácil localizar entre nuestros recuerdos de infancia a una madre que pide que no dejes correr el agua mientras te lavas los dientes, a un padre que agita la factura eléctrica para que no olvides apagar la luz al salir de la habitación, o a una abuela con la eterna cantinela: “hay que acabarse todo lo que hay en el plato; en esta casa no se tira nada”.

Averiguar cómo y por qué los hábitos sociales dieron la vuelta como un calcetín en unos pocos años es sin duda un reto interesante; pero dejemos esa investigación a los profesionales de la sociología y la economía y hablemos de cómo recuperar la sensatez para evitar despilfarrar miles de millones de kilos y litros de alimentos anualmente.

Porque reducir el remanente y el desecho de comida es un imperativo ético, económico y ambiental que debemos afrontar de forma inmediata. Y a esta exigencia social, de responsabilidad pública y de solidaridad colectiva, responde la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, la primera regulación sobre esta materia que se promulga en España.  

La motivación de la ley está en consonancia con las grandes líneas del Gobierno, que promueven la justicia social, la protección ambiental y el crecimiento económico. Con la aprobación de esta nueva regulación, el Gobierno da un paso más en su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030 de la ONU. De manera específica, el objetivo 12.3 establece la aspiración de “reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha”.

Los análisis apuntan a que el desperdicio de alimentos es consecuencia de un funcionamiento ineficiente de los sistemas alimentarios. Sus causas están relacionadas con errores en la planificación y calendario de cosecha, empleo de prácticas de producción y manipulación inadecuadas, deficiencia en las condiciones de almacenamiento, malas técnicas de venta al por menor y prácticas de los proveedores de servicios, y comportamiento inapropiado de los consumidores. 

Debemos hacerlo. El despilfarro alimentario perjudica al conjunto de la sociedad porque encarece el acceso a bienes de primera necesidad, malgasta recursos naturales escasos que se utilizan en la producción y el trabajo de agricultores y ganaderos, aumenta los residuos y el impacto ambiental y lastra la eficiencia del sector productivo y su competitividad.