La última de las numerosas modificaciones puntuales del planeamiento urbano de Zaragoza que, propone regular las instalaciones de producción de energía eléctrica de origen renovables, pone el foco sobre una realidad de la que los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, informan parcialmente y casi siempre a favor de parte.

El objetivo que persigue la modificación 214 dice ser el de definir un marco urbanístico adecuado en el que estas formas de producción de energía no entren en conflicto con las necesidades de protección del suelo, del paisaje y de las personas.

Conviene recordar a Eduardo Martínez de Pisón cuando dice que los animales tienen territorio pero las personas tienen paisaje. Es este un concepto que no siempre encaja en el ordenamiento normativo que, las más de las veces, es cautivo de las leyes del mercado, el energético en este caso, y de los intereses de una oligarquías bien instaladas en el mundo digital en cuanto a las formas, pero anclada en un pasado ancestral en lo que al fondo se refiere.

Sobre este controvertido asunto en que se mezcla con desigual fortuna el cambio climático, una supuesta lucha contra la despoblación, los numerosos puestos de trabajo que los promotores exhiben como aval de sus buenas intenciones, falta mucha información, mucho debate y mucha ordenación territorial.

El gobierno actual hereda una gran dosis de inacción administrativa sobre la que, para mucha gente, flota la sospecha de un apoyo real, más o menos disimulado, a las empresas que han hecho de la especulación energética el nicho de su negocio. Ni la administración ni los medios de comunicación parecen interesados en deslindar el barullo de cifras que, para unos representan un exceso inasumible en un marco que se quiere mostrar como sostenible pero que condena a Aragón a ser la reserva energética de Europa y para otros parece justificar la necesidad del crecimiento permanente de instalaciones que califican de vitales, junto a unas falsas líneas de evacuación de cientos de kilómetros que son la red necesaria para el negocio del intercambio de energía a uno y otro lado del pirineo.

De esta forma estamos asistiendo a la segunda vuelta de la privatización energética, en el que los territorio, los paisajes y las personas son meros peones en un ajedrez cuyos jugadores están muy lejos de Aragón aunque tengan una sede en la Plaza de España.

La Plataforma 13M “Aragón por la Racionalidad Energética” y otros colectivos han denunciado una grave falta de ordenación y durante, al menos los últimos 4 años de los que podemos levantar acta, no han dejado de pedir una moratoria para dar tiempo a pensar qué se quiere hacer y cómo se pretende realizar un cambio de un calado comparable a la política hidráulica que obligó al abandono en unas zonas de la geografía interior para posibilitar la economía de la periferia y las grandes ciudades. 'Renovables sí pero no así' ha sido un lema de cierto éxito social que, por desgracia se desdibuja entre los intereses de unos y otros porque la codicia se reparte por igual entre la población.

Conviene saber que el pasado julio se pidió al responsable municipal del área de energía una moratoria en los terrenos de la estepa y la apertura de una mesa de diálogo con las entidades ecologistas en sintonía con la normativa europea que exige la participación ciudadana en temas medioambientales, para encontrar colectivamente soluciones que permitan contar con centrales de energía renovables que no pongan en riesgo la biodiversidad de un espacio único en Europa, como es la estepa zaragozana. Una vez escuchado el estrepitoso silencio del señor Serrano y vista la modificación puntual que se plantea, en pura lógica, ahora se pide su retirada.

En un alarde de política espectáculo, el partido del gobierno municipal de la capital es capaz de hacer dos cosas contrarias sin que se le altere el semblante. Mientras presume de adalid de la comisión de investigación sobre la gestión del gobierno Lambán en lo que se refiere al tsunami renovable aragonés, cercena la propuesta de los técnicos municipales en lo referente a la protección del ecosistema natural y hace desaparecer las consideraciones sobre la protección de la estepa.

Después de ignorar el trabajo de sus propios técnicos, dice que se hace innecesario, a juicio del Ayuntamiento, que se dé una regulación específica a las instalaciones de captación de energía eólica y fotovoltaica en esta categoría de suelo, y ello apoyándose en que el Ayuntamiento aprobó inicialmente el 18 de diciembre de 2014 un plan especial de la estepa y el SNU del sur del término municipal de Zaragoza a instancia de la Agenda 21 Local. Desconoce el converso militante del PP que ese plan no se está aplicando ni parece que quepa esperar para los valores medioambientales de la estepa el mismo respeto que se brinda a las plantaciones de árboles.

No es menos cierto que el preámbulo de la modificación puntual 214 del PGOU recoge un argumentario compartido con los grupos ecologistas en lo que se refiere a las cifras de producción y consumo eléctrico. Con esos datos, cabría preguntarse que, si ya en 2021 Aragón generó el 77,4% de energía eléctrica con fuentes renovables superando las determinaciones del Plan Nacional de Energía y Clima (PENIEC), ¿cuál puede ser la razón para continuar el crecimiento desmedido de nuevas instalaciones y nuevas estructuras de transporte? Ambas actuaciones bendicen el último episodio de privatización del sector eléctrico de la mano de las nuevas empresas especulativas alimentadas por fondos de inversión de todos los continentes.

En el mismo ejercicio de política bipolar de que hacen gala las extremas derechas zaragozanas, se afirma la necesidad de una aproximación de la producción y el consumo energéticos, para minimizar las pérdidas asociadas al transporte, mejore la gestión y reduzca el coste y con la misma frescura, se alienta la gestión de las empresas que, ante la inacción o beneplácito de Red Eléctrica Española (REESA), llenan los paisajes de líneas de 400Kv. que contradicen la premisa previa y se lanzan a llevar la energía a los mismos centros de consumo y con el mismo esquema de monopolio energético.

Parece que alguien este diseñando un esquema de medias verdades, mitos y falsas promesas entre los que se disuelve la oportunidad para alcanzar un modelo energético racional y auténticamente democrático, mientras la falacia de una sostenibilidad de papel consolida, día a día, el viejo paradigma de la explotación de los territorios, los paisajes y las personas.

La verdadera dimensión de todo lo que tiene que ver con el auge y la expansión de las Energías Renovables (EERR) llega con gran dificultad a la opinión pública que solo dispone del relato amable de las empresas energéticas que aseguran un mundo feliz en el que todos podremos disfrutar de una vida confortable con un fondo verde y “sostenible”.

Lástima que eso, como buena parte del relato que configura la apariencia de realidad en la que vivimos, también es mentira. 

Por poner un ejemplo próximo a Zaragoza, en pleno descanso estival, tal como ha pasado con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PENIEC) ha salido a información pública el Proyecto H2Pillar; declarado de Interés de Inversión por el gobierno Lambán consiste en una planta de producción de hidrógeno verde de 60MW en el término municipal de El Burgo de Ebro. 

La denominación H2 Pillar S.L no deja de tener toque de humor pues va a recibir/pillar 14.3M€ de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del hidrógeno. Se trata de una empresa unipersonal, parte del entramado de Aragonesa del Hidrógeno verde S.L. formado al 50% Enagás Renovables/ 50% CEAR  (Compañía Energética Aragonesa de Renovables). Su director también actúa como director/administrador de un número importante de empresas de EERR que junto a FORESTALIA pretende rentabilizar  “el polvo, niebla, viento y sol” y, si es posible, también el agua aunque, por el camino, se pierda la huerta.

Este proyecto de por si, no debería suscitar mayor controversia si no fuera porque, al igual que ha pasado con las centrales eólicas y fotovoltaicas que inundan los paisajes aragoneses, es una más, en una serie indefinida (con vocación de infinita) de instalaciones que están llamadas a conformar valles y corredores de hidrógeno. 

La producción de “hidrógeno verde” es una derivada del auge de las EERR cuya intermitencia requiere de elementos de almacenamiento que pueden ser baterías, embalses reversibles o el propio hidrógeno que, en este caso se conoce como vector energético. 

Lo cierto es que si no hay alguien que ponga algo de mesura en este exceso, Aragón parece llamada a convertirse en la reserva energética de Europa. Es decir, la energía que mueva la industria alemana/europea, crecerá en los campos aragoneses, pero no moverá la industria local. En instalaciones como la del Burgo de Ebro se convertirá en hidrógeno y a través de todo un mapa de corredores se transportará hasta los lugares de consumo en la Europa industrial. 

De esa forma se habrá perdido la oportunidad de una verdadera democratización del sector energético que, por sus propias características, posibilitan las EERR y en los paisajes del valle del Ebro o del Maestrazgo de Teruel habitará la misma soledad cantada por José A. Labordeta, aquella que hablaba de que “hay tierras al este donde se trabaja y pagan” acompañada, eso sí, por los beneficios industriales de algunas empresas con su sede madrileña muy cerca de la Plaza de Colón. 

El Gobierno Central elaboró la Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable como guía para el desarrollo de este vector energético a nivel estatal que no debería, por razones de equidad, convertir al territorio y al paisaje español en la región de abastecimiento para el resto de Europa o como lugar de paso del hidrógeno que se importe de otras regiones próximas. 

Esta peligrosa circunstancia estaría alineada con las propuestas de Enagás y otros operadores, que buscan el afianzamiento del sistema gasista y fósil con la creación de una red troncal de transporte de hidrógeno a nivel europeo, y también el desarrollo de cadenas de suministro entre diferentes países.

En este estado de cosas, es indispensable discernir entre aquellas aplicaciones que es necesario mantener y aquellas que se deben reducir o eliminar debido a su elevado coste climático, ecológico o social. Se podrían citar como ejemplo el sector de los pesticidas y fertilizantes, que representa un importante porcentaje del consumo de amoniaco cuya producción requiere hidrógeno que habitualmente procede del gas fósil y cuya demanda futura debería reducirse drásticamente por motivos ambientales y sanitarios. 

No estará de más recordar que el 90% del consumo actual de hidrógeno europeo se usa en la industria petrolífera y de fertilizantes, dos sectores que, pese al negacionismo terraplanista que avanza en la sociedad, se deberían minorizar para alcanzar la neutralidad climática y paliar las consecuencias de una escasez creciente.

Igualmente se obvia considerar el alto potencial de calentamiento (GWP) para periodos de 20 ó 100 años del hidrógeno que lo convierten en una amenaza en la lucha contra el cambio climático. Si a esto se añade la escasa eficiencia energética de su producción, transporte y almacenamiento, la eficacia del hidrógeno como estrategia de descarbonización, especialmente a lo largo de varias décadas, arroja más sombras que luces.

Los objetivos de lucha contra el cambio climático  y la pérdida de biodiversidad han de ser irrenunciables y transversales a toda actividad productiva y, en ese sentido la experiencia acumulada nos hace ser muy críticos con la actual falta de planificación y cómo, los actuales Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), no se muestran capaces de ordenar este sector que por otro lado es indispensable.

En el caso de Aragón, uno de los impactos a tener especialmente en cuenta, es el alto consumo de agua del proceso de hidrólisis en el que a partir de electricidad se produce la rotura de la molécula de agua, liberando O2 y obteniendo H2. Una implantación industrial de este tipo de proyectos enfocados a la exportación del H2 supondrá mayores demandas de agua, en una comunidad autónoma que forma parte de una cuenca hidrográfica con graves problemas de escasez a día de hoy y donde el cambio climático reducirá la disponibilidad de este recurso, acaparado por la agro-ganaderia. Quienes hablan de repartir agua como si fuera un recurso infinito ignoran de forma culpable, que una buena parte de las unidades de gestión de la cuenca del Ebro ya superan ampliamente el Indice de Explotación de Agua (WEI+) por el que la Agencia Europea de Medio Ambiente determina el buen estado de un río y eso sin contar las expectativas de crecimiento del regadío (39.000Has. en Aragón) que se contemplan en el Plan Hidrológico del Ebro (PHE) en el horizonte 2027. 

Estamos ante una nueva demanda en una cuenca ya de por si deficitaria, pero nada parece convencer a nuestros gobernantes que de “donde no hay, no se puede sacar”. 

El movimiento ecologista lleva mucho tiempo trasladando la necesidad de una planificación de las demandas a cubrir en el corto, medio y largo plazo que deberán ser compatibles con los recursos energéticos, materiales y minerales disponibles. Seguir avanzando, en un crecimiento desordenado, sin tener en cuenta la necesidad de abastecimiento presente y futuro, pone en riesgo el mantenimiento en las próximas décadas de importantes bienes y servicios para la población. 

Una falta de definiciones claras junto a una planificación defectuosa desde las administraciones públicas, hacen que sean los agentes económicos y las grandes empresas energéticas, las que determinen dónde y para qué se instala una u otra energía (y uno u otro valle de hidrógeno). Esto es lo que está sucediendo ahora con el hidrógeno, aparentemente verde, donde empresas como Enagás o Repsol se están posicionando para aprovecharse del esfuerzo económico europeo y captar ingentes cantidades de dinero público para mantener en pie unos sectores productivos reacios a asumir los cambios profundos que la Emergencia Climática exige. 

Tal como expresa Ecologistas en Acción en varios documentos,  sustituir el consumo de hidrógeno proveniente de la energía fósil por H2 producido desde EERR, es un proceso que no ha sido estudiado en todas sus dimensiones y alcances. Pese a ello grupos financieros y empresariales, bajo el epígrafe de la “colaboración público-privado”, están tomando posiciones para recabar fondos públicos y convertir la transición ecológica en una nueva oportunidad de negocio con captación de los fondos de los PERTE. 

Todo ello se ha convertido en un nicho de negocio muy apetecible para, dando por buena la falsa idea del crecimiento sostenido, consolidar los beneficios de los grupos financieros que han aterrizado en el mundo de las EERR. 

Bien es cierto que no se puede desligar el abastecimiento de este hidrógeno como recurso material, de la previsible demanda de estos bienes en un futuro, pero en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se debería consentir la ruptura de una adecuada orientación de la transición ecológica. El planeta y España con él, está viviendo una crisis social inédita en la historia de la humanidad que necesita de mayor generosidad compartida de la que hacen gala los oligopolios que son precisamente, responsables en buena medida de esa crisis.

En medio de todo el optimismo empresarial que, día a día, se proyecta en la sociedad, no se pueden olvidar, las repercusiones que tiene el hidrógeno verde. 

No están suficientemente tratados, estudiados ni discutidos los impactos derivados de la instalación de EERR y de obtención del hidrógeno. El hecho de que la fabricación de H2 requiera ingentes cantidades de energía no debería obviar los impactos de la minería de los materiales que requiere, la transformación y ocupación de los lugares donde se instala la producción de energía, la competencia por el territorio entre los lugares preservados para el desarrollo humano o las cuantiosas pérdidas energéticas que lo convierten en un proceso técnico con una pobre tasa de retorno energético.

Hay que repetir hasta la extenuación que estamos ante una técnica poco experimentada que presenta una escasa eficiencia. Su fabricación y almacenamiento tiene importantes pérdidas, que podrían reducir la eficiencia del proceso al 20% en muchas de sus aplicaciones.

Al mismo tiempo, la construcción de nuevas infraestructuras está posibilitando la reactivación del sector de las energías fósiles y esto contradice abiertamente la necesidad de abordar adecuadamente la transición ecológica que requiere superar los discursos centrados en la sustitución de unas tecnologías por otras. El nuevo paradigma que el planeta reclama no puede ser una continuidad del que ha causado las crisis a las que hay que hacer frente.

En este escenario la introducción de las EERR y todo su mercado secundario, entre el que el hidrógeno es actor principal, se está convirtiendo, apenas sin discusión, en la receta de éxito con que el statu quo pretende perpetuarse en la idea del crecimiento constante. Y eso a pesar de que ya en 1972 el “Informe sobre los Límites del Crecimiento” del Club de Roma determinara la imposibilidad de un crecimiento económico sostenido sin generar graves daños al planeta y a la estabilidad social.

En España y en eso que se ha dado en llamar el mundo occidental, la cordura ha sido derrotada por el exceso y la sinrazón.

Tal como dice Antonio Muñoz Molina, se ha inaugurado la “era de la vileza”, el régimen perfecto para las oligarquías internacionales que planean la continuidad de su enriquecimiento.

Cuando se sustituye la necesidad de hacer frente a la Emergencia Climática que impone la evolución de la naturaleza por un continuismo económico no exento de un patente retroceso en el modelo social de derechos y libertades, la sociedad en su conjunto esta perdiendo la oportunidad de ajustar el latido de su corazón al potente y eterno latido del planeta que nos sostiene y nos permite ser parte del mayor de los sueños. La vida, una experiencia inefable que no debería ser nunca objeto del mercado.

...Es el mejor de los buenos

quien sabe que en esta vida

todo es cuestión de medida:

un poco más, algo menos…

Proverbios y cantares (Campos de Castilla)

Antonio Machado 1912

Entre el ruido permanente en que se desarrolla la vida política aragonesa en el que no faltan proyectos estrella que, haciendo gala de su nombre, se acaban estrellando por la fuerza de la movilización ciudadana y la debilidad de la racionalidad de su diseño, parecen desaparecer una parte significativa de proyectos e iniciativas que se vuelven transparentes a la opinión pública, a voluntad de los medios de comunicación que se diría, deciden qué deben conocer y qué ignorar los aragoneses.

Posiblemente el más transparente y resbaladizo haya sido el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) que si, al comienzo de la legislatura que ahora concluye, pareció tener arraigo en el ideario de una parte del cuatripartito, para el 28M de 2023 ha desaparecido del escenario electoral y del catálogo de preocupaciones de buena parte de la población en el que, por capricho de los mercachifles de la zafiedad partidista, se introducen prioridades auténticamente delirantes como la resurrección madrileña de un terrorismo muerto y sepultado.

Aquél Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) que hizo salir a la calle a miles de personas y generar la mayor insumisión fiscal que se ha visto en los últimos años, se transmutó en Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR) a iniciativa de la mitad del cuatripartito con el aplauso de la otra mitad que, en aquel momento, debía de tener cosas más importantes de qué preocuparse en el juego de los abalorios de su compleja posición política.

Sin duda este respaldo institucional al nuevo modelo, desactivó en buena medida, la inquietud popular que acabó por integrar el impuesto como uno más en la lista de sus obligaciones tributarias sin atender demasiado, tanto la injusticia real de la  nueva legalidad formal, como a las nuevas cargas que la población zaragozana deberá afrontar cuando el consistorio que salga del 28M, caiga en la cuenta del estado real de la depuración de sus aguas residuales. 

Mientras tanto, el PASD que fue aprobado en 2001 y revisado en 2009, (la ley 6 de 2001 dice que la revisión debe hacerse cada 4 años) es propuesto nuevamente, en 2014 para una nueva revisión que fue duramente criticada por la Cámara de Cuentas y se tuvo que esperar hasta 2017 para someterse a un proceso de participación en el que la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) junto a otros colectivos hicieron sus aportaciones. Llegados a 2022, ampliamente superados los márgenes temporales, se vuelve a proponer su revisión cuya información pública ha fluido por el calendario sin suscitar mayor interés, más allá de lo que pueda manifestar la RAPA que, fiel a sus principios propuso: la auditoría de todo el periodo de funcionamiento del IAA , la extinción del Instituto Aragonés del Agua (IAA), la revisión de los contratos empresariales, la devolución de competencias en materia de gestión del agua a todos los ayuntamientos y la creación de mecanismos eficaces de participación y transparencia.

En octubre de 2022, en el momento en que la Comisión del Agua aprobó el informe de revisión, la RAPA volvió a manifestar que el PASD debería ser derogado íntegramente y sustituido por otro Plan elaborado con criterios radicalmente diferentes que dieran respuesta a todas las deficiencias estructurales que el modelo concesional ha conllevado. Se debería acometer el gasto mínimo para cumplir los objetivos de depuración con un modelo de financiación que nada tenga que ver con el ICA, que se cuente con el protagonismo de los Ayuntamientos, que se priorice la gestión directa de las infraestructuras del ciclo integral del agua, que se establezcan canales de participación, que se practiquen y publiciten sistemas de control y transparencia para el buen uso de los recursos públicos. De igual forma se contemplaba la necesidad de la sostenibilidad del sistema hídrico con visión de cuenca, atendiendo al impacto ambiental estratégico de este plan y a la consideración del Derecho Humano al Agua que es una seña de identidad de la Red de Agua Pública a nivel de todo el estado español.

La RAPA planteó una hoja de ruta de acuerdo a estos criterios que, a pesar de que el nuevo PASD dice haber recogido parte sus propuestas, lo cierto es que su aceptación ha sido meramente simbólica en la nueva redacción, tanto en lo formal como en lo concreto. Ni en lo que tiene que ver con la extinción del IAA para constituir una Dirección General, ni en la revisión de los contratos empresariales que no cambian nada en lo referente a las concesiones del Plan Especial de Depuración ya en vigor y apenas de denominación, en las nuevas instalaciones que, de facto, van a funcionar con criterios muy parecidos. Nada de negociar la cancelación de los contratos de concesión de obra pública ni nada de renegociar los precios a la baja cuando lo anterior no sea posible o de exigir que las EDARs (como el caso de Zaragoza) sean devueltas en buenas condiciones.

La RAPA afirma que en ocasiones, puede resultar más barato recuperar la gestión (negociando con las empresas una indemnización por inversión realizada y expectativas reales de beneficio)  que pagar los plazos hasta el final de la concesión. Y ya que esto no se ha llevado a cabo, por lo menos debería incidirse en la vigilancia especial que debe realizarse en este último periodo de la concesión para que el estado de las EDARs cuya gestión devuelva, sea aceptable. 

Hay que decir que, a pesar de que el PASD pueda decir que el nuevo Plan es respetuoso con la autonomía municipal de modo que serán los municipios los que decidan sobre el modelo de gestión de las depuradoras de su ámbito territorial y si quieren conservar su competencia en la explotación de las mismas o encomendarla al IAA, lo cierto es que las condiciones reales que tienen los ayuntamientos no favorecen la recuperación de la gestión de las EDARs. De igual forma hay que valorar que la reducción en el pago del IMAR que compensa el pago de las cuotas que cobrarán los ayuntamientos a sus vecinos por la gestión y mantenimiento de la depuración es irregular y a menudo, como en Zaragoza, claramente insuficiente. 

Dado que queda fuera del objetivo del Plan la definición del impuesto y su modo de aplicación, el IMAR se sitúa bajo la responsabilidad de la política tributaria del gobierno aragonés y este establecerá el escenario de equilibrio económico del Plan analizando el porcentaje de cobertura de sus costes. Es decir, queda a discreción del próximo gobierno y de los venideros, la cuantía de este tributo en función de la necesidad recaudatoria en un sentido amplio, no necesariamente sujeto a las necesidades de financiación de la depuración.

Con respecto a la participación y transparencia, el hecho de que se otorgue a la Comisión del Agua de Aragón la capacidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, resulta de escasa credibilidad real y demuestra una clara voluntad de estatalización de la participación y la información, lejos de las propuestas de los colectivos ciudadanos.

Llegados a este punto, la situación en que se encuentra la depuración en Aragón, muestra el fracaso del PASD anterior y el incumplimiento reiterado de los compromisos adquiridos con el gobierno central en el convenio específico entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Gobierno de Aragón para el desarrollo del Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015 y del Ciclo Integral del Agua en Aragón que han sido determinantes en este fracaso. 

Siendo el Pirineo la zona peor tratada y que mayores retrasos acumula ya que estamos hablando en 2022 de cumplir objetivos que debían haberse realizado en el año 2011, es igualmente cierto que el plan inspira poca tranquilidad en otras zonas.

Para terminar en Zaragoza, que no hay que olvidar que supone aproximadamente la mitad de la población de la comunidad autónoma, las cuentas no salen a favor de sus habitantes porque las inversiones necesarias en la ciudad para asegurar la sostenibilidad de todo el ciclo integral del agua vienen a representar aproximadamente la recaudación del IMAR con la que se colabora en atender  las necesidades de depuración fuera de la ciudad. Parece claro que si los nuevos gobernantes que salgan de las urnas no hacen gala de mayor generosidad y consenso, mucho no tememos que los sufridos “zaragoneses” tendrán que volver a hacer frente al coste de una nueva depuradora en La Cartuja y a otras obras complementarias pendientes desde hace tiempo, para que el silencioso Ebro no se convierta en una masa de agua con altos niveles de contaminación. 

El PASD es uno más de una serie de errores de gestión hidráulica que desde el punto de vista agroganadero, industrial o poblacional pasan ante el Pilar en respetuoso silencio, pero que pueden poner en peligro la salud medioambiental y de los habitantes de toda su cuenca y del propio delta. Todo ello en un momento de especial incertidumbre debida a la emergencia climática y a una escasa sensibilidad administrativa que parecen formar parte del paisaje aragonés cuyos regidores nunca se han identificado con el regeneracionismo como herramienta de progreso social y humano .