No estamos ante 50.000 decisiones migratorias individuales que coincidieron fortuitamente en el mismo lugar y momento. Tampoco ante una mera actuación de redes clandestinas que consiguieron eludir durante unas horas la vigilancia de dos Estados. Cuando una masa equivalente a más de la mitad de la población de Ceuta atraviesa una frontera, altera el control efectivo del territorio y regresa mayoritariamente cuando el país de procedencia restablece su actuación, el componente migratorio deja de ser la explicación principal. Las personas fueron el instrumento; la presión sobre España fue el resultado estratégico.

La denominación más rigurosa es la de operación de presión híbrida mediante la instrumentalización de población civil. No fue una invasión militar convencional, porque quienes entraron no constituían unidades armadas ni pretendían aparentemente combatir u ocupar el territorio. Pero sí se produjo una penetración masiva no consentida, capaz de saturar las instituciones, desbordar las fuerzas fronterizas, alterar gravemente la vida de una ciudad y exponer la incapacidad temporal del Estado para controlar una parte de su territorio.

Desde la doctrina de seguridad, estamos ante una acción situada deliberadamente por debajo del umbral de la guerra, pero orientada a producir efectos propios de una actuación hostil: pérdida temporal del control fronterizo, saturación institucional, presión sobre el Gobierno, exposición pública de vulnerabilidades y condicionamiento de la voluntad política del Estado.

La Unión Europea reconoce expresamente como instrumentalización la actuación de un tercer Estado o de un actor hostil que facilita el movimiento de personas hacia sus fronteras con la finalidad de desestabilizar a la Unión o a uno de sus Estados miembros y poner en riesgo funciones esenciales, entre ellas el mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad nacional.

Esta distinción no es un ejercicio semántico. La forma de nombrar una crisis determina también la forma de responder a ella.

Si se califica lo sucedido únicamente como “crisis migratoria”, el debate queda reducido a acogida, devoluciones, centros de estancia, procedimientos de extranjería, barreras fronterizas y gestión humanitaria. Se administra a las personas que han entrado, pero se evita identificar la estructura de poder que hizo posible el desbordamiento y el objetivo político perseguido mediante él.

Ese marco resulta especialmente cómodo para Marruecos. Rabat puede aparecer después como el socio indispensable que colabora para solucionar una crisis cuya apertura, intensidad y finalización dependen, en gran medida, de su propia actuación. España termina agradeciendo la cooperación de quien dispone materialmente de la llave con la que se regula la presión sobre su frontera.

El verdadero problema estratégico es precisamente ese: un Estado extranjero ha demostrado que puede modular el control efectivo de una frontera española. Puede contener durante meses a miles de personas, permitir que se aproximen, reducir su vigilancia, restablecerla posteriormente y facilitar después su retorno.

No es necesario afirmar, sin una investigación concluyente, que cada movimiento fue organizado directamente desde el Gobierno marroquí. Tampoco hace falta reconstruir previamente toda una cadena formal de órdenes para identificar la naturaleza estratégica del fenómeno.

Basta constatar que una movilización de semejante magnitud difícilmente habría sido posible con una actuación preventiva eficaz de las autoridades marroquíes y que el flujo se redujo cuando estas decidieron intervenir. La posibilidad material de abrir, cerrar o modular una frontera española desde el otro lado constituye, por sí misma, una vulnerabilidad de primer orden.

El precedente de 2021 debería haber eliminado cualquier ingenuidad. Entonces entraron en Ceuta unas 8.000 personas durante la crisis diplomática provocada por la hospitalización en España de Brahim Gali. El Parlamento Europeo denunció expresamente la utilización de menores por parte de las autoridades marroquíes. Cinco años después, el mismo instrumento ha reaparecido a una escala muy superior.

Por ello, la respuesta no puede limitarse a instalar una barrera flotante en el litoral. Esa infraestructura puede tener una utilidad concreta para canalizar determinadas entradas marítimas, evitar que algunas personas rodeen el espigón y facilitar una actuación más segura de las patrullas.

También puede responder a la situación jurídica creada por la doctrina del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de aplicar automáticamente el rechazo inmediato previsto en la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería a quienes son interceptados en el mar intentando alcanzar Ceuta o Melilla a nado.

Pero confundir esa cuestión jurídica y operativa con el problema estratégico sería un error. Una barrera marítima puede ordenar una ruta de inmigración irregular. No disuade a un Estado que esté dispuesto a emplear decenas de miles de personas para desbordar una frontera.

Ceuta ya dispone de una estructura militar relevante. La Comandancia General integra, entre otras unidades, el Tercio Duque de Alba de La Legión, el Grupo de Regulares número 54, el Regimiento de Caballería Montesa, unidades de Artillería, Ingenieros y Logística. Su misión incluye la defensa militar inmediata del territorio español comprendido dentro de su zona de responsabilidad.

La existencia de esas unidades no resuelve, sin embargo, la cuestión esencial: qué umbral activa su despliegue operativo ante una operación híbrida masiva.

Una fuerza militar puede estar acuartelada y, pese a ello, no producir una verdadera disuasión si el actor que ejerce la presión considera que el Gobierno no está dispuesto a movilizarla a tiempo. La capacidad material solo genera disuasión cuando existe también la voluntad política creíble de emplearla dentro de la legalidad.

España necesitaba demostrar desde el primer momento que una entrada de semejante magnitud provocaría una respuesta estatal extraordinaria. No para emplear indiscriminadamente la fuerza militar contra civiles, sino para asegurar los perímetros, proteger las infraestructuras críticas, impedir la extensión del desorden, garantizar la libertad de movimiento de las fuerzas policiales y acreditar que el Estado conservaba el dominio efectivo del territorio.

Las Fuerzas Armadas no tendrían que sustituir a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional en las funciones ordinarias de control de fronteras o extranjería. Su misión sería distinta: asegurar el territorio, proteger las instalaciones esenciales, sostener la continuidad del Estado y respaldar operativamente a las fuerzas responsables del control fronterizo cuando la magnitud del fenómeno supere claramente una respuesta policial ordinaria.

El número concreto de efectivos corresponde al planeamiento militar. Pero resulta difícil defender que una respuesta inicial limitada pudiera ser proporcionada al riesgo de desbordamiento que se estaba produciendo. Ante una operación capaz de movilizar a decenas de miles de personas, España debería poder trasladar inmediatamente varios miles de efectivos, mantener una reserva adicional preparada en la península y activar simultáneamente capacidades navales, aéreas, logísticas, sanitarias y de inteligencia.

El eventual revuelo diplomático causado por un despliegue militar masivo habría sido considerable. Pero el daño estratégico provocado por permitir la entrada de 50.000 personas es mucho mayor.

El primer escenario habría proyectado determinación y capacidad de respuesta. El segundo proyecta vulnerabilidad, dependencia de Rabat y ausencia de un umbral de reacción reconocible.

La disuasión no consiste necesariamente en disparar ni en provocar una confrontación. Consiste en que el otro actor sepa que su operación fracasará, que España puede mantener el control de Ceuta sin cooperación marroquí y que cualquier nueva instrumentalización tendrá costes políticos, diplomáticos, económicos y operativos.

España no puede organizar su política hacia Marruecos sobre la ficción de una confianza estratégica permanente. La cooperación bilateral es necesaria en materia comercial, lucha antiterrorista, seguridad marítima y gestión ordinaria de fronteras. Pero Marruecos reivindica Ceuta y Melilla y mantiene intereses territoriales objetivamente incompatibles con los españoles. La cooperación puede existir. La dependencia defensiva no.

También debe evitarse otra confusión. Reforzar militarmente Ceuta no significa convertir automáticamente a Marruecos en enemigo ni preparar una guerra ofensiva. Significa reconocer que la estabilidad fronteriza no puede descansar exclusivamente sobre la voluntad de un Estado que dispone de la capacidad material y de los incentivos políticos necesarios para emplearla como instrumento de negociación.

La defensa de Ceuta tampoco es una excentricidad patriótica ni una cuestión meramente simbólica. Estamos ante territorio español, ante una frontera exterior de la Unión Europea y ante una posición esencial en el Estrecho de Gibraltar, uno de los espacios marítimos de mayor importancia comercial, energética y militar del mundo.

La seguridad de Ceuta afecta al Mediterráneo occidental, al acceso atlántico, a las rutas energéticas, a la libertad de navegación, a la defensa de Canarias y a la credibilidad de la presencia española en el norte de África.

Por tanto, no estamos defendiendo únicamente una ciudad autónoma de poco más de ochenta mil habitantes. Estamos defendiendo la continuidad territorial y política del Estado, la seguridad del flanco sur europeo y una posición geoestratégica esencial.

La Unión Europea ha incorporado la instrumentalización migratoria a su arquitectura de respuesta frente a las amenazas híbridas y ha desarrollado mecanismos de asistencia y reacción para este tipo de situaciones. España debe exigir que esa dimensión europea sea reconocida plenamente.

Pero la jerarquía debe quedar clara: la capacidad nacional debe constituir la primera línea de defensa; la solidaridad europea y aliada debe complementarla, nunca sustituirla.

Europa y la OTAN pueden aportar inteligencia, coordinación, medios tecnológicos, respaldo diplomático y capacidad de disuasión colectiva. Sin embargo, ninguna alianza sustituye la responsabilidad primaria de un Estado de conservar el control efectivo de su territorio.

Además, las amenazas híbridas están diseñadas precisamente para explotar las dudas políticas sobre cuándo y cómo deben activarse los mecanismos colectivos. Se sitúan por debajo del conflicto armado abierto, combinan instrumentos civiles, económicos, informativos, migratorios y de seguridad, y obligan al Estado afectado a decidir si está ante un problema policial, una crisis humanitaria, una actuación hostil o una agresión. Esa ambigüedad no es accidental. Es una parte esencial de la operación.

España necesita, por ello, una doctrina específica de defensa del flanco sur. Esa doctrina no puede quedarse en declaraciones genéricas ni activarse únicamente cuando la frontera ya ha sido desbordada. Debe traducirse en medidas operativas, jurídicas y estratégicas de distinto horizonte temporal.

A corto plazo

Debe producirse un refuerzo inmediato y permanente de la presencia militar y policial en Ceuta y Melilla, acompañado de una capacidad real de proyección rápida desde la península.

Ese refuerzo debe incluir vigilancia aérea y marítima, unidades de reacción, transporte estratégico, medios antidrones, protección de comunicaciones y capacidad para controlar simultáneamente varios puntos de presión.

También debe implantarse un sistema de alerta temprana basada en inteligencia capaz de detectar concentraciones anómalas de personas, campañas coordinadas en redes sociales, movimientos logísticos y cambios en el comportamiento de las fuerzas marroquíes antes de que la situación se transforme en una avalancha.

Las infraestructuras críticas, puerto, helipuerto, depósitos de combustible, instalaciones energéticas, redes de comunicaciones, centros sanitarios, suministro de agua y accesos urbanos, deben quedar protegidas desde el primer momento de cualquier crisis.

España debe, además, exigir formalmente a la Unión Europea la activación de los instrumentos de respuesta frente a la instrumentalización de población civil y dejar constancia de que no se trata únicamente de una incidencia migratoria nacional, sino de una amenaza contra una frontera exterior europea.

A medio plazo

Ceuta y Melilla deben disponer de una autonomía logística real: reservas suficientes de combustible, alimentos, material sanitario, agua, comunicaciones, equipamiento y capacidad de sostenimiento operativo para resistir durante semanas sin depender de una conexión inmediata y permanente con la península.

Debe establecerse un mecanismo permanente de coordinación civil-militar para el flanco sur, con protocolos de activación, mando, empleo y desescalada previamente definidos.

No se trata necesariamente de crear una nueva macroestructura burocrática, sino de garantizar que Presidencia del Gobierno, Seguridad Nacional, Defensa, Interior, Exteriores, inteligencia, autoridades autonómicas y mandos operativos sepan con antelación qué órgano decide, qué medios se movilizan y qué umbral activa cada fase de respuesta.

El marco jurídico también debe adaptarse para diferenciar claramente dos planos que no pueden confundirse.

Por un lado, la situación individual de cada persona que atraviesa la frontera, que debe resolverse con pleno respeto a la legalidad, a los derechos fundamentales y a los procedimientos de extranjería y protección internacional.

Por otro, la respuesta del Estado frente a una instrumentalización masiva organizada, facilitada o deliberadamente tolerada por un tercer Estado.

La protección jurídica de las personas no puede utilizarse como pretexto para negar la existencia de una operación hostil. Pero la identificación de esa operación tampoco puede servir para eliminar garantías individuales.

España debe disponer, además, de un catálogo previamente definido de respuestas diplomáticas, económicas y operativas, graduadas conforme a la entidad de los hechos, a la solidez de su atribución y al nivel de amenaza producido.

Las consecuencias no pueden improvisarse después de cada episodio ni depender enteramente de la coyuntura política. El actor que instrumentaliza debe conocer de antemano que sus decisiones tendrán costes previsibles y proporcionados.

A largo plazo

España debe construir una doctrina nacional de defensa del flanco sur que asuma expresamente que la estabilidad fronteriza no puede depender de la voluntad de Rabat.

Esa doctrina debe integrar Ceuta, Melilla, Canarias, el Estrecho y el mar de Alborán como un único espacio estratégico, aunque cada territorio presente vulnerabilidades y necesidades operativas diferentes.

Debe desarrollarse una capacidad propia de vigilancia, interdicción, inteligencia y disuasión que reduzca la vulnerabilidad estructural y permita detectar, contener y responder a una operación híbrida antes de que produzca un hecho consumado.

Ceuta y Melilla deben incorporarse a la planificación de defensa nacional como posiciones prioritarias, no como apéndices territoriales cuya seguridad dependa de la cooperación del Estado vecino.

España también debe recuperar su capacidad de atribución pública y de respuesta política. Cuando las evidencias permitan identificar al actor responsable, el Estado debe estar dispuesto a nombrarlo, explicar la naturaleza de la operación y construir alianzas europeas e internacionales sobre una descripción veraz de los hechos. La prudencia diplomática no puede convertirse en silencio estratégico.

El respeto de los derechos individuales de quienes atraviesan la frontera es plenamente compatible con esta posición. Una democracia puede tramitar cada situación conforme a la ley y, al mismo tiempo, identificar que el fenómeno agregado constituye una operación de presión hostil.

Proteger a las personas utilizadas no exige negar que están siendo utilizadas.

Tampoco debe confundirse a las personas movilizadas con el actor que las instrumentaliza. Muchas pueden actuar impulsadas por expectativas económicas, desesperación, desinformación o promesas difundidas a través de redes sociales. Precisamente por eso la utilización de población civil resulta tan eficaz: convierte a personas vulnerables en instrumentos de presión y coloca al Estado receptor ante un dilema político, jurídico y moral extremadamente complejo.

La responsabilidad estratégica no recae sobre cada individuo que cruza, sino sobre quien crea, facilita, tolera o explota deliberadamente las condiciones que hacen posible una movilización masiva.

Ceuta no sufrió simplemente una llegada excepcional de inmigrantes. España fue sometida a una prueba de soberanía: decenas de miles de personas atravesaron su frontera, se midió su capacidad de reacción y se demostró que el flujo podía detenerse desde el otro lado.

La respuesta no puede ser una boya, un expediente de extranjería y una declaración de preocupación. Debe ser una política de defensa nacional con horizonte inmediato, medio y largo.

Porque el verdadero riesgo no consiste únicamente en lo que ocurrió. Consiste en que Marruecos, o cualquier otro actor que observe el precedente, concluya que puede volver a hacerlo. La disuasión comienza cuando esa conclusión deja de ser posible.

El Gobierno de España actualizó la agenda España Digital 2025. La iniciativa lanzada en julio de 2020 para impulsar el proceso de transformación digital del país, con el fin de hacer balance del camino recorrido, adaptarla al horizonte 2026, mejorar su alineamiento con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, e impulsar proyectos estratégicos de gran impacto.

La agenda España Digital es la hoja de ruta para la transformación digital del país, una estrategia para aprovechar plenamente las nuevas tecnologías y lograr un crecimiento económico más intenso y sostenido. España Digital 2026 se concibe como una estrategia que actúa en tres dimensiones clave: infraestructuras y tecnología, economía y personas.

Pero todo ello no es más que palabrería si no va unida a la acción. Incluso entre el 13 y el 15 de diciembre de 2022 en Canarias, se reunió la OCDE por primera vez en territorio europeo.

Los objetivos: Impulsar la recuperación a largo plazo y el crecimiento económico mediante la construcción de un futuro digital de confianza, sostenible e inclusivo“. Se vertebró en torno a cuatro temas:

Tema 1: Catalizadores digitales de la economía mundial.

Tema 2: Construyendo mejores sociedades.

Tema 3: Las personas primero.

Tema 4: Aprovechando el poder de la IA y las tecnologías.

En definitiva, economía digital al servicio de las personas y del empleo. Para Ángel Víctor Torres: “Europa y sus fondos de recuperación, los mecanismos de Recuperación y Resiliencia, tienen tres grandes mecanismos o tres grandes conceptos: uno es la formación, otro es la transformación y el tercero es la digitalización”.

La teoría se conoce, ¡hasta ahí podíamos llegar! Ahora bien. ¿qué hay en los programas electorales de las diversas formaciones políticas. Y en las municipales?

Repasemos pros y pros de la Transformación Digital en este ámbito.

La inclusión de la transformación digital en los programas de las elecciones municipales es de suma importancia en el mundo actual, donde la tecnología desempeña un papel fundamental en todas las áreas de la sociedad. A continuación, se presentan algunas razones por las cuales la transformación digital debe ser considerada en los programas de las elecciones municipales:

1. Mejora de la participación ciudadana: La transformación digital puede facilitar la participación ciudadana en el proceso electoral. Mediante el uso de herramientas digitales como aplicaciones móviles, plataformas en línea y redes sociales, los ciudadanos pueden acceder fácilmente a información relevante sobre los candidatos, las propuestas y los programas electorales. Esto puede fomentar una mayor participación de los ciudadanos en el proceso electoral y fortalecer la democracia local.

2. Transparencia y rendición de cuentas: La tecnología digital puede ayudar a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en las elecciones municipales. Mediante el uso de sistemas electrónicos para el registro de votantes, el recuento de votos y la publicación de resultados, se puede reducir la posibilidad de fraudes electorales y aumentar la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral.

3. Eficiencia en la gestión electoral: La transformación digital puede mejorar la eficiencia en la gestión de las elecciones municipales. El uso de sistemas electrónicos para el registro de candidatos, la asignación de mesas de votación y la gestión logística puede agilizar los procesos y reducir los tiempos de espera. Asimismo, el uso de tecnología en la comunicación entre los diferentes actores involucrados en el proceso electoral puede facilitar la coordinación y la toma de decisiones.

4. Acceso a la información: La inclusión de la transformación digital en los programas electorales puede garantizar un acceso más equitativo a la información para todos los ciudadanos. Esto es especialmente relevante en aquellos lugares donde el acceso a la información es limitado, ya sea por barreras geográficas o económicas. El uso de tecnología puede superar estas barreras y permitir que los ciudadanos estén informados de manera oportuna y completa sobre las opciones electorales.

5. Innovación en la gobernanza local: La transformación digital en las elecciones municipales puede impulsar la innovación en la gobernanza local. El uso de tecnologías como el análisis de datos, la inteligencia artificial y el internet de las cosas puede generar nuevas oportunidades para mejorar la prestación de servicios públicos, la toma de decisiones basada en evidencias y la participación ciudadana en la gestión municipal.

En resumen, la inclusión de la transformación digital en los programas de las elecciones municipales puede promover una mayor participación ciudadana, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, aumentar la eficiencia en la gestión electoral, garantizar un acceso equitativo a la información y fomentar la innovación en la gobernanza local. Estas son razones poderosas para considerar la transformación digital como una parte integral de las elecciones municipales en la actualidad.

Y ahora veamos, la falta de inclusión de la transformación digital en los programas de las elecciones municipales puede tener varias consecuencias negativas. A continuación, se presentan algunas de ellas:

1. Exclusión digital: La falta de inclusión de la transformación digital puede generar exclusión digital, es decir, la marginación de aquellos ciudadanos que no tienen acceso o habilidades para utilizar la tecnología. Esto puede limitar su participación en el proceso electoral y reducir la representatividad de los resultados.

2. Falta de transparencia y confianza: La ausencia de herramientas digitales puede afectar la transparencia y la confianza en el proceso electoral. Sin sistemas electrónicos para el registro de votantes, el recuento de votos y la publicación de resultados, pueden surgir dudas sobre la integridad de las elecciones y la posibilidad de manipulación de los resultados.

3. Ineficiencia en la gestión electoral: La falta de tecnología en la gestión electoral puede conducir a ineficiencias y retrasos en los procesos. Por ejemplo, el registro manual de votantes y el conteo manual de votos pueden ser más propensos a errores y requerir más tiempo y recursos.

4. Desigualdad en el acceso a la información: Sin el uso de herramientas digitales, puede haber una desigualdad en el acceso a la información sobre los candidatos, las propuestas y los programas electorales. Aquellos ciudadanos que no tienen acceso a internet o no utilizan tecnología pueden tener dificultades para obtener información actualizada y relevante, lo que puede afectar su capacidad para tomar decisiones informadas.

5. Falta de innovación en la gobernanza local: La transformación digital puede impulsar la innovación en la gobernanza local, pero su falta de inclusión puede limitar el desarrollo de nuevas soluciones y enfoques para abordar los desafíos municipales. Esto puede impedir la mejora de los servicios públicos y la eficiencia en la toma de decisiones basada en datos.

En resumen, la falta de inclusión de la transformación digital en los programas de las elecciones municipales puede resultar en exclusión digital, falta de transparencia, ineficiencia en la gestión electoral, desigualdad en el acceso a la información y falta de innovación en la gobernanza local. Estas consecuencias pueden debilitar la democracia y la participación ciudadana, así como limitar el progreso y desarrollo de las comunidades locales.

Un último consejo técnico sobre qué hacer sería:

Asegurarse de contar con un equipo de expertos en tecnología y transformación digital para asesorar en la implementación de soluciones digitales en las elecciones municipales. Este equipo debe tener conocimientos sólidos en áreas como seguridad informática, gestión de datos, desarrollo de aplicaciones y comunicaciones digitales. Su experiencia y conocimientos técnicos serán fundamentales para diseñar e implementar soluciones efectivas que cumplan con los estándares de transparencia, seguridad y accesibilidad requeridos en el proceso electoral.

Además, es importante realizar pruebas y simulaciones exhaustivas de las soluciones digitales antes de su implementación en las elecciones. Esto ayudará a identificar posibles problemas o fallas y permitirá corregirlos a tiempo. Asimismo, es recomendable contar con un plan de contingencia en caso de que surjan problemas inesperados durante el día de las elecciones.

Finalmente, es esencial ofrecer capacitación y soporte técnico adecuado tanto a los funcionarios electorales como a los ciudadanos. Esto asegurará que todos estén preparados y tengan la confianza necesaria para utilizar las herramientas digitales de manera efectiva. La capacitación debe incluir instrucciones claras sobre cómo utilizar las aplicaciones y plataformas, así como información sobre seguridad y protección de datos.

En resumen, contar con un equipo de expertos, realizar pruebas exhaustivas, tener un plan de contingencia y proporcionar capacitación y soporte técnico son aspectos clave para asegurar una implementación exitosa de soluciones digitales en las elecciones municipales.

¿Hemos avanzado algo en la España Digital en estás elecciones municipales y autonómicas?

Por algo estamos a la cola en Europa de los países más avanzados. Veamos algunos ejemplo:

En Europa, hay varios países que se consideran líderes en términos de desarrollo y adopción de tecnología. Algunos de los países más avanzados en Europa en términos de transformación digital y tecnología son:

1. Países Bajos: Los Países Bajos se destacan por su alta conectividad digital y su infraestructura tecnológica avanzada. Son conocidos por su adopción temprana de tecnologías digitales en áreas como el gobierno electrónico, la e-salud y la educación digital.

2. Suecia: Suecia es reconocida como una de las naciones más avanzadas en términos de innovación y tecnología. Han desarrollado un ecosistema de start-ups vibrante y tienen una sólida infraestructura digital. También son líderes en áreas como la digitalización del sector público y las soluciones de e-gobierno.

3. Finlandia: Finlandia es conocida por su excelencia en educación y su enfoque en la tecnología aplicada a la educación. Además, se considera un líder en términos de conectividad y velocidad de internet. También es el hogar de grandes empresas tecnológicas y se ha destacado en el campo de las telecomunicaciones.

4. Dinamarca: Dinamarca es reconocida por su enfoque en la innovación y la digitalización en diversos sectores. Han invertido en infraestructuras digitales de alta calidad y han implementado soluciones digitales en áreas como la salud, el transporte y la administración pública.

5. Alemania: Alemania es uno de los líderes industriales de Europa y ha realizado esfuerzos significativos en la digitalización de su economía. Han implementado iniciativas como Industria 4.0 para promover la digitalización en la industria manufacturera. Además, tienen un sólido ecosistema de start-ups y una infraestructura tecnológica avanzada.

Estos son solo algunos ejemplos de países europeos que se consideran más avanzados en términos de transformación digital. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la situación puede evolucionar rápidamente y que otros países también están haciendo esfuerzos significativos para impulsar la adopción de tecnología en Europa.