El artículo 56.3 de la Constitución establece que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2”.

Por su parte, los textos del artículo 64 a los que se hace referencia en el 56 dicen lo siguiente: 

“Art. 64.1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes.

Art. 64.2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden“.

Y el artículo 65.2 dispone que “el Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa”.

El 15 de marzo de 2020 la Casa Real emitió un comunicado afirmando que Felipe VI renunciaba a la herencia de Juan Carlos I que “personalmente le pudiera corresponder”. Al no existir, ni entonces ni ahora, condena judicial alguna que determine el origen ilícito de los bienes que posee Juan Carlos I, tal renuncia fue interpretada por muchas personas como la acción precipitada de alguien que al menos duda de la legalidad de esos bienes y, por tanto, no quiere aparecer como cómplice bajo ningún concepto, incluso aunque legalmente pudieran corresponderle. Al éxito de esta “lectura” del comunicado contribuyó la evidencia, para la mayoría de los expertos que opinaron, de que, según la ley, no es posible renunciar a la herencia de alguien que no ha fallecido.

En junio de 2020, la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Supremo abrió las primeras diligencias sobre actuaciones que podrían ser constitutivas de delito protagonizadas por Juan Carlos I, quien en agosto de ese mismo año decidió trasladar su residencia a Abu Dabi. El día 5 de ese mismo mes la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, declaró que “Juan Carlos I no huye de nada porque no está inmerso en ninguna causa”.

El día 1 de marzo de 2022 el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, emitió un comunicado en el que establecía que los delitos que pudieran haberse cometido antes de su abdicación no podían investigarse, al estar protegidos por la inviolabilidad establecida en la Constitución.

El día 9 de mayo de 2022, es decir, dos meses después de hacerse pública la resolución del fiscal Luzón, la ya exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo desveló, en una entrevista concedida a El País, que había realizado gestiones por separado con la Casa Real, con el presidente del Gobierno y con el líder de la oposición para iniciar la reforma de la “inviolabilidad” del Rey sin necesidad de modificar la Constitución y que las respuestas habían sido negativas en los tres casos.

En junio de 2022, poco más de un mes después de la información revelada por la propia Carmen Calvo, los miembros de PSOE, PP y VOX en la Mesa del Congreso impidieron que se debatiera una propuesta para limitar la inviolabilidad del Rey. Según informó la agencia EFE, los letrados del Congreso emitieron un escrito afirmando que tal proposición de ley “invade la reserva constitucional existente en cuanto a los elementos esenciales de la Corona definidos en el título II de la Constitución, al pretender un desarrollo normativo contrario al régimen jurídico de la inviolabilidad de la Jefatura del Estado”.

Tras conocerse las respuestas recibidas por Carmen Calvo y la decisión de la Mesa del Congreso, varios juristas de Illes Balears que figuramos al pie de este escrito nos dirigimos en diciembre de 2022 al presidente del Gobierno a través de la opción “Escribir al presidente” para pedirle que el actual jefe del Estado renunciara a la prerrogativa que le concede el derecho efectivo a delinquir sin que ningún juez pueda iniciar la investigación obligada en cualquier país democrático en el que rija el principio de la igualdad ante la ley que, por cierto, establece sin excepciones de ninguna clase el artículo 14 de la Constitución aprobada en 1978.

Al no ver satisfecha nuestra petición, volvimos a escribir al presidente Pedro Sánchez en diciembre de 2023 y en diciembre de 2024 por el mismo procedimiento y siempre en fechas anteriores al 24 de diciembre.

A ninguno de los tres escritos hemos recibido respuesta desde la presidencia del Gobierno, salvo las confirmaciones automáticas de envío que aparecen en la propia pantalla del ordenador.

El día 25 de noviembre pasado, elDiario.es reproducía las palabras con las que un grupo de juristas e intelectuales encabezados por los ex magistrados del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín y Clemente Auger explicaban los motivos de la denuncia que ese mismo día presentaron contra el rey emérito por cinco delitos de fraude fiscal: “Nos mueve la defensa del interés general en cuanto que estimamos que existen delitos contra la Hacienda Pública que vulneran no sólo los preceptos del Código Penal que invocaremos, sino también los principios de igualdad y solidaridad, además de obligaciones legales y éticas, exigibles especialmente a aquellas personas que ostentan cargos públicos de relevancia constitucional, en este caso, la Jefatura del Estado”. En declaraciones a RTVE, el propio Martín Pallín defendía que “un tribunal es el único que puede decidir si ya se han saldado las cuentas con la Justicia”.

Las “regularizaciones fiscales”, materializadas en diciembre de 2020 y en febrero de 2021 por un importe total entre ambas de más de cinco millones de euros, ponían de manifiesto el reconocimiento de facto de delitos fiscales cometidos por Juan Carlos I a sabiendas de que con esos pagos no serían investigados. Un movimiento que, en otro ámbito, aunque con el mismo protagonista originario y antes impune, a muchas personas les recordó la renuncia a la herencia que motivó el comunicado de la Casa Real publicado el 15 de marzo de 2020.

Sin ánimo de ser exhaustivos, hoy nos limitaremos a mencionar dos de los efectos perversos que implica la continuidad de una situación como la actual, legalmente fundamentada en lo que no es más que una de las interpretaciones posibles de un solo artículo del Título II de la Constitución y en la que han coincidido el fiscal jefe Anticorrupción y la mayoría de los miembros de la Mesa del Congreso en base al dictamen de sus letrados, pese a que una lectura paralela del similar artículo 71 sugiere una interpretación menos benigna.

Por una parte, colaborando decisivamente en la extensión de facto de la impunidad en beneficio personal de los cómplices no impunes que pudieran haber intervenido en la comisión de esos delitos no investigables.

Por otra parte, se provoca indefensión en las víctimas, pues al no celebrarse juicio, ni habrá sentencia ni reconocimiento de los perjuicios ocasionados por quien, de ser otro el presunto delincuente, sería siempre investigado y, en su caso, condenado, con la responsabilidad civil inherente.

Hemos decidido recordar hoy estos hechos por varios motivos.

En primer lugar, porque son la prueba irrefutable de una interpretación de la Constitución que es imprescindible revisar por las consecuencias que podrían derivarse, algunas de las cuales podrían ser tan graves como la del más grave de los delitos que pueda cometer una persona.

En segundo lugar, porque sobre la única acción legal iniciada ni siquiera se sabe si será admitida o no a trámite y, en cualquier caso, se enfrentará a un recorrido judicial que podría ser excesivamente lento.

Y, en tercer lugar, porque unas mayorías no habituales en el Congreso y que, además, nunca han sido más representativas que las de los diputados que forman parte de su Mesa, están impidiendo el inicio del debate parlamentario imprescindible para resolver una anomalía democrática de tal calibre que solo es posible encontrar un parecido en cuanto a las consecuencias de su aplicación en el férreo blindaje frente a cualquier acción judicial que de hecho disfrutó entre 1939 y 1975 el jefe del Estado anterior a Juan Carlos I.

Ante tales situaciones, ¿puede y debe la sociedad española, y con especial protagonismo a través de sus medios de comunicación, debatir sobre el hecho de la impunidad efectiva del jefe del Estado y animar a sus representantes a buscar la reforma en términos como, por ejemplo, los que proponía Carmen Calvo y que se podría aprobar con la actual composición del Congreso?

La convicción de que en una democracia ningún debate debe estar prohibido y las decepciones recibidas hasta el momento, son los motivos que nos han llevado a solicitar a elDiario.es la publicación de este escrito.

El Illes Balears, a 31 de enero de 2025

Suscriben el presente escrito los juristas de Illes Balears que se relacionan a continuación: Rosa Bris, Juan Calatayud, Neus Canyelles, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Beatriz Fernández, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Catalina Moragues, Carlos Portalo, Pablo R. de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Alejandro Juárez, Catalina Monserrat, José Castro y Juan Pedro Yllanes.

La Junta Electoral Provincial de Illes Balears, y por su conducto la Junta Electoral Central, ha denegado una petición de los hoy firmantes, en los términos que desarrolla nuestro comentario al respecto. Puesto que la cuestión presenta un relieve público singular, queremos dirigir esta carta abierta a los órganos de control electoral a fin de explicar nuestro disentimiento.

Las decisiones de la Junta Electoral Central (JEC) sobre consultas electorales no son recurribles, pero nos queda el debate público y no renunciaremos a este recurso. Por eso haremos dos propuestas que, si la JEC atiende, resolverán lo que incluso podría haber sido un malentendido debido a errores producto de las circunstancias.

Pero comenzaremos por el principio.

La amenaza de un autoritarismo que se puede extender por los poderes de los Estados aparentando fortalecerlos afecta, en mayor o menor medida, a todas las democracias. Por eso, y dentro de nuestras posibilidades, el pasado 27 de abril hicimos entrega de una consulta a la Junta Electoral Provincial de Illes Balears (JEP IB), según lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).

Quince días después supimos que la consulta había sido enviada a la Junta Electoral Central (JEC). Como no es posible repetir aquí todo el texto (pues incluye 2.576 palabras), reproducimos el resumen del mismo realizado por la propia JEC. Se puede leer en la sección “Doctrina JEC. Acuerdos por sesiones”, disponible en este enlace.

Dice lo siguiente:

“Eleva una petición formulada por varias personas, para que se les autorice la realización de una experiencia piloto durante la jornada electoral en municipios de las Illes Balears, con la utilización en las mesas electorales de un modelo de papeletas con un cuestionario en su reverso”.

Con la propuesta incluida en la consulta se pretende crear una oportunidad distinta para hacer llegar a las candidaturas las opiniones que deseen solicitar a sus votantes, sin afectar en absoluto a las garantías de libertad, secreto y resto de normas establecidas para el proceso de votación. Con ello se conseguirá, además, que muchas personas se sientan implicadas en la política al ofrecerles la posibilidad de dejar constancia de sus opiniones en un momento tan importante como el de las elecciones.

Dos comentarios sobre el resumen de la consulta que presenta la JEC.

Primero. Dice la JEC que la “petición” es de “varias personas, para que se les autorice la realización de una experiencia piloto”, pero no es así, sino de varias personas para que, a las candidaturas proclamadas que lo soliciten (ante la autoridad electoral, por supuesto), se les autorice…, siempre que se atengan a lo establecido en la LOREG. De hecho, quienes promovemos la consulta no formamos parte de ninguna candidatura.

Segundo. Para, entre otras cosas, evitar esa clase de errores, la JEC debería permitir el acceso a los contenidos de las consultas tal como los aportan sus autores, pues se trata de una actividad relacionada con un momento tan decisivo de la democracia como es el de las elecciones y que, en tanto que implican dudas o alguna clase de conflicto, por mínimo que sea, pueden contener detalles a tener en cuenta para, por ejemplo, orientar futuras reformas de la normativa electoral. Además, lo justo es que se conserve en su integridad el par informativo compuesto por el texto íntegro de la consulta y el texto íntegro del acuerdo de la JEC, aunque damos por hecho que éste siempre figura, y no solo un resumen del mismo.

Y tres comentarios al Acuerdo 180/2023 de la Junta Electoral Central.

El Acuerdo 180/2023 mediante el que la JEC responde a la consulta también está disponible en la dirección de Internet citada y dice lo siguiente:

“Como la Junta Electoral Central acordó el 10 de marzo de 2005 y el 19 y 22 de mayo de 2014, los principios de reflexión y regularidad que deben presidir el acto de votación impiden que el día señalado para dicho acto puedan celebrarse actos públicos o llevarse a cabo actividades públicas de consulta o encuesta a la población que pueda afectar a los citados principios. Esto resulta particularmente aplicable a cualquier actuación en los colegios electorales distinta a la prevista en la legislación electoral”.

Tercero. Menciona la JEC que la reflexión y la regularidad son principios que “impiden que el día señalado para dicho acto puedan celebrarse actos públicos”. El hecho de que los tres acuerdos de 2005 y 2014 que cita la JEC sean la única mención, y de carácter doctrinal, a que se acoge la JEC para fundamentar su respuesta nos permite confirmar que la experiencia piloto solicitada no choca con la legislación electoral vigente.

En cualquier caso, el hecho de que la JEC se refiera a “actos públicos” nos obliga a dejar constancia de que en la experiencia piloto que se propone no se incluye la celebración de ningún acto público de ninguna clase. Muy al contrario, la propuesta no solo respeta los “principios de reflexión y regularidad” que cita la JEC, sino que potencia el primero, tal como con facilidad se puede deducir de la lectura del resumen que aporta la JEC.

En conclusión, y debido a circunstancias que no conocemos pero que si suponemos derivadas de un exceso coyuntural de la carga de trabajo, la JEC no ha analizado lo suficiente el texto de nuestra consulta, por lo que el Acuerdo 180/2023 incluye una deficiencia relevante que en otras circunstancias no se habría producido.

Cuarto. Menciona también la JEC, y no podemos ocultar cierta sorpresa, que no pueden llevarse a cabo “actividades públicas de consulta o encuesta”.

En relación con esto, nos vemos obligados a recordar que el artículo 69 de la Sección VIII de la LOREG, dedicada a las “Encuestas electorales”, comienza diciendo lo siguiente:

“Entre el día de la convocatoria y el de la celebración de cualquier tipo de elecciones se aplica el siguiente régimen de publicación de encuestas electorales”.

Es decir, los ocho puntos que desarrolla el citado artículo 69 para desplegar sus normas solo se pueden referir a la “publicación de encuestas electorales” y no a “actividades públicas de consulta o encuesta”, frase que no procede en absoluto si quien la incluye se la leído antes el texto de la consulta presentada.

A mayor abundamiento, el punto 7 del citado artículo 69 dice lo siguiente:

“Durante los cinco días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación y difusión o reproducción de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación”.

Es decir, vuelve a no mencionarse el concepto, sí empleado por la JEC en el Acuerdo, de “llevarse a cabo actividades públicas de consulta o encuesta”, lo que, evidentemente, sí incluiría su realización, pues “llevarse a cabo…” significa hacer (encuestas), pero lo único que la LOREG impide es publicar (encuestas).

Nos sorprende la inclusión del asunto de las encuestas en el Acuerdo 180/2023 de la JEC, y no solo por lo mucho que se ha debatido y escrito sobre este tema desde 1977, sino también porque resulta imposible olvidar que las conocidas “israelitas”, encuestas realizadas a pie de urna, comienzan sus “actividades públicas de consulta o encuesta” desde la apertura de los colegios hasta su cierre, llegando a publicarse sus resultados casi una hora antes de que miles de electores de Canarias hayan ejercido su derecho al voto y que, por tanto, podrían alterar su decisión en base a una información de la que se hacen inmediato eco muchos medios de comunicación, tanto públicos como privados.

Quinto. Comienza el texto del Acuerdo 180/2023 haciendo mención a los “acuerdos adoptados el 10 de marzo de 2005 y el 19 y 22 de mayo” sin mencionar sus identificadores, algo obligado por respeto hacia quienes presentan una consulta y para facilitarles la tarea de localizar las referencias doctrinales elegidas por la JEC, algo que a priori es digno del máximo interés. Pues bien, tras revisar uno por uno los 52 acuerdos adoptados por la JEC en las tres fechas que cita descubrimos que hay tres, que son el 115/2005, el 137/2014 y el 165/2014, que corresponden a peticiones de realización de actos públicos consistentes en la colocación de mesas y urnas distintas a las previstas para distintas elecciones convocadas, lo cual confirma de nuevo lo acertado del comentario con el que cerramos el punto tercero y la decepcionante sorpresa que nos merece también el argumento de las encuestas.

Terminamos con las dos peticiones a la JEC anunciadas para resolver el posible malentendido y/o las deficiencias, que aparecen en la versión del Acuerdo 180/2023 que en este momento sigue ofreciendo en su página de Internet.

Palma, 25 de mayo de 2023

Firmantes: Juan Calatayud, Ferran Gomila, Mar de la Loma y Josep de Luis, abogados, y José Castro Aragón, ex juez de instrucción, quienes el día 27 de abril de 2023 presentaron ante la Junta Electoral Provincial de Illes Balears la consulta con número de expediente 310/401, resuelta por la Junta Electoral Central mediante el Acuerdo 180/2023, que puede consultarse en este enlace.