El gasto sanitario público, gestionado mayoritariamente por las comunidades autónomas, presenta una buena relación coste-eficiencia en comparación europea, aunque enfrenta problemas crecientes relacionados con listas de espera, envejecimiento del personal sanitario y financiación insuficiente.

España destina alrededor del 7,2-7,4% del PIB al gasto sanitario público, por debajo de la media de la zona euro (~8,9 % del PIB) y de muchos países de la OCDE. El gasto por habitante también es inferior al promedio europeo (unos 1.800 euros vs ~ 3.400 euros en la eurozona). Esto indica una financiación relativamente moderada frente a otros sistemas comparables, lo que condiciona la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

Según diversos informes, la inversión pública en sanidad ha bajado ligeramente respecto a años anteriores y no crece de forma sostenida como recomiendan organismos internacionales ante las mayores necesidades sanitarias derivadas del envejecimiento demográfico.

Por su parte, la atención primaria, clave para la prevención y gestión de cronicidad, sigue con niveles de inversión muy por debajo de los previos a la crisis de 2009, de manera que la falta de inversión estratégica afecta a la accesibilidad y a los resultados sociosanitarios a largo plazo.

Diferencias importantes entre comunidades autónomas

Por otra parte, la descentralización del Sistema Nacional de Salud (SNS) genera diferencias importantes entre comunidades autónomas en gasto por habitante, tiempos de espera, acceso a especialidades y recursos disponibles lo que se traduce en inequidades en la atención sanitaria dependiendo de dónde viva cada persona.

Si analizamos el gasto sanitario en porcentaje sobre PIB, según la Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP) del Ministerio de Sanidad, las comunidades con mayor peso sanitario en proporción al PIB regional son Extremadura con un 9,1% y Murcia y Canarias con un 8,4%. Por otro lado, las comunidades con menos peso del gasto sanitario en proporción al PIB regional son Madrid (4,2%) y Cataluña (5,7%). El gasto sanitario público de Castilla-La Mancha en relación con su PIB regional se sitúa en torno al 6,9 % del PIB, con un gasto por habitante de unos 1.800€, frente a los 1770€ de media nacional.

Estas cifras señalan que existe una gran variación entre comunidades tanto en gasto per cápita como en proporción al PIB. Las regiones con más envejecimiento o menor densidad tienden a gastar más por habitante. Las comunidades más pobladas concentran la mayor parte del gasto total, aunque no siempre con el mayor gasto por persona.

La sostenibilidad del sistema público de pensiones en España constituye uno de los principales desafíos socioeconómicos de las próximas décadas. Esta problemática está estrechamente vinculada al cambio estructural de la demografía española, caracterizado por un descenso persistente de la fecundidad, un aumento significativo de la esperanza de vida y una pirámide poblacional progresivamente invertida.

El aumento del gasto en pensiones como proporción del PIB no solo responde al incremento de pensionistas, sino también a mayores expectativas de prestación por individuo debido  a las mayores pensiones consolidadas de los nuevos beneficiarios y al alargamiento de la esperanza de vida. Este crecimiento presiona las cuentas públicas, incrementa el déficit del sistema contributivo y condiciona la política presupuestaria y  fiscal.

Las proyecciones económicas también muestran que para 2050, el porcentaje de la población de 16 a 64 años disminuirá del 65 % actual al 57 %, mientras que la población mayor de 64 años aumentará del 20 % al 30 % del total. Esta evolución incrementa la presión sobre las pensiones públicas, que dependen de la relación entre cotizantes y beneficiarios. Además, estudios de centros de investigación económica como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierten que el gasto público en pensiones podría alcanzar hasta el 17,1 % del PIB en 2050, situándose varios puntos porcentuales por encima de los niveles de 2010 y lejos de los promedios europeos.

La problemática de las pensiones en España no es únicamente una cuestión de equilibrio financiero, sino un síntoma de transformaciones demográficas profundas: una población que envejece, una base de cotizantes que se estrecha y una estructura productiva que debe adaptarse a estos cambios. Esta realidad exige políticas integrales que combinen reformas del sistema de pensiones con medidas dirigidas a la natalidad, la inmigración, la participación laboral y la productividad, para preservar la sostenibilidad intergeneracional y la cohesión social en las próximas décadas.

El envejecimiento demográfico tiene un impacto profundo y transversal sobre las políticas sanitarias

Pero además, el envejecimiento demográfico tiene un impacto profundo y transversal sobre las políticas sanitarias y de dependencia en España, ya que modifica tanto la demanda de servicios como la organización, financiación y prioridades del Estado del bienestar. Desde una perspectiva académica, sus efectos pueden analizarse en varios ejes interrelacionados:

El envejecimiento conlleva un mayor uso del sistema sanitario. Las personas mayores presentan una mayor prevalencia de enfermedades crónicas (diabetes, patologías cardiovasculares, EPOC, artrosis, demencias), lo que incrementa la frecuencia de consultas médicas, hospitalizaciones y tratamientos farmacológicos. En consecuencia, el gasto sanitario per cápita es significativamente más elevado en los grupos de edad avanzada, especialmente a partir de los 75 años. Este fenómeno desplaza el foco del sistema sanitario desde la atención a procesos agudos hacia la gestión de la cronicidad, obligando a replantear los modelos tradicionales de atención.

El envejecimiento impulsa la necesidad de una integración entre los servicios sanitarios y sociales, ya que muchos problemas de salud en edades avanzadas están estrechamente ligados a situaciones de dependencia funcional, soledad o fragilidad. Esto exige políticas de coordinación entre atención primaria, hospitales, servicios sociales y cuidados de larga duración, un ámbito en el que España aún presenta importantes déficits estructurales.

La mayor esperanza de vida implica más años de atención sanitaria, con un perfil de enfermedad crónica y polifarmacia, que tensiona tanto los recursos económicos como la capacidad técnica de los sistemas de atención primaria y especializada. En particular, el aumento de la población mayor también intensifica la presión sobre el personal sanitario. A ello se suma el envejecimiento de los propios profesionales de la salud, lo que genera problemas de relevo generacional, sobrecarga laboral y desigualdades territoriales en el acceso a servicios sanitarios, especialmente en zonas rurales.

Según proyecciones demográficas y económicas, el gasto público total vinculado al envejecimiento —pensiones, sanidad y cuidados— podría alcanzar hasta el 25,5 % del PIB en España para 2050, un crecimiento de más de 5 puntos porcentuales respecto a 2022 y mucho más acelerado que el promedio europeo). La respuesta de las políticas públicas a estos retos será decisiva para garantizar tanto la sostenibilidad financiera como la calidad de vida de las personas mayores en España y para evitar brechas con respecto a los modelos más avanzados de Europa. En definitiva, El envejecimiento obliga a un cambio de paradigma en las políticas sanitarias y de dependencia, que debe orientarse hacia:

En síntesis, el envejecimiento demográfico actúa como un factor estructural de presión sobre las políticas sanitarias y de dependencia en España. No solo incrementa el gasto y la demanda de servicios, sino que obliga a redefinir los objetivos del sistema: pasar de un modelo reactivo a uno preventivo, integrado y centrado en la persona. La capacidad del Estado para adaptarse a este desafío será clave para mantener la cohesión social, la equidad intergeneracional y la sostenibilidad del Estado del bienestar en las próximas décadas.

La doble prórroga presupuestaria para los años 2024 y 2025 supone el aplazamiento, temporal o definitivo, de toda una serie de medidas de gasto público que estaban previstas en los proyectos de presupuesto elaborados, en la medida en que el Gobierno tendrá que ceñirse a los gastos presupuestados para 2023, excepto en partidas comprometidas a medio plazo como las pensiones, cuya revalorización está garantizada, o los sueldos a trabajadores públicos negociados.

Es cierto que sus efectos, a la hora de limitar la acción del Gobierno, pueden ser “limitados”, a partir del apoyo parlamentario de que disponga. No obstante, para poder aplicar los nuevos programas de gasto o inversión pública, que podrían haberse incluido en un nuevo presupuesto, y para realizar modificaciones en partidas de gasto de los presupuestos prorrogados, tendrá que recurrir a la promulgación de reales decretos, que requerirán una posterior convalidación por parte del Congreso.

Todas estas modificaciones presupuestarias tendrán que tramitarse bien de forma separada, bien mediante los llamados decretos ómnibus en los que se aprueban normas sobre distintas materias, en la mayor parte de los casos sin ninguna conexión entre sí. Es evidente que todo esto ralentiza, cuando no, paraliza y añade una complejidad añadida, en la ejecución del gasto, a la que se produce en la gestión de un presupuesto ordinario.

Por otra parte, la experiencia en la convalidación de los últimos reales decretos aprobados por el Ejecutivo no ha sido precisamente exitosa, debido a los intereses dispares, si no contrapuestos, de las fuerzas parlamentarias que posibilitaron la formación e investidura del Gobierno. En las últimas semanas hemos tenido una buena muestra de esa situación como consecuencia del debate sobre la necesidad de elevar al 2% del PIB el gasto público en defensa.

Podríamos pensar que todos estos factores limitarán la influencia del gasto público sobre la actividad económica general, pero podrán tener efectos beneficiosos en términos de contribuir a reducir el déficit público, favoreciendo el cumplimiento de la senda de estabilidad aprobada, dado el menor margen de actuación de que dispondrá el Gobierno. Sin embargo, lo sucedido en el año 2024 no invita, precisamente, al optimismo en esta vertiente. En un año de prórroga, el déficit de la Administración central se incrementó en 10.836 millones de euros en relación con el ejercicio anterior, en el que el Gobierno gestionaba un presupuesto ordinario.

En realidad, el cumplimiento del objetivo de estabilidad aprobado fue posible gracias un crecimiento del PIB superior a lo esperado y por el fuerte crecimiento de la recaudación impositiva, en lugar de una contención en el gasto público. Debemos tener en cuenta, también, que las proyecciones de crecimiento económico para el año 2025 son menos favorables que las del ejercicio anterior y pendientes de revisión a la baja en función de cómo afecte la guerra arancelaria a la economía española.

En definitiva, la prórroga limita las posibilidades que tiene el Gobierno para llevar a la práctica compromisos asumidos, como el de la condonación de parte de la deuda autonómica en manos del Estado, pactado por el PSOE con ERC. También limita su capacidad de actuación frente a contingencias y riesgos extraordinarios, como puede ser el caso de las ayudas anunciadas recientemente para compensar a los sectores económicos más afectados por los nuevos aranceles de aduanas aprobados por la Administración de los Estados Unidos.

Finalmente, en este contexto de prórroga, desempeñará un papel importante el recurso al Fondo de Contingencia que la AIReF, en su 'Opinión sobre riesgos fiscales' define como una herramienta útil para mitigar los riesgos fiscales, pese a constatar que, en estos ejercicios, ha destinado el 43% de sus recursos a financiar gastos no relacionados con perturbaciones imprevistas. El recurso generalizado al Fondo de Contingencia para financiar gastos de todo tipo no incluidos en el presupuesto añade un nuevo interrogante sobre los efectos de la prórroga sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

La otra cara de la moneda de la prórroga presupuestaria es la crisis institucional que puede provocar, ya que cuestiona el correcto funcionamiento de instituciones esenciales para el funcionamiento democrático. La incapacidad para aprobar nuevos presupuestos muestra un Gobierno débil y poco cohesionado incapaz de abordar, con garantías, los retos de la sociedad española, y erosiona su autoridad frente a la ciudadanía y otros actores políticos.

Gobernar con presupuestos prorrogados dificulta la implementación de políticas públicas ajustadas a las necesidades presentes. Sin un presupuesto actualizado, los Gobiernos afrontan obstáculos para poner en marcha nuevas iniciativas o reformar programas ya existentes, lo que puede frustrar las expectativas ciudadanas y disminuir el apoyo popular.

Además, la prórroga puede intensificar las fricciones entre el poder Ejecutivo y el poder Legislativo. Especialmente si este último percibe una usurpación de sus funciones en la aprobación del gasto público y se abusa de figuras como el decreto ley y otros para ir gestionando el día a día.

Finalmente, la percepción de un Gobierno incapaz de gestionar eficazmente sus finanzas públicas puede deteriorar su reputación en el ámbito internacional y su capacidad de atraer inversiones extranjeras. Como ejemplo, en el mes de noviembre de 2024 la prima de riesgo francesa alcanzó máximos ante las dificultades del Gobierno para que los presupuestos de 2025 fueran aprobados.

En resumen, la prórroga presupuestaria en España restringe la capacidad de actuación del Gobierno, afecta a la inversión pública y genera incertidumbre económica, lo que puede ralentizar el crecimiento y complicar la gestión de las Administraciones autonómicas y locales.

Como ya hemos comentado, aunque la prórroga presupuestaria permite la continuidad del funcionamiento gubernamental, es una solución claramente subóptima. La falta de actualización de las partidas presupuestarias puede desalinear el gasto público de las realidades económicas y sociales, impidiendo una respuesta efectiva a desafíos emergentes. Una de las recomendaciones clave del informe Draghi (elaborado para la UE por el expresidente del BCE con el fin de establecer una estrategia sólida de reindustrialización europea) es la necesidad de que los Estados miembros alineen sus presupuestos nacionales con las prioridades estratégicas establecidas por Europa. Esta alineación es fundamental para abordar desafíos como la transformación tecnológica, la descarbonización, la seguridad económica, el mantenimiento del modelo social europeo y la ampliación de los gastos de defensa en un contexto geoestratégico cambiante.

Comenzamos el curso político sin urnas en el horizonte, una vez superado el ciclo de las elecciones generales, gallegas, vascas, catalanas y europeas. En un contexto volátil, el Gobierno tendrá que gestionar la fragmentación parlamentaria y la inestabilidad en algunos de sus apoyos -especialmente, Junts y ERC- en el arranque de un curso en el que tiene dos grandes desafíos económicos: los presupuestos y la reforma de la financiación autonómica.

El Gobierno se prepara para una posible prórroga de los Presupuestos ante un escenario de serias dificultades para forjar mayorías. Esa es una decisión de lo más trascendente; el presupuesto es una de las principales palancas políticas para un Gobierno. No deja de ser la expresión cifrada y sistematizada de las prioridades y del programa económico del Gobierno y su no aprobación puede suponer un golpe en la línea de flotación del programa de compromisos de control presupuestario y de deuda pública asumidos ante la UE. El Ejecutivo pretende explorar fórmulas para sacarlos adelante, pero de alguna manera ya está poniendo la venda antes de la herida ante el previsible desacuerdo con parte de sus apoyos parlamentarios.

Por otra parte, el pacto en Cataluña para que pueda gobernar el PSC ha convertido en obligatorio, por el compromiso adquirido por los socialistas, el debate de la actualización del sistema de financiación autonómica en España, largamente postergado al cajón de las grandes reformas institucionales pendientes, que nunca se concretan por su enorme complejidad política. Esta reformulación, que no revisión, al parecer, necesita de la implicación de todas las administraciones y de todos los partidos.

Debería ser un debate sosegado

La última reforma del sistema se produjo en 2009, con el compromiso de actualizarlo pasados cinco años. El PP no lo hizo ni con mayoría absoluta, lo que pone de manifiesto la enorme dificultad de su revisión, más aún con la actual fragmentación de las fuerzas parlamentarias que hoy define la composición del Congreso. Técnicamente, debería ser un debate sosegado. Políticamente, amenaza con conflictos territoriales y promete capitalizar gran parte de la acción de gobierno del segundo año de legislatura de Pedro Sánchez. Reformar la financiación autonómica es lo más parecido a un pacto de Estado.

Hace falta poner más dinero sobre la mesa y, sobre todo, buscar consensos sobre una serie de principios que ahora mismo no están claros. El sistema no lo van a imponer ni el Gobierno, ni ERC ni el PP, ni el PSOE: tendrá que ser un acuerdo institucional, por encima de los partidos, con el límite obvio de la Constitución.

Es necesario afrontarlo, y Cataluña ha puesto sobre la mesa, consecuencia de los apoyos de ERC para la investidura de Illa en Cataluña, una propuesta, con una enorme carga de profundidad, sobre la mesa. El primer gesto de lealtad institucional será conocerla en sus aspectos técnicos y corresponde al Gobierno concretarla de forma clara, precisa y sin letras pequeñas, sabiendo que es necesario sujetarla a un duro escrutinio desde los principios de generalidad, igualdad, solidaridad y equilibrio territorial definido, en un modelo común, y no sujeto a la discrecionalidad de una relación bilateral entre Estado y alguna comunidad.

En este artículo, y desde una perspectiva personal, voy a tratar de ordenar un conjunto de preocupaciones que suscita la formación superior del capital humano en nuestro país como elemento de dinamización económica y social. En este momento, en el que muchas familias se plantean el futuro personal y profesional de los hijos, resulta pertinente transmitirles este tipo de preocupaciones para su consideración, realizadas por personas que hemos tenido alguna responsabilidad académica.

Siempre en el sobrentendido, de que es una opinión particular, y que puede haber discrepancias con otros enfoques de lo que debe ser la formación de capital humano en España, perfectamente respetables. El problema que tenemos en la formación de capital humano en España no radica, en mi opinión, en la calidad de la formación, similar a la de otros países de nuestro entorno, sino en la planificación de la oferta de los estudios superiores, su adecuación a las nuevas necesidades empresariales y sociales y las propias deficiencias de nuestro mercado laboral.

Tras la aplicación del plan Bolonia se ha producido una proliferación de títulos que no se corresponde con la demanda laboral real. Hemos pasado de 145 titulaciones a más de 2.000 y la distribución de los alumnos no se ajusta a las salidas laborales de las diferentes carreras.

Tras la aplicación del plan Bolonia se ha producido una proliferación de títulos que no se corresponde con la demanda laboral real.

Esta proliferación en función de modas o demandas pasajeras -muy arraigada particularmente en ciertas Universidades privadas cuyo objetivo es captar clientes rebajando exigencias para maximizar el beneficio de su práctica empresarial y olvidando la función social de la educación universitaria como servicio público- hacen que la formación del egresado pretenda -y recalco pretenda, sin conseguirlo por formación de base del estudiante que procede de ESO- ser excesivamente especializada desde los primeros cursos de los grados, y poco polivalentes en función del título elegido, cuando no es más que un acarreo de materias y contenidos, sin hilo argumental, en función de resultados de aprendizaje, habilidades y competencias reales. La desaparición de aquella demanda del título cursado le llevaría a una vía muerta vital. 

Desde mi experiencia vital en la Universidad, creo que los grados deben permitir una formación generalista, con una formación sólida en materias instrumentales y metodológicas, con una base teórica y fundamental relevante, y con un alto componente empírico en el caso de Estudios técnicos, que les permitan reubicarse en nichos de actividad profesional cambiante a través de una formación de especialización de calidad, que debe impartirse a nivel de máster y postgrado. 

Esto nos debe llevar a defender un catálogo de titulaciones fundamentales, reconocibles por los empleadores (todos sabemos que es un abogado, un médico, un psicólogo, un periodista, o un ingeniero, pero pocos saben qué competencias tiene un graduado en relaciones internacionales, por ejemplo) en cada una de las áreas de conocimiento.

Mi propuesta iría por crear grupos de trabajo formado por académicos de reconocido prestigio y miembros de referencia de la sociedad civil en cada ámbito del conocimiento, probablemente en el seno de ANECA, para definir el perfil de titulaciones básicas que permitan unas competencias transversales y adaptables a entornos inciertos y cambiantes. Una de las críticas que recibimos de los empleadores los que nos hemos dedicado a la gestión académica es el desconocimiento general sobre las habilidades y competencias profesionales que aportan una multiplicidad de títulos, de esos más de 2000 grados inscritos en el RUCT, sin peso formativo específico pero con un marketing académico atractivo. ¡Un engaño al alumno y a la sociedad!

Los 74.000 alumnos que en diez años han perdido las carreras técnicas, pese a ser las de mayor empleabilidad, indican que algo falla en la información y los estímulos que reciben los alumnos a la hora de decidir algo tan importante como la futura profesión.

Probablemente, el mayor desestímulo venga también del mercado de trabajo, por cuanto no existe una discriminación salarial relevante entre las titulaciones que mayor o menor esfuerzo de estudio y dedicación suponen. Si aceptamos que una ingeniería exige un mayor nivel de esfuerzo y dedicación que otras titulaciones, este esfuerzo no se ve, en la práctica, recompensado por un diferencial salarial en consonancia, por lo que no se recupera, en términos monetarios a lo largo del ciclo profesional vital, el sobreesfuerzo y dedicación realizado en la capitalización formativa en los años iniciales, en muchos casos. Dicho llanamente, ¿para qué voy a coger una carrera dura y difícil si luego voy a tener una escasa recompensa adicional en forma de colocación, promoción o salario?

A ello hay que añadir un mercado laboral anómalo en el que solo las grandes empresas parecen en condiciones de absorber a los titulados de mayor cualificación. El tejido industrial y cierta cultura empresarial, hacen que muchas de las pequeñas y medianas empresas apenas inviertan en innovación y se planteen para qué necesitan titulados universitarios si con técnicos de grado medio cubren sus necesidades a corto plazo.

Este planteamiento es muy general en empresas, con escasa vocación de promoción para alcanzar mayores dimensiones, que permitan crear núcleos empresariales de alto valor añadido o, como se decía antes, polígonos industriales de alta capacidad tecnológica y económica, susceptibles de generar empleo estable y de calidad, y, lo que es más grave, este comportamiento es más habitual en Comunidades Autónomas menos desarrolladas, contribuyendo a abrir la brecha de renta y riqueza territorial.

En la actualidad, algunos trabajos de instituciones de formación y capacitación empresarial muestran que la precariedad está afectando también a las capas de la población con mayores niveles de estudios, y dentro de ella a las mujeres en una escandalosa mayor proporción.

No podemos seguir así. Una revisión del modelo formativo en España desde los ciclos formativos de grado superior a la Universidad, debe constituir una política de Estado de carácter estratégico, pero dada la ¿calidad?, de nuestra política y de nuestros políticos muchos de ellos salidos de aulas universitarias (algo habremos hecho mal!), me temo que es pedir peras al olmo y nuestra enseñanza superior seguirá a la deriva frente a determinantes retos como país civilizado y desarrollado, perdiendo productividad y competitividad a nivel mundial, y exportando materia gris formada en España para generar riqueza en otros países.

El Índice de Progreso Social de la Comisión Europea o EU Social Progress Index (EU-SPI) es un indicador que analiza el desarrollo social y la calidad de vida a nivel regional yendo más allá del Producto Interior Bruto. Existe un interés especial en la UE por incorporar métricas alternativas al PIB que ofrezcan una visión integral del progreso y bienestar ordenando, en este sentido, las regiones europeas.

Este índice se articula como una herramienta interesante, complementaria de los indicadores económicos tradicionales al capturar en su información un amplio rango de factores sociales que contribuyen a evaluar de forma general el nivel de bienestar de la población. Se articula como un mecanismo que permite una comparación entre las regiones de la UE a partir de la consideración de un amplio marco de criterios que ayudan a los políticos y ciudadanos a la hora de valorar los puntos fuertes y débiles no solo desde una perspectiva estrictamente económica sino también desde una perspectiva social y medio ambiental.

Gran parte de estos aspectos están en el centro de la inversión financiada con las políticas de Cohesión de la UE, tanto en lo que se refiere a las políticas de provisión de servicios públicos básicos (salud, educación, agua y saneamientos), eficiencia energética, educación y competencias laborales, o contaminación. El Índice mide el progreso social en las regiones europeas, a nivel NUTS2, con 53 indicadores agrupados en 12 subpilares y ofrece una fotografía de tres dimensiones: necesidades básicas, bases del bienestar y oportunidades futuras.

En el análisis de la UE se pone de manifiesto la alta correlación entre PIB per cápita y progreso social por lo que el papel de los recursos económicos regionales es determinante del progreso social de ahí la importancia para Castilla-La Mancha de una justa financiación territorial. Sin embargo, la correlación se debilita a medida que crece la riqueza, sugiriendo que altos niveles de renta, por si solos, no son garantía de progreso social comunitario en la misma proporción.

Los datos de este índice en 2024 confirman que el progreso social varia de forma importante entre las regiones de la UE, con los países nórdicos comportándose mejor que los países del este y sur de Europa. A nivel europeo, aproximadamente el 60% de la población habita en regiones que superan el progreso social medio, según el índice. Pero este nivel cae al 50% si nos fijamos exclusivamente en la dimensión de necesidades básicas, como cuidados médicos, sanitarios y vivienda.

Diferencias en la oferta de servicios sociales

En las regiones menos desarrolladas, entre las que se encuentra Castilla-La Mancha, en torno al 80% de los residentes viven en zonas por debajo del índice de progreso social medio de la UE en todas las dimensiones analizadas. También se puede observar que regiones con similares niveles de PIB pueden aflorar diferencias significativas en la oferta de servicios sociales.

Las regiones con un alto nivel de progreso social manifiestan una proporción menor de residentes en riesgo de pobreza y una menor brecha de género en las decisiones de empleo y salariales. Además, las regiones con un mayor nivel de progreso social ofrecen mejores oportunidades a los graduados a la hora de acceder al mercado de trabajo, sugiriendo que un esfuerzo político en la inversión en factores sociales fortalece la eficiencia en la utilización del capital humano, generando un círculo virtuoso para el crecimiento económico. España ocupa la posición 15ª entre los 27 países de la Unión Europea, manifestando mayores debilidades en áreas como Educación básica, vivienda y libertad, mientras que la variable mejor puntuada en España con un índice de 132,9/100 es la educación superior.

 A nivel español, los resultados del análisis reflejan que el País Vasco es la región con mejor índice de progreso social en España, con 113,5 puntos -la media de la UE es igual a 100-, y ocupa el puesto 44 del ranking europeo de las 236 regiones consideradas. Le siguen La Rioja, con 110,3 puntos y el puesto 66; Galicia, 109,9 puntos y la posición 70, y Navarra, con 109,5 puntos y la cuarta posición nacional y la 73 a nivel europeo. Por su parte, Castilla-La Mancha, con 98,4 puntos, ocupa la posición 15 a nivel nacional y 146 a nivel europeo, solo por encima de Extremadura y Andalucía. 

Atendiendo a una lectura por dimensiones, podemos establecer tres niveles en las comunidades autónomas españolas:

Dimensión 1. Necesidades Básicas, es decir, la capacidad de la sociedad para satisfacer las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos (tiene en cuenta aspectos relativos a la nutrición y asistencia médica; agua y saneamiento; vivienda y seguridad, entre otros). En este caso, Castilla-La Mancha está cerca de la media de la Unión Europea (EU27), con un índice de 99,3/100, por delante de Extremadura, Murcia, Cantabria, Canarias y Andalucía.

Dimensión 2. Bases del bienestar, es decir, establecimiento de los cimientos que permitan a los ciudadanos y comunidades mantener y mejorar su calidad de vida (en el que se incluyen indicadores de educación básica; información y comunicaciones; salud y calidad medioambiental). En este aspecto, Castilla la Mancha se aleja significativamente de la media de la EU (27) con un índice de 93,3/100. Por detrás de nuestra Comunidad solo se posiciona Extremadura.

Dimensión 3. Oportunidad, es decir, creación de condiciones para que todos los individuos alcancen su máximo potencial (que tiene en cuenta aspectos como la confianza y gobernanza; la libertad y elección; o la sociedad inclusiva y educación avanzada). La buena noticia es que todas las CC.AA. españolas están por encima de la media europea, aunque de nuevo Castilla La Mancha vuelve a ser la penúltima con un índice del 102,4/100, solo por delante de Extremadura.

La tendencia de Castilla- La Mancha desde la última medición del índice refleja que nuestra región mantiene una posición similar a la manifestada en los informes 2016 y 2020-

En todo caso, dado que la política de cohesión social abarca aspectos de cohesión económica, social y territorial, un marco como el que ofrece este índice, al cubrir una amplia selección de indicadores que capturan el desarrollo regional desde una perspectiva no sólo cuantitativa sino también cualitativa, es una herramienta útil para afinar las intervenciones de los programas de desarrollo regional y para dirigir los fondos de la UE hacia aquellas áreas capaces de mejorar significativamente los niveles de vida de nuestro ciudadanos.

La economía mundial se enfrenta a importantes transformaciones transversales que están suponiendo retos de gran magnitud, de las cuales también se pueden derivar oportunidades. Destacan los cambios geopolíticos y su impacto sobre los flujos de comercio e inversión internacionales, en forma de una desaceleración de la globalización y la vuelta a comportamiento proteccionistas. Es el caso de los efectos que produce la fuerte rivalidad que mantienen Estados Unidos y China. Pero surgen al mismo tiempo oportunidades que derivan, por ejemplo, de la búsqueda de las ventajas que conlleva una producción situada más cercana geográficamente a través de la recuperación de producciones básicas en contextos nacionales o regionales en países desarrollados.

Entre las transformaciones que están impactando en la economía global debemos destacar también la lucha contra el cambio climático y el proceso de transición energética, que están siendo fuente de una elevada actividad económica y están atrayendo importantes inversiones. Así como la transformación digital y la rápida generalización de tecnologías como la Inteligencia Artificial, que afecta especialmente a los servicios, sector que representa un porcentaje muy elevado de las economías desarrolladas. Sin olvidar el envejecimiento de la población y la presión que ejerce sobre los sistemas de seguridad social y de atención médica pública.

La posibilidad de que los conflictos geopolíticos, y en particular el desencadenado en el tercer trimestre de 2023 con la crisis Israel-Palestina, con riesgo de extensión a toda la región de Oriente Medio, pueden tensionar más los mercados de la energía, de las materias primas y/o las cadenas de suministro globales como estamos viendo por los ataques de buques comerciales en el Mar Rojo, que está provocando la desviación de los 'containers' de grandes navieras hacia el cabo de Buena Esperanza, en vez de usar el canal de Suez, con repercusiones serias en el coste de fletes.

En este contexto internacional, la economía española aceleró su crecimiento durante el primer trimestre de este año 2023, recuperando finalmente sus niveles de PIB de prepandemia, pero con una importante brecha temporal respecto a la media europea. En España, junto a la recuperación del turismo, la rápida moderación de los precios de la energía permitió una mejora del consumo y que la economía española creciera a ritmos notables durante la primera mitad de 2023. Sin embargo, una vez agotado el impacto energético, la economía en la segunda mitad de 2023 ha moderado su ritmo de crecimiento, afectada, además, por un conjunto de rémoras. Entre estos factores destacamos la inflación impulsada por el aumento de los precios de los alimentos y el repunte del precio del petróleo que ha tenido lugar desde julio de 2023, el impacto de los mayores tipos de interés y la marcada desaceleración del crecimiento en la eurozona. Con todo, la previsión es que la economía, pendiente de confirmación oficial, crezca un 2,4% en el conjunto de 2023, con un perfil que ha ido de más a menos.

Entre los factores que condicionarán el crecimiento económico español en 2024, en primer lugar, destacamos el impacto de la subida de tipos de interés. El BCE empezó a subir tipos en julio de 2022 y, desde entonces, ha subido los tipos en 450 p. b. Nuestra previsión apunta a que se mantendrán los tipos hasta mediados de 2024, punto de inflexión en el que empezarían a bajar los tipos de manera gradual. Respecto al comportamiento del Euribor se espera, en consecuencia, una reducción pausada y limitada en 2024 lo que permitirá reducir la presión que este ejerce sobre las hipotecas a tipo variable, con efectos marginales positivos sobre el mercado inmobiliario.

Prevemos que la inflación siga lastrando la evolución de la actividad

En segundo lugar, prevemos que la inflación siga lastrando la evolución de la actividad, aunque en menor medida que en los últimos dos años. En positivo, se considera que las dinámicas subyacentes de la inflación se deberían moderar a lo largo de 2024. Esta moderación se producirá gracias al progresivo agotamiento del efecto contagio (el impacto que la fuerte subida de precios de la energía y los alimentos tiene sobre los precios de otros productos de la cesta del IPC) y a la ausencia de efectos de segunda ronda de calado, como es su indexacion en salarios y costes de producción. Las previsiones más fiables sitúan la inflación subyacente en tasas de crecimiento de un 4,5% en 2023 frente a un 3,0% en 2024.

En contraposición, la retirada de las principales rebajas fiscales por la guerra de Ucrania a principios de 2024 podría añadir cerca de 1 p. p. a la inflación de 2024, principalmente a través del componente energético y de los alimentos, en función de cómo se vayan articulando las medidas recogidas en el RD 8/2023 y su aplicación temporal que vendrá marcada por cuestiones tanto económicas, derivadas de la presión por el cumplimiento de la disciplina fiscal, como por cuestiones políticas, derivadas de los procesos electorales del próximo año.

Esta norma recoge un paquete de medidas que, de forma sinóptica, prórroga hasta junio la rebaja del IVA para los alimentos básicos y dejará en los próximos meses el IVA de la electricidad y del gas en el 10%. También se aprueban las rebajas al transporte convencional para prácticamente toda la población hasta finales de 2024 y se mantiene sin cambios sustanciales los impuestos a la banca y a las energéticas durante 2024, en este último caso, con beneficios fiscales derivados de su compromiso con la transición verde. 

Por su parte, el RD también confirma la subida de pensiones conforme al IPC del mes de noviembre de 2023 (3,8%). Según investigadores reputados, el mayor gasto en pensiones en 2024 será de unos 11.500 millones de euros, con un incremento del 8% respecto a 2023, considerando tanto el sistema general de la Seguridad Social como el Régimen de clases pasivas, y teniendo en cuenta no sólo la actualización anual, sino el mayor número de pensiones derivadas del acceso al sistema de los nacidos en el 'baby boom' y el efecto sustitución generado por la mayor cuantía de las nuevas pensiones devengadas respecto a la que se dan de baja.

El déficit creciente de la Seguridad Social hará que las transferencias de la Administración Central a la Seguridad Social para enjugar el déficit creciente derivado de la precaria relación entre cotizantes y beneficiarios hará que crezcan las necesidades de endeudamiento de las cuentas públicas nacionales con su repercusión sobre las generaciones futuras, sobre nuestros hijos, que tendrán que hacer frente vía impuestos a las cargas derivadas de la deuda pública para financiar este gap.

En su conjunto, se prevé que la inflación general promedio apenas se modere en 2024 respecto al 2023 (en promedio, 3,6% frente a 3,7%), por lo que seguirá realizando una contribución negativa al crecimiento.

La tercera causa del bajo crecimiento económico previsto para la eurozona (previsión de crecimiento para 2024 del 0,7% según CaixaBank Research frente al 1,4% de crecimiento potencial según el FMI) también tendrá un efecto adverso sobre nuestra economía. 

"Se vislumbra una resiliencia económica frente a la inflación"

Por su parte, la situación del mercado laboral en España muestra signos de fortaleza, al bajar la cifra de parados de los 3 millones e incrementar la remuneración de los asalariados. En todo caso, se vislumbra una resiliencia económica frente a la inflación, sin embargo, la persistente alta tasa de desempleo y el sobreendeudamiento público señalan una necesidad urgente de reformas estructurales. Las medidas tomadas durante la pandemia, como los ERTE, han demostrado ser amortiguadores efectivos contra el desempleo, mientras que el crecimiento del empleo y los salarios sugiere un mercado laboral dinámico. Con una tasa de paro proyectada en 2025 en torno al 11.3%, España casi dobla la media de Europa. Esta elevada cifra de parados está principalmente motivada por el gran peso que tiene en nuestra economía las actividades de escaso valor añadido, la muy débil productividad, el alto absentismo laboral agravado después de la pandemia, la demografía o el alto volumen de pymes, particularmente en nuestra región de Castilla-La Mancha.

En resumen, la productividad, que se ha mantenido estancada, y el alto endeudamiento público y externo se perfilan como los principales escollos. Sin embargo, la relativa solidez del sector exterior, que va a depender del comportamiento de las economías europeas a las que canalizamos más del 60% de nuestras exportaciones, y el saneamiento del sector privado ofrecen un contrapeso significativo. La clave para un avance sostenible radica en:

• La capacidad de España para impulsar la productividad, integrando inversiones en tecnología y actividades de alto valor añadido que generen mejores salarios y una renta per cápita más robusta. 

• La influencia de los fondos europeos Next Generation, junto con una política de reducción de cargas regulatorias y armonización fiscal con Europa sin endemismos fiscales impropios como los impuestos especiales sobre banca, energéticas o similares ocurrencias fiscales, serán iniciativas esenciales para potenciar la economía y alinearla con los estándares de la eurozona. 

La combinación de estas medidas podría posicionar a España no solo para enfrentar sus retos económicos actuales, sino también para fortalecer su Estado de bienestar y asegurar un futuro próspero.

Erase un país llamado Arcadia,  económicamente sólido, estable y solidario, donde vivía Juan Q. La vida no había sido fácil para él ya que, procediendo de una familia humilde, había logrado con su esfuerzo y sacrificio costearse sus estudios en una Universidad privada de reconocido prestigio. Su postgrado en varias escuelas de negocios y su capacidad intelectual y de gestión le hicieron promocionarse rápidamente en su escalafón profesional, llegando pronto a ser directivo de una gran empresa de servicios y consultoría industrial.

Esto le permitió pagar a sus hijos una formación elitista en un colegio bilingüe, dada las carencias de idiomas en la enseñanza pública; hacer frente a los recibos de una sociedad médica privada que le garantizaba a través de un seguro la mejor asistencia posible, sin listas de espera y cirugías programadas con plazos irracionales; poder costearse una vivienda de libre mercado en régimen de propiedad, con la duda de que las deducciones en IRPF derivadas de su compra se las hubiese apropiado el promotor a través de mayores precios; poder hacer frente a un plan de pensiones complementario (¿) al público, con el fin de mantener cierta dignidad en su retiro; contratar a un servicio de seguridad privada con el fin de garantizar cierta tranquilidad a su familia antes hechos desagradables que últimamente se había producido en su vecindario a pesar de los esfuerzo de los cuerpos de seguridad del Estado;….

Pero todos los años, religiosamente, a finales de mayo se enfrentaba, no sin cierta desazón, a su declaración del IRPF, porque a él nunca le salía negativa. Un profesional como él percibía unas altas remuneraciones por múltiples conceptos que hacían que sus cuotas estuviesen en consonancia con su nivel retributivo, y siempre la pregunta era la misma ¿y yo que recibo realmente del Estado que me compense, mínimamente, por el esfuerzo económico que me supone el pago de mis impuestos?.

Y, como persona documentada, algo le ha sonado en un debate ya antiguo pero que se ha realimentado en los últimos tiempos entre las regiones de aquél país. Ruritania, región de Arcadia,  se quejaba amargamente de que a través de sus impuestos abonaba más al Estado de lo que percibía en forma de políticas de gasto y, especialmente, en inversión pública lo que estaba condicionando seriamente las capacidades de crecimiento económico de “su” territorio. Y se le encendió una lucecita ¡Pero si esto es lo mismo que me pasa a mí!. ¡Yo también quiero una balanza fiscal individual!.

Y como todo cuento tiene su moraleja, esta es la que yo propongo: pensemos, si cada persona paga en función estricta de lo que percibe; si cada región aporta al Estado en función estricta de lo que percibe: donde queda la solidaridad, que puede ser tanto personal como territorial; donde queda la progresividad que hacen que paguen más los que más tienen; donde queda la redistribución de la renta y riqueza entre personas y regiones; donde queda la estabilidad social y democrática que sustenta la Carta Magna. En definitiva, Juan Q. está en su derecho de exigir una balanza fiscal personal, siempre que consideremos que los principios apenas esbozados no tienen cabida en el futuro político de convivencia, lealtad y solidaridad tan necesarios para la estabilidad de Arcadia.

Cerrada la vorágine de las elecciones autonómicas y locales, conviene reflexionar sobre la situación económica de nuestra región y aportar humildemente desde la Academia de Ciencias Sociales aquellos temas que pueden ser trascendentes en un programa estratégico de nuestra Comunidad, para cualquier Gobierno que se constituya tras el paso por las urnas.

Creo que nuestra Comunidad ha progresado adecuadamente en garantizar una vertebración social, aunque habría que hacer un esfuerzo suplementario para reducir las diferencias en términos de renta per cápita con la media nacional. En mi opinión, y dando por supuesto el desarrollo de una política social bien fundamentada y desarrollada en la que se han volcado particularmente los sucesivos gobiernos regionales, serían necesarias un conjunto de acciones estratégicas que resumiría en las siguientes con el fin de dar un salto cualitativo en la próxima legislatura:

1) Ha de alentarse el dinamismo empresarial. Si la empresa privada es la principal generadora de riqueza y empleo, se le debe apoyar para que consigan ser más innovadoras, se abran en mayor medida al exterior y busquen su tamaño eficiente. Será la forma de que sean más competitivas. De esta forma se asegurará el mantenimiento y la creación de nuevos puestos de trabajo. Es fundamental entender qué necesitan y ayudarlas lo máximo posible, con un enfoque de colaboración público-privada, más necesario que nunca.

2) Alinear nuestro sistema fiscal autonómico para que sea competitivo y no se produzca emigración de personas y empresas a otras regiones. Se requieren medidas fiscales estructurales, centradas sobre todo en el establecimiento de incentivos que creen y atraigan actividad y riqueza, que generen inversión y creación de empleo y que prioricen también la inversión en I+D+i. El objetivo ha de ser incrementar la recaudación sin crear nuevos impuestos ni subir los existentes, sino incrementando las bases imponibles. Para ello, la generación de una estructura empresarial que garantice un empleo estable y de calidad resulta clave con el fin de incrementar los niveles de renta personal, beneficios empresariales y consumo regional. 

3) La dotación de infraestructuras adecuadas, modernas y efectivas impulsan el desarrollo económico a medio y largo plazo. Generan avances en competitividad, bienestar y cohesión territorial. Castilla- La Mancha debe ordenar, racionalizar y rentabilizar sus proyectos futuros de inversión teniendo en cuenta las necesidades de la región. El desarrollo de nuevas infraestructuras y servicios digitales permite eliminar las barreras geográficas físicas y debería contribuir a fijar empresas y población en zonas con baja densidad demográfica.

Aprovechamiento de recursos hídricos

Especialmente, una política de aprovechamiento de los recursos hídricos es determinante para mantener una agricultura eficiente y rentable. Se debe promover un amplio pacto social para reclamar una política hídrica nacional más sostenible, que asuma los principios compartidos de la Directiva Marco comunitaria del Agua, propicie una mayor participación autonómica, defienda los derechos de desarrollo local a través de los regadíos sociales, restrinja los trasvases a las necesidades básicas probadas y, garantice la conservación y recuperación ambiental de los ríos y acuíferos.

4) La educación y la formación deben estar enfocadas a la empleabilidad futura, teniendo en cuenta las necesidades de las empresas y de la sociedad, de forma que se facilite la incorporación de los jóvenes al trabajo. Debe fomentarse el dominio de idiomas, el conocimiento de las nuevas tecnologías digitales y la formación continua en las empresas para asegurar la actualización de los trabajadores en activo. Hay que impulsar la Formación Profesional dual involucrando al máximo a la empresa y a la Universidad, como colaboradores naturales, en la fijación de los contenidos educativos flexibles y adecuados a la demanda del mercado laboral.

5) Castilla-La Mancha, en los Presupuestos anuales de la JCCM, debe priorizar el ajuste presupuestario y la reducción de la Deuda Pública. Se necesita contar con cierto colchón fiscal que permita responder ante la posibilidad de una nueva crisis económica que genere gastos extraordinarios y de una previsible subida de tipos de interés. Castilla-La Mancha no puede endeudarse de manera excesiva, ya lo estamos; y deberíamos ir digiriendo la importante deuda que acumulamos., porque la deuda la pagaremos con la renta futura de los ciudadanos y la capacidad productiva futura de todas las empresas y autónomos.

6) Por último, hay que realizar una revisión integral del gasto público mejorando la calidad y eficiencia. Dadas las limitaciones de capacidad fiscal que tiene nuestra Comunidad y con el fin de ser menos dependientes de transferencias de nivelación, la JCCM ha de ser un modelo de eficacia, aprovechando al máximo los recursos que emplea para mejorar el servicio que ofrece a los contribuyentes y ser lo más eficiente posible. Hay que seguir recordando que el dinero público es de todos y que más gasto, por sí mismo, no significa mejor servicio. Se debieran introducir herramientas que evalúen la eficiencia individual y de los distintos servicios ofrecidos, así como mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Y todo ello, sin perjuicio de presionar para una revisión del modelo de financiación autonómica que resulta fundamental para dar estabilidad a nuestras finanzas públicas.

Se acaba de abrir, el 11 de abril, el período de declaración- liquidación del IRPF correspondiente al ejercicio fiscal 2022. Conviene pues recordar, sin ser exhaustivos, una serie de chequeos previos y generales que afectan a la mayoría de los contribuyentes a la hora de presentar o confirmar el borrador de declaración del impuesto: más allá de las deducciones, sobre las que luego volveremos, hay dos decisiones útiles para ahorrar al hacer la declaración de la Renta. Se trata de que confirme su aplicación en esta declaración o bien lo tenga en cuenta para futuros ejercicios:

¿Me conviene optar por tributación conjunta o individual?

La declaración conjunta sólo la pueden hacer quienes estén unidos legalmente (no se incluyen parejas de hecho) o en defecto de matrimonio, el padre o la madre junto con los hijos menores de 18 años. Existe una gran diferencia entre hacer la declaración como matrimonio o que cada cónyuge tribute por su cuenta. Como recomendación general, será mejor hacer la declaración conjunta cuando solo uno de los cónyuges trabaja o uno de ellos gana menos de 3.400 euros, así como en determinados casos si ambos invierten y  uno tiene ganancias y el otro pérdidas. Por el contrario, en general, será mejor hacerla individual si los dos trabajan, así como si están deduciendo por adquisición de vivienda o se vive de alquiler.

¿He realizado aportaciones a planes de pensiones calificados?

La gran ventaja de los planes de pensiones es que permiten ahorrar en el IRPF de forma inmediata, aunque ha dejado de ser tan generosa como en el pasado. Aunque suele hablarse de deducción por invertir en planes, en realidad se trata de una reducción, ya que el dinero invertido sirve para minorar la base imponible. Para que se entienda mejor, ese dinero se restará a lo que has ganado de manera que si ingresas 40.000 euros e inviertes 1.500 euros en planes de pensiones calificados (limite máximo en este ejercicio para planes de pensiones individuales), sólo deberá tributar por 38.500 euros con el consiguiente ahorro fiscal al descontar la inversión al tipo impositivo más alto que se le aplique. Este ejercicio la deducción de planes individuales se ha recortado a 1.500 aunque al tipo marginal del contribuyente sigue siendo un beneficio fiscal interesante.

Si eres arrendador de bienes inmuebles tienes que tener especial cuidado en el chequeo. Si eres propietario de un inmueble en alquiler, puedes deducir de la renta sujeta a IRPF los gastos incurridos para obtenerla: IBI, anuncios, agencia, seguros, comunidad… y también los gastos de reparación y conservación -no mejoras ya incrementan el valor de la propiedad y son susceptibles de amortización- y los intereses de préstamos para la compra o ampliación del inmueble (estos con un límite). Si el inquilino utiliza la vivienda como habitual, lo cual debe constar en el contrato de arrendamiento, solo deberá imputar el 40% del rendimiento neto de gastos deducibles.  

Por su parte, los bienes inmuebles (viviendas de ocio, garajes, etc), distintos de la vivienda habitual y no arrendados, imputan una renta de uso que, en el caso más general, será el 1,1% del valor catastral, referenciado en el recibo del IBI. Por la vivienda habitual no se tributa.

Revisa tus gastos como profesional

Si paga cuotas sindicales, cuotas al colegio profesional de forma obligatoria o si has tenido un pleito laboral y has pagado honorarios al abogado y procurador, esos gastos se deducen de los rendimientos del trabajo, con lo que pagará menos por ellos. También es importante para el año próximo, si no lo has hecho este, que valores si te interesa estar en módulos o en estimación directa como empresario individual.

Para el ejercicio fiscal 2023 que declararemos en 2024, conviene señalar que, en el caso de actividades agrícolas y ganaderas en estimación objetiva, para compensar el incremento de costes de producción en el sector, además de una reducción del rendimiento neto del 10% (en 2022, será el 15%), se podrá deducir, con justificación documental, el 35% del precio de adquisición del gasóleo agrícola y un 15% de los gastos por fertilizantes.

Si tienes más de 65 años y has transmitido su vivienda para, entre otras razones, complementar su pensión, debe ser consciente que la plusvalía que obtendrá estará libre de impuestos.

Si tienes bienes, activos o derechos económicos que ha vendido, en la mayor parte de los casos se produce una ganancia patrimonial gravable pero recuerde que las ganancias compensan las pérdidas de otros activos, por ejemplo, minusvalías por la venta de acciones o participaciones en fondos  y viceversa y actúe en consecuencia. No olvides que si el último trimestre fue malo en bolsa y habrá podido aflorar pérdidas si vendió acciones o participaciones en fondos de inversión, puede ser un buen momento para compensarlas fiscalmente de otros activos.

Asimismo, si has vendido elementos patrimoniales adquiridos antes de 1994 puedes aplicar un régimen transitorio ventajoso que podría hacer que la ganancia patrimonial gravable se reduzca de forma significativa. Esto afecta especialmente a la venta de vivienda con más de 27 años de antigüedad en la compra. Asimismo, recordamos la posibilidad de dejar exenta de tributación la plusvalía generada en la venta de la vivienda habitual siempre que el valor total de la venta se reinvierta en la compra de otra vivienda habitual, pero habrá que confirmar los requisitos.

Como recordatorio importante, no olvidar que las ayudas y subvenciones públicas, salvo que no tenga obligación de declarar el contribuyente, deben declararse como ganancias de capital que se acumularían a la base imponible general, es decir, van a tarifa general. Un ejemplo es la devolución de una subvención recibida para la adquisición de una vivienda de protección oficial, como consecuencia de haber incumplido el requisito de no vender la vivienda en un determinado plazo. En el ejercicio fiscal 2022 debemos prestar atención a los bonos joven de alquiler, el bono cultural o el cheque de 200 euros que podrían entrar en este ámbito.

Si tienes derecho a deducir por compra de vivienda habitual, deberás comprobar que se ha aplicado correctamente. Si se compró la casa antes de 2013, se deduce el 15% de lo pagado, intereses y capital amortizado, para comprar la vivienda, hasta un máximo de 9.040 euros, o de 18.080 si lo paga con su cónyuge y declaran por separado. Ha debido, para optimizar el beneficio fiscal, amortizar anticipadamente una cantidad que llegue hasta ese límite y así aprovechar íntegramente la deducción.

Deducción por inversión en empresas de nueva creación

Se conoce como la deducción de los Business Angels y permite desgravar un 20% de la inversión en compañías nuevas o de reciente creación sobre una base máxima de 50.000 euros.  

No podemos olvidar en una comunidad autónoma con dos ciudades Patrimonio de la Humanidad, la posible deducción del 15% en gastos e inversiones por actuaciones para la protección y difusión del patrimonio histórico español y de las ciudades, conjuntos y bienes declarados como patrimonio mundial.

Como novedad, en el apartado de las deducciones de la cuota íntegra la principal novedad del modelo correspondiente a 2021, y que se prorroga para el ejercicio fiscal 2022,  es la inclusión de la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas introducida con efectos desde el 6 de octubre de 2021, por el artículo 1 del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por su parte, se pueden descontar de la cuota de la autoliquidación, si no se ha disfrutado de ellas en forma de subvención directa, las deducciones por maternidad y por descendientes con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes, ascendientes con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes, familia numerosa, familia monoparental con dos hijos y por ascendientes separados con hijos a su cargo.

Para 2022, se ha ampliado el ámbito de aplicación de la deducción por maternidad, incorporando, en particular, las de aquellas madres que, por razones sobrevenidas, han dejado de trabajar como consecuencia de ERTES o situación de desempleo, con efectos retroactivos para ejercicios 2021 y 2020, habilitándose casillas específicas para que puedan aplicar la deducción que no pudieron disfrutar en su momento.

El IRPF se divide en un tramo estatal y otro autonómico. Dentro del segundo cada región puede establecer sus propias deducciones de IRPF en función de sus intereses. Castilla-La Mancha es una Comunidad Autónoma que ha hecho uso intenso de sus competencias y, por lo tanto, regula deducciones propias de aplicación a los contribuyentes que tengan su residencia habitual en este territorio.

Las deducciones propias de Castilla-La Mancha, reguladas mediante Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias

En el caso de Castilla-La Mancha se mantiene en este ejercicio fiscal las deducciones para luchar contra el despoblamiento rural a partir de la consideración de poblaciones con alto o extremo riesgo de despoblamiento. En particular, se establecen deducciones de la cuota autonómica por habitar en estas zonas rurales, por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual o por traslado a estas poblaciones.

En 2002, se amplía la deducción por residencia en zonas rurales despobladas, incorporando a las deducciones previstas nuevos supuestos en casos de intensa despoblación en municipios inferiores a 5.000 habitantes.

En términos generales, las deducciones más relevantes son las siguientes, para el ejercicio 2022: acogimiento familiar no remunerado de menores, acogimiento no remunerado de mayores de 65 años o discapacitados, arrendamiento de vivienda habitual a menores 36 años, donaciones para cooperación internacional, pobreza, exclusión social y ayuda a la discapacidad, discapacidad del contribuyente y ascendientes o descendientes, donaciones para investigación, desarrollo científico e innovación empresarial, familia numerosa, gastos por adquisición de libros de texto y enseñanza de idiomas, nacimiento o adopción de hijos, gastos de guardería, y por  mayores de 75 años.

En 2022 se ha ampliado el ámbito de la deducción por adquisición de libros de texto y gastos educativo, incorporando las actividades de refuerzo escolar y digitalización. La deducción por gastos de guardería pasa del 15 al 30% y duplica la cuantía máxima por hijo de 250 a 500 euros. La deducción por acogimiento familiar no remunerado de menores se amplia a casos de acogimiento familiar temporal

Como novedades destacaríamos cuatro:

- La deducción por gastos en intereses de financiación ajena para la adquisición de primera vivienda habitual por menores de 40 años, siempre que el préstamo se realice a tipo de interés variable, con una deducción de entre 100 y 150€ dependiendo de la Base del contribuyente.

- La deducción para compensar los efectos de la inflación en la cesta de la compra que pueden ir de 100 a 200€ dependiendo de la cuantía de la base del contribuyentes, con posibilidad de incrementarlo en función del número de hijos dependientes.

- La deducción por inversión en acciones y participaciones sociales en sociedades mercantiles de la economía real y productiva, como consecuencia de los acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital. En este caso, la deducción puede ser del 20% de las cantidades invertidas, con una base máxima de deducción de 4000€. Si bien, las participaciones no pueden comportar un control de la sociedad, que debe estar domiciliada en Castilla-La Mancha. Las participaciones deben mantenerse al menos 3 años.

- La deducción por inversión en entidades de las economía social (Cooperativas, Sociedades Laborales, etc.) en términos muy similares a la anterior.

Conviene chequear si tenemos derecho y si han sido bien aplicados en nuestro caso, teniendo en cuenta que los requisitos para disfrutar de ciertos beneficios fiscales son muy exigentes para acotarlos a contribuyentes muy específicos. Y…. solo queda liquidar y esperar que el resultado de autoliquidación sea razonable para nuestros intereses.

Un tema central en la articulación de un sistema coherente y racional de financiación autonómica va a ser la determinación de los criterios para la valoración de costes en la prestación de servicios, a cargo de las Comunidades Autónomas, a los que vincular las necesidades de gasto.

Resulta altamente complicado realizar una estimación directa de las necesidades de gasto homogéneo por comunidad autónoma, por lo que una alternativa evidente a partir del modelo actual sería revisar la definición de población ajustada para que refleje el principio de unidad de necesidad de forma más uniforme en todos los territorios.  

El concepto de población ajustada del modelo actual no responde a un estudio riguroso de necesidades, sino a unas ponderaciones que intentan incorporar las diferencias en necesidades y en costes de oferta en la provisión de servicios públicos básicos. Así, se intenta ajustar por la pirámide de población para tener en cuenta los colectivos que requieren mayor gasto. Entendemos que debería revisarse la incidencia que el volumen de población menor de 24 años y la mayor de 65 años tiene sobre el coste final de la prestación de servicios públicos, aunque es evidente que la ponderación asignada a variables de este tenor será siempre discutible si no se realiza un análisis riguroso de su incidencia en la utilización de los servicios públicos.

Es mucho más problemática la inclusión de variables no poblacionales, como la superficie o la dispersión de la población. Entre otros elementos a considerar, no suelen tenerse en cuenta los costes fijos en que se incurre para la prestación de los servicios que resultan especialmente gravosos en aquellas Comunidades de menor tamaño o con una mayor dispersión poblacional por lo que tienen que realizar mayores inversiones en colegios o centros de salud. En este sentido, parece especialmente deficiente la definición de la variable “dispersión” que tiene en cuenta exclusivamente el número de entidades singulares, núcleos de población de cada CA, sin considerar factores tan relevantes como densidad de población o distancia entre núcleos de población.

Valga como ejemplo que no parece razonable que Asturias y Cantabria, Comunidades uniprovinciales con muchas entidades singulares con distancias reducidas entre ellas, se beneficien en mayor medida de esta variable que las comunidades autónomas con mayor extensión geográfica de nuestro país: Castilla-La Mancha, Andalucía o Aragón. Es evidente que habría que considerar de manera rigurosa la distancia de la población a los centros educativos y sanitarios, la necesidad de una mayor dotación de centros para prestar los servicios públicos, especialmente en el caso de la educación obligatoria y la atención sanitaria primaria, y, en general, todos los factores que determinan el sobrecoste en la prestación de los servicios públicos derivados de la dispersión poblacional y el vaciamiento territorial.

Otro elemento que habría recuperar en relación a modelos anteriores es la variable renta per cápita, ya que su no consideración compromete el objetivo de solidaridad interterritorial que se pretende con la nivelación. Es un hecho contrastado que las CA., con menor renta per cápita tienen un mayor porcentaje de usuarios tanto de sanidad como de educación pública, al no disponer de oferta razonable en el sector privado. Las variables poblacionales no explican adecuadamente el coste de la prestación de los servicios públicos por cuanto ignoran la participación del sector privado en su provisión y, por tanto, el efecto en los costes que se derivan de la reducción de usuarios de los servicios públicos.

Entendemos que, ante una falta de revisión integral del modelo, el debate se va a centrar en la determinación de las variables que configuran el índice de población ajustada en el modelo vigente y que será determinante del reparto de los Fondos, y aquí nuestra Comunidad tiene que jugar sus cartas en coalición con aquellas otras que tienen una problemática similar, sin que los colores políticos puedan distorsionar decisiones que afectan al bienestar de nuestros ciudadanos.