Estos días publican los medios de comunicación que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes comienza a tramitar el expediente de indulto del Ex Fiscal General del Estado condenado por el Tribunal Supremo en sentencia 1000/2025 de fecha 9 de diciembre de 2025 como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años. Además, incluía el pago de las costas y las indemnizaciones que se entendían que correspondían.

La solicitud de indulto realizada por dos ciudadanos, encuentra su amparo en lo que autorizan los artículos 62 de la Constitución Española, 130.4 del código penal y el artículo 19 de la ley 18/6/1870 reguladora para el ejercicio de la gracia de indulto, y corresponde al Gobierno, el ejercicio del derecho de Gracia del ya mencionado artículo 62 de la Constitución.

Y el indulto solicitado se basa, a juicio de los solicitantes, en evidentes razones de justicia, equidad y utilidad pública.

Y es aquí donde se puede analizar o razonar sobre los motivos que aconsejan su concesión.

En primer lugar, la solicitud del indulto y la eventual aceptación del mismo por parte de la persona condenada, no supone aceptar su responsabilidad en los hechos. La sentencia ha establecido unos hechos y unas consecuencias jurídicas de los mismos. Esto es así conforme a las normas de procedimiento y a las reglas del Estado de derecho. Pero la discrepancia con la sentencia, que no implica su no acatamiento, es, a su vez, un derecho de cualquier ciudadano, y especialmente del propio condenado. De modo que el aceptar el indulto no priva de que pueda ejercer su derecho a recibir amparo constitucional por entender que se han vulnerado, precisamente, sus derechos constitucionales en la sentencia.

En segundo lugar, los solicitantes entienden que es de justicia su concesión. La sentencia ha generado una amplia controversia jurídica, legítima en el Estado de derecho, que se pone de manifiesto por el voto particular que dos magistradas integrantes del Tribunal, y por el debate jurídico suscitado con respecto a haberse podido conculcar gravemente el principio constitucional de la presunción de inocencia y el principio general del derecho “in dubio pro reo”. Estas importantes dudas, o ausencia de certezas en un proceso penal, hacen necesario que en interés de la justicia se dé la respuesta que el derecho de gracia constitucionalmente reconocido, puede ofrecer.

En tercer lugar, hay razones de equidad. La equidad significa dar a cada uno lo que merece atendiendo a las circunstancias que concurren en la persona a quien se ha de aplicar. Esto que puede decirse de Álvaro García Ortiz como merecedor de que se aplique el principio de equidad, justificante de la gracia de indulto, lo manifiesta la propia sentencia condenatoria, cuando en el Fundamento Jurídico Sexto al individualizar la Pena y refiriéndose al fiscal acusado, expresa que éste posee una trayectoria en una carrera estrechamente ligada con la Administración de Justicia, cuya brillantez y dedicación no nos pasa desapercibida y no podemos dejar de tomar en consideración. Basta con atender a la propia valoración del Tribunal sentenciador para que sea adecuada la consideración de que la razón equitativa para aplicar la gracia de indulto está plenamente justificada.

Y, por último, existen razones de utilidad pública. El Ministerio Fiscal es una Institución Constitucional con el mandato de defender legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. Es, por lo tanto, sujeto de un interés público y lo es, también atendiendo a lo que dice la Sentencia, en el mismo Fundamento Jurídico citado, cuando afirma que el entonces Fiscal General, actuó con el deseo prevalente, de salir en defensa del prestigio de la institución que representaba, aunque, y esto lo dice también la sentencia, ello no anula su antijuricidad, porque, de lo contrario no podría condenar, aunque es evidente la duda que late en todo el razonamiento. Por lo tanto, es de utilidad pública reconocer el conflicto ante el que la Institución del Ministerio Fiscal pudo encontrarse ante noticias falsas, y el deseo del Fiscal General de defender la Institución, lo que hizo hasta el final con alto coste personal, familiar y profesional, en una actuación que el Tribunal considera antijurídica y que nuevamente siembra de dudas y abunda la discrepancia con su definitiva resolución.

La otra consideración a tener en cuenta se refiere a que la concesión de la gracia de indulto no perjudica a terceros, lo que queda suficientemente acreditado por su naturaleza de justa, equitativa y de interés público. Pretender que causa daño a terceros como obstáculo para su concesión, sería admitir el ensañamiento particular, y la bajeza moral de quien lo sostenga, y aunque estos conceptos puedan esgrimirse no deben ni pueden ser aceptables en una sociedad española democrática y acorde con los valores constitucionales que la informan desde su preámbulo. 

En definitiva, es justo, equitativo y de interés público que el Gobierno de España indulte al Sr. D. Álvaro García Ortiz totalmente, de la pena y accesorias impuestas. 

Por fin la Sala II del Tribunal Supremo justificó la condena del Fiscal General del Estado, mediante una sentencia que es objeto de todo tipo de comentarios y que se sitúa en el centro de lo que se está convirtiendo la sociedad española: en dos polos al parecer irreconciliables desde que algunos se negaron a reconocer la legitimidad de un gobierno nacido de las urnas y están llevando a una imparable degradación de las Instituciones democráticas. Ahora es el turno de la justicia, a la que se suma la Sala Segunda con la instrucción de un proceso incomprensible contra el ya exfiscal general y con una sentencia decepcionante y alarmante para quienes durante muchos años desempeñamos la función pública en el Ministerio Fiscal.

La sentencia es, y será, objeto de multitud de comentarios, algunos aplaudiendo la seriedad de su formulación y la valoración de los indicios, y otros, todo lo contrario. Propio de los diferentes modos de vivir la realidad social en que se encuentra la sociedad española. A nuestro juicio, desde la atalaya de la jubilación y los años de servicio público y ejercicio del derecho, la sentencia es decepcionante y, también, alarmante. La falta de prueba de la filtración –únicamente apoyada en conjeturas particulares en contra del reo y con desprecio de pruebas concluyentes en sentido contrario aportadas por los periodistas a los que se dice creer para no hacerlo– y la consideración de una divulgación punible en la nota de prensa que asumió el propio fiscal general para desmentir una información mentirosa que insultaba al Ministerio Fiscal y que ya divulgaba lo que ahora es prueba de cargo, todo esto hace de la sentencia un modelo contrapuesto a los principios elementales del derecho penal, como ponen de manifiesto las magistradas discrepantes en su contundente voto particular. En definitiva, una desgracia de sentencia que supone una desgracia para el Estado de derecho.

La decisión de la Sala Segunda es objeto de análisis y lo seguirá siendo por mucho tiempo. Pero hay una cuestión tan importante como todo esto, si no más, y es la situación injusta en que esta desgraciada sentencia coloca a la Institución del Ministerio Fiscal y particularmente a Álvaro García Ortiz. El factor humano siempre presente en todas las circunstancias sociales.

Porque Álvaro García Ortiz ha sido víctima de una injusticia que ha desembocado en una sentencia injusta, y lo ha sido por una cuestión fundamental: porque ha defendido con dignidad una Institución constitucional de la democracia como es el Ministerio Fiscal. La ha defendido no solo con la publicación de la nota que un instructor y un Tribunal, humana y jurídicamente insensibles, consideran punible, sino con su permanencia en el cargo a través de la incomprensible y absurda instrucción y de las vejatorias sesiones de juicio oral.

Y aquí podemos hacer otra reflexión sobre el papel del Poder Judicial, papel que es fundamento de la democracia y que siempre ha de tener en cuenta los principios constitucionales, en particular aquel que establece en el artículo 117 que la justicia emana del pueblo, que no es propiedad de nadie; ni, por supuesto, de los funcionarios judiciales que la han de aplicar y que han de ser conscientes de que sus decisiones son determinantes para la estabilidad democrática y para el estado de derecho, sin el que no existe libertad ni democracia. Relativizar los principios del derecho penal son factores peligrosos de inestabilidad.

La alternativa a la digna decisión de Álvaro García Ortiz de no dimitir, en lugar de hacerlo como se lo pedían tanto enemigos como también amigos, hubiese sido humanamente comprensible. Ahora bien, esa decisión hubiera trasladado a la sociedad un mensaje muy peligroso, ya que bastaría que un malintencionado delincuente, y los hay muy poderosos también en la política, dirigiera una querella contra cualquier fiscal que ejerce su función pública –no olvidemos que en defensa del interés público y promoviendo el interés social como dice la Constitución– para intimidarlo hasta conseguir apartarle de su función. Una persona digna y consecuente con su cargo no podía dar semejante paso. Y por esa dignidad García Ortiz ejerció en todo momento sus funciones y asumió la responsabilidad de desmentir una información falaz que trataba de debilitar a una Institución del Estado; precisamente esa actitud, la de defender la democracia, le ha llevado a la condena. Y esa actitud digna también le ha llevado a una situación dolorosa en lo personal y, no lo olvidemos, en lo familiar.

Álvaro García Ortiz ha sido, y es, un digno defensor de la democracia. La injusticia legal se corregirá, no nos cabe duda, pero el daño a la persona, y a su familia, solo se puede reparar con reconocimiento y afecto. Reconocimiento y afecto que deseamos le llegue de todo corazón por parte de todos los que reconocemos en Álvaro un defensor de la democracia y del pueblo, para el que siempre procuró hacer un Ministerio Fiscal promotor del interés social. La democracia tiene una deuda con él y con su familia.

El acto de la toma de posesión de Teresa Peramato no deja de ser un momento doloroso por la injusticia que lo genera, pero, a la vez, es una puerta abierta y llena de esperanza, porque sabemos, con certeza, que la nueva fiscal general participa de la misma dignidad personal, capacidad jurídica y compromiso con los valores constitucionales del Ministerio Fiscal que su antecesor ha mantenido durante su mandato al servicio del pueblo del que emanan los poderes del Estado.

Trece fiscales de Sala han dirigido una carta al fiscal general del Estado pidiendo su dimisión, en un acto que rompe con el respeto que deben tanto a la Institución a la que sirven, como a los ciudadanos y a la democracia a la que se deben. Con este modo de proceder, estos fiscales no solo atentan contra los valores democráticos e institucionales que dicen querer preservar, sino que someten al Ministerio Fiscal a la tensión insoportable a la que la carta se refiere, pues expresa lo mismo que los medios con posiciones próximas a la oposición política al Gobierno vienen manteniendo cada día, convirtiéndose sus autores en actores políticos, lo que no les corresponde como funcionarios públicos.

Llega a tal punto la deslealtad al Ministerio Fiscal, la falta de profesionalidad y de comportamiento ético, que critican públicamente la actuación de la representación pública en el proceso calificándola de “insólita” y “contraria a la lógica procesal más elemental”, como si fueran parte del proceso y su interesado entender del mismo fuese el que debe considerarse como único válido. Todo esto es muy grave, y merecedor, como mínimo, de reproche disciplinario, además de la vergüenza ajena que se siente ante tanto descaro y atrevimiento.

Al contrario de lo que se sostiene en la carta, somos muchos los que pensamos que el fiscal general no debe dimitir. No solo porque no vemos razón alguna para ello a la luz de los “hitos ampliamente difundidos” a que la desafortunada carta alude; porque los hitos que se conocen, y que han puesto de manifiesto en el proceso tanto la defensa del investigado como el Ministerio Público, constituyen, de una parte, una ausencia de elementos de prueba incriminatorias, y de otra, un desprecio a las que, por el contrario, suponen elementos de descargo. Así como con desconocimiento del funcionamiento del Ministerio Fiscal, amén de una, y esta sí verdaderamente insólita y desproporcionada actuación del instructor, acordando el registro del despacho y la incautación de los medios de trabajo y comunicación del fiscal general, llevada a cabo de un modo descortés, al llevarse a cabo sin su presencia, y por un tan dilatado periodo de tiempo que hubo de rectificar seguidamente, y todo ello en base a unos hechos de dudosa tipicidad en los que ni se atisba la participación de los fiscales investigados.

Y entendemos que no debe dimitir, también y precisamente, por y para defender la Institución del Ministerio Fiscal, porque frente a todo lo que malintencionadamente contiene esa carta, los que creemos en la honradez y rectitud en el ejercicio del cargo del actual fiscal general, estamos convencidos de que debe continuar trabajando para que el Ministerio Público sea la Institución que cumpla con el mandato constitucional de defender el interés público y promover el interés social, por mucho que el contenido de estos conceptos, consagrados constitucionalmente, no sea el que les gustaría a los firmantes de la ominosa carta y a los intereses políticos que la misma esconde.  

En la vida y como modo de comportamiento social, se suele decir que “hay que saber estar”. Este saber estar es comportarse adecuadamente al entorno en que uno se encuentra, al contexto social en el que se desarrolla la relación social, manteniendo la propia identidad. Este modo de comportarse también es parte de lo que consideramos el comportamiento democrático, es decir de respeto y de consideración a los derechos de los que comparten ese espacio social, sin renunciar a las propias convicciones. En el caso de funcionarios públicos, con mayor razón, en el respeto a la Institución a la que se sirve y a sus reglas.

Sin embargo, creo sinceramente, que los responsables de las asociaciones Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), no “saben estar” en este momento difícil del Ministerio Fiscal en España. Ni saben estar, ni cumplir con las más elementales reglas de la Institución. Parecen carecer de empatía, no solo en el entorno profesional, sino en la comprensión humana de compañeros que por avatares de circunstancias políticas que nunca debieron producirse, reciben de ellos deslealtad institucional con daño a las personas, y sin importar el efecto grave que se produce en las Instituciones. El resultado de ese comportamiento es hacer daño, en este caso al Ministerio Fiscal y, en consecuencia, dañar a la democracia.

Las actuaciones de la Asociación de Fiscales (AF), recogiendo firmas para poner en entredicho al Fiscal General en un momento tan difícil, o la personación de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) como acusación “popular” en la incomprensible causa que el Tribunal Supremo sigue contra el mismo y contra la fiscal jefe provincial de Madrid, demuestran que anteponen al elemental “saber estar” social, profesional y democrático, un interés torticero incompatible con la función pública que ejercen sus afiliados y que rompe el vínculo de confianza entre los ciudadanos y su deber público. 

Y, de este modo, traicionan los fines constitucionales de la Institución para la que trabajan y por la que perciben un salario, que no son otros que defender el interés público y promover el interés social, fines traicionados precisamente por poner en entredicho a la Institución constitucional encargada de defender y promover tales intereses. Fines, que son de la Institución a la que corresponde su interpretación, y no a los funcionarios agrupados en una asociación profesional. 

Esto es así, pues como funcionarios vienen obligados a cumplir el ordenamiento jurídico y, naturalmente, lo que establecen su propia ley reguladora y el reglamento que la desarrolla, donde se determina que las asociaciones de fiscales tendrán como fin lícito la defensa de los intereses profesionales de sus miembros. Y parece evidente que, ni constituirse en acusación “popular”, ni recoger firmas para, en un caso solicitar condenas, y en otro pedir la dimisión del titular de una Institución cuya elección y/o cese se regula expresamente en la Constitución y en la ley, se pueden entender ni considerar de interés profesional, por mucho que se quiera retorcer la interpretación del interés profesional. No creo que todos los afiliados a estas organizaciones participen de estos criterios de actuación tan dañinos.

Porque no cabe duda, que por no saber estar, ambas asociaciones están dañando gravemente la Institución del Ministerio Fiscal ante la opinión pública y ante los propios funcionarios de carrera que la integran, y muestran una notable indiferencia hacia los problemas que aquejan a la misma y a las personas que las dirigen en estos momentos, incumplen las normas reguladoras de su actividad como funcionarios públicos, y se sitúan en una posición que invita a los ciudadanos a desconfiar del modo en que cumplen, en su trabajo, con la legalidad a la que vienen obligados.

Unas actuaciones de las que no parecen ser conscientes, ni de su gravedad ni de sus consecuencias. Lo que no es admisible en funcionarios con sus altas responsabilidades.

Las recientes actuaciones de la Sala II del Tribunal Supremo investigando al Fiscal General del Estado, y el modo en que se está llevando esta causa, nos causa perplejidad, como ciudadanos de a pie, como juristas que hemos servido durante largo tiempo como funcionarios del Estado y como demócratas conscientes de la importancia de contar con un Estado de Derecho fuerte y respetable que garantice los derechos de los ciudadanos y la fortaleza e integridad de las Instituciones que lo componen.

Los ciudadanos, a veces no alcanzan a entender los modos en que se administra justicia. Contribuye a ello la opacidad y los ritos en los que esta se desenvuelve. Como tampoco se alcanza a entender que, en ocasiones, los órganos más importantes del Poder Judicial y de su gobierno, se convierten en actores políticos, hasta el punto de poner en entredicho la aplicación de las normas que el Parlamento aprueba. O se utilizan los procedimientos judiciales impulsados por acusaciones sedicentemente populares, para actuar con influencia en el marco político y social.

Es el caso en que se abre una investigación al Fiscal General del Estado con la pretendida excusa de una filtración procesal de desconocido origen que, además, cabe pensar que se ha podido situar en múltiples intervinientes de ese proceso, con el grave riesgo de deslegitimar una figura esencial en el sistema democrático, y de este modo permitir que se dude de la rectitud de una Institución constitucional básica en el Estado de Derecho, pues es la encargada, dentro del ámbito de la Justicia, de defender el interés público y promover ante los Tribunales el interés social. Quizás porque existen otros intereses que están en desacuerdo con la defensa de los intereses públicos y sociales que en este momento defiende este Fiscal General. Otros intereses que corresponden a los sectores reaccionarios de nuestra sociedad anclados, también, en instituciones públicas, como ocurre en los sectores más conservadores y corporativos de la judicatura y la fiscalía, que incluso han llevado a una asociación de esta última, a ejercer la acción “popular” en este mismo proceso.

Y es en este proceso de investigación, donde parece incomprensible, la controvertida motivación por desigualitaria con los otros posibles implicados en la misma cuestionada filtración, así como con las actuaciones practicadas en los frecuentes supuestos de denunciadas vulneraciones del secreto de las deliberaciones de salas de justicia o en órganos constitucionales, la diligencia acordada por el instructor consistente en la entrada en el despacho del Fiscal General para incautar toda la información que se contenga en los dispositivos y medios informáticos, algo para lo que la Ley de Enjuiciamiento Criminal es extremadamente cuidadosa exigiendo en su artículo 588 bis a) que dichas actuaciones de investigación sobre el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información que han de realizarse con “plena sujeción a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida” En este caso ni la excepcionalidad, ni la necesidad, ni la proporcionalidad de la medida parece encontrar su razón de ser como primera actuación instructora, y singularmente al ir dirigida contra las personas que ostentas cargos institucionales relevantes, aun conociendo la razonable existencia de otros posibles autores. ¿Qué ha podido ocurrir para actuar tan al margen de la razón común, de la razón jurídica y de la razón democrática?

La verdad es que ni los propios conocedores del mundo judicial alcanzamos a entender esta actuación, en la que se procede de modo tan insensible por la gravedad de lo que se promueve, que resulta extremadamente desproporcionado habida cuenta que la imputación lo es por un delito menos grave del art 497 CP y que la consecuencia inmediata es causar grave daño al prestigio de las Instituciones, y por ello a nuestro estado de derecho y a la democracia, a través del Fiscal General del Estado, por cierto, no del gobierno, poniendo bajo sospecha la actuación de todo el Ministerio Fiscal y sus funciones constitucionales, entre las que se encuentra la de velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes.

Es por lo que pensamos que es necesaria una profunda reflexión sobre nuestro actual sistema de instrucción penal, y su adecuación a los modelos de los países de nuestro entorno, así como sobre la participación de acusaciones populares que no siempre pueden que estén movidas por el interés de la justicia. Y desde luego la consideración de que el adecuado funcionamiento de las Instituciones constitucionales, y los mecanismos de control de las mismas, es la base para una sociedad justa y democrática.

El terrible suceso acaecido en el pueblo toledano de Mocejón, que ha sobrecogido a la población española, nos ofrece un puñado de reflexiones que pueden poner ante el espejo a nuestra sociedad, sus comportamientos, sus reacciones ante sucesos imprevistos y también sus carencias. Algunas de las observaciones que podemos extraer de los hechos podrían ser: 

La primera es la que va unida al dolor y la incomprensión. ¿Cómo es posible que un niño de once años que está jugando en el polideportivo del pueblo pueda perder la vida así? ¡Qué dolor el de los padres y de todos los que quieren a esa criatura!

La segunda que también conmueve, por incomprensible en una sociedad tolerante, es la reacción observada en las redes sociales y auspiciadas por esa caterva de individuos que no tienen la menor capacidad de empatía y que, saltando sobre el dolor de las víctimas, muestran una actitud racista o xenófoba, pretendiendo justificar los sucesos tan dolorosos con sus planteamientos políticos, que, en este caso, han llegado al acoso despiadado a la propia familia de la víctima. Esto debe tener, sin duda, una respuesta del Estado, pues afecta de lleno al interés público.

Por la tercera, vemos la reacción de otra parte de los intervinientes en las redes, que se sitúan en la posición de venganza, incluso apelando a la pena de muerte o a castigos lo más severos posibles, contra el autor de los hechos. Da igual de lo que se trate, el hecho en sí es tan terrible, que la respuesta exigida ha de ser lo que entienden como del mismo nivel. Si no, no hay justicia. Tal vez esta posición no esté tan alejada de la anterior. Tal vez solo es diferente mirar los hechos desde donde se sitúan unos u otros.

Y, por último, una cuarta observación, que tiene que ver con la realidad social del mundo en el que estamos, una sociedad libre, que no está ni puede estar exenta de sucesos terribles, de accidentes espantosos, o de conmovedoras situaciones difíciles de controlar por mucho que la sociedad pretenda tener todas sus seguridades garantizadas. El riesgo de la libertad es algo consustancial a la sociedad que pretende construirse sobre la confianza en el correcto funcionamiento de las convenciones sociales. Y desde luego ha de tener su respuesta, pero sin dejar de lado lo anterior.

Observados de este modo los hechos, que no es la única forma de acercarse a los mismos ni tal vez la más acertada, pero que sí permite reflexionar sobre otras cuestiones que se derivan de ellas. 

El dolor de las víctimas, el de los padres de ese niño asesinado de ese modo tan terrible por las circunstancias en las que se han desarrollado los hechos, lo inesperado, burlando todas las seguridades esperadas. No es fácil entender ese dolor. La sociedad debe ser efectiva en el apoyo.

También el dolor de la familia y de las personas que quieren al chico que ha cometido tal hecho. La vida es así, y en estas circunstancias el dolor y el sufrimiento también cercan la vida de las familias del autor. Y puede que de él mismo. Esta comprensión es exigible a una sociedad madura.

La posición de la Justicia; lo anterior, el dolor y el sufrimiento ahí están, y ello sin perjuicio de la respuesta penal que haya de ser y que ha de darse conforme a las reglas de la democracia. No cabe otra ni puede esperarse otra cosa. El proceso penal actuará, a través de la investigación que de los hechos se lleve ante el Tribunal, con la seguridad de que contiene elementos para hacer justicia. Tendrá en cuenta todas las circunstancias que integren la respuesta a la realidad probada de los hechos y, por lo tanto, a la respuesta sancionadora que corresponda y del modo que corresponda. Y ahí debemos confiar en los actores que han de intervenir en el proceso con todas las garantías del mismo. Defensa, Ministerio Fiscal y Tribunal. Es confiar en el Estado de Derecho. El interés público y el interés social a que se refiere la Constitución han de encontrar la justa respuesta.

Los medios de comunicación también deben extraer sus propias reflexiones. No se puede convertir una tragedia en un espectáculo que arrase con el dolor de todos los implicados, ni que aliente unas u otras posiciones respecto a cómo ha de entender la sociedad estos hechos. Siempre se corre el riesgo de banalizar el dolor por asentar la información en programas que interpretan la realidad cuando, realmente, desconocen ésta en su profundidad. Si la educación es el único medio de construir una sociedad libre y justa, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad al tratar la información de hechos de esta naturaleza.

Y, por último, hay que reflexionar sobre algo fundamental, afecte de lleno a este caso o no, pero que suele ser referencia de todas las informaciones en este tipo de sucesos, y que pone al descubierto, una vez más, la lamentable situación de la atención a la salud mental. Habrá quien piense que se trata de justificar hechos horribles con el déficit de atención hacia la salud mental, o quien considere que a las personas con problemas de salud mental hay que privarles de sus derechos de ciudadanos libres para internarlos en centros, y así salvar a la sociedad que no tiene esos padecimientos del peligro que estos representan.

Pero basta con acudir a los servicios de salud mental para poder comprobar cómo la atención y, lo que es tan importante, el seguimiento y control de los tratamientos, encuentran muchas dificultades para ser eficaces. Deberíamos escuchar a los psiquiatras y psicólogos, también a los especialistas, por fin, de infanto-juvenil, o también escuchar a los jueces y fiscales que cuenten los problemas que enfrentan en las guardias, para resolver graves situaciones que desbordan la esfera familiar o la social inmediata, o a los jueces y fiscales de los juzgados de incapacidades para que cuenten las dificultades con que se encuentran a la hora de imponer un internamiento o un tratamiento involuntario, o cualquiera de las demás medidas que prevé la ley en armonía con la Convención de los derechos de las Personas con Discapacidad. O sus dificultades para el control, a que vienen obligados, de los centros de internamiento. Problemas que afectan a la salud mental de los adultos y a la de los niños, por igual, y que están en la raíz de algunos de estos casos que nos conmueven y nos horrorizan a partes iguales. 

No cabe otra que ser solidarios con el sufrimiento, ofrecer la empatía y el apoyo a las víctimas, pero sin dejar de ser conscientes de las realidades que determinan nuestra vida en sociedad, y de exigir a nuestros gobernantes avances efectivos que palien los déficits que hacen sufrir a las personas cuando los servicios públicos esenciales no atienden efectivamente sus necesidades. 

Félix Pantoja García. Fiscal de Sala del Tribunal Supremo jubilado y Ex vocal del CGPJ.

El artículo publicado por elDiario.es bajo el título 'El bulo de Miguel Ángel Rodríguez, la última bala contra el fiscal general' describe con precisión la campaña de desprestigio que la derecha política y sus seguidores en las Carreras Judicial y Fiscal, y en el CGPJ, llevan contra Álvaro García Ortiz y, por extensión, contra la institución de la Fiscalía General del Estado.

Lo que narra el citado artículo no es otra cosa que parte del ataque que la derecha política lleva contra el Gobierno de izquierdas desde que éste ganó la moción de censura y las siguientes investiduras tras los procesos electorales que se han sucedido. En definitiva, la no aceptación de sus derrotas parlamentarias y la no aceptación de la legalidad del Gobierno legítimamente constituido.

Solo es necesario observar el comportamiento que desde dentro y desde fuera del ámbito de la administración de justicia se ha tenido con los dos fiscales generales que ha designado el Gobierno progresista de coalición. Tanto Dolores Delgado como Álvaro García han sufrido un acoso desde el momento de su toma de posesión: se ha considerado ilegítima su designación y han sufrido toda clase de zancadillas en esa batalla jurídica y política, como acertadamente la califica el artículo citado, siempre con el objetivo de poner en jaque al Gobierno y evitar que el fiscal general lleve a cabo una interpretación de la actuación del Ministerio Fiscal en la defensa del interés público y la promoción del interés social. No es la interpretación que gusta a la derecha, porque altera el orden social y político que le interesa mantener desde los poderes del Estado.

Porque esta es la cuestión de fondo: la política de un Ministerio Fiscal comprometido con los derechos del ciudadano, de un modo que no gusta ni interesa a la derecha. Los cambios no son fáciles de hacer. Necesitan tiempo. Para impedirlos, se ponen toda clase de obstáculos orgánicos o procesales, llegando al extremo de presentar querellas y denuncias contra la actuación del fiscal general en el ámbito institucional e incluso personal y de dirigir a este zafios insultos como los que ha proferido un maleducado fiscal del Supremo muy conocido en la Carrera. En esa clave se entienden los sucesivos recursos contra los nombramientos de los fiscales que han de dirigir las áreas de actuación de la fiscalía y que han de componer la Junta de Fiscales de Sala, porque estos nombramientos pretenden marcar una actuación en defensa del interés público y del interés social que no comparten la oposición política o aquellos que, dentro de la fiscalía, participan de la misma oposición. Esto es así: quieren mandar los de siempre y como siempre.

Es muy difícil intentar cambiar las cosas, aunque se haga con prudencia, con sensatez y, sobre todo, con el amparo de la legitimidad que se deriva de su designación para gobernar una institución constitucional tan importante como es el Ministerio Fiscal. Y a la dificultad que esto supone, se une la oposición, que, utilizando todos los medios posibles en los propios espacios del ámbito institucional, y trasladando éstos a la prensa afín y a la propia administración de justicia, pretenden amedrentar y cercenar la legítima actuación de gobierno y de dirección del Ministerio Fiscal que corresponde al fiscal general; y, de paso, contribuir, en lo que se pueda, a la caída del Gobierno legítimo de la nación.

Pese a todo esto, a la dureza de los ataques y a las trabas que se pretenden poner, muchos confiamos en el fiscal general, en la fortaleza que le da su legitimidad y los valores que contiene su actuación. Y confiamos en la Justicia, que en sus más altas instancias deberá resolver algunas de estas cuestiones ante las que se encuentra en este momento el fiscal general del Estado.

Las asociaciones conservadoras de la carrera fiscal alientan una campaña de desprestigio contra la propia Institución y contra su fiscal general, al que llegan a pedir que dimita, politizando el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y negando la facultad de dirección que el estatuto orgánico le otorga. Y lo airean de ese modo en medios, encantadas de ampliar el eco de lo que no es otra cosa que desprestigiar las instituciones cuando ellas no las gobiernan

La Disposición final primera de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y en su artículo 20 se introduce un nuevo apartado que establece que en la Fiscalía General del Estado existirá un fiscal en materia de derechos humanos y memoria democrática, con la categoría de fiscal de Sala, que ejercerá las competencias que la ley señala.

Cumpliendo con este mandato, y para proveer la Fiscalía de Sala, el fiscal general del Estado (FGE) convoca el Consejo Fiscal para someter a su informe los nombramientos que considere, conforme autoriza la ley que regula el Estatuto (art. 13.1 pº 2º). El fiscal general está en pleno ejercicio de su autoridad hasta el día en que cese el Gobierno que le nombra, el 23 de julio próximo (art. 31.1 e de la ley).

Es evidente que, tal y como están actuando estas asociaciones conservadoras, no es solo el fiscal general, que cumple escrupulosamente con la Ley que regula el Ministerio Fiscal y con la Ley de Memoria Democrática, el objetivo de la descalificación al proponer al o los candidatos que considere -en este caso a la fiscal Dolores Delgado-, sino que lo es también la propia ley que ha prometido derogar el señor Núñez Feijoo si llega a ser presidente del Gobierno.

Una ley que reivindica la memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, representa, por tanto, un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia.

Estas asociaciones de fiscales, con su actuación y sus descalificaciones, se alinean con la derecha política, entorpecen la puesta en marcha de la ley, de sus objetivos, de reconocer, reparar y dignificar a las víctimas del franquismo y la protección jurídica de los derechos humanos, seguramente a la espera de su derogación como se afirma, porque su visión de la sociedad española y de su realidad parece ser la única válida.

Una lástima este no saber estar, ni respetar, ni a la memoria ni a la legítima voluntad mayoritaria del Parlamento, actuando, además, con grave perjuicio de la institución del Ministerio Fiscal y de la sociedad a la que se deben como funcionarios públicos.