Hoy, nadie puede dudar de la necesidad acuciante que tenemos de luchar contra el  cambio climático, una lucha que tiene como base la reducción drástica de las emisiones  de GEI y, por tanto, el abandono del modelo de producción basado en los combustibles  fósiles. Estamos obligados a transitar hacia un nuevo modelo más sostenible, justo y  democrático, basado en una producción y un consumo consciente, en la eficiencia  energética, en la electrificación de la demanda y, por supuesto, en el pilar que lo  sustenta todo: las energías renovables.  

El año pasado tuvimos un aumento de la temperatura media global de 1,48°C, algo que  supone una alarma para que la sociedad actúe de manera coordinada: ciudadanía,  empresas, administraciones públicas y poderes políticos. No podemos pasar por alto  que estamos en la década crítica, de hecho, estamos llegando a su hemisferio y lo que  hagamos ahora es clave para evitar las peores consecuencias que auguran los estudios  científicos. 

En España la transición energética ha llegado para quedarse. Somos la mayor potencia  renovable del sur de Europa y esto nos posiciona en una situación de liderazgo que no  podemos desaprovechar. Lo estamos viendo estos días, cuando la producción de la  eólica y la fotovoltaica está generando más del 70% de nuestra electricidad, una cifra  conseguida gracias a la madurez tecnológica y a la apuesta mantenida por las renovables  desde 2018.  

El problema es que este despliegue se ha hecho, desde un inicio, de espaldas, no a la  sociedad en sí, si no a las regiones rurales que disponían del espacio y de ese mayor recurso renovable. Su participación en el proceso es una petición totalmente legítima y  en la Fundación Renovables valoramos que es una opción de mejora a nivel social para  reducir la brecha entre ciudades y mundo rural.  

Una de las claves que puede explicar cierto rechazo social es que la velocidad de  innovación y la madurez de las tecnologías renovables se ha desfasado (más acelerada) con respecto a la mejora del marco regulatorio para su implantación. Si a esto le  añadimos la lentitud con la que los hábitos culturales y sociales se adaptan a estos  cambios, es el caldo de cultivo idóneo para la tensión que se ha generado. 

Al ser una actividad humana, las renovables tienen impactos en el territorio, tanto a  nivel ambiental como social, como todas las infraestructuras y actividades productivas.  Pero, las renovables, además del valor añadido de lucha contra el cambio climático, ofrecen otros beneficios como la autosuficiencia energética o una energía barata que  atrae industrias y empresas a las zonas donde se instalan. De hecho, se debe trabajar a  lo largo de toda su cadena de valor y vida útil para canalizar los máximos beneficios para  la sociedad y, en especial, para las comunidades locales que las acogen. 

El problema debe ser reconocido por todas las partes implicadas: diferentes niveles de  la administración, promotores, agentes locales, vecinos del municipio y ONG. Nadie debe ignorar el problema ni proponer iniciativas que nos impida luchar contra el cambio  climático. 

En este sentido, desde la Fundación Renovables siempre hemos defendido que las renovables son el único garante para nuestro futuro sostenible, pero que debemos  trabajar en iniciativas y propuestas para que los promotores desarrollen diseños que  tengan la denominada “licencia social”. Y es que esto es una ventaja ya que es preferible  invertir más en mejoras de la planta y en beneficios para los vecinos, que dejar que el  proyecto se caiga por una declaración de impacto ambiental negativa o por la oposición  social que puedan encontrar.  

La sostenibilidad de las renovables, con una mejora de los criterios de instalación, construcción, operación y desmantelamiento, está suponiendo un factor de  competitividad entre los promotores, que han asumido que la única manera de obtener  beneficio con las renovables es dándoselo a la comarca en la que se asientan.  

Pero, al no existir imperativo legal y depender de la voluntad del promotor, aun son situaciones residuales. Por este motivo, desde la Fundación Renovables realizamos una investigación para Greenpeace, en la que analizamos las malas prácticas para extraer de ellas todos los errores cometidos y convertirlos en oportunidades de mejora. No repetir  os errores que nos han traído hasta aquí es una prioridad para no frenar la transición  energética.  

En esta investigación encontramos malas prácticas en las seis comunidades autónomas analizadas y un cierto patrón que se repite en las causas de fragmentación de los proyectos, como la afección a Natura 2000 o espacios arqueológicos, la expropiación forzosa innecesaria y la falta de transparencia y participación local. Pero, también  encontramos una buena cantidad de malas prácticas de algunos promotores frenadas por las evaluaciones de impacto ambiental. Y es que, si bien estas evaluaciones son  mejorables, hoy en día han evitado que esta problemática sea más grave de lo que ya  es.  

Para finalizar, extrajimos una serie de criterios que pensamos que son fundamentales a  la hora de que se traspongan a los marcos normativos y a las diferentes subastas, ya que  es la única manera de que las buenas ideas y las mejores iniciativas sean replicables.  Entre ellas, se pueden destacar: 

- Una participación temprana de las comunidades locales con capacidad para  influir directamente en los proyectos (ubicación de la planta, de las líneas de  evacuación, precauciones ambientales…). 

- Uso compartido del suelo de la planta renovable con otros usos previos  (agricultura, pastoreo, apicultura…) o con otras fuentes de energía (hibridación  con baterías y otras tecnologías renovables).  

- Fomento del empleo local en las plantas e industrias asociadas o atraídas por los  bajos precios.  

- Reducción de los gastos energéticos de empresas locales o personas vulnerables  a través de instalaciones de autoconsumo por parte de la empresa promotora.  - Apertura a la participación ciudadana en la inversión de la planta.  - Evitar la implantación en zonas protegidas o de alta sensibilidad ambiental (a  excepción del autoconsumo).  

- Impedir la implantación de grandes plantas en zonas agrarias consideradas de  interés y de especial relevancia (excluyendo el autoconsumo).  

- Frenar la expropiación forzosa de los terrenos.  

Estas últimas semanas estamos empezando a ver algunas consecuencias drásticas de esta tensión territorial como la moratoria en La Rioja, aunque no es, ni mucho menos, una solución, porque no se debe permitir ningún tipo de abuso en el territorio ni  paralizar la instalación de parques renovables. Tenemos que avanzar en la transición ecológica y en la cohesión territorial si queremos seguir luchando contra el cambio  climático. 

En los próximos años, producir, gestionar y consumir nuestra propia energía eléctrica será un hecho tan cotidiano como leer el periódico en nuestro teléfono móvil o encender la lavadora. La sociedad española está comenzando a familiarizarse con las placas fotovoltaicas en los tejados, cada vez podemos ver más edificios con ellas e, incluso, conocemos a personas que ya las tienen en sus viviendas o lugares de trabajo y se benefician de ellas.

Llegar hasta aquí no ha sido fácil, pero el avance es imparable en España. En los últimos dos años el crecimiento se sitúa en torno al 100%; en 2021 (+1.203 MW de nueva potencia) y en 2022 (+2.507 MW), de los cuales el 47% fue industrial, el 32% en residencial y un 20% comercial. Estos datos confirman la incipiente e imparable entrada de la ciudadanía en el sector energético. Pero, en este punto debemos tener en cuenta un dato importante y es que el ritmo de expansión no es el mismo para todos, porque del total de la potencia actual solo menos del 1% de las instalaciones de autoconsumo son en la modalidad colectiva, y esto en un país en el que por sus características debería ser la modalidad mayoritaria (el 67% de la población vive en bloques de pisos).

¿Y esto a que se debe? ¿Cuál es el problema? Desde la Alianza por el Autoconsumo, entidad sin ánimo de lucro formada por más de 70 organizaciones, entre las que se encuentra la Fundación Renovables, tras la recopilación durante meses de casos reales, hemos elaborado un informe en el que la principal conclusión es que son las empresas distribuidoras de electricidad las que están poniendo el gran palo en la rueda del autoconsumo colectivo. 

Y es que las distribuidoras son las responsables de legalizar una instalación de autoconsumo y de facilitar el acceso y la conexión de estas con la red de distribución. El patrón se repite en numerosos casos recopilados, materializándose en retrasos de varios meses. Esto no afecta a todos los usuarios o potenciales usuarios por igual.

La evidencia, recopilada y denunciada por la Alianza por el Autoconsumo, es que se está retrasando el desarrollo de autoconsumos colectivos y de autoconsumos industriales que inyectan energía a la red. Esto conlleva plazos inasumibles para los procesos de tramitación, ante la desesperación de la ciudadanía y de las empresas instaladoras. Incluso pueden solicitar nuevos requisitos que hagan aumentar el presupuesto sin ninguna razón legal ni administrativa que los respalde. 

Ante esta situación, podemos afirmar que existe una desprotección de la ciudadanía que está sufriendo los retrasos de ciertas distribuidoras, lo que se traduce en una injusta obstrucción al despliegue del autoconsumo colectivo (y comunidades energéticas) con un peligroso efecto disuasorio. Esta realidad se puede evitar desarrollando una normativa que ordene, clarifique, facilite, penalice y sancione los incumplimientos.

¿Hay soluciones? Muchas y, además, factibles para el regulador. En el documento presentado por la Alianza por el Autoconsumo proponemos la estandarización a nivel estatal de los requisitos y de los documentos necesarios, evitando la variabilidad de exigencias por parte de distribuidoras y comercializadoras. Además, se plantea la creación de una ventanilla única de tramitación para simplificar los trámites y digitalizar los procedimientos administrativos. Se busca eliminar los obstáculos y los retrasos impuestos por las distribuidoras y se sugiere la implementación de buenas prácticas, a la vez que resulta imprescindible crear medidas correctivas de malas prácticas e incumplimientos de los plazos legales y otras obligaciones que se dan de manera reiterada e injustificada. La experiencia demuestra que este tipo de esquemas coercitivos son exitosos si se aplican de forma implacable. Además, se plantea regular la figura del gestor de autoconsumo colectivo, quien sería responsable de representar los intereses de los asociados y de realizar las gestiones necesarias para el buen funcionamiento de la instalación.

Este compendio de medidas, algunas de las cuales existen actualmente en otros países europeos, buscan simplificar los trámites, agilizar la activación del autoconsumo colectivo y fomentar su desarrollo en diferentes sectores, garantizando un marco normativo claro y eficiente. En definitiva, buscan que toda la ciudadanía pueda aprovechar las ventajas y los beneficios del sol, para que sea de todos y no solo de unos pocos. Y es que el único tejado sin autoconsumo debería ser aquel con orientación norte, para todos los demás ¡Autoconsumo colectivo ya!