Siempre al borde del abismo. La angustia que se sucede en los pasillos de la COP 29 es similar a la desidia que se genera en la población global cuando se sabe que el acuerdo será en el último minuto y de mínimos. Es un clásico. Alcanzar un acuerdo de mínimos que satisfaga a todas las partes, esa es la base del consenso climático en los últimos años. La ambición ni está ni se le espera.

La decepción en estas cumbres es un sentimiento con el que hay que lidiar porque se ha vuelto habitual. Esto no quiere decir que las COP sean cada vez menos irrelevantes, sino evidencia la complejidad de poner a todos los países de acuerdo, con sus diferencias de desarrollo, económicas, capacidades, políticas y sociales. Es obligatorio sentarlos cara a cara una vez al año y que se enfrenten entre ellos.

En esta ocasión, el acuerdo final se basa en que los países desarrollados acordaron “canalizar al menos” 300.000 millones de dólares al año a los países en desarrollo hasta 2035 para apoyar sus esfuerzos por enfrentar el cambio climático. No obstante, para los países en desarrollo no les supone un avance y mostraron sus quejas. Gracias a ello, se consiguió un compromiso de recaudar 1,3 billones de dólares cada año de una amplia gama de fuentes, incluida la inversión privada, para 2035. 

Por poner en perspectiva el raquitismo de la cifra, según datos de Bloomberg NEF, solo la inversión para nuevas redes eléctricas en 2023 fue de 310.000 millones de dólares, China invirtió en descarbonización 676.000 millones y el mundo invirtió 1,8 billones durante 2023 en transición energética. Con la cifra acordada en la COP29, y teniendo en cuenta que es hasta 2035, estaríamos hablando de alrededor un 16% de lo que invirtió todos los países. Es ridículo si se busca equiparar desarrollos económicos y tecnológicos para frenar los peores efectos del cambio climático. 

Supuestamente, el nuevo acuerdo ayudará a fundamentar los compromisos de cada país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2035, así como la próxima ronda de conversaciones sobre el clima en la COP30 en Brasil. Muchos países en desarrollo destacaron que el compromiso financiero, menor de lo esperado, retrasaría su transición hacia una energía libre de emisiones y limitaría su ambición de establecer objetivos de reducción de carbono que deben cumplirse en febrero.

No obstante, hay que destacar que los países desarrollados no están precisamente en una coyuntura de arcas boyantes, teniendo en cuenta que China y EEUU no estaban presentes. Actualmente existen ciertas restricciones ante el aumento de la carga fiscal, presupuestos limitados en parlamentos fragmentados, políticas en riesgo por el avance del conservadurismo y el negacionismo de los partidos de ultraderecha y, como no, la galopante inflación. La sombra de la elección de Donald Trump y su amenaza de retirar a Estados Unidos del histórico acuerdo climático de París también sobrevolaba Bakú. Ellos perderán su oportunidad de liderar, porque la transición ecológica es innegociable y lo único que podemos consensuar y debatir es el ritmo, el cual cada día es más urgente.

Pero no quiero perder el principal mensaje de este artículo: dejar de centrarnos en cuánto y poner el foco en el dónde. En qué tecnologías invertimos para acelerar la lucha contra el cambio climático. Aquí, quiero detenerme para evidenciar el error e intereses retardistas de algunas empresas gasistas, como es el caso de Naturgy en España. En este caso, infiriendo desventajas a una tecnología como la bomba de calor para promover y disparar su negocio con el biogás. Un absoluto despropósito que va en contra del consenso científico y a favor de sus intereses, sin negar el papel del biogás.

Por tanto, esos 300.000 millones anuales deben tener un componente muy fuerte de adaptación y direccionamiento, es decir, que previamente se programen las ayudas a las diferentes herramientas o tecnologías que son más idóneas para el país o la región donde se destinan. Solo así podemos avanzar realmente en aquellos países en vías de desarrollo. Si un país tiene un mayor recurso geotérmico o fotovoltaico, el grueso principal de la financiación tiene que destinarse a una u otra tecnología, destacando que en muchas ocasiones la combinación de ambas suele ser la respuesta correcta. No hay imparcialidad en la transición energética porque no podemos despilfarrar y financiar proyectos que no encajan con los recursos y la demanda que tiene la población real de una región determinada. Mucho menos, expandir las prácticas extractivistas con inversión privada y pública a nivel estatal, con el fin de exportar el producto final y descarbonizado que sea. Esta es la realidad en algunos casos.

Un ejemplo para evitar es el proyecto de Namibia que producirá 2 millones de toneladas anuales de amoníaco verde para los mercados regional y mundial. En la financiación, además de empresas alemanas, está el propio gobierno de Namibia. El plan consiste en construir parques eólicos y plantas fotovoltaicas con una capacidad total de siete GW para producir amoníaco verde y exportarlo a más de 10.000 kilómetros de distancia. Todo muy sensato y razonable.

En definitiva, tan crucial es la cantidad cómo el modo de emplearlo para satisfacer las necesidades más fásicas y apremiantes de mitigación y adaptación de los diferentes países. La tecnología está preparada, sin que suene a discurso tecnooptismista. Ahora solo hay que ligarla a las necesidades sociales y económicas de cada región, siendo este lazo crucial para que los compromisos agónicos de la COP sean prácticos, tangibles y mejoren el bienestar de las personas y frenen el cambio climático al mismo tiempo. 

En los próximos años, producir, gestionar y consumir nuestra propia energía eléctrica será un hecho tan cotidiano como leer el periódico en nuestro teléfono móvil o encender la lavadora. La sociedad española está comenzando a familiarizarse con las placas fotovoltaicas en los tejados, cada vez podemos ver más edificios con ellas e, incluso, conocemos a personas que ya las tienen en sus viviendas o lugares de trabajo y se benefician de ellas.

Llegar hasta aquí no ha sido fácil, pero el avance es imparable en España. En los últimos dos años el crecimiento se sitúa en torno al 100%; en 2021 (+1.203 MW de nueva potencia) y en 2022 (+2.507 MW), de los cuales el 47% fue industrial, el 32% en residencial y un 20% comercial. Estos datos confirman la incipiente e imparable entrada de la ciudadanía en el sector energético. Pero, en este punto debemos tener en cuenta un dato importante y es que el ritmo de expansión no es el mismo para todos, porque del total de la potencia actual solo menos del 1% de las instalaciones de autoconsumo son en la modalidad colectiva, y esto en un país en el que por sus características debería ser la modalidad mayoritaria (el 67% de la población vive en bloques de pisos).

¿Y esto a que se debe? ¿Cuál es el problema? Desde la Alianza por el Autoconsumo, entidad sin ánimo de lucro formada por más de 70 organizaciones, entre las que se encuentra la Fundación Renovables, tras la recopilación durante meses de casos reales, hemos elaborado un informe en el que la principal conclusión es que son las empresas distribuidoras de electricidad las que están poniendo el gran palo en la rueda del autoconsumo colectivo. 

Y es que las distribuidoras son las responsables de legalizar una instalación de autoconsumo y de facilitar el acceso y la conexión de estas con la red de distribución. El patrón se repite en numerosos casos recopilados, materializándose en retrasos de varios meses. Esto no afecta a todos los usuarios o potenciales usuarios por igual.

La evidencia, recopilada y denunciada por la Alianza por el Autoconsumo, es que se está retrasando el desarrollo de autoconsumos colectivos y de autoconsumos industriales que inyectan energía a la red. Esto conlleva plazos inasumibles para los procesos de tramitación, ante la desesperación de la ciudadanía y de las empresas instaladoras. Incluso pueden solicitar nuevos requisitos que hagan aumentar el presupuesto sin ninguna razón legal ni administrativa que los respalde. 

Ante esta situación, podemos afirmar que existe una desprotección de la ciudadanía que está sufriendo los retrasos de ciertas distribuidoras, lo que se traduce en una injusta obstrucción al despliegue del autoconsumo colectivo (y comunidades energéticas) con un peligroso efecto disuasorio. Esta realidad se puede evitar desarrollando una normativa que ordene, clarifique, facilite, penalice y sancione los incumplimientos.

¿Hay soluciones? Muchas y, además, factibles para el regulador. En el documento presentado por la Alianza por el Autoconsumo proponemos la estandarización a nivel estatal de los requisitos y de los documentos necesarios, evitando la variabilidad de exigencias por parte de distribuidoras y comercializadoras. Además, se plantea la creación de una ventanilla única de tramitación para simplificar los trámites y digitalizar los procedimientos administrativos. Se busca eliminar los obstáculos y los retrasos impuestos por las distribuidoras y se sugiere la implementación de buenas prácticas, a la vez que resulta imprescindible crear medidas correctivas de malas prácticas e incumplimientos de los plazos legales y otras obligaciones que se dan de manera reiterada e injustificada. La experiencia demuestra que este tipo de esquemas coercitivos son exitosos si se aplican de forma implacable. Además, se plantea regular la figura del gestor de autoconsumo colectivo, quien sería responsable de representar los intereses de los asociados y de realizar las gestiones necesarias para el buen funcionamiento de la instalación.

Este compendio de medidas, algunas de las cuales existen actualmente en otros países europeos, buscan simplificar los trámites, agilizar la activación del autoconsumo colectivo y fomentar su desarrollo en diferentes sectores, garantizando un marco normativo claro y eficiente. En definitiva, buscan que toda la ciudadanía pueda aprovechar las ventajas y los beneficios del sol, para que sea de todos y no solo de unos pocos. Y es que el único tejado sin autoconsumo debería ser aquel con orientación norte, para todos los demás ¡Autoconsumo colectivo ya!