El 8 de marzo de 2017 es una fecha marcada en la historia reciente de Guatemala. Esa mañana se produjo un incendio en un centro de protección estatal de menores a las afueras de la capital en el que murieron 41 niñas y adolescentes. Otras 15 sobrevivieron con heridas graves. Las 56 menores habían sido encerradas con candado en una pequeña aula en la que tuvieron que pasar la madrugada. La noche anterior habían tratado de huir del centro, junto con otros jóvenes.

El Hogar Seguro Virgen de la Asunción era una macroinstitución creada 10 años antes, con capacidad para 500 personas, pero que siempre se mantuvo superpoblada. Formaba parte del sistema de protección guatemalteco para albergar a menores de edad que necesitaran amparo del Estado: niños en situación de abandono, víctimas de violencia, de abusos sexuales, de trata, e incluso personas con discapacidad. Todos estos perfiles estaban mezclados: no había un trato especializado.

Durante años, el hogar recibió denuncias de todo tipo. Desde servir comida en mal estado y llevar a cabo maltratos físicos y verbales hasta delitos más graves, como violencia sexual y trata de personas. Testigos de la causa declararon que, de madrugada, trabajadores del centro sacaban a niñas que habían seleccionado previamente y que regresaban horas después, sin poder articular palabra. También se registraron varias muertes violentas dentro del lugar. La Fiscalía guatemalteca nunca investigó en profundidad estos hechos.

Revuelta e incendio mortal

Hartos de la situación, los jóvenes se amotinaron y escaparon en la tarde del 7 de marzo de 2017. Agentes de policía los persiguieron por el bosque aledaño al centro y los llevaron de vuelta a la fuerza. Las niñas y niños esperaron afuera del Hogar Seguro durante horas, de madrugada, con frío y mojados, tras haber cruzado un río de aguas negras para huir.

Esa noche, la policía tomó el control del lugar. Pero los agentes no estaban cualificados y trataron a los adolescentes como criminales. A medianoche, entraron de nuevo en el centro. A los niños los llevaron al auditorio y para las 56 niñas acondicionaron un aula que apenas tenía capacidad para 11 personas acostadas. Ahí, como pudieron, acomodaron unas colchonetas de espuma y la policía cerró la puerta con un candado. La llave quedó a cargo de una subinspectora: Lucinda Marroquín.

Durante la madrugada no las dejaron salir al baño con el pretexto de que estaba estropeado, así que las niñas colocaron algunas colchonetas para delimitar un área más o menos apartada donde hacer sus necesidades. Algunas describirían después que el olor era insoportable. En ese mismo espacio les sirvieron el desayuno la mañana siguiente, en platos de poliestireno.

Desesperada, después de horas hacinadas en el espacio, una de ellas sacó una cerilla y la encendió, para llamar la atención de los policías. El fuego se propagó en segundos. Las colchonetas y los platos desechables ardieron sin control. Las jóvenes pidieron auxilio. “Jefa, jefa, hay fuego”, gritaron, según la reconstrucción que hizo la Fiscalía.

Lucinda Marroquín, la subinspectora, tardó nueve minutos en abrir la puerta. Algunas la escucharon decir: “Que se quemen esas hijas de la gran puta”.

Murieron 41 niñas y adolescentes. La mayoría ahí mismo y otras en hospitales a los que fueron trasladadas. 15 sobrevivieron, algunas con extremidades amputadas y con quemaduras en todo el cuerpo.

Condenas por homicidio, maltrato y abuso de autoridad

Tras el incendio, la Fiscalía inició una investigación penal. Fueron procesadas 11 personas: los máximos responsables de la secretaría a cargo de los albergues de protección, el director del hogar, personal que trabajaba en el mismo, funcionarios de instituciones de apoyo a la niñez, el jefe de operaciones de la policía y la subinspectora que tenía la llave.

Este martes se dictó sentencia contra siete de ellos. La jueza, Ingrid Vannesa Cifuentes, declaró a seis de los acusados culpables. Las penas máximas, de 25 años de prisión, fueron contra Carlos Rodas, el entonces jefe de la Secretaría de Bienestar Social, y contra Santos Torres, el director del Hogar Seguro. Fueron condenados por homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Brenda Chamán, jefa del departamento de protección contra el maltrato de la secretaría, y Lucinda Marroquín, la subinspectora, también recibieron cargos de homicidio culposo.

En la sentencia hubo una ausencia clave: Anahy Keller Zavala, número dos de la secretaría, que, después de presentar varios recursos, logró que el Constitucional la dejara fuera del juicio y retrocediera su proceso al inicio.

El rol por aclarar del expresidente

Los hechos sucedieron mientras Jimmy Morales Cabrera era presidente de Guatemala. Cuando se inició el proceso penal, algunos diputados, familiares de víctimas y ONG solicitaron que la Corte Suprema le retirara la inmunidad para que pudieran incluirlo en la investigación. Argumentaron que, como presidente, era la máxima autoridad y quien debía tomar decisiones ante la crisis. También cuestionaron que hubiera contratado a personas que no eran idóneas para el puesto y que tenían vínculos con Morales, como la subsecretaria Anahy Keller.

Las solicitudes cayeron en saco roto y la Fiscalía no abrió investigaciones contra el dirigente. Ni siquiera cuando este perdió la inmunidad al dejar el cargo.

Ahora, tras la sentencia, la jueza ha ordenado que el Ministerio Público averigüe las vinculaciones de Morales con el incendio. Se basa en las declaraciones de varios testigos que aseguraron que, a través de un asesor, el expresidente ordenó por teléfono que 100 policías llegaran al lugar y se encargaran de la seguridad del mismo.

Según estos testigos, el hecho de que la policía quedara a cargo del Hogar Seguro tuvo un efecto directo en la muerte de las niñas.

El fuego no logró cambiar el sistema

La situación del Hogar Seguro, aunque llevada al extremo, no era muy diferente a la de otros hogares de protección de Guatemala. Y lejos de ser un punto de inflexión y una alerta para cambiar el sistema, el incendio y la muerte de las 41 niñas no supuso acciones de fondo de las instituciones. Por ejemplo, un año después del incendio, en algunos centros los extintores aún se guardaban bajo llave.

El hacinamiento, el maltrato y la comida en mal estado han sido una constante que, aún hoy, continúa en los demás centros estatales. Se han presentado denuncias contra trabajadores de los hogares por amenazas, violencia y coacción. Todos los años, decenas de menores siguen huyendo de las casas de acogida. Algunos han alertado de que los encargados los drogan con medicamentos para mantenerlos tranquilos.

La propia jueza del caso Hogar Seguro ordenó que la Fiscalía investigue esto. Varias de las niñas que murieron en el incendio tenían ansiolíticos y opiáceos en la sangre. Ingrid Cifuentes también indicó que se deben iniciar averiguaciones sobre el maltrato y la negligencia en el centro, previo al incendio.

Cuando Nayib Bukele confirmó que se postularía a la reelección en febrero de 2024, advirtió de algo que muchos temían: el mandatario buscaba perpetuarse en el poder, fuera como fuera.

Bukele se presentó entonces a los comicios —y los ganó, con una holgada mayoría— a pesar de que la Constitución salvadoreña lo prohibía claramente en su artículo 152.

La última decisión de la Asamblea Legislativa, dominada casi por completo por el partido gubernamental Nuevas Ideas, apuntala la espiral autoritaria en la que el presidente ha sumido El Salvador. El Congreso ratificó este jueves una reforma a la Constitución que modifica varios artículos, entre ellos el 152, para permitir la reelección presidencial indefinida. Esto deja vía libre a Bukele para mantenerse en el cargo el tiempo que quiera.

Sin opciones para una oposición neutralizada

Antes de que se aprobara la reforma constitucional con 57 votos a favor y solo tres en contra, Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas, dijo que el objetivo de la reelección indefinida es “darle toda libertad y el poder al pueblo para que decida cuánto tiempo quiere apoyar a sus gobernantes”. Figueroa aseguró que era necesario que las condiciones para reelegir al presidente “se homologuen al resto de los cargos de elección popular”, como diputados o alcaldes.

“Este día ha muerto la democracia en El Salvador”, lamentó en la sesión del jueves la diputada Marcela Villatoro, del partido ARENA, de la oposición. La congresista aseguró que la reforma constitucional es ilegal y que solo busca que Bukele se perpetúe en el poder. “Cuando todo gira alrededor de una persona, ya no existe democracia. Y cuando se pierde la democracia cuesta años recuperarla”, concluyó.

Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Right Watch, define la reforma como “un punto de no retorno en la ruptura del Estado de Derecho en El Salvador”. En entrevista con elDiario.es, Goebertus asegura que “esta decisión implica eliminar de manera definitiva la alternancia en el poder público y transita el camino hacia una dictadura”.

La nueva ley no solo elimina los límites para Bukele. También alarga los periodos presidenciales —pasan de cinco a seis años— y propone que el actual mandato finalice de forma anticipada, en 2027. El argumento para este cambio es, según la diputada Ana Figueroa, ahorrar las campañas electorales “tan costosas para el bolsillo del pueblo salvadoreño”.

El sistema electoral de El Salvador funciona de manera escalonada. Hasta ahora, los tiempos de cada periodo garantizaban que las elecciones presidenciales, legislativas y municipales se celebraran de manera separada para favorecer un sistema democrático y una alternancia de poderes. Al adelantar los próximos comicios y ampliar el periodo presidencial, se sincronizarían los tiempos del calendario electoral. Goebertus ve esto con desconfianza. “Es preocupante. Claramente, tratan de agilizar las elecciones para que haya más popularidad de Bukele y darle un espacio más largo presidencial”, dice a este medio.

Además, las reformas eliminan la segunda vuelta durante los comicios, también con el argumento del ahorro. En varios países latinoamericanos, el sistema electoral contempla dos rondas de votación. Si uno de los candidatos no llega a un porcentaje mínimo de votos en las elecciones, los dos punteros pasan a una segunda vuelta en la que la ciudadanía debe votar por uno de ellos. Al suprimir esta posibilidad en El Salvador, el sistema es mucho más directo y beneficia a la persona que tenga más apoyo popular, aunque sea con porcentajes mínimos.

El “manual del dictador”

La decisión de la Asamblea Legislativa es un paso más en la instalación de un gobierno autoritario —muchos lo definen abiertamente como dictatorial— en el país centroamericano.

Esta deriva comenzó durante el primer mandato de Bukele, cuando el político se dedicó, por una parte, a controlar los espacios que podrían suponer algún contrapeso y un obstáculo para mantenerse en el poder.

El primero fue el poder judicial. El presidente logró que la Asamblea Legislativa, ya entonces dominada por su partido, destituyera a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general del Estado. El colocar a personajes afines en esos cargos le garantizaría después la reelección: fue la Sala Constitucional la que lo autorizó para competir en los últimos comicios.

Aunque la destitución de los funcionarios tuvo un rechazo fuerte de la oposición, buena parte de la ciudadanía lo vio con buenos ojos. Para ese entonces, Bukele ya se había ganado el respaldo de la población. De hecho, su estrategia se ha centrado en mantener ese apoyo popular.

Para ello, se enfocó en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía salvadoreña: la inseguridad. Puso el foco en las pandillas y en 2022 instaló un régimen de excepción, que aún mantiene. A través de esta medida, cientos de personas han sido detenidas en los últimos años. La reducción de cifras de homicidios es el argumento de Bukele para defender los buenos resultados de su estrategia. Sin embargo, amparadas en el Estado de excepción, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo detenciones arbitrarias.

La siguiente estrategia de Bukele ha sido apagar las voces críticas contra su Gobierno. Su objetivo más reciente son las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación. El pasado mayo, la Asamblea Legislativa aprobó la ley de agentes extranjeros. Una iniciativa que permite al gobierno fiscalizar a personas, empresas y asociaciones que reciban fondos del extranjero, a las que les impone un elevado impuesto.

Esta ley había sido frenada en el pasado por la presión de la comunidad internacional, liderada por Estados Unidos. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ese contrapeso desapareció. De hecho, el presidente estadounidense ha encontrado en Bukele un aliado, ya que ha garantizado la recepción de personas deportadas de EEUU en su cárcel de máxima seguridad. Los dos han hecho público en varios momentos su buena relación y recientemente pactaron con Nicolás Maduro un canje de prisioneros.

Cristosal cesó sus operaciones en El Salvador hace un par de semanas y la mayoría de sus empleados salieron del país. Para Noah Bullock, director ejecutivo de la ONG, Bukele está siguiendo el “manual del dictador”. “Todas las instituciones están a servicio del régimen familiar de los Bukele”, dice a elDiario.es

La ley de agentes extranjeros se aprobó un par de días después de la detención de Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal, una activista reconocida a nivel nacional e internacional. El encarcelamiento de López fue un momento decisivo, que ha llevado a que decenas de periodistas y activistas de ONG tomaran la decisión de salir del país centroamericano, por seguridad.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) emitió un comunicado a mediados de junio en el que alertaba que más de 40 periodistas se habían ido al exilio. “Existen fuertes indicios de que el Estado tiene listas concretas de vigilancia, amedrentamiento y hasta capturas de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, alertó la APES.

Es complicado saber cuánta gente se vio obligada a salir de El Salvador, pero Bullock estima que entre periodistas, activistas, líderes comunitarios, ambientalistas y empresarios superarán el centenar de personas. “Los exilios y la persecución son un síntoma de la retirada del apoyo internacional, también de Estados Unidos. Se sienten envalentonados”, concluye.

A falta de un año de que termine su segundo periodo al frente del Ministerio Público de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta parece convencida de no detener su persecución contra actores incómodos.

El golpe más reciente llegó hasta Colombia: una orden de captura contra del exministro de Defensa Iván Velásquez y de la actual Fiscal General colombiana, Luz Adriana Camargo.

Ambos conocen bien el país centroamericano y el historial de Porras. Velásquez fue el último representante de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de Naciones Unidas, en la que Camargo trabajó como jefa de investigación y litigio. La CICIG funcionó en Guatemala hasta 2019, cuando el entonces presidente Jimmy Morales anuló el acuerdo con la ONU y nombró non grato a Velásquez.

La comisión acompañó durante más de 10 años a la Fiscalía, antes de la llegada de Consuelo Porras. Ayudó a investigar casos de corrupción por los que se llegó a encarcelar a expresidentes, empresarios y militares. Varios han sido cerrados o puestos en pausa bajo la administración de Porras. Para muchos, las recientes órdenes de captura son un paso más en su venganza contra las personas que revelaron y juzgaron estos casos de corrupción.

La persecución de la fiscal general había tocado hasta ahora a fiscales, jueces, abogados y periodistas guatemaltecos que se han visto forzados a exiliarse para evitar ser encarcelados. Llegó incluso al presidente de Guatemala, a su partido y a su círculo de confianza. Todos han estado en el blanco de Porras. La fiscal general ha logrado que un juez cancele al Movimiento Semilla, de corte progresista, y a su bloque legislativo.

Arévalo no logra apartar a Porras

Bernardo Arévalo, el presidente que fue elegido en 2023 contra todo pronóstico, y Porras mantienen un pulso constante desde antes de que él tomara posesión. En 2023, el Ministerio Público abrió el caso contra su partido para evitar que ganara la segunda vuelta electoral. A partir de ahí, la Fiscalía inició investigaciones contra ministros y congresistas y ha solicitado varias veces —hasta ahora sin éxito— que la Corte Suprema retire la inmunidad al presidente. Human Rights Watch ha acusado a Porras de perseguir al Gobierno “por motivos políticos”.

Arévalo prometió apartar a la fiscal del cargo en un esfuerzo por recuperar las instituciones guatemaltecas, no ha logrado cumplir con su objetivo. En mayo de 2024, presentó una iniciativa de ley en el Congreso para levantar el veto que le impide destituirla. Pero, con un Legislativo donde tiene una representación mínima, el avance del proyecto se ha quedado estancado.

Una parte de la población acusa al presidente de actuar con tibieza. Aunque la Constitución guatemalteca establece que el presidente es quien elige al fiscal general, la ley del Ministerio Público blinda en el cargo a la funcionaria.

Según dijo el propio Arévalo en una reciente entrevista, existe un resquicio legal sujeto a interpretación que podría allanar el camino para despedir a Consuelo Porras, pero la última palabra la tendría la Corte de Constitucionalidad, quien hasta ahora ha favorecido a la fiscal.

El presidente considera que tratar de apartarla del puesto sería como darse un tiro en el pie y lo podría exponer a un “juicio político”. Asegura que nombrará al próximo fiscal en 2026. Hasta entonces, pide paciencia.

La fiscal, lejos de aflojar, no deja de endurecer la persecución. En mayo de este año hizo pública una nueva línea de investigación contra el mandatario y su hermano Martín Arévalo, que trabaja como jefe de asociaciones y enlaces de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops). Según la Fiscalía, ambos entregaron el control de los puertos y aeropuertos de Guatemala a empresas chinas, algo que el Ejecutivo rechaza.

La cruzada llega a Colombia

En los últimos días, la persecución de Porras ha cruzado fronteras. Aunque, al menos por ahora, se queda a medio gas.

El fiscal Rafael Curruchiche, la mano derecha de la jefa del Ministerio Público, anunció el lunes que una sala había autorizado la captura de Iván Velásquez y de Luz Adriana Camargo. La Fiscalía solicitó su detención porque los vincula a una “estructura criminal” –acusa a Velásquez de encabezarla– para favorecer a empresarios señalados en el caso Odebrecht. Según Curruchiche, esto “provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales (unos 350 millones de euros)”.

El Ministerio Público ha utilizado el caso Odebrecht como gancho para perseguir a fiscales guatemaltecos. Entre ellos, la exfiscal general Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval, el exfiscal anticorrupción y antecesor de Curruchiche. Ambos están en el exilio.

La fiscalía asegura que ellos hicieron “acuerdos fraudulentos” con acusados del caso, llegando incluso a borrar expedientes. Los exfiscales dijeron esta semana en un comunicado que la persecución en realidad busca beneficiar a exfuncionarios acusados por este mismo caso. También cuestionaron que las órdenes de captura fueron emitidas por una sala de apelaciones que, además de no ser el órgano indicado para hacerlo, ha sido señalada por sus resoluciones contra de la libertad del periodista José Rubén Zamora, hoy encarcelado.

Una de las primeras respuestas ante las órdenes de captura la dio el Ejecutivo de Arévalo, que aseguró que se habían emitido con un “objetivo político”. Se suman, dice el Gobierno, “a la seguidilla de actuaciones” de Consuelo Porras y de jueces “asociados a la corrupción”.

En la misma línea fue la respuesta de Gustavo Petro en Colombia. El presidente dijo que la Fiscalía guatemalteca “responde al crimen”.

Rafael Curruchiche afirmó que solicitó que la Interpol active una alerta internacional, aunque tanto Arévalo como los exfiscales tachan de ilegales las órdenes de captura.

La propia ONU confirmó esta semana que Velásquez y Camargo tienen inmunidad. El secretario general, António Guterres, recordó a través de su portavoz que esta inmunidad tiene que ver con su trabajo en la CICIG, lo que dejaría sin validez las órdenes de captura.

Como represalia ante la persecución, Petro vetó la entrada de la fiscal Consuelo Porras a Colombia. En un consejo de ministros televisado dijo a su canciller que debía emitir un acto administrativo que le prohibiera la entrada a ella y a “sus amigos mafiosos”.

El país sudamericano se suma a las naciones que han sancionado a Porras y a otros fiscales y jueces afines, como Rafael Curruchiche y Fredy Orellana. Los tres han sido tachados de “actores antidemocráticos” por el Departamento de Estado estadounidense (durante la Administración de Joe Biden). El Consejo de la Unión Europea los acusó de “socavar la democracia, el Estado de Derecho y la transferencia pacífica del poder”. En 2024 los sancionó con una congelación de activos y les vetó la entrada y el tránsito por países de la región.

Casi a la medianoche del domingo 18 de mayo, la Fiscalía salvadoreña llegó a la casa de Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la ONG Cristosal. Poco después, hacía pública su captura. La acusaron de malversación, aunque no dieron detalles de ello, ni de dónde la habían llevado. 

Cristosal es una de las principales organizaciones de defensa de derechos humanos en el país centroamericano. La detención de una de sus directivas mandaba un mensaje a la sociedad civil y suponía la antesala del siguiente varapalo a las voces críticas en El Salvador. La Asamblea Legislativa lo daría solo un par de días después. 

El Congreso aprobó el martes de la semana pasada la ley de Agentes Extranjeros, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Nayib Bukele y los diputados oficialistas de Nuevas Ideas con el objetivo, dicen, de “transparentar el uso de fondos provenientes del exterior”.

Lo que implica la ley de Agentes Extranjeros

La norma, que tiene un gran parecido a la que Nicaragua aprobó en 2020, establece un impuesto del 30% a organizaciones que reciban ingresos internacionales —a las que define como “agentes extranjeros”—, prohíbe que acepten donaciones anónimas o que cambien el propósito para el que estaban destinados sus fondos. Establece multas de hasta 200.000 dólares si incumplen alguna disposición.

En otras palabras, le da a Bukele la autoridad para fiscalizar, sancionar y clausurar organizaciones que hayan recibido dinero del extranjero. 

En el grupo de afectados, además de ONG, entran también medios de comunicación que se financien a través de proyectos de fundaciones internacionales o que reciban donaciones, un modelo de sostenibilidad bastante común entre medios independientes. La ambigüedad con la que está escrita la ley abre la puerta a perjudicar también a particulares y empresas. 

El concepto “agentes extranjeros” va en la línea de un discurso que se ha popularizado entre líderes autoritarios latinoamericanos: cargar contra una supuesta injerencia extranjera que busca minar la soberanía y la independencia de los gobiernos. Otros países como Rusia también han utilizado leyes similares.

El objetivo: ahogar las voces críticas

El oficialismo salvadoreño asegura que la finalidad de la ley es garantizar la transparencia del dinero que llega al país. 

Pero lo cierto, explica el periodista César Fagoaga, director del medio Factum y expresidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, es que las organizaciones y medios ya tenían que comunicar su situación financiera y cualquier entrada de dinero al Gobierno y al Banco Central de Reserva.

El objetivo de la ley es otro. Según comparten miembros de organizaciones, periodistas y analistas consultados por elDiario.es, busca apagar las voces críticas en El Salvador. “Darles el golpe final”, dice un miembro de una ONG que prefiere no revelar su nombre.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió de que la norma puede restringir los derechos a la libertad de asociación y de expresión y podría implicar que algunas de las organizaciones afectadas terminen cerrando. 

Algunas de estas ONG y medios de comunicación ya estaban ahogadas con el recorte de fondos de USAID anunciado por Donald Trump a inicios de este año, que obligó a despedir personal y a cancelar proyectos en marcha.

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, está segura de que para organizaciones con presupuestos ya de por sí reducidos, un impuesto del 30% va a hacer que desaparezcan. Además, anticipa, es probable que la nueva norma repela a financieros internacionales. “En Nicaragua, donde también hay una ley así, se bloqueó de tal manera la operación de organizaciones y periodistas, que la mayoría de personas tuvo que exiliarse”, explica a este medio.

“Esto no es de ahora; lo vimos venir desde hace años”, lamenta Fagoaga, que asegura que lo que posibilitó el avance de esta ley y la persecución de organizaciones y medios es que ya no se cuente con la protección del Gobierno de Estados Unidos.

De hecho, la iniciativa ya había entrado al Congreso en 2021. Entonces, buena parte de la comunidad internacional bloqueó su avance, recuerda Goebertus. “Fue frenada gracias a la presión internacional de EEUU y de gobiernos europeos. Hoy vemos la ausencia de Estados Unidos de estas discusiones”, concluye.

Escalada represiva de Bukele

La aprobación de la ley y la detención de Ruth López se dan semanas antes de que se cumpla un año de la segunda investidura de Nayib Bukele, que para muchas voces críticas supuso la instalación de un gobierno autoritario.

Para las personas consultadas por este medio, las últimas decisiones de Bukele implican la consolidación de la escalada represiva. 

“Vemos un incremento significativo del repertorio de medidas represivas del Gobierno”, dice Goebertus, que toma también en cuenta las amenazas de captura contra periodistas de El Faro y el arresto de transportistas. 

Todas estas acciones se suman a las violaciones de derechos humanos, torturas, malos tratos y muertes bajo custodia que Human Rights Watch y otras organizaciones han denunciado en estos últimos tres años, desde que se instaló el régimen de excepción.

En el país hay un temor general de que continúen las detenciones. “Hay muchas organizaciones que están sacando a su gente de El Salvador”, asegura Fagoaga. “Cayeron en cuenta de que la detención de Ruth López marcó un antes y un después. Ahora, nadie está protegido”.

A escasos días de la primera vuelta electoral en Ecuador de este domingo 9 de febrero, el país zozobra entre una tensión política, a la que se suma un clima de inseguridad y los cuestionamientos hacia el presidente, Daniel Noboa, señalado por llevar a cabo violaciones de derechos humanos, y la posibilidad de que se repita la segunda vuelta de la última vez: el propio Noboa frente a la correísta Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana.

Noboa, quien lleva desde que asumió su mandato en una pugna con su vicepresidenta, se niega a que la funcionaria asuma sus funciones al frente del gobierno, ahora que él se postula como candidato a la reelección. El parlamento ecuatoriano ya ha confirmado que es Verónica Abad la que debe ocupar su lugar, mientras la funcionaria ha acusado a Noboa de intentar llevar a cabo un golpe de Estado.

En una entrevista con elDiario.es, Leonidas Iza, que lidera la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), la organización social más importante de Ecuador, reflexiona sobre si el mandatario ha consolidado una deriva autoritaria en el país.

Iza, quien también se postula a la presidencia con Unidad Plurinacional Pachakutik, fue uno de los líderes de las protestas de 2019 y 2022 y es una figura destacada en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. 

Ecuador acaba de cumplir un año de la declaración de un conflicto armado interno que se estableció para luchar contra las bandas criminales. Pero en este tiempo, la violencia sigue siendo un problema grave que ha llevado a Daniel Noboa a decretar varios estados de excepción. ¿Cuál es su análisis de esta situación?

Las medidas tomadas por el Gobierno han profundizado la violencia y la delincuencia. No se ha resuelto. En términos económicos, han servido para ahuyentar el ingreso de turistas. 

Y mirando hacia delante, más bien han servido para que las mafias vayan consolidándose y enraizándose. La declaración de guerra por parte de Daniel Noboa no ha servido en absoluto.

En 2023, Noboa prometió mano dura contra el crimen organizado, algo que le impulsó en su carrera hacia la presidencia. El plan Fénix que ha implementado —y del que no se sabe mucho— y los señalamientos de violaciones de derechos humanos, de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas ¿terminan de confirmar una deriva autoritaria en Ecuador?

Esto es algo que ya vinieron construyendo (Lenín) Moreno, (Guillermo) Lasso y ahora Noboa. Han ido consolidando una política monárquica, un autoritarismo, y eso se ha ido naturalizando en la gente más pobre, común y corriente. 

Se han aprovechado del miedo, del terror, de las matanzas, de las consecuencias del enfrentamiento entre grupos…

En términos políticos lo han aprovechado tan bien, que ahora, utilizando el estado de guerra, han roto la Constitución para consolidarse un actor político que está dispuesto a someter a todo el pueblo ecuatoriano. Miremos lo que ha hecho con la vicepresidenta. 

En el momento en el que empieza a reaccionar el pueblo, inmediatamente está el estado de guerra. Va consolidándose una actitud fascistoide en el Ecuador.

Han construido un relato con el que están estigmatizando a los afros, racializando la pobreza... Ven a un afro, a un migrante y “este es delincuente”; ven a un indígena y “este es terrorista, que sale a quemar Quito”. Han logrado construir estos relatos para tenernos divididos, con zozobra, con miedo. Y en esta cancha están aprovechando para construir sus políticas, que benefician a sus sectores.

Estamos en un momento extremadamente jodido en el Ecuador. Todo esto que sufrimos el pueblo, los de a pie, ha sido aprovechado perfectamente por las clases políticas y económicas del Ecuador.

¿Está emulando Noboa el modelo de Nayib Bukele en El Salvador?

No está emulando; está copiando. Pero claro, no copia bien. El Plan Fénix no existe, por más secretismo que existe. Los actos los está haciendo de manera espontánea. En ese proceso ha ido cometiendo errores.

Los pueblos indígenas se han mostrado especialmente críticos con la gestión de Noboa. En diciembre usted mismo advirtió que llevarían a cabo protestas si el mandatario no daba marcha atrás a su proyecto de instalar una cárcel en la Amazonía. ¿Planean alguna movilización similar a las protestas de 2019 o al paro de 2022?

Eso se va a ir dando de manera natural. No depende de lo que digamos los dirigentes ni de lo que planifiquemos. El Ecuador en su proceso de desarrollo como sociedad ha sido un pueblo luchador. 

Seguramente ahora se está esperando la posibilidad de hacer un cambio de gobierno. En esa posibilidad estamos nosotros y si es que se da en este proceso, seremos muy rigurosos para que esto no suceda.

Y si no se da esa posibilidad, el pueblo va a seguir luchando. No podemos decir las fechas con determinación, pero lo que está claro es que la gente no va a seguir comiendo cuento.

Nunca elegimos a dos vicepresidentas. Elegimos a la vicepresidenta Abad. Digo “elegimos” como ecuatorianos, porque nosotros en términos ideológicos distamos. Pero en términos institucionales, cualquiera, sea de la línea que sea, debe respetar la legalidad. Pero en este país, sin tener una mínima condición de respeto, han logrado instalar la dictadura.

Creo que Daniel Noboa ni siquiera va a llegar a segunda vuelta, porque ha pisoteado al pueblo ecuatoriano y no podemos seguir tolerando un gobierno de esta calaña. 

Recientemente, la vicepresidenta, Verónica Abad, acusó a Daniel Noboa de intentar llevar a cabo un golpe de Estado. ¿Coincide con ella?

Efectivamente. Si el presidente rompió la institucionalidad, automáticamente tienes un Estado fallido. 

Todo lo que está haciendo en este momento Noboa no va a quedar en la impunidad. Lo está haciendo porque tiene poder. Luego vienen las consecuencias. Les aseguro que los efectos que va a tener el gobierno de Daniel Noboa vendrán después de que deje de tener poder.

Tiene que haber responsabilidad de los actos que están cometiendo en este momento. La justicia de manera natural, respetando la ley y la Constitución, tiene que determinar en el momento que sea la responsabilidad.

Mencionaba que no cree que Noboa pase a segunda vuelta. Las encuestas lo sitúan a él y a la correísta Luisa González al frente, con porcentajes muy por encima de los demás candidatos. ¿Espera que se produzca un cambio el día de los comicios?

Absolutamente. Un alto porcentaje de la población ecuatoriana está viendo otras opciones. Quieren poner en la cabeza de los ecuatorianos que están polarizados y por lo tanto ya no hay chance para un tercero.

Hay una opción que viene del pueblo. Nosotros venimos limpiecitos. Hay candidatos que se lavan las manos, pero pidieron el voto por Daniel Noboa. Nosotros jamás hemos invitado a votar por un proyecto político que sea ajeno al pueblo. No quiero ser la tercera opción. Somos la única opción.

Entonces, si finalmente Noboa y González pasaran a segunda vuelta, ¿descartan apoyar a González en este escenario?

Nosotros nos estamos consolidando para ser esa opción del pueblo. Si opino sobre la segunda vuelta, automáticamente estaríamos trabajando por otros candidatos. En la segunda vuelta, tomaremos una decisión.

¿Cómo analiza las denuncias de Rafael Correa de lawfare en su contra? ¿Hay un peligro en Ecuador de utilizar la guerra judicial para eliminar del mapa político a adversarios?

El problema es que todos los gobiernos de turno, cuando llegan al Ejecutivo creen que son monarcas. Entonces deciden por los cinco poderes del Estado.

No hay respeto a la independencia de funciones. La derecha ha tomado la justicia para construir escenarios e ir limpiando a sus adversarios. Esto no debería pasar en ninguno de los regímenes. La democracia debería ser respetada. Pero no. La política se hace para secuestrar a la democracia.

Llámese Daniel Noboa, llámese Rafael Correa, llámese Leonidas Iza, la justicia debería tener independencia de funciones.

Más de cinco meses después de las últimas elecciones de Venezuela, y con la inminente toma de posesión de Nicolás Maduro este viernes, la tensión e incertidumbre tras los comicios, lejos de disiparse, se ha incrementado. Este jueves, María Corina Machado ha reaparecido en Caracas. Y lo ha hecho con mucha confusión. Su partido, Vente Venezuela, denunció que la líder opositora fue “violentamente interceptada” tras su salida de la protesta que convocó este jueves para reivindicar la victoria de Edmundo González Urrutia en las presidenciales. “Efectivos del régimen dispararon contra las motos que la trasladaban”, indicó Vente Venezuela en la publicación.

Un par de horas después, sin embargo, el equipo de la líder opositora reconocía que se encontraba en libertad: “Saliendo de la concentración en Chacao, Caracas, María Corina Machado fue interceptada y tumbada de la moto en la que se trasladaba. En el suceso detonaron armas de fuego. Se la llevaron retenida por la fuerza. Durante el periodo de su secuestro fue forzada a grabar varios vídeos y luego fue liberada. En las próximas horas ella se dirigirá al país para explicar los hechos”.

Telesur y el Gobierno venezolano difundieron un vídeo en el que Machado afirmaba encontrarse en libertad.

Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, ha respondido: “Ella está loca por que nosotros la capturemos, y ese era el plan de ella: decir que fue capturada, para ver qué puede levantar. No generó nada, y al ver que no generó nada, grabó con el rabo entre las piernas un video diciendo que está bien, que se le perdió su cartera azul. ¡Un invento, una mentira! ¡Ya basta de mentiras contra el país y nuestro pueblo!”.

Más tarde, la propia Machado afirmó en X que en el incidente se produjo un herido y que se encontraba en “lugar seguro”, si bien emplazó a este viernes para dar más detalles del suceso: “Mi corazón está con el venezolano que fue herido de bala cuando las fuerzas represivas del régimen me detuvieron. Yo estoy ahora en un lugar seguro y con más determinación que nunca antes de seguir junto a ustedes hasta el final. Mañana voy a comunicarles lo ocurrido hoy y lo que viene”.

Panorama complejo

El panorama pinta complejo. Nicolás Maduro sigue en la misma posición desde el 28 de julio: preparado para tomar posesión y defendiendo su victoria en las elecciones presidenciales, refrendada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a pesar de no haber hecho públicas las actas que lo confirmarían.

Mientras, el opositor Edmundo González Urrutia dice no estar dispuesto a ceder la presidencia, para lo que cuenta con el respaldo de países como EEUU y Argentina, que le han reconocido “presidente electo” –mientras que la UE se ha quedado en no reconocer el triunfo de Maduro–, de copias parciales de documentos electorales —hoy custodiados en Panamá— que, asegura la oposición, certifican su victoria, y de los informes de los observadores de la ONU y el Centro Carter que cuestionan el resultado electoral proclamado por el CNE.

González Urrutia, que salió de Venezuela en septiembre para asilarse en España, y que inició hace unos días una gira por América para reunirse con mandatarios aliados, asegura que este viernes llegará a Venezuela para asumir como presidente electo. El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, le advirtió este lunes de que “apenas ponga un dedo en Venezuela será detenido”.

Mientras, Maduro tiene todo planeado para revalidar su mandato en un acto que contará con las ausencias de varios dirigentes, como Pedro Sánchez o Gustavo Petro, que ya han confirmado que no asistirán a la toma de posesión.

Tanto la oposición como organizaciones han denunciado represión y una ola de detenciones en las últimas semanas. Este martes, la policía detuvo al yerno de González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado afirmó en sus redes sociales que fuerzas oficiales habían cercado la casa de su madre.

La organización Espacio Público alertó que desde el martes se desconoce el paradero de su director, el defensor de la libertad de prensa Carlos Correa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó este martes al gobierno de Maduro de llevar a cabo una dura represión en los últimos meses, con “al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Maduro ha asegurado esta semana que en los últimos meses han detenido a más de 150 personas extranjeras, que calificó como “mercenarios” por estar implicadas en conspirar para derrocar a su Gobierno.

“En estos meses desde la elección tenemos un oficialismo mucho más cercado y una oposición más reprimida”, explica a elDiario.es Carmen Beatriz Fernández, experta venezolana en comunicación política y profesora en la Universidad de Navarra. “La tensión ha ido creciendo conforme se acerca el 10 de enero”, añade.

La “misión imposible” de la oposición

Dentro de la incertidumbre que se palpa en el país, analistas y periodistas consultados por este medio ven una certeza a partir de este viernes: nada impedirá que Maduro tome posesión del cargo.

“Todo el aparato burocrático e institucional del Estado está participando de la juramentación de Nicolás Maduro”, asegura Víctor Amaya, director del medio venezolano TalCual. Sobre la promesa de González Urrutia de llegar a Venezuela este viernes, Amaya se muestra escéptico: “Es muy poco probable. Lo que se presume es que esté en un país cercano para que, en el caso de que se den ciertos eventos, poder llegar a Caracas”.

Estos “eventos” pasarían por algo que la oposición lleva buscando desde las elecciones: que las fuerzas armadas y policiales desobedezcan las órdenes de la cúpula chavista y de esta forma Maduro no pueda tomar posesión, algo que el mismo González Urrutia ha pedido esta semana.

El respaldo popular también es clave para la oposición. La manifestación de Caracas fue replicada en varios países, como España o Italia. En Madrid, en la Puerta del Sol, Isabel Díaz Ayuso llamaba a las fuerzas armadas de Venezuela a “dar un paso adelante” y “precipitar la caída del régimen criminal de Maduro” en una protesta a la que se han sumado Feijóo, Abascal y Aznar.

La posibilidad de una negociación

Para Carmen Benítez, aún hay una posibilidad de que Nicolás Maduro no tome posesión. Pasaría por una posible negociación in extremis para favorecer una retirada del mandatario. Esto es algo que está sobre la mesa desde los comicios del 28 de julio de 2024, y que han buscado gobiernos como el de Colombia, Brasil y México sin éxito hasta ahora.

Sea ahora o más adelante, otros analistas comparten el análisis de la experta venezolana. “Lo que Venezuela necesita para salir de esta crisis profunda es una negociación cara a cara donde, con realismo, ambas partes determinen una transición pactada”, dijo a EFE el diplomático y catedrático chileno Fernando Reyes Matta.

¿Edmundo González como Guaidó?

Para algunos analistas es inevitable pensar que la situación de Edmundo González derive en algo similar a lo que ocurrió con Juan Guaidó en 2019: un líder opositor que en su momento tuvo el respaldo popular e internacional y que el gobierno de Nicolás Maduro logró apagar.

En enero de 2019, meses después de unas presidenciales en las que Maduro revalidó su mandato, a pesar de las denuncias de fraude por parte de la oposición, Juan Guaidó, recién nombrado presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclamó presidente interino de Venezuela. Al inicio, Guaidó tuvo el apoyo de varios gobiernos de América y de Europa pero, a pesar de este respaldo, después de que el Gobierno venezolano le retirara su inmunidad y fuera inhabilitado, el político fue perdiendo fuerza.

La Unión Europea y la propia oposición dejaron de llamarlo “presidente” y a finales de 2022, una mayoría de partidos opositores decidió eliminar el “Gobierno interino”. Guaidó abandonó el país en abril de 2023, rumbo a Miami, donde vive con su familia. La Fiscalía emitió poco después de su marcha una orden de arresto en su contra.

Aunque algunos analistas se mantienen cautos a la hora de comparar a ambos opositores, otros no ven lejana la posibilidad de que suceda con González Urrutia lo mismo que ocurrió con Guaidó. “Yo creo que Edmundo González se va a convertir en un nuevo (Juan) Guaidó”, aseguró a EFE Patricio Navia, politólogo y profesor universitario.

“No es el mismo escenario”, advierte a este medio Víctor Amaya. La diferencia para el periodista radica en que el proceso para que González Urrutia llegara a proclamarse presidente está basado en una elección popular.

“Hay una evidencia de que hubo un fraude electoral, de que el resultado fue cambiado y está respaldada por documentos oficiales del Consejo Nacional Electoral, con unos sistemas de seguridad, como han certificado instituciones como el Centro Carter”, concluye Amaya.

“El 10 de enero de 2025, el presidente electo Edmundo González Urrutia será juramentado como presidente constitucional de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional”. La frase es de María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. La publicó en su cuenta de X el domingo por la tarde, cuando el avión en el que viajaba González Urrutia aterrizaba en la base militar de Torrejón de Ardoz.

El opositor venezolano había salido de Venezuela rumbo a España a través de un salvoconducto y tras pasar más de un mes protegido en la embajada de los Países Bajos. Desde el 2 de septiembre hay una orden de captura en su contra, promovida por la Fiscalía venezolana.

“He decidido salir de Venezuela y trasladarme a España a cuyo gobierno agradezco profundamente que me haya acogido y me dé protección en estos momentos, igualmente agradezco a la Embajada de los Países Bajos en Venezuela. Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento”, ha afirmado el candidato de la oposición en las pasadas elecciones del 28 de julio, en un comunicado publicado este lunes.

Desde la celebración de los comicios, la oposición ha sostenido que González Urrutia es el ganador y quien deberá tomar posesión el próximo 10 de enero, y ha publicado unas actas electorales parciales para defender su posición.

Varios países, como Argentina o Panamá, lo han reconocido como presidente electo; mientras otros le dan como ganador pero se resisten a ir más lejos, como EEUU, y otros más, como los de la UE, Brasil y Colombia, piden la publicación de las actas sin llegar a conceder la victoria a nadie.

Al mismo tiempo Nicolás Maduro, el actual mandatario, fue designado ganador por el órgano electoral venezolano el 28 de julio pasado, si bien a fecha de hoy aún no ha publicado las actas de ese recuento. Este lunes, en su programa de televisión semanal, dijo que respeta la decisión del líder opositor de abandonar la nación caribeña rumbo a España. “Le puedo decir al embajador González Urrutia, en Madrid, le digo: mi respeto a su decisión, todo mi respeto a la decisión que usted ha tomado”.

Ahora, con el hasta ahora líder de la oposición en el exilio, el interrogante es ¿qué pasará con el antichavismo en Venezuela en los próximos cuatro meses?

La estrategia del Gobierno ante la oposición

Cuando se supo que González Urrutia recibiría asilo en España, la propia vicepresidenta del Gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, publicó la noticia en su cuenta de Instagram, prácticamente al mismo tiempo que hacía lo propio el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, en X.

Rodríguez aseguró que el Ejecutivo de Maduro había tramitado los salvoconductos y que hubo un acuerdo con el Gobierno de España para autorizar la salida del opositor. El ministro de Exteriores Albares., por su parte, negó que se hubieran producido “contraprestaciones políticas”, acusación que ha hecho el PP de Alberto Núñez Feijóo.

“El gobierno cree que asesta un golpe al ánimo” de la oposición, explica a elDiario.es Carmen Beatriz Fernández, experta venezolana en comunicación política y profesora en la Universidad de Navarra.

Fernández asegura que no es casual que se haya anunciado de esta manera la salida de González, mientras que otros opositores están refugiados en la antigua embajada de Argentina ante la vigilancia de las fuerzas de seguridad chavistas. “Se lo conceden porque creen que con ello ganan espacio en una lógica narrativa que impulsa la desmoralización”, expone. 

César Bátiz, director del medio El Pitazo, considera que la salida de Edmundo González Urrutia “sí ha golpeado la moral” de la oposición, le sirve a la narrativa del gobierno, que ha tratado de quitarles el apoyo de su gente para que se vayan“, asegura a este medio.

Bátiz recuerda que desde inicios de agosto las apariciones públicas de González Urrutia fueron nulas: “No se le escuchaba, no se le veía, y ahora nos enteramos de que estaba en la embajada de Países Bajos”.

El papel de Machado

En este último mes la oposición ha seguido movilizándose en torno a María Corina Machado. La dirigente de la oposición ha afirmado: “Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí, junto a ustedes”.

Ha sido ella la que condujo la campaña electoral de González Urrutia y la que le traspasó su capital político después de que la inhabilitaran y de que no pudiera participar en los comicios. Y ha sido también ella la que ha seguido apareciendo en las manifestaciones multitudinarias, la que ha dado entrevistas y la que ha reclamado de una manera constante que las elecciones las ganó la oposición, que cifra en 1.793 las detenciones registradas desde el 7 de septiembre.

Anna Ayuso, investigadora para América Latina del think tank CIDOB, dice que el papel de Machado es el que ha mantenido el discurso opositor. Aunque, en todo caso, recuerda que “para tomar posesión, si se llegara a dar la situación, es él (González Urrutia) el que tendría que volver a Venezuela. Y tiene una orden de captura”.

Los posibles escenarios

Los próximos cuatro meses definirán el futuro político de Venezuela. Para la oposición, el reto estará en no perder fuerza con su representante en el exilio. Y para el Gobierno, sacudirse la presión de EEUU, la UE y los países latinoamericanos que no reconocen el resultado electoral del pasado 28 de julio.

Carmen Beatriz Fernández ve varios posibles escenarios.

Uno es que Maduro se mantenga en el poder, lo que puede llevar a algunos países a no reconocer su proclamación el 10 de enero –con el recuerdo de las consecuencias al reconocimiento internacional al autoproclamado Juan Guaidó, que puede desincentivar una decisión análoga con Edmundo González– y a movilización de la oposición. Fernández considera que puede darse una “transición política” con “inestabilidad, desórdenes ciudadanos, revueltas e incluso golpes de Estado”.

Otro escenario, en el que trabajan algunos países en América Latina –Brasil, Colombia– es que “en estos cuatro meses se establezca un acuerdo en el que el oficialismo tutele la transición”. Así, según Fernández, la hipótesis podría ser: “Maduro renuncia y asume el poder el presidente de la asamblea, Jorge Rodríguez, y González Urrutia toma posesión en enero”.

Anna Ayuso, por su parte, considera que “hay sectores chavistas que son anti-Maduro”, y afirma que “el peligro en esta situación es que pase como en Nicaragua”.

César Bátiz añade: “Hay personas del oficialismo que le dicen a Maduro que esto se va a poner difícil por situación económica, lo que va a incidir en una mayor migración a otros países”.

Presión internacional y negociaciones

Para definir el rumbo de estos cuatro meses, las negociaciones con el Gobierno de Maduro van a seguir siendo la clave.

“Va a depender de que se establezca un proceso de negociación donde los factores de Gobierno convenzan a Maduro de que la transición es su mejor opción. Hoy por hoy no parece que esto sea lo más probable. Maduro parece estar muy determinado a no ceder voluntariamente”, explica Fernández.

“El 10 de enero es el punto crucial”, recuerda Bátiz, que ve otro posible escenario: “Puede ser que la salida de Maduro sea el resultado de una negociación a favor de la repetición de elecciones”. Esta fue una de la solución presentada a mediados de agosto por Brasil y Colombia que proponía un Gobierno de coalición de transición y nuevas elecciones con garantías.

“Se espera que la presión internacional se incremente. Se esperan sanciones de Estados Unidos y de otros países a funcionarios, a sus familiares y testaferros. Esto afectaría al sostén económico de Maduro”, añade el periodista.

Ayuso concluye que “la oposición va a tratar de dar la batalla presionando desde el exterior”. Aunque, anticipa: “A estas alturas es muy difícil que el Gobierno de Maduro dé un paso atrás”.

Reforzado por un cuestionado Tribunal Supremo (TSJ) que validó el jueves su victoria en las elecciones presidenciales pese a las acusaciones de fraude y sin publicar actas electorales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, resiste a las presiones internas y externas y eleva el tono contra la oposición.

“Esta vez no va a haber perdón con los criminales y los terroristas. Les reto a que nos veamos en las calles”, dijo envalentonado, añadiendo que aboga por una reforma electoral “para que no puedan participar en procesos electorales aquellos que desconozcan las leyes, los poderes públicos, la Constitución y pretendan imponer un régimen fascista”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro ganador de las elecciones sin haber hecho públicas las actas ni segregar los resultados por mesas electorales. La oposición dice haber recuperado buena parte de las actas y, según su escrutinio, el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, es el ganador con el 67% de los votos.

Varios presidentes latinoamericanos, incluidos algunos progresistas, han cuestionado la resolución del TSJ. El primero en hacerlo fue Gabriel Boric, que se ha mostrado muy crítico con la opacidad de los resultados electorales en Venezuela. El mandatario chileno dijo en su cuenta de X que “hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude”.

Boric aseguró que no reconoce el “triunfo autoproclamado de Maduro y compañía”, que se trata de “una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo”. “La dictadura de Venezuela no es la izquierda”, concluyó, “es posible y necesaria una izquierda continental profundamente democrática”, “un progresismo transformador que mejore las condiciones de vida de su pueblo construyendo comunidad en vez de individualismo”.

“La crisis en Venezuela es indiscutible y, desde Guatemala, ya hemos dicho que sus recientes elecciones solo son una demostración de la misma: el régimen de Maduro no es democrático y no reconocemos su fraude”, ha señalado el presidente progresista de Guatemala, Bernardo Arévalo. “Los pueblos de todo nuestro continente debemos demandar una salida pacífica que garantice la voluntad del pueblo y que recupere el país para todos los venezolanos”.

Precisamente, esa salida pacífica, a través de una negociación, es lo que han intentado algunos países de la región tras las elecciones. Colombia, Brasil y México anunciaron a inicios de agosto su voluntad de mediar para buscar una salida a esta crisis, pero el proceso parece haberse encallado, al menos públicamente. A los presidentes Gustavo Petro (Colombia) y Lula da Silva (Brasil), antes próximos al régimen venezolano, parece que se les agota la paciencia y, la semana pasada, propusieron celebrar nuevas elecciones, lo que también ha sido rechazado por las partes.

El modelo nicaragüense

Los expertos mencionan que la posición de Maduro en Venezuela tiene una deriva autoritaria que se parece cada vez más a la de Daniel Ortega en Nicaragua. Michael Paarlberg, exasesor principal de Sanders para América Latina, dijo en una entrevista con elDiario.es que “Maduro está tomando a Daniel Ortega como inspiración”.

“Ortega es el modelo más importante para el eje autoritario, no sólo para la izquierda, ya que también sirve de inspiración para Bukele en El Salvador. Es un modelo de alguien que llegó al poder siendo relativamente popular y no tuvo que recurrir a la violencia de Estado para mantenerse en el cargo”, explicó Paarlberg.

Ryan Berg, director del programa de las Américas del think tank Center for Strategic and International Studies de Washington, señalaba a principios de agosto en un artículo de Bloomberg que “para permanecer en el poder, Maduro ha movido el país en la dirección de Nicaragua, que es totalmente un Estado policial”. Aunque Berg cree que Maduro aún tiene “un camino por recorrer si quiere construir el control total de la sociedad venezolana al estilo de Ortega”, ese puede ser el modelo “hacia donde se dirige”. 

Tom Shannon, un diplomático estadounidense que trabajó en Venezuela por primera vez a mediados de los 90, declaraba a The Guardian que ve dos salidas: el modelo nicaragüense o el modelo rumano. “La solución nicaragüense es que Maduro y su Gobierno simplemente les saquen el dedo al mundo y, como lo ha hecho Ortega, sigan adelante con la represión, las detenciones, las expulsiones y las desnaturalizaciones en un esfuerzo por afirmar un control total y absoluto”. Mientras, la solución rumana sería que “la gente se frustra tan profundamente que se vuelve contra el Gobierno de forma muy violenta”.

Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, llegó a la Presidencia por segunda vez en 2007 y, desde entonces, sigue en el cargo. Se ha proclamado ganador en otras tres elecciones presidenciales más, la última de ellas en 2021 con un 75% de los votos y con cuestionamientos acerca de su legitimidad y de los resultados oficiales –que EEUU y la UE no reconocieron–. Ortega no tenía rival, ya que había encarcelado a siete candidatos presidenciales.

En Nicaragua, la deriva autoritaria ha sido clara. Según la ley electoral del país, si uno de los candidatos alcanza el 35% de los votos no hay segunda vuelta. En los últimos comicios, ante el riesgo de no llegar a esa cifra, el presidente aumentó la represión. Además de la detención de políticos opositores en el contexto electoral –en total, 46 detenidos–, la libertad de prensa también se vio mermada, pasando del puesto 75 en el ranking de Reporteros sin Fronteras de 2016 al puesto 121 en 2021.

En este tiempo ha logrado tener bajo control a los poderes Legislativo y Judicial. También a las fuerzas de seguridad, que han sido claves para reprimir las protestas ciudadanas. La más evidente, la de 2018, cuando la población se manifestó en contra de una reforma de la seguridad social. La Policía y grupos paramilitares agredieron a manifestantes y llevaron a cabo detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. “Ahí es cuando salieron a la luz sus verdaderos colores autoritarios y cuando se dio cuenta de que necesitaba recurrir a la fuerza bruta. Lo hizo y tuvo éxito”, dice Paarlberg a elDiario.es.

“Si Maduro fuera inteligente, reconsideraría su posición”, afirma el analista. “Hay un escenario posible en el que se dé cuenta de que acabará perdiendo y cediendo el poder, y entonces podría negociar una salida en la que sea amnistiado y en la que pueda ir a la oposición y disputar elecciones en el futuro como un partido chavista reformado”, añade.

“Con ese escenario, se podría convencer a Maduro, pero en este momento no veo que esté haciendo estos cálculos estratégicos porque ve la posibilidad de una transición en términos existenciales de vida o muerte y en la que pierde el poder para siempre”, dice el experto. “Hay muchos ejemplos en otros países de partidos autoritarios longevos que dejan el poder y después regresan. En México, por ejemplo, el PRI fue un partido autoritario que gobernó 71 años, pero gestionó su propia salida a través de negociaciones. Reconocieron lo impopulares que eran y que perderían los comicios, lo que acabó pasando en el año 2000. Pero gracias a esas negociaciones volvieron al poder en el año 2012 con Enrique Peña Nieto”.

The Wall Street Journal publicó recientemente que, en conversaciones privadas, Estados Unidos le ha ofrecido a Maduro una amnistía a cambio de renunciar a su cargo, algo que el propio Gobierno estadounidense ha negado públicamente. Aun así, Vedant Patel, portavoz adjunto del Departamento de Estado, dijo que se “está considerando un amplio abanico de opciones para presionar a Maduro para que regrese a Venezuela en el sendero de la democracia”.

Represión

La represión de Maduro —que ya había anticipado en campaña un “baño de sangre” si no ganaba las elecciones— no tardó en llegar ante las protestas de la oposición. La organización Foro Penal, que ha elaborado un registro de las personas detenidas desde las elecciones, contabilizaba el 18 de agosto 1.503 arrestos. Según datos oficiales, la cifra supera los 2.400 arrestados.

En este tiempo, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha sido expulsada del país por denunciar “el elevado número de detenciones arbitrarias”, así como “el uso desproporcionado de la fuerza”.

Patricia Tappatá, experta de la misión independiente de la ONU en Venezuela aseguró unos días después de los comicios que el país asiste “a la reactivación acelerada de la maquinaria represiva que nunca fue desmantelada y ahora es utilizada para socavar las libertades públicas de los ciudadanos, y su derecho a la participación política y la libre expresión de las ideas”.

Stefanía Migliorini, abogada de Foro Penal, declaró esta semana en rueda de prensa que “a día de hoy sólo ha habido 90 liberaciones” de los cientos de detenidos. En varios discursos ante la población, Maduro aseguró que estas personas serán trasladadas a cárceles de máxima seguridad. La iniciativa Monitor de Víctimas calcula que al menos 23 personas han fallecido a causa de las protestas postelectorales.

Casi una semana después de los comicios, oposición y chavismo convocaron a la ciudadanía a concentraciones para defender los resultados que, respectivamente, consideran como válidos. Miles de personas salieron a la calles. Tanto la manifestación convocada por la oposición como la “madre de las marchas” de Nicolás Maduro reunió a decenas de miles de personas que recorrieron las calles de capital y de varias ciudades venezolanas mostrando la profunda división de la población.

En uno de los actos tras su proclamación como presidente, Maduro convocó a la población a la “madre de las marchas”. Esta concentración, para la que también anunció un “concierto por la paz”, estaba programada para la tarde del sábado, aunque desde la mañana pudieron verse a personas motorizadas que salieron a las calles de varias ciudades en apoyo al mandatario chavista.

Según reportaron medios venezolanos, uno de estos grupos se reunió en la ciudad de Cumaná, en el estado de Sucre, y tiraron gases lacrimógenos contra la población que también se manifestaba a favor de la oposición.

A primera hora de la tarde, otro grupo de cientos de personas comenzó a recorrer las calles de Caracas en moto y a pie, en dirección al Palacio de Miraflores, en una marcha que, pasadas las cinco de la tarde, Maduro aseguró que ocupaba “más de ocho kilómetros”

“Puedo decir ahora, que Venezuela está en paz. Nadie podrá imponer escenarios de violencia. Habrá una emboscada y a cada emboscada habrá una respuesta. Nadie impondrá escenarios golpistas”, dijo el mandatario ante la población.

“Algunos creyeron sin ver. Les dije: la extrema derecha son el odio, la violencia, la venganza, el intervencionismo extranjero y la guerra”, sentenció, para reiterar después lo que ya ha mencionado en otros de sus discursos: que las personas capturadas tras las protestas fueron pagadas por la oposición y fueron entrenadas “en Texas, Perú y Chile”.

Según aseguró, todo esto fue confirmado por los mismos detenidos. Las familias de los detenidos han denunciado que las audiencias se realizan telemáticamente y que las personas no han tenido derecho de elegir a su defensa.

Maduro también hizo referencia al supuesto hackeo que el CNE denunció el domingo y a causa del cual la autoridad electoral mantiene que el conteo de votos se demoró durante horas.

El Centro Carter, cuya misión de observación electoral declaró esta semana que las elecciones venezolanas no pueden considerarse democráticas, aseguró que no hay evidencia de este hackeo.

La oposición grita “no tenemos miedo”

En otro punto de la capital caraqueña la ciudadanía empapeló las paredes con copias de las actas y acompañó la caravana en la que miembros de la oposición llegaron al acto. “Sabemos lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo bien”, dijo La líder opositora de derechas María Corina Machado, que reapareció en público junto al candidato de la oposición a la presidencia Edmundo González Urrutia, después de que esta semana la líder asegurara que temía por su vida y por ello se encontraba en la clandestinidad.

Varios representantes del oficialismo, entre ellos el propio Maduro, han amenazado con prisión a Machado y a González Urrutia. “Yo no acepto que nos planteen un chantaje que iguala a víctimas con victimarios”, expresó la líder de la oposición.

“No tenemos miedo”, gritaron las personas que se concentraron en el lugar, en referencia a estas amenazas y a la represión que el oficialismo ha ejercido esta semana en contra de manifestantes.

En otros países también se realizaron protestas en contra de los resultados oficiales. En Madrid, Buenos Aires, Bogotá, Bruselas o Berlín decenas de personas se reunieron para rechazar la reelección de Maduro.

Poco después de comenzar la manifestación en Caracas, el comando de campaña de Machado denunció en redes sociales que fuerzas de seguridad estatales habían intentado secuestrar el camión de sonido que se utilizó en el acto.

Medios venezolanos también registraron la presencia de funcionarios policiales en una de las avenidas de Caracas a la misma hora que estaba convocada la concentración opositora.

Confirmación de la autoridad electoral venezolana

La autoridad electoral venezolana volvió a confirmar lo que ya había proclamado: que Nicolás Maduro, según las cifras oficiales, fue reelegido como presidente. Cinco días después de las elecciones del 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró este viernes que Maduro obtuvo el 51,95% de los votos, frente al 43,18% de Edmundo González Urrutia, el principal candidato opositor, de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Tras este anuncio, y a partir de un recurso planteado por Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) citó a los candidatos, en un primer paso para certificar el resultado electoral. Caryslia Rodríguez, presidenta del TSJ, un órgano señalado de ser afín al oficialismo, leyó este viernes el acuerdo para que los partidos se comprometieran a acatar sus resoluciones relacionadas con el proceso electoral y a entregar sus actas.

Sólo hubo una ausencia en el acto: la de González Urrutia. La cámara de la transmisión oficial enfocó varias veces al asiento vacío con su nombre, reservado a la derecha de Maduro. Todos los presentes firmaron el documento, a excepción de Enrique Márquez, quien afirmó que la audiencia se celebró “sin ninguna transparencia”.

Las actas siguen pendientes

El CNE actualizó los datos de los resultados en un segundo boletín, pero continúa sin hacer público algo que la comunidad internacional le ha demandado: el dato desglosado mesa a mesa y la publicación de actas. Esto, han expuesto varios países, ayudaría a dar sustento a la versión oficialista.

La oposición, por su parte, ha publicado esta información en un sitio web que, aseguran, no deja de sufrir ataques. Según sus datos, González Urrutia es quien fue elegido por el electorado, con el 67% de los votos.

El anuncio del CNE contrasta con la decisión de Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú, Panamá y Costa Rica, que se sumaron este viernes a Estados Unidos y ya reconocen a González Urrutia como ganador de las elecciones.

Sigue la condena a la represión

El lunes, un día después de las elecciones, una parte de la ciudadanía salió a las calles para protestar contra los resultados que hizo públicos el CNE. Los manifestantes tiraron estatuas de Hugo Chávez y de otros representantes del chavismo, quemaron cuadros del exmandatario y arrancaron los enormes carteles de la propaganda de Nicolás Maduro, que acabaron arrastrados y pisoteados en el suelo.

Las fuerzas policiales y militares del oficialismo no tardaron en reprimir estas protestas. El propio Maduro aseguraba esta semana que habían detenido a 1.200 y que iban a ir “por mil más”. La tarde de este sábado, el presidente subió la cifra de detenidos a 2.000. “No va a haber perdón”, dijo el mandatario, “esta vez va a haber Tocorón”, añadió, en referencia al Centro Penitenciario de Aragua, una de las cárceles de máxima seguridad con las que cuenta el país.

La organización venezolana Foro Penal, que se ha dedicado a hacer un registro que actualiza diariamente, contaba 939 personas capturadas (de las cuales 90 eran adolescentes) y 11 fallecidos el viernes por la tarde. La alianza de medios Vota Venezuela lleva un recuento de 20 personas asesinadas durante las protestas. Según aseguraron a este medio periodistas y miembros de la sociedad civil, las calles de Venezuela se militarizaron desde entonces. Los comercios, supermercados y farmacias comenzaron a abrir unas horas y el clima se volvió tenso.

Países de la región se pronunciaron esta semana en contra de la represión del gobierno y organizaciones internacionales exigieron que se garantizara el derecho a la protesta.

Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Comisión Internacional de Juristas y la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), entre otras agrupaciones, llamaron a la comunidad internacional a mantenerse alerta ante posibles violaciones de derechos humanos.

Como gobiernos progresistas de la región, todos estaban esperando la posición de Brasil, Colombia y México. Muchos les han acusado de “tibios” por criticar, pero por no romper puentes. Chile, en cambio, fue especialmente duro desde el principio.

México no participó en la sesión que la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó el miércoles de esta semana para abordar la crisis venezolana y Brasil y Colombia se abstuvieron en la votación. Esto hizo fracasar una resolución conjunta para presionar al Gobierno de Maduro.

Mientras EEUU dice que se le “acaba la paciencia” y reconoce la victoria de la oposición ante lo que considera una “evidencia abrumadora”, los tres gobiernos progresistas latinoamericanos actúan con cautela intentando presionar a Maduro y lograr una salida negociada a la crisis venezolana.

El jueves, el presidente colombiano, Gustavo Petro; el mexicano, Andrés Manuel López Obrador; y el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunieron por videoconferencia para abordar la situación en Venezuela. De esta reunión salió un comunicado que marca la posición de los tres países latinoamericanos.

Unas horas después llegaba el comunicado, en el que apelan a las autoridades electorales venezolanas a que “avancen de forma expedita” y den a conocer los resultados desglosados por mesa de votación.

“Esfuerzos de diálogo”

México, Colombia y Brasil aseguran que las controversias sobre el proceso electoral “deben ser dirimidas por la vía institucional” y llaman “a los actores políticos y sociales a ejercer la máxima cautela y contención en sus manifestaciones y eventos públicos”.

Para este sábado se han convocado dos concentraciones masivas. Una, de la oposición, a las 10 de la mañana y otra, del chavismo, que Maduro aseguró que será “la madre de todas las marchas”.

El comunicado de México, Colombia y Brasil recuerda que mantienen su respeto a “la soberanía de la voluntad del pueblo de Venezuela” y cierra con una oferta: “nuestra disposición para apoyar los esfuerzos de diálogo y búsqueda de acuerdos que beneficien al pueblo venezolano”. Una oferta que ni EEUU ni el conjunto de la OEA parecen dispuestos a presentar.

Según contaron durante la propia sesión de la OEA algunos embajadores, las tensiones se generaron por una frase en la resolución que pedía que se llevara a cabo una “verificación integral” de los resultados “en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados”. A su vez, el lenguaje de este artículo aseguraba que la petición de verificar los resultados había sido hecha ya por “los actores políticos venezolanos relevantes”.

Los países que se abstuvieron en la votación pidieron retirar este artículo para dar su apoyo a la resolución, según contó a EFE una fuente diplomática.

Tras varios días de atronador silencio, Petro publicó un primer comunicado el miércoles en el que se ofreció como mediador y, tras la sesión de la OEA, recordó que su gobierno aboga por “mantener el diálogo entre las partes” y “alcanzar un acuerdo”.

Además, el presidente colombiano dijo el jueves que había hablado con el mandatario chileno, Gabriel Boric, para fortalecer a este grupo latinoamericano de gobiernos progresistas.

“Concordamos que es fundamental que se respete íntegramente la soberanía del pueblo venezolano y que a la brevedad se trasparenten los resultados de la elección mediante una verificación imparcial. Trabajaremos juntos para colaborar en que la paz y la democracia prevalezcan en nuestra América”, confirmaba Boric poco después.

Chile ha sido de los países más críticos con la opacidad del CNE y su reticencia a entregar las actas.

Tras el primer comunicado de Petro, Nicolás Maduro, que ha lanzado duras críticas a todos aquellos que han cuestionado el escrutinio, se mostró más templado con el líder colombiano. “Tengo un buen nivel de diálogo con el presidente Petro (...) tuve la oportunidad de explicarle muchas cosas”, dijo Maduro.

Una puerta abierta a las negociaciones

Según expertos consultados por este medio, la postura de México, Colombia y Brasil es una evidencia de que los tres países están abiertos a liderar una negociación.

Para llevarla a cabo, van a ser necesarios “interlocutores válidos”, independientes, que medien en un proceso que va a implicar la aceptación de uno de los dos contrincantes, las condiciones de gobernabilidad y las de salida del poder.

Carmen Beatriz Fernández, experta venezolana en comunicación política y profesora en la Universidad de Navarra, asegura a elDiario.es que “pareciera que quieren hacer un trabajo para que haya alguna suerte de acuerdo político. Lo que no está claro es si ese acuerdo es sobre la base de la salida de Maduro del poder”.

“Estoy seguro que se estará intentando una negociación de parte de estos países y de otros”, dijo Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno. “Pero no tengo noticias de que se haya dado y haya algún avance”, añadió.

Posibles escenarios

Fernández ve una serie de escenarios posibles si se logra negociar con Maduro.

El primero es que el gobierno acepte una auditoría internacional independiente, “que podría hacer el Centro Carter o Naciones Unidas”. El Centro Carter se pronunció esta semana en una declaración en la que aseguró que las elecciones no fueron democráticas.

Tras esta auditoría, si Maduro ha perdido, se podría acordar una transición, “donde él salga del poder, se le allane el camino y se le ofrezca seguridad para que pueda hacerlo con cierta confianza”. Por ejemplo, explica Fernández, parte de esa confianza podría pasar por levantar la orden de captura de Estados Unidos en contra de Maduro, que incluye una recompensa de 15 millones de dólares.

En el otro escenario que contempla la especialista, jugaría un papel importante el recurso que el mandatario venezolano presentó este miércoles ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, un órgano afín al oficialismo.

“La opción de negociación que más le convendría a Maduro es que la Sala Electoral sea la que valide el resultado. Puede ser una táctica dilatoria mientras la represión acalla las manifestaciones”, analiza Fernández. Si optan por esta vía, el Supremo podría validar el resultado o inclinarse por ordenar que se repitan las elecciones. El TSJ ya ha admitido el recurso.

Los expertos consultados aseguran que estas mediaciones, con un Maduro atrincherado, no serán fáciles.

Juan Barreto Cipriani, exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el partido oficialista, publicó en su cuenta de X el lunes que Maduro ha puesto “la vara alta” para tener una posición de fuerza y de ventaja desde la que negociar.

Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), se había comprometido a esto el domingo a medianoche, cuando aseguró que Nicolás Maduro había sido reelegido con el 51,2% de los votos y el 80% de las actas revisadas.

Sin embargo, la página del CNE dejó de estar operativa desde el lunes y ni la autoridad electoral ni Maduro han dado muestras de que vayan a hacer públicos los resultados a pesar de la presión internacional.

El país acumula, según datos de la organización Foro Penal, 711 detenciones (de los que 74 son adolescentes) y 11 personas fallecidas a causa de las manifestaciones. Maduro aseguró el jueves que hay 1.200 capturados que serán enviados a cárceles de máxima seguridad: “¡Y vamos por 1.000 más!”.

El partido opositor Vente Venezuela denunció en la madrugada del jueves al viernes que esta madrugada, la sede del Comando Nacional de Campaña de María Corina Machado y su oficina fueron asaltadas. Machado publicó el jueves en The Wall Street Journal que teme por su vida y se encuentra “en la clandestinidad”

Las actas no aparecen, las dudas sobre el recuento aumentan tras el comunicado de la misión de observación electoral autorizada por Nicolás Maduro, el Gobierno recrudece la persecución a opositores pidiendo a los ciudadanos denunciar a los manifestantes y la misión independiente de la ONU para Venezuela denuncia la “reactivación de la maquinaria represiva”.

En paralelo, la oposición, reivindica la victoria con un recuento propio que dice haber realizado con las actas a las que asegura haber tenido acceso a través de sus testigos y apoderados. La oposición ha presentado en una página web el desglose de votos por estado, municipio, parroquia, centro electoral y mesa de votación. El miércoles por la tarde aseguraban haber digitalizado más de 24.000 actas, que corresponden al 81,21% del total. Sin embargo, ningún organismo internacional ha validado su conteo.

Mientras tanto, la página oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que dio la victoria a Maduro con un 51,2% de los votos, sigue inoperativa y las autoridades denuncian un hackeo masivo que ha complicado todo el proceso.

Este miércoles, el presidente Maduro ha recurrido al Tribunal Supremo de Justicia para que “se aboque a dirimir este ataque contra el proceso electoral, este intento de golpe de Estado, utilizando el proceso electoral y aclare todo lo que haya que aclarar sobre estos ataques, sobre este proceso”.

Cómo funciona el proceso

Las actas son documentos que se elaboran en las mesas electorales el día de la elección, después del conteo de papeletas, y tienen acceso a una copia tanto la autoridad electoral como los testigos o apoderados de cada partido político. La ciudadanía también puede llegar a verificarlas.

Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, explica a elDiario.es que estas actas no pueden falsificarse: “Se imprimen en las máquinas en un papel especial, de seguridad, que tiene los logos del CNE por detrás”. Además, cada una tiene un código QR y un código alfanumérico.

Ya en su informe de observación tras las elecciones de 2013, el Carter Center, cuya delegación también ha estado invitada por el Gobierno de Maduro para seguir el proceso en estos comicios, que ha considerado no democráticos, emitía una clara recomendación sobre la función de “los comprobantes de papel” ante situaciones como la que vive actualmente el país.

“Amplias auditorías, antes y después de las elecciones, han demostrado la precisión de las máquinas de votación automatizadas. Sin embargo, las normas electorales que estipulan la verificación de los resultados electrónicos a través del conteo de los comprobantes de papel emitidos por las máquinas, y su comparación posterior con los números expresados en el acta de escrutinio, a los efectos de fortalecer la transparencia y la confianza en el sistema, no especifican planes de contingencia en caso de que detecten discrepancias importantes en este proceso”, señalaba el informe.

En ese mismo texto, la organización detalla el funcionamiento del recuento: “Los votos que el CNE toma en cuenta para obtener los resultados electorales oficiales son los votos transmitidos por vía electrónica a la sede del CNE, no los comprobantes de papel impresos por las máquinas de votación en las mesas de votación”.

“Antes de que se transmitan los resultados al CNE, el presidente de la mesa de votación debe asegurarse que las máquinas impriman un original y varias copias del acta de escrutinio. Dichas copias se reparten luego entre las que se envían a la sede electoral central y las que se distribuyen entre los testigos de los partidos. En dichas actas se registra además, en forma manual, el número de votantes que firmaron los cuadernos de votación. Los miembros de mesa y los testigos firman las actas”, añade.

El hackeo

Los expertos consultados creen que no hay un motivo por el que el CNE no haya publicado las actas tres días después de las elecciones.

Celina Carquez, periodista venezolana, explica a elDiario.es que, según técnicos electorales “el sistema de votación en Venezuela es automatizado. Da los votos reales”. “En anteriores elecciones, se da un primer boletín y, entre cuatro y seis horas después, se publica la información en la página web del CNE, mesa por mesa, centro por centro”, dice Carquez.

Alarcón, del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, añade que “el CNE obtiene las actas digitalizadas en cuestión de segundos”. Pero si muestran estas actas a día de hoy, cree que el Gobierno no podría sostener el resultado que dieron el domingo por la noche. “Aquí hay un esfuerzo por ver cómo se fabrica un resultado que se pueda explicar”.

“Si Maduro hubiera ganado, tanto él como el CNE serían los primeros interesados en que todos los resultados estuvieran publicados ya, antes de que la oposición publicara nada”, concluye, descartando la teoría del hackeo.

Carmen Beatriz Fernández, experta venezolana en comunicación política y profesora en la Universidad de Navarra, cree que la teoría del hackeo “no es muy verosímil”. Fernández explica que cuando los operadores del CNE imprimen las actas y después transmiten los resultados, lo hacen por una intranet encriptada. “Un hackeo tendría que haberse hecho sobre las 30.000 máquinas emisoras. Aun si esto fuera posible, que es improbable, las actas impresas por las máquinas y las copias que publica la oposición ahora no hubieran sido afectadas por el supuesto hackeo”.

ONU: “Reactivación de la maquinaria represiva”

La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela se pronunció este miércoles y mostró su preocupación por la “nueva ola de persecución contra los líderes de los partidos políticos de la oposición”.

Patricia Tappatá, experta de la misión, aseguró que “estamos asistiendo a la reactivación acelerada de la maquinaria represiva que nunca fue desmantelada y ahora es utilizada para socavar las libertades públicas de los ciudadanos y su derecho a la participación política y la libre expresión de las ideas”.

La misión también rechazó la detención del político opositor Freddy Superlano y aseguró que, según información a la que tuvieron acceso, las personas que detuvieron al exdiputado “serían miembros del SEBIN”, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

El martes por la tarde, en un mensaje televisado, Nicolás Maduro se dirigió a la población y aseguró que “están presos todos los criminales que tumbaron la estatua de Chávez”.

Maduro aseguró que abrirían una “ventana especial” en VenApp, una red social impulsada por el Gobierno en 2022, cuestionada por el acceso a los datos de las personas que la descarguen, que funciona como una vía para hacer denuncias.

El mandatario dijo que abrían este nuevo espacio “para que ahí, de manera confidencial, me pongan los datos de todos los delincuentes que han amenazado al pueblo, que han atacado al pueblo”. “¡Para ir por ellos, para que haya justicia pronta!”, dijo alzando la voz.

El presidente ha dicho que ahora “hace falta la mayor unión de las fuerzas populares, las fuerzas militares y las fuerzas policiales”. El mandatario convocó, a partir del miércoles “a todos los sectores sociales, todas las fuerzas populares de base” a “iniciar un cronograma de movilización que será anunciado”.

“El sábado los invito especialmente, para que hagamos la madre, la mamá, la mamaíta, de todas las marchas para celebrar la victoria de la paz en Caracas”, anunció.

Denuncias de persecución

“El fascismo se desató. Ustedes saben que yo estuve denunciando este plan, por eso es que no debemos bajar la guardia”, ha señalado Maduro, que definió a Edmundo González como “el nuevo Guaidó”. “Venga por mí, cobarde”, le dijo.

En la misma línea, el martes por la tarde, Jorge Rodríguez, el presidente del Parlamento y jefe de campaña de Maduro, dijo que “con el fascismo no se puede tener contemplación”.

Rodríguez aseguró que Edmundo González Urrutia y María Corina Machado deben ser detenidos. “Tiene que actuar el Ministerio Público como está actuando, no solamente con los malandros, drogadictos”, afirmó . “Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Y con jefes no me refiero solamente a María Consuelo Machado, que tiene que ir presa, me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista”.

El martes se supo que Freddy Superlano, exdiputado opositor de Voluntad Popular, y dos de sus trabajadores habían sido detenidos. Entre los capturados también está Ricardo Estévez, dirigente de Vente Venezuela.

Pedro Urruchurtu Noselli, miembro del partido de oposición Vente Venezuela, denunció en su cuenta de X que funcionarios de seguridad del Gobierno rodearon “la residencia de la embajada argentina en Caracas”. “Buscan tomar esta sede diplomática”, aseguró. Urruchurtu está asilado en la embajada desde hace meses.

Foro Penal, una ONG de derechos humanos venezolana, había contabilizado hasta el martes 177 capturas a causa de las manifestaciones. La misma organización denunció que varias de las personas detenidas no habían tenido opción de elegir a sus abogados y, en lugar de esto, les asignaron defensores públicos.

“Nos informan que han realizado audiencia a distancia por vía telemática a algunos de los manifestantes en varios estados del país sin permitir la asistencia de defensa privada o la asistencia de una organización de defensa a los Derechos Humanos”, aseguró Laura Valbuena, coordinadora de Foro Penal en el estado de Zulia.

La organización también registró 11 personas fallecidas el 29 de julio. “Nos preocupa el uso de armas de fuego. Requerimos una investigación en relación a todos estos casos”, dijo Alfredo Romero, director de Foro Penal, en una rueda de prensa. “También nos preocupa enormemente que dentro de los fallecidos hay dos personas menores de edad”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha condenado las violaciones a la libertad de prensa. En los últimos días, señaló, “periodistas fueron atacados, intimidados y detenidos y se obstaculizó la labor de los medios”. 

La SIP citó varios ataques, entre ellos la detención de Paul León, camarógrafo y periodista deportivo de VPItv, el 30 de julio durante un operativo conjunto de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la policía del estado Trujillo. “Hasta el momento, se desconoce su paradero”, alerta la organización. El martes también fueron detenidos Yousner Alvarado, camarógrafo del medio Noticia Digital y Joaquín de Ponte.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se ha pronunciado este miércoles y ha pedido “imperativa transparencia”. En su comparecencia para hacer balance del curso, reclamó que el gobierno de Maduro muestre las actas para reconocer el resultado electoral. “Seguimos con preocupación los acontecimientos que se están viviendo en Venezuela”, aseguró.

Tras varios días de silencio atronador, el presidente colombiano, Gustavo Petro, compartió en su cuenta de X un mensaje en el que expone que “las graves dudas” alrededor de los comicios pueden llevar al pueblo venezolano “a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente”.

Los ministros de Exteriores de los países del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos) han pedido a Venezuela que publique “resultados electorales detallados con total transparencia”. “Los informes de observadores independientes nacionales e internacionales han expresado serias preocupaciones sobre los resultados (...) sobre la forma en que se llevó a cabo el proceso electoral, especialmente en relación con las irregularidades y la falta de transparencia en el recuento final de los votos”, expresaron.

 La misión de observación electoral del Centro Carter, la organización estadounidense invitada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano durante los comicios, ha emitido finalmente su declaración sobre las elecciones presidenciales que han dado la victoria a Nicolás Maduro.

El Centro Carter advierte que la elección presidencial “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”.

La organización explica que “no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados” presentados por el CNE en la medianoche del domingo 28 de julio, en la que la autoridad electoral declaró a Maduro ganador de la contienda con el 51,2% de los votos, sin presentar los resultados desglosados mesa por mesa y asegurando que habían revisado el 80% de las actas.

Estaba previsto que presentaran esta declaración el martes por la mañana, durante una rueda de prensa con el equipo de la delegación, pero se retrasó unas horas y fue publicada por la organización cuando los miembros de la misión ya se encontraban fuera del país.

A día de hoy, las actas electorales, que muestran el resultado por partido y por mesa, todavía no han sido publicadas por el CNE y su sitio web oficial lleva desde el lunes sin estar operativo.

El Centro Carter expone que “el hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales”.

Además, asegura que “las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición”.

Durante la presentación de los resultados electorales el domingo por la noche, Elvis Amoroso, presidente del CNE, celebró la victoria de Maduro y el lunes por la tarde, sin haber dado ningún otro dato del resultado electoral, lo proclamó como presidente en un acto oficial.

La oposición, por su parte, ha asegurado que según su recuento de actas, que ayer superaba el 73%, Edmundo González Urrutia, el candidato de la coalición de oposición, sería el ganador de las elecciones. La Plataforma de Unidad Democrática ha publicado las actas a las que ha tenido acceso en un sitio web para consulta pública.

La organización con base en Atlanta asegura que los comicios venezolanos no alcanzaron “los estándares internacionales de integridad electoral” en ninguna de sus etapas y que “ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional”.

“Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación”, expone, y añade que “partidos de la oposición han sufrido intervenciones judiciales en desmedro de sus liderazgos social y políticamente más reconocidos para beneficiar a personas afines al gobierno”.

Esto, dicen, influyó sobre la conformación de sus candidaturas. “De manera aún más importante, la inscripción de la candidatura de las principales fuerzas de oposición se halló sujeta a la discrecionalidad de las autoridades electorales que adoptaron decisiones sin respetar principios jurídicos básicos”.

La organización se refiere, sin nombrarla, a María Corina Machado, líder de la oposición y elegida durante unas elecciones primarias en octubre de 2023. Machado fue inhabilitada políticamente durante 15 años y se impidió su participación, lo que implicó que la oposición nombrara a Edmundo González Urrutia en una carrera a contrarreloj.

Además, el Centro Carter habla de una serie de problemas en cuanto a la información y logística del proceso electoral y hace mención al voto en el extranjero. “Los ciudadanos enfrentaron barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón en el extranjero. El resultado de la restrictiva jornada especial se tradujo en cifras muy bajas de nuevos votantes en el exterior”, señalan.

Naciones Unidas calcula que hay al menos 7,7 millones de venezolanos en el exterior. Menos de 70.000 pudieron votar en estos comicios.

La misión de observación electoral recuerda que la campaña tuvo un “notable desequilibrio” a favor del gobierno. “La candidatura oficialista contó con muy amplios recursos, lo que se tradujo en la gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor”.

La organización también evidenció un abuso de los recursos públicos a favor de la campaña de Maduro, como el uso de vehículos, la movilización de funcionarios para la campaña y el “uso de programas sociales”.

“Las autoridades intentaron restringir las campañas de la oposición, incluyendo la persecución e intimidación de personas que prestaron servicios o vendieron bienes para el proselitismo opositor para generar un efecto disuasivo”, exponen.

El Centro Carter concluye comentando que la jornada del domingo transcurrió de manera masiva, pacífica y cívica, “pese a restricciones en el acceso a recintos para observadores nacionales y, sobre todo, testigos de partidos, mecanismos de eventual presión sobre el electorado”.

A pesar de que en los centros que pudieron monitorear la organización comprobó “la voluntad de la ciudadanía venezolana por participar en un proceso electoral democrático”, los esfuerzos, lamenta, “fueron desmerecidos por la ausencia de transparencia del CNE en la difusión de los resultados”.  

Tras dos jornadas de manifestaciones, la ciudadanía venezolana ha vuelto a protestar contra los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que este domingo proclamó a Nicolás Maduro como presidente con un 51,2% de los votos frente al 44,2% de Edmundo González Urrutia.

Centenares de personas han acudido a la convocatoria que María Corina Machado, líder de la oposición, hizo el lunes por la tarde después de asegurar que contaban con el 73% de las actas electorales y de insistir en que los resultados daban la victoria a González Urrutia.

Machado hizo un llamamiento a celebrar asambleas populares en varios puntos del país: “Nos encontramos, en familia, organizados, demostrando la determinación que tenemos de hacer valer cada voto y de defender la verdad”.

Aunque Machado dijo que serían asambleas breves, de 11 a 12 de la mañana, la caravana en la que viajaban ella y González Urrutia, con destino a la sede de Naciones Unidas, circulaba pasadas las dos y media de la tarde por las calles de Caracas.

Antes de terminar el acto, y subido al vehículo de la caravana, Edmundo González reiteró que “los resultados ya los sabemos. Los conocemos y los tenemos en todas las actas que tenemos en nuestro poder, así que no se preocupen”. Y añadió: “Señores de la fuerza armada: no hay razón alguna para reprimir al pueblo de Venezuela”.

Según han informado medios venezolanos, el Gobierno ha desplegado operativos policiales y militares en vista de estas protestas.

En una transmisión del medio El Pitazo, un hombre que se encontraba en el municipio de Baruta afirmaba: “Aquí tenemos la presencia de unos compatriotas vestidos de negro y con armas largas (...). Si se acercan, los vamos a recibir con cariño y con amor para decirles que aquí no nos vamos a mover”.

En paralelo, ciudadanos afines al chavismo también fueron convocados por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, para defender los resultados oficiales. Rodríguez ha pedido cárcel para González Urrutia y para Machado, a quienes ha acusado de ser los responsables de una “conspiración fascista” contra las presidenciales.

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa venezolano, ha pedido “respetar la decisión del pueblo venezolano”. “El golpe de Estado fascista dirigido desde las redes sociales está siendo derrotado en las calles”. Maduro, desde el palacio de Gobierno, les pidió movilizarse “todos los días” para “restituir la paz, la tranquilidad y la normalidad” y culpó a los líderes de la violencia en las protestas, así como de las muertes de manifestantes.

Machado dijo que el bloque opositor mayoritario no acepta “el chantaje” del Gobierno ni del oficialismo “de que defender la verdad es violencia”.

Seis personas fallecidas y decenas de detenciones

Las protestas de los opositores contra el recuento oficial comenzaron el lunes por la mañana, inicialmente de manera pacífica, aunque por la tarde escalaron y la tensión fue en aumento.

Varios vídeos publicados en redes sociales muestran a personas arrancando carteles de la campaña electoral oficialista, con el rostro de Maduro, que motoristas arrastraron después por el asfalto.

Durante la jornada se derribaron también varias estatuas de Hugo Chávez, expresidente venezolano fallecido en 2013 y antecesor de Nicolás Maduro. También se quemó un cuadro con el rostro del político.

Poco después de finalizar la concentración de la oposición mayoritaria en Caracas, continuaron las detenciones, durante enfrentamientos entre manifestantes y funcionarios de seguridad.

Foro Penal, una organización de derechos humanos venezolana que ha seguido las protestas, informaba en la mañana del martes de la muerte de seis personas. Según han publicado en sus redes sociales, estas personas tenían entre 15 y 40 años y se encontraban en los estados de Aragua, Táchira, Yaracuy y Zulia. Por su parte, la Encuesta Nacional de Hospitales, una red de profesionales de la salud que monitorea el estado de los hospitales, contabilizaba 11 fallecidos a las 11 de la mañana.

El fiscal general, Trek William Saab, ha informado este miércoles en rueda de prensa de la detención de 1.062 personas. Saab ha vuelto a recordar este miércoles las penas de prisión y los delitos a los que podrían enfrentarse quienes no reconozcan los resultados. Aseguró que los manifestantes arrestados están siendo acusados de delitos como instigación pública, obstrucción de las vías públicas, instigación al odio, resistencia a la autoridad y, “en los casos más graves, terrorismo”. También ha señalado que al menos 77 policías y militares han resultado heridos, 29 más que el martes, y que uno ha fallecido en la región de Aragua.

Entre los detenidos también parece haber algunos políticos opositores. Un vídeo ha circulado en redes sociales este martes en el que se observaba a unas personas encapuchadas introduciendo a la fuerza en un coche a tres hombres. El partido Vente Venezuela ha confirmado que se trataba de Freddy Superlano, el exdiputado opositor de Voluntad Popular, y de dos de sus trabajadores.

La embajada de Estados Unidos en Venezuela ha publicado en su cuenta de X que el país está muy preocupado “por el acoso y la detención de miembros de la oposición democrática”. “Llamamos a la liberación inmediata de estas personas. Cualquier acción para detener o arrestar a miembros de la oposición democrática es una escalada injustificada”. Por su parte, el canciller peruano, Javier González-Olaechea, condenó “el reciente secuestro del coordinador general de Voluntad Popular (agrupación que postuló a la presidencia a Edmundo González)”.

Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se ha mostrado “extremadamente preocupado por las crecientes tensiones, con informes preocupantes de violencia desde las elecciones del domingo pasado”. “Las autoridades deben respetar los derechos de todos los venezolanos a reunirse y protestar pacíficamente y expresar sus opiniones libremente y sin miedo”. El alto comisionado de la ONU ha denunciado el “uso desproporcionado de la fuerza” y ha confirmado la muerte de una persona.

Las actas no aparecen

El CNE confirmó a Maduro como presidente sin haber hecho públicas las actas electorales, como había prometido. El domingo en la medianoche de Venezuela, Elvis Amoroso, presidente de la autoridad electoral, aseguró que “en unas horas” publicarían las actas, mesa por mesa. Pero esto no sucedió. El CNE no volvió a dar datos y desde el lunes, la página de la institución dejó de estar operativa.

Por su parte, la oposición continuó afirmando que ha ganado los comicios y publicando documentos al sitio web ganovzla.com, un nuevo enlace que crearon después de reportar problemas en la página original. “Señores del CNE, no se preocupen por buscar las actas, aquí están las actas”, dijo Edmundo González mientras señalaba a la ciudadanía que se concentró el lunes.

La misión de observación electoral del Centro Carter, una organización estadounidense invitada por Venezuela, ha declarado este miércoles que la elección presidencial “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”. La organización explica que “no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados” presentados por el CNE en la medianoche del domingo 28 de julio, en la que la autoridad electoral declaró a Maduro ganador de la contienda con el 51,2% de los votos, sin presentar los resultados desglosados mesa por mesa y asegurando que habían revisado el 80% de las actas.

Los miembros de la delegación abandonaron Venezuela en las siguientes horas. Según pudo conocer este medio, su salida del país no fue a petición del gobierno venezolano, sino que se debió a un tema logístico. Todavía no hay certeza de si publicarán la declaración provisional.

La Organización de Estados Americanos (OEA) también se ha pronunciado este martes en un extenso informe en el que señala una serie de irregularidades antes, durante y después de las elecciones y concluye que “los resultados oficiales no merecen confianza ni deberían recibir reconocimiento democrático”. Sin embargo, a diferencia de los observadores del Centro Carter, la OEA no ha estado presente en Venezuela.

“La peor forma de represión, la más vil, es impedirle al pueblo soluciones a través de elecciones”, dijo la organización en un comunicado que compartió Luis Almagro, secretario general de la OEA, acusado de parcialidad por su polémica intervención en otros procesos electorales como el de Bolivia en 2019.

Josep Borrell, el Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ha dicho que sigue con preocupación la situación en Venezuela: “En democracia, los resultados deben ser completos y poder ser verificados de manera independiente para ser reconocidos”.

“En estos momentos difíciles, es importante apelar a que las manifestaciones y protestas sean pacíficas. Las fuerzas de seguridad deben garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, en particular los derechos de manifestación y de reunión”, ha añadido Borrell.

Reacciones a la expulsión de diplomáticos

Este lunes, el Gobierno venezolano exigió a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay “el retiro, de manera inmediata, de sus representantes en territorio venezolano”.

Maduro tomó esta decisión en rechazo a sus “injerencistas acciones y declaraciones” sobre las elecciones. Los países han emitido comunicados conjuntos desde el domingo en los que cuestionan los resultados y exigen al Gobierno la publicación de actas.

El lunes por la noche, el presidente chileno Gabriel Boric aseguró que esta expulsión demuestra “una profunda intolerancia a la divergencia, esencial en una democracia”. Este martes, el mandatario aclaró que Chile no rompería relaciones con Venezuela pero reiteró que “la decisión unilateral que ha tomado Venezuela (...) es injustificable”.

El presidente dominicano, Luis Abinader, ha asegurado que acatará la decisión del Gobierno de Venezuela, aunque ha señalado que su país únicamente ha hablado “de que esos resultados puedan ser transparentados a través de las actas y que haya una presencia internacional”.

La cancillería de Perú informó que había comunicado a sus diplomáticos acreditados en Venezuela que abandonen el país en menos de 72 horas.

Con la resaca de unas elecciones en las que Nicolás Maduro revalidó su mandato y entre acusaciones de “fraude” por parte de la oposición, las calles de Venezuela comenzaron a llenarse este lunes. Poco a poco, grupos de manifestantes salieron a protestar de manera pacífica, con cacerolas, por diferentes ciudades del país. Pero a medida que avanzó la jornada, y después de que el Consejo Nacional Electoral proclamara a Maduro como presidente sin haber publicado las actas electorales como había prometido, el ambiente se volvió más tenso.

Con consignas como “se ve, se siente, Edmundo presidente” y “Maduro no te queremos”, cientos de personas se manifestaron en rechazo a los resultados. Los videos en redes sociales muestran a personas arrancando carteles de la campaña electoral oficialista, con el rostro de Maduro. Motoristas arrastraron por el asfalto estos carteles, que antes cubrían vallas y edificios.

“Resulta que nos han robado las elecciones una vez más en el país. Ya estamos cansados de eso. Tenemos hijos, tenemos nietos, muchachos que están estudiando, esos muchachos nunca van a salir adelante con este Gobierno”, dijo en declaraciones a EFE un hombre de la tercera edad. “¿No querías que el barrio bajara? El barrio bajó”, gritaban los manifestantes.

Durante la jornada también se derribaron varias estatuas de Hugo Chávez, expresidente venezolano fallecido en 2013 y antecesor de Nicolás Maduro. Según los medios del país, al menos cuatro estatuas fueron derribadas, en La Guaira, Falcón, Carabobo y Guárico.

Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana respondieron a estas manifestaciones. Utilizaron gases lacrimógenos y dispararon perdigones contra los manifestantes que protestaban pacíficamente en Caracas. Decenas de ellos fueron detenidos.

La ONG Foro Penal ha dicho en X (antes Twitter) que ha documentado seis muertes este lunes, así como 132 detenciones. El Gobierno, por otro lado, aseguró que al menos 23 militares habían resultado heridos.

La líder antichavista María Corina Machado, aseguró que estas manifestaciones fueron “expresiones espontáneas y legítimas” frente a “un régimen ilegítimo”.

Maduro señaló a la oposición como responsable de estas manifestaciones y de tener un plan para “volver a desestabilizar a Venezuela”. El mandatario dijo que el 80% de los detenidos tienen antecedentes penales y que casi el 90% estaba en “estado avanzado de drogadicción y están armados”. 

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, dijo en su cuenta de X que están vigilando la reacción de las fuerzas de seguridad a las protestas. “Los venezolanos tienen derecho a manifestarse y a defender pacíficamente su derecho al voto”, afirmó.

Maduro expulsa a diplomáticos

Después de la renovación de su mandato, el Gobierno venezolano exigió a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay “el retiro, de manera inmediata, de sus representantes en territorio venezolano”. 

Maduro tomó esta decisión en rechazo a sus “injerencistas acciones y declaraciones” sobre las elecciones. Los países han emitido comunicados conjuntos desde el domingo, en los que cuestionan los resultados y exigen al Gobierno la publicación de actas. 

La ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, definió este paso como “vergonzoso” e “incomprensible” y aseguró que la medida “deja en el abandono” a los más de 700.000 venezolanos que viven en Chile. El presidente de Chile, Gabriel Boric, añadió en su cuenta de X que esta expulsión demuestra “una profunda intolerancia a la divergencia, esencial en una democracia”.

El presidente dominicano, Luis Abinader, aseguró que su país acata la decisión del Gobierno de Venezuela. “No tenemos embajador en Venezuela, acatamos esa decisión (…) Como esta es una situación cambiante cada día, nos mantendremos viendo lo que vamos a hacer. Lo que nunca nosotros vamos es a renunciar a nuestros principios de lucha por la democracia”, dijo Abinader en su rueda de prensa semanal “Hemos dicho, sencillamente, que esos resultados puedan ser transparentados a través de las actas y que haya una presencia internacional”, afirmó.

La cancillería de Perú publicó en un comunicado que había comunicado a sus diplomáticos acreditados en Venezuela que deberán abandonar el país en menos de 72 horas. 

La oposición insiste en que ganó

A pesar de que Elvis Amoroso, el presidente del CNE, dijo en la medianoche del domingo que publicarían las actas de todas las mesas electorales en las siguientes horas y que el Fiscal General, Tarek William Saab, lo confirmó el lunes, aún no se han hecho públicos los documentos. Este martes, la página oficial del CNE seguía sin estar operativa.

Estas actas muestran los votos que recibió cada partido en cada mesa electoral, y se cree que pueden arrojar luz sobre el panorama incierto que reina en Venezuela.

En paralelo, María Corina Machado y el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, dieron este lunes por la tarde una rueda de prensa en la que dijeron que cuentan con el 73% de las actas que, aseguran, confirmarían a Edmundo González como el ganador de las elecciones. “Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente irreversible”, dijo el exembajador.

Machado indicó que, de acuerdo con el porcentaje de actas del que disponen, Maduro obtuvo 2.759.256 votos, mientras que González Urrutia 6.275.182. “Y faltan”, añadió. La política de derechas aseguró que publicarían las actas en un portal seguro. Por la noche, publicó el enlace, aunque varias personas expresaron que no habían podido acceder al contenido.

González Urrutia dijo que harán respetar “la voluntad expresada”, pues “ese es el único camino hacia la paz”.

Machado hizo un llamamiento a celebrar asambleas populares en varios puntos del país, entre las 11 y las 12 de la mañana de este martes. “Nos vemos frente a las Naciones Unidas, en la Avenida Francisco de Miranda en Los Palos Grandes”, publicó minutos después en su cuenta de X. “Nos encontramos, en familia, organizados, demostrando la determinación que tenemos de hacer valer cada voto y de defender la verdad”.

Por su parte, el chavismo ha convocado a “grandes marchas” para el martes a las 14:00 horas. Jorge Rodríguez, jefe de campaña de Nicolás Maduro y presidente del Parlamento, “Convocamos a todas las fuerzas del pueblo revolucionario venezolano a que hagan grandes marchas en sus ciudades, en sus estados”, dijo en un mensaje transmitido por el canal público VTV.

La incertidumbre se impone tras las elecciones en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró vencedor a Nicolás Maduro, actual presidente del país, en los comicios presidenciales de este domingo. La oposición y una parte de la comunidad internacional han reaccionado con desconfianza, después de que varias encuestas previas a los comicios posicionaran al candidato opositor Edmundo González Urrutia en primer lugar, con una ventaja de varios puntos.

Elvis Amoroso, presidente de la autoridad electoral, aseguró que con un 80% de las actas escrutadas, Maduro se había impuesto como ganador y había sumado el 50,2% de los votos. “Vencer al fascismo, a los demonios, a las demonias, es una proeza histórica y nuestro pueblo lo ha hecho, otra vez lo volvió a hacer nuestro pueblo”, ha dicho el presidente, que lleva en el poder desde 2013 y ahora podrá gobernar hasta 2031. La oposición no tardó en definir estos resultados como un “fraude”.

Una buena parte de la comunidad internacional, incluidos gobiernos progresistas de la región, ha exigido a las autoridades venezolanas transparencia en el recuento. El Gobierno español ha preferido no reconocer los resultados hasta “que se publiquen todas las actas, mesa por mesa”. El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, se ha expresado en la misma línea, afirmando que es “vital” asegurar “la total transparencia” del proceso electoral, “incluyendo el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de mesas electorales”. “Los resultados de las elecciones no han sido verificados y no pueden considerarse representativos de la voluntad popular de Venezuela hasta que se publiquen y verifiquen todas las actas oficiales de los colegios electorales”, ha afirmado Borrell. EEUU, a través de su secretario de Estado Antony Blinken, también ha pedido que se compartan las “tablas detalladas de los votos”.

A lo largo del lunes, otros países como Reino Unido han pedido un recuento detallado y el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, aunque ha celebrado el “carácter pacífico” de las elecciones, ha dicho que esperará a tener los datos detallados y desglosados por mesa, que define “un paso indispensable para la transparencia, credibilidad y legitimidad del resultado del proceso” electoral. De la misma manera, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, ha llamado a que “se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente”. Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha advertido de que su país no reconocerá “ningún resultado que no sea verificable”. 

La misión de observación electoral de la organización Carter Center, invitada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela para seguir los comicios presidenciales, también ha pedido a las autoridades la publicación “inmediata” de “todas las actas de las mesas instaladas durante la jornada electoral celebrada el 28 de julio pasado”.

“Nuestra misión técnica, enviada a Venezuela tras la invitación del CNE, tiene como objetivo evaluar la elección presidencial de acuerdo con el marco legal venezolano, así como los estándares regionales e internacionales en materia de elecciones democráticas”, señala el comunicado del Carter Center. “La información de las actas transmitidas al CNE es indispensable para nuestra evaluación y fundamental para el pueblo venezolano”. Anna Ayuso, investigadora para América Latina del think tank CIDOB, señala a elDiario.es que el Centro Carter “son los únicos que tenían un mandato para hacer una supervisión independiente, estamos viendo qué dicen”.

También la Organización de las Naciones Unidas se ha pronunciado sobre los resultados en Venezuela. “El secretario general —António Guterres— llama a una transparencia completa y a la publicación oportuna de los resultados de las elecciones y un desglose por colegios electorales”, ha apuntado la ONU en un comunicado.

Por su parte, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay Perú, República Dominicana y Uruguay han asegurado una revisión de los resultados y aseguraron que solicitarían una reunión con la Organización de Estados Americanos (OEA). El canciller de Perú ha asegurado que varios países de la región coordinaban “acciones conjuntas” para que “se respete indubitablemente la voluntad del pueblo venezolano” y que su embajador en Venezuela ha sido llamado a consultas y dejará el país. “No hay marcha atrás, tome el tiempo que tome”, ha dicho.

Otros países que han reconocido este mismo lunes el resultado en Venezuela. Es el caso de Rusia, Irán o China, que ha felicitado a Maduro por la “exitosa celebración” de las elecciones.

Sin haber hecho públicas las actas, como había prometido, el director del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, ha declarado a Nicolás Maduro presidente de Venezuela en un acto de proclamación y adjudicación del cargo. En su discurso de algo menos de dos horas, Maduro ha denunciado las dudas vertidas sobre el recuento, asegurando que “se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado nuevamente, de carácter fascista y contrarrevolucionario”. “Yo pudiera denominarlo una especie de Guaidó 2.0”. 

“A los que avalen esta operación contra la democracia de Venezuela, la película ya la sabemos. Y esta vez no va a haber ningún tipo de debilidad”, advirtió. “No va a haber perdón. Esté donde esté el delito de odio y la violencia será castigado con la ley y la Constitución”.

La verificación de las actas

En la rueda de prensa del Consejo Nacional Electoral en el que anunciaban los resultados, Elvis Amoroso dijo que en las próximas horas publicarían el resultado de los comicios, mesa por mesa. Este lunes, la página de la autoridad electoral no estaba disponible para consulta. La revisión de estas actas será clave para definir la solidez de los resultados en Venezuela. Son la principal fuente tanto del CNE como de la oposición, que defiende que después de sumar los resultados del 40% de las actas a las que tuvieron acceso, Edmundo González había obtenido el 70% de los votos.

Amoroso comentó el domingo por la noche que el CNE había sufrido una “agresión en contra del sistema de transmisión de datos”. En conversación con elDiario.es, Ayuso, investigadora del CIDOB, pone el foco en estas declaraciones pues, asegura, podrían ser el argumento en el que se apoye el chavismo para rechazar cualquier cuestionamiento a los resultados. “El Gobierno puede decir que las irregularidades se deben a este hackeo”, explica. 

El Fiscal General Tarek William Saab ha dado una rueda de prensa el lunes al mediodía en Venezuela, en la que ha respaldado la resolución del CNE y ha pedido un aplauso para Maduro.

Saab ha dicho que se ha detectado “un ataque informático contra el sistema de transmisión de datos del CNE que ralentizó el envío de actas para el escrutinio nacional”. Y asegura que ya tienen resultados preliminares de una investigación: “El ataque habría sido realizado desde Macedonia del Norte y habría tenido la intención de manipular los datos que se estaban recibiendo en el CNE. Afortunadamente esta acción fue detenida”, ha dicho el fiscal, quien ha añadido que tienen identificado al presunto líder de esta acción: el opositor Léster Toledo. 

También ha acusado de estar involucrados a Leopoldo López y la propia María Corina Machado, política de derechas y líder de la oposición que cedió su candidatura a Edmundo González Urrutia después de haber sido inhabilitada. 

En un comunicado que ha leído durante la rueda de prensa, también ha cuestionado que “un sector radical con un largo historial de llamados a la insurrección” rechazara la resolución del Consejo Nacional Electoral. Ha añadido que la fiscalía monitorea cualquier acto que inicie una escalada de violencia y ha enumerado las penas de prisión y los delitos a los que podrían enfrentarse quienes no reconozcan los resultados.

Un complejo escenario a futuro

A pesar del posicionamiento de varios países que han puesto en duda los resultados oficiales, los pronunciamientos de la comunidad internacional no han tenido un peso vinculante para Venezuela históricamente. En 2014, cuando Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino con el respaldo de varias naciones, Nicolás Maduro mantuvo su Gobierno y rechazó cualquier tipo de injerencia extranjera. 

El mismo Maduro y los miembros del chavismo se han pronunciado en varias ocasiones —las más recientes el mismo domingo— en contra de las intervenciones de gobiernos extranjeros. “Tenemos que rechazar los intentos de injerencia y las declaraciones temerarias realizadas por algunos pocos gobiernos latinoamericanos que han pretendido erigirse en tutores de la democracia venezolana”, ha dicho el fiscal general Tarek William Saab.

Según Ayuso, el único país que podría jugar un papel clave en este escenario es Estados Unidos. El gigante norteamericano ya había firmado un acuerdo parcial con Venezuela en el que se comprometía a levantar algunas de las sanciones que ha impuesto al país si se realizaban unas elecciones justas. “Pero Maduro cuenta con que Estados Unidos ahora está interesado en el petróleo venezolano”, recuerda la investigadora.

El politólogo Michael Paarlberg, que fue asesor para América Latina de Bernie Sanders en 2020, ha criticado en X (Twitter) la estrategia estadounidense: “Alguien tiene que decirlo, esta Administración fue naive, o simplemente tenía muchas ganas de llegar a un acuerdo para reducir las cifras de migrantes y los precios del petróleo, pensando que podría conseguir que un autócrata como Maduro celebrase unas elecciones libres”. “Eso no quiere decir que el alivio de las sanciones fuese una mala idea. La máxima presión no ha desalojado a Maduro, solo lo ha reforzado mientras aumentaba el sufrimiento de los venezolanos de a pie y contribuía al éxodo migrante”.

La gran incógnita, explica, es qué hará el Gobierno de Joe Biden y Kamala Harris —un país que también está a las puertas de unas presidenciales— en el caso de que se demuestre un posible fraude. 

“La posición de Maduro es inflexible, yo creo que difícilmente va a bajarse de ella”, concluye Ayuso.

Después de que Consejo Nacional Electoral declarara a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela, la oposición ha tachado los resultados de “fraude”. “Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González, y todo el mundo lo sabe”, ha dicho la líder opositora María Corina Machado.

La oposición antichavista llegó a los comicios de este domingo articulada en torno a la candidatura del exembajador González Urrutia, tras superar un periodo de división que se profundizó desde la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino hace cinco años.

En enero de 2019, meses después de las presidenciales en las que Maduro revalidó su mandato en medio de denuncias de fraude, Guaidó, un joven político que había sido nombrado presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclamó presidente interino del país, justificando su movimiento con varios artículos de la Constitución y con el respaldo del Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y de decenas de países de América y de Europa.

Tras la autoproclamación de Guaidó en 2019, la Asamblea Constituyente controlada por el chavismo le retiró su inmunidad, fue inhabilitado y, aunque fue reelegido en paralelo por la Asamblea Nacional, poco a poco fue perdiendo fuerza. La Unión Europea y la propia oposición dejaron de llamarlo “presidente” y a finales de 2022, una mayoría de partidos opositores decidió eliminar el “Gobierno interino”. Guaidó abandonó el país en abril de 2023, rumbo a Miami, donde vive con su familia. La Fiscalía emitió poco después de su marcha una orden de arresto en su contra.

Los partidos opositores pusieron entonces su mirada en las elecciones presidenciales de 2024, en las que ha estado representada por González Urrutia. “La estrategia de la confrontación, con la operación Guaidó, fracasó. La oposición se recondujo por la vía institucional”, dice a elDiario.es Anna Ayuso, investigadora para América Latina del think tank CIDOB. A su juicio, tras los comicios de este domingo, la oposición “se queda en una situación muy débil”. “Probablemente esta unidad que han tenido para presentarse a las elecciones acabe fraccionándose de nuevo”, agrega, recordando que en 2025 hay elecciones parlamentarias y locales.

Quién es Edmundo González Urrutia

Cuenta Edmundo González Urrutia que el día que se enteró de que sería el candidato que se enfrentaría a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales en Venezuela, él estaba viendo una película en su casa. Era un sábado por la tarde y recibió una llamada para asistir a una reunión en la que le comunicaron que lo designarían como candidato provisional de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). No se lo esperaba. 

González Urrutia tiene 74 años. Diplomático de carrera, académico y experto en relaciones internacionales, comenzó su carrera a principios de los 70, en el Gobierno de Rafael Caldera, como director de Política Internacional y encargado del Comité de Coordinación y Planificación Estratégica. Fue embajador en Argelia y en Argentina durante los 90 y en su gestión, impulsó que Venezuela se integrara al Mercosur, el bloque económico que conforman varios países de América del Sur. Dejó sus cargos diplomáticos hace más de 20 años, ya con Hugo Chávez en el poder. 

Desde inicios de los 2000 se había mantenido, con un perfil muy bajo, como parte de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), primero como asesor y después como secretario ejecutivo. Quienes hablan de él lo definen como un hombre formado y sosegado. Hasta hace tres meses y medio no estaba en sus planes ejercer otro cargo público. Mucho menos un puesto de elección popular. Y, por supuesto, aún menos el de presidente. Estaba jubilado y dedicaba la mayor parte de su tiempo a su familia. “Acepto el inmenso honor y la responsabilidad de ser el candidato de todos los que quieren un cambio por la vía electoral”, dijo González al ser elegido candidato opositor para las presidenciales.

De “candidato tapa” a representante de la oposición

Para hablar de Edmundo González hay que hablar de otro personaje clave: María Corina Machado, política de derechas y cerebro de la oposición venezolana. Y para eso, hay que irse unos meses atrás. 

Venezuela venía de un fuerte rechazo internacional. Nicolás Maduro revalidó su mandato en las elecciones presidenciales de 2018 en medio de denuncias de fraude. Pero en octubre de 2023 firmó un acuerdo parcial con la oposición: si se garantizaban unas elecciones libres, Estados Unidos estaría abierto a levantar las sanciones impuestas a Venezuela.

En este marco, se llevaron a cabo unas elecciones primarias para definir al candidato de la oposición, en las que María Corina Machado arrasó con el 92,6% de los votos, un espaldarazo para presentarse a las elecciones presidenciales a través de la coalición de partidos de oposición: la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). “Las primarias rompen la lógica del divide y vencerás para fragmentar las fuerzas opositoras”, analiza Carmen Beatriz Fernández, experta venezolana en comunicación política y profesora en la Universidad de Navarra.

Este empuje a finales de 2023 se desinfló unos meses después. En enero de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia confirmó la inhabilitación política de Machado durante 15 años. No podría competir. Aunque en un principio ella aseguró que no habría otra candidatura, la estrategia fue cambiando en los siguientes meses. Primero impulsó a Corina Yoris, una filósofa de 80 años, admirada entre académicos, aunque desconocida para buena parte de la población, que tampoco pudo inscribirse.

La fecha límite para decidir quién sería el candidato de la oposición se acercaba y hubo una intensa discusión interna contrarreloj. Algunos partidos querían aupar a Manuel Rosales, gobernador, exalcalde y candidato a las elecciones presidenciales de 2006, que disputó contra Hugo Chávez. Era la apuesta del partido Un Nuevo Tiempo (UNT). Pero, finalmente, Rosales se apartó y la plataforma de coalición optó por Edmundo González Urrutia, un personaje desconocido a nivel nacional. González entró como lo que se conoce en Venezuela como un “candidato tapa” o “guarda puesto”. Una opción para asegurarse el lugar de la Plataforma Unitaria Democrática en la papeleta. 

La idea era mantenerlo como una reserva, mientras lograban solventar la situación de María Corina Machado o se conseguía otra candidatura. González dijo en entrevistas que él mismo se sorprendió de su postulación y que “nunca, nunca, nunca había pensado estar en esta posición”. Se convirtió en líder de la oposición en un país donde, según han documentado organismos internacionales, han sido detenidas personas críticas al Gobierno y en el que los candidatos denuncian amenazas y ataques. 

La coalición confirmó a González Urrutia como candidato definitivo y todos los partidos en bloque, incluido el propio Rosales, lo apoyaron. La clave fue este respaldo, especialmente, el de María Corina Machado. “Lo que está recibiendo Edmundo González es el endoso de los votos de María Corina Machado, por petición de la misma María Corina Machado”, explica Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno. 

Machado y González comenzaron una intensa campaña que consistió en recorrer el país durante tres meses, para que la ciudadanía conociera al candidato. Ha sido lo que Fernández define como una “campaña en tándem”, como una bicicleta de dos plazas. “El volante lo lleva María Corina y Edmundo pedalea”, dice. 

González Urrutia pidió en mítines y entrevistas “encontrar la reconciliación entre los venezolanos”. Durante semanas lideró la intención de voto en algunos sondeos, en los que aventajó por un margen amplio a Nicolás Maduro. Este domingo, el Consejo Nacional Electoral proclamaba ganador con un 51,2% al presidente de Venezuela, frente a un 44,2% para González Urrutia.

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, ha acusado de pucherazo al régimen chavista tras las elecciones presidenciales de este domingo. Junto al candidato del Partido Unitario, Edmundo González, Machado ha dicho que la victoria de la oposición ha sido “abrumadora”. Contra la mayoría de los sondeos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dado por vencedor a Nicolás Maduro con más de un 51% de los votos; por un 49% de la oposición venezolana.

Machado —líder de la oposición y quien no pudo ser candidata por haber sido inhabilitada— dijo en rueda de prensa: “Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González, y todo el mundo lo sabe”. “No descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada”, ha dicho González.

Los líderes opositores, que hablan de “saqueo masivo”, afirman tener las actas del recuento y que la diferencia en su favor es notable. Machado asegura que la oposición cuenta con “más del 40% de las actas y toda la información coincide en que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos”. 

“Esto no es un fraude más, esto es desconocer y violar groseramente la soberanía popular”, ha añadido Machado, quien además ha reiterado una petición que hizo a lo largo del domingo: que los testigos no se vayan de los centros de votación y que la ciudadanía los arrope. “En los próximos días vamos a seguir anunciando las acciones para defender la verdad. Hasta el final es hasta el final”, concluyó.

La oposición apunta al retraso en el recuento en algunas mesas como la demostración del pucherazo, un retraso que el chavismo atribuye a “ataques” externos. Elvis Amoroso, presidente del CNE, aseguró que la demora en la entrega de resultados se debió a una “agresión en contra del sistema de transmisión de datos”. 

Amoroso añadió que habían solicitado al fiscal general de la república que se inicie una investigación “sobre las acciones terroristas perpetradas contra nuestro sistema electoral, contra los centros de votación y funcionarios electorales”. 

Nicolás Maduro ha sido proclamado vencedor. Así lo ha anunciado el Consejo Nacional Electoral, que ha otorgado un 51,2% al presidente de Venezuela, frente a un 44,2% de la principal candidatura de la oposición venezolana, liderada por Edmundo González Urrutia, y María Corina Machado, que hablan de “fraude” y “saqueo masivo”. España no ha reconocido todavía el resultado y reclama la publicación de las actas.

Pasada la medianoche del domingo de Venezuela, seis horas después del cierre de urnas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó una breve conferencia en la que compartió los resultados oficiales de los comicios presidenciales. Elvis Amoroso, presidente del CNE, aseguró que la demora en la entrega de resultados se debió a una “agresión en contra del sistema de transmisión de datos”. Amoroso añadió que habían solicitado al fiscal general de la república que se inicie una investigación “sobre las acciones terroristas perpetradas contra nuestro sistema electoral, contra los centros de votación y funcionarios electorales”. 

“Habiendo llegado al 80% de transmisión, cumplimos con emitir el primer boletín, que marca una tendencia contundente e irreversible”, añadió Amoroso. Según este boletín, Nicolás Maduro estaría en un primer lugar, con 5.150.092 votos (un 51,20%) y Edmundo González, en el segundo, con 4.445.978 votos, con un 44,02%.

Los datos que emitió el CNE contrastan con las proyecciones de algunas encuestas publicadas en las últimas semanas, que situaban a Edmundo González, representante de la coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD), con ventaja. 

Maduro, en su primera intervención tras la publicación de los resultados por parte del CNE, ha pedido “respeto a la voluntad popular”.

“Ya puedo decir que soy presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo”, ha proclamado Maduro: “Este triunfo, es tu triunfo, comandante Hugo Chávez, este pueblo jamás te ha fallado. ¡Chávez vive, y la Patria sigue! No pudieron con las agresiones, amenazas y no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela: el fascismo en Venezuela no pasará ni hoy, ni nunca”.

El presidente del ente electoral, Elvis Amoroso, aseguró que “en las próximas horas” el CNE publicará en su página web el detalle de los resultados, mesa por mesa, y entregará a los 38 partidos políticos que compitieron un informe digital sobre el desenlace de la contienda. 

A partir del 10 de enero, fecha en la que comienza el nuevo mandato, el presidente afrontará un tercer sexenio al frente del país, gobernado por el chavismo desde hace 25 años.

“Saqueo masivo”

María Corina Machado, líder de la oposición y quien no pudo ser candidata por haber sido inhabilitada, dijo una hora después de la declaración del CNE: “Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González, y todo el mundo lo sabe. Esto no es un fraude más, esto es desconocer y violar groseramente la soberanía popular”.

Aseguró que la oposición cuenta con “más del 40% de las actas y toda la información coincide en que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos”. 

Machado reiteró una petición que hizo a lo largo del domingo: que los testigos no se vayan de los centros de votación y que la ciudadanía los acuerde. “En los próximos días vamos a seguir anunciando las acciones para defender la verdad. Hasta el final es hasta el final”, concluyó.

Machado ha recibido el apoyo del ultra argentino Javier Milei.

A lo largo de la jornada, la PUD denunció que en algunos centros se impidió a los testigos ingresar, si bien aclararon que se trataba de incidencias que constituían un porcentaje menor. Sin embargo, con el paso de las horas, la coalición alertó, sin muchos detalles, sobre un “patrón” para impedir que sus testigos electorales presenciasen el escrutinio de los votos, que debe ser público, de acuerdo a la Ley.

Boric: “Difícil de creer”

El presidente de Chile, Gabriel Boric, advirtió este lunes que los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela que dan la victoria a Nicolás Maduro “son difíciles de creer” y que su país no reconocerá “ningún resultado que no sea verificable”. 

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”, indicó el mandatario progresista en su cuenta de X.

Por otra parte, el Gobierno de Venezuela denunció este domingo una “operación de intervención” contra sus elecciones presidenciales por parte de un grupo de nueve países latinoamericanos, además de lo que denomina “políticos sicarios de ultraderecha” de la región. 

“Venezuela denuncia y alerta al mundo acerca de una operación de intervención en contra del proceso electoral, nuestro derecho a la libre autodeterminación y la soberanía de nuestra patria, de parte de un grupo de Gobiernos y poderes extranjeros”, según un comunicado, que señala a Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana. 

Asimismo, el Ejecutivo venezolano acusó de formar parte de esta operación a los exgobernantes Iván Duque y Andrés Pastrana de Colombia, Mauricio Macri, de Argentina; y Óscar Arias, de Costa Rica, así como a los senadores estadounidenses Marco Rubio y Rick Scott, a quienes llamó “políticos sicarios de ultraderecha especializados en desestabilizar Gobiernos en América Latina”. 

Según la Administración de Nicolás Maduro, “pretenden desvirtuar lo que se ha expresado” este domingo “en paz y con espíritu cívico” en el país caribeño, cuando millones de venezolanos salieron a votar por uno de los diez candidatos a la Presidencia, entre ellos el actual jefe de Estado, quien busca una segunda reelección. 

“Esta miserable y desesperada operación está destinada al fracaso, porque Venezuela es un país libre y soberano y jamás aceptará imposiciones ni chantajes, y menos de instancias extranjeras sin moral y legalidad para agredir nuestros derechos y a nuestro pueblo”, agregó Caracas. 

Los cancilleres de Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú emitieron este domingo un comunicado conjunto en el que expresaban su preocupación y anunciaban que harán un seguimiento cercano de los acontecimientos electorales en Venezuela.

“Consideramos indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas”, señala el texto: “Eso solo podrá conseguirse mediante un conteo de los votos transparente, que permita la verificación y control de veedores y delegados de todos los candidatos”.

Venezuela celebra este domingo unas elecciones presidenciales que podrían cambiar el rumbo político del país. Algunos sondeos muestran que Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición por la coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD), tiene opciones de imponerse a Nicolás Maduro, el actual presidente, que busca renovar su mandato por tercera vez este 28 de julio.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) lleva gobernando el país desde 1999, primero con Hugo Chávez y, tras su muerte en 2013, con Nicolás Maduro.

Sanciones y crisis

Venezuela lleva más de una década sumergida en una profunda crisis. Comenzó con la caída del precio del petróleo en 2014, al inicio del Gobierno de Maduro. Las sanciones de países como Estados Unidos y de la Unión Europea y la inflación –que ahora se sitúa en el 8,9%– han hecho que la vida en el país sea muchas veces complicada.

Hoy, Naciones Unidas calcula que 7,7 millones de venezolanos se han marchado del país. De ellos, menos de 70.000 podrán votar en estas elecciones. La situación socioeconómica, sumada al encarcelamiento de críticos con el Gobierno, ha llevado a un alto porcentaje de su población —más del 19%— a marcharse, y según algunas encuestas hasta un tercio de las personas que siguen en Venezuela aseguran que migrarán si no se produce un cambio político. 

Cierre de filas de la oposición

Un segundo factor, y quizás más decisivo, es la capacidad de reformularse de los partidos opositores: la oposición antichavista ha conseguido formular una propuesta política que, por primera vez, parece tener una oportunidad de medirse con el oficialismo en Venezuela.

La Plataforma Unitaria Democrática, una coalición que reúne a los 11 partidos de la oposición, volcó esa confianza en la política de derechas María Corina Machado, líder de la agrupación política Vente Venezuela, exdiputada de la Asamblea Nacional y una de las caras más visibles contra el chavismo. Machado ha agradecido públicamente el apoyo recibido por el ultra Javier Milei, presidente de Argentina, 48 horas antes de las elecciones en Venezuela.

En octubre de 2023, Machado ganó con el 92,6% de los votos unas elecciones primarias que se celebraron para elegir quién representaría a la oposición. Pero no pudo ser la candidata. En enero de este año, el Tribunal Supremo de Justicia confirmó su inhabilitación política durante 15 años, sumándose a una lista en la que también está el excandidato a la presidencia Henrique Capriles. El escrito justificaba esta medida por haber “sido participe de la trama de corrupción orquestada” por el exjefe del Parlamento y presidente autonombrado Juan Guaidó, así como por incumplir normas venezolanas –antes, la Contraloría General le recriminó haber defendido las sanciones contra la nación caribeña–.

Aunque Machado decía en un principio que no habría elecciones sin ella, dos meses después, en marzo, delegó su candidatura en Corina Yoris, una académica y filósofa de bajo perfil político a la cual el Consejo Nacional Electoral tampoco dejó inscribirse. Así que, en el límite para presentar la propuesta, el exembajador Edmundo González Urrutia entró en la jugada: cumplía los requisitos administrativos, por lo que, en un principio, entró de forma provisional. Finalmente, con el espaldarazo de María Corina Machado, González fue nombrado candidato opositor.

Hoy, lidera varias encuestas. El lunes de esta semana, la consultora ClearPath Strategies mostraba una intención de voto del 59% para González, frente al 33% de Maduro. Otro sondeo, realizado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB con la encuestadora Delphos, pronostica una distancia aún más amplia: 59,1% frente a 24,6%.

“Hoy en día hay un resultado muy amplio a favor de la oposición, que no se había visto hasta ahora y que no se entendería sin el endoso de los votos de María Corina Machado a González”, dice a elDiario.es Benigno Alarcón, director de este centro de estudios. También es vital el apoyo de los demás partidos de la oposición. “Se generó una imagen de unidad, que aumenta las expectativas de que puedan ganar”, añade Alarcón.

El Gobierno venezolano ha argumentado que compite con “desventaja” en las presidenciales debido a las sanciones internacionales que “limitan o generan distorsiones en la capacidad de hacer gestión”.

Tanto el chavismo como la oposición han sacado a miles de simpatizantes a la calle como una demostración de sus fuerzas en la recta final de la campaña electoral.

“Estoy preparado para una gran victoria y sé que nuestro pueblo lo va a volver hacer. No pudieron con nosotros y no podrán jamás y el domingo se lo demostraremos a los fascistas, al imperialismo”, dijo Nicolás Maduro el pasado jueves frente a una multitud de simpatizantes: “El domingo, pásales la cuenta a los fascistas, a la extrema derecha, y vamos a darle una pela (paliza) para que no se levanten más nunca y no le echen más vaina a esta patria”.

Y después, ¿qué?

Maduro ha usado palabras como “guerra” o “hecatombe” para referirse a una victoria de la oposición. En un mitin llamó a la población a votarle “si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil”, ante la perspectiva de un gobierno de la oposición.

Referentes de la izquierda latinoamericana han recalcado la importancia de que se respeten los resultados. El brasileño Lula da Silva, que en un principio había preferido tomar distancia, esta semana hizo hincapié en el respeto a “valores democráticos” y se mostró preocupado por las declaraciones del mandatario. “Maduro tiene que aprender que cuando uno gana se queda, y cuando pierde se va, y se prepara para otras elecciones”, enfatizó. El presidente de Chile, Gabriel Boric, mostró su respaldo a su homólogo brasileño. “No se puede amenazar bajo ningún punto de vista con baños de sangre. Lo que reciben los mandatarios y los candidatos son baños de votos y esos baños de votos representan la soberanía popular, que debe ser respetada”, dijo el mandatario chileno.

“Yo no dije mentiras, solo hice una reflexión, el que se asustó que se tome una manzanilla porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto y sabe lo que estoy diciendo”, respondió el mandatario en un acto de campaña.

Por su parte, Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha insistido en su propuesta de un acuerdo nacional que “busque las máximas garantías a la oposición respetando el resultado electoral próximo”. En abril, Petro calificó la inhabilitación electoral de María Corina Machado como un “golpe antidemocrático”.

Otros países de la región, en concreto Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay, han cuestionado el “hostigamiento y la persecución sistemática contra dirigentes y partidarios de la oposición venezolana”.

Los expresidentes iberoamericanos de derechas, entre los que están José María Aznar y Mariano Rajoy, han dicho que “cualquier intento de fraude debe ser castigado con las máximas sanciones”.

Analistas políticos consultados por este medio creen que no aceptar los resultados sería un tiro en el pie para Maduro, por lo que confían en que no tomará esa vía. “Hay un cierto nerviosismo, pero yo espero que las instituciones respeten el resultado. Si Maduro no lo hace, abriría una caja de Pandora difícil de cerrar”, señala Benigno Alarcón.

El próximo presidente de Venezuela asumirá el cargo en enero de 2025, así que habría casi seis meses por delante para llevar a cabo el traspaso de poderes. “Si Maduro pierde las elecciones, el Gobierno debería ser el principal interesado en negociar. Si no lo hacen, va a haber una situación complicada para ellos. Después, nadie va a querer negociar con ellos”, dice Alarcón.

En una entrevista reciente con El País, Nicolás Maduro Guerra, el hijo del presidente venezolano, asegura que, llegado el caso, reconocerían una derrota, aunque asegura que confía en un triunfo del chavismo. “Si Edmundo gana, entregamos y seremos oposición, listo. No nací en la presidencia, mi papá no nació siendo presidente. Yo nací en el Valle, estudié en un colegio público. Y si todo acaba para ser oposición, somos. Yo no sé si nos aguantan de oposición, somos un fastidio”, dice.

Amnistía Internacional ha dicho que el “compromiso con los derechos humanos” es “imperativo” tras un periodo electoral “marcado por la represión” y ha recordado que la Corte Penal Internacional investiga al Gobierno de Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad por la represión de protestas en 2017, algo que también ha denunciado una misión de la ONU.

Por ahora, quedará por ver qué sucede este domingo en Venezuela, en las que se prevé sean unas elecciones históricas y masivas, que anticipan hasta un 70% de participación. 

“El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya”. Con estas palabras, Bernardo Arévalo de León, presidente de Guatemala, abría la puerta hace una semana a la posibilidad de destituir a la fiscal general. Era algo que buena parte de la población le había demandado desde que asumió el cargo y a lo que él mismo se había comprometido cuando ganó las elecciones en 2023.

En un mensaje transmitido el pasado 5 de mayo, el mandatario buscó disipar los señalamientos de tibieza contra su Gobierno por no actuar con más contundencia contra Consuelo Porras, que ha liderado investigaciones penales contra exfiscales anticorrupción, jueces y periodistas, y a la que se le atribuyen los intentos por evitar la investidura de Arévalo en enero pasado.

Al día siguiente, Arévalo cumplió con lo que había anunciado. Custodiado por Karin Herrera, su vicepresidenta, por sus ministros y por un grupo de ciudadanos a gritos de “fuera, Consuelo”, el mandatario recorrió a pie los 700 metros que separan el Palacio Nacional del Congreso de la República para entregar, en mano, una reforma a la ley que blinda a la fiscal que le permita apartar a la fiscal de su cargo. “Confiamos en que esta legislatura sepa entrar en la historia poniéndose del lado de la democracia y la justicia”, dijo en una breve rueda de prensa. 

Lo que se presentaba como golpe sobre la mesa, que apuntaba a la posibilidad de un cambio en la fiscalía, se fue diluyendo a lo largo de la semana. El Congreso se reunió el martes, pero no trató la iniciativa por falta de cuórum. La escena volvió a repetirse el jueves por la mañana. Tras más de una hora de retraso, el presidente del Legislativo dio por finalizada la sesión con apenas 41 diputados en el pleno. 

Lo que dice la propuesta de Arévalo

Desde que llegó al cargo, una parte de la población, entre ellas las personas que se encuentran en el exilio por investigaciones abiertas por la Fiscalía, han reiterado a Arévalo la necesidad de que destituyera a Consuelo Porras. Pero la ley se lo impide.

La Constitución de Guatemala sí autoriza al presidente de la República a apartar de su cargo al fiscal general “por causa justificada”. Esto permitió históricamente que el presidente de turno lo cambiara a antojo, por un perfil conveniente.

Pero en 2016 se hicieron varias reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, que blindaron el cargo. La entonces fiscal general Thelma Aldana (hoy en el exilio) fue quien presentó la propuesta de reforma. La gestión de Aldana había iniciado investigaciones contra el Gobierno de Otto Pérez Molina cuando él aún estaba en su cargo, así que modificar la ley evitó que el mandatario tomara acciones en su contra. 

Uno de estos cambios estableció que, para que el presidente separe al fiscal general, debe haber una sentencia que confirme que éste cometió algún delito. Esto implica que el puesto de fiscal general sea prácticamente intocable. Especialmente en el contexto actual de Guatemala, en el que buena parte de los tribunales de Justicia están alineados con un sistema corrupto.

Precisamente, comenzar a sanear este sistema es la intención con la que el Gobierno de Arévalo planteó la iniciativa de reforma de ley. El presidente hizo hincapié en que la llegada de un Gobierno progresista no es suficiente. En Guatemala, dijo en su mensaje, sobrevive “una minoría corrupta” y “la amenaza que representa para nuestra democracia es posible por la permanencia de la señora Consuelo Porras en el cargo de fiscal general del Ministerio Público”. Esto, añadió, “anima a las redes político-criminales a resistirse a los avances de la lucha contra la corrupción”.

Así, su propuesta busca encauzar la ley para que el presidente pueda destituir a la jefa del Ministerio Público sin necesidad de que haya una sentencia. En el nuevo documento se propone que “la falta de capacidad, idoneidad y honradez” podrán ser una causa justificada para la remoción. “Estamos corrigiendo un problema que se ha generado a través de estas reformas y evitando que el Ministerio Público quede al margen en una situación de impunidad, porque no rinde cuentas a ninguna entidad”, aclaró Arévalo el lunes en el Congreso.

El mandatario aseguró que propone un mecanismo para evitar que los fiscales generales cometan abusos de poder y que los gobiernos los manejen: “Es una reforma que busca que el Ministerio Público no vuelva a ser utilizado como un arma política por ningún gobierno. No lo haremos nosotros. Y buscamos que no lo hagan los gobiernos que vendrán después”, dijo el pasado domingo.

La iniciativa establece varios supuestos para que el presidente defina si la persona en el puesto de fiscal general tiene o no esa capacidad, idoneidad y honradez. Un detalle importante es que también blinda su decisión: no habrá cabida para ningún recurso contra la misma.

“Si se deja la ley muy abierta, podría ser un riesgo para los futuros fiscales generales”, dice a elDiario.es Edgar Ortiz, abogado especializado en derecho constitucional.

La propuesta del Gobierno de Arévalo envía también un mensaje entre líneas. Anthony Blinken secretario de Estado de Estados Unidos visitó el pasado martes Guatemala y se reunió con el mandatario para abordar temas migratorios. Estados Unidos ha jugado un papel clave en el país centroamericano. En los últimos años, ha sancionado a actores considerados corruptos. Entre ellos, la propia fiscal Consuelo Porras.

El bloqueo en el Congreso

El Congreso debe ahora analizar la iniciativa, trasladarla a una comisión legislativa y comenzar así el proceso interno para aprobarse en pleno, en el que hay una mayoría opositora. Y ahí es donde el Gobierno de Arévalo se enfrentará a su primer reto: lograr los votos necesarios. El bloque legislativo de Semilla, el partido oficial, ya anunció que respaldará la iniciativa. Pero apenas suman 23 escaños y la propuesta necesita 107, por lo que deberá reunir 84 votos.

Algunos congresistas ya se han pronunciado en la red social X, dejando entrever que no se lo pondrían fácil a Arévalo. “Sus conflictos personales no deberían ser abordados en el Congreso de la República”, publicó Sandra Jovel, diputada del partido Valor, con seis diputados, y exministra de Jimmy Morales.

“Nosotros no imponemos ni compramos diputados”, explicó el lunes ante los medios Samuel Pérez, jefe del grupo de Semilla. “Cada bloque va a tener que hacer una reflexión sobre si está de acuerdo con una iniciativa que favorece a la democracia o si se va a posicionar del lado golpista”.

Las ausencias de los diputados opositores en las sesiones del martes y del jueves confirmó las sospechas. No parece haber un interés de la mayoría legislativa en sacar adelante una iniciativa que cambiaría el escenario político de Guatemala.

La fiscal general se parapeta

El día 5 por la noche, hora y media antes de que el Gobierno de Guatemala reprodujera el vídeo de Arévalo, y cuando aún no estaba claro qué comunicaría el presidente, el Ministerio Público anunció a través de un comunicado que presentaría un amparo ante el Tribunal Constitucional. Con este recurso, explicó, buscaba que el Constitucional ordenara al mandatario que se abstuviera de adoptar medidas para “tomar el control del Ministerio Público”.

El comunicado no especificaba cuáles serían estas medidas y únicamente hablaba de una “amenaza real, cierta e inminente” de acciones que “pueden desembocar en atentados en contra de la integridad física y la vida” de la fiscal general. 

El Constitucional, con una mayoría de magistrados afines a Consuelo Porras, analizó el amparo con una rapidez inusual. Antes de la medianoche de ese mismo día, lo admitió a trámite y dio un plazo de tres horas al Ejecutivo de Arévalo para enviar un informe detallado. El martes por la tarde amparó a Porras y ordenó al Gobierno que “se abstenga de todo acto que, fuera del marco constitucional y legal, atente contra el mandato” de la fiscal.

En paralelo a este espaldarazo, Consuelo Porras y su secretario privado, Angel Pineda, comparecieron en una conferencia de prensa en la que, de manera impetuosa y con varias imprecisiones y bulos, la fiscal general cuestionó la lucha anticorrupción de Arévalo y aclaró que “no recibe instrucciones ni en español ni en inglés”.

Porras también advirtió al presidente y a la vicepresidenta Herrera que “no están ni estarán por encima de ley”. La Fiscalía que lidera ha solicitado que se le retire la inmunidad para ambos en el pasado. En la rueda de prensa anunció que no descarta volver a hacerlo.

Quedará por ver esta semana si el Legislativo vuelve a poner en agenda la iniciativa del Gobierno guatemalteco y si, de hacerlo, logra los congresistas mínimos, ya no solo para aprobarla, sino para entrar a analizarla.