La gran «fiesta de la democracia» está a punto de celebrarse y la Universidad necesita que se entiendan nuestras inquietudes y, sobre todo, que se atiendan nuestras demandas. Por muchos motivos. Pero, fundamentalmente, porque apostar por la educación superior y la investigación es una apuesta segura por el progreso.

Los campus han sido grandes vectores de vertebración social en este país y la comunidad universitaria siempre ha dado ejemplo de adaptación y compromiso. Primero hizo un esfuerzo formidable para alcanzar el nivel académico y científico que Europa requería y, a partir de 2008, fue capaz de mantenerlo en un entorno de durísimas restricciones económicas. La pandemia y la guerra de Ucrania han sido el penúltimo obstáculo en la recuperación de una caída de recursos tan brutal que aún seguimos en niveles de 2009. Y estamos en 2023.

Tras años de vértigo, toca que se nos entienda y que se nos atienda.

El Sistema Universitario Español compite en Europa en clara situación de desigualdad y, aun así, ha conseguido una calidad internacional reconocida, como certifican los ránquines y demuestra nuestra elevada participación en la iniciativa Universidades Europeas. Pero corremos el riesgo de retroceder. Hemos demostrado ser eficientes, porque no se puede hacer más con los recursos públicos asignados, que en muchos casos son la mitad de los disponibles por universidades que ocupan posiciones similares. Por eso, pedimos un marco legislativo que nos permita, tal como queda reflejado en el documento Universidad 2030, lo que considerábamos esencial para mejorar nuestro desempeño, convertirnos en un verdadero polo de atracción de profesorado y estudiantado internacional y ser referente del desarrollo sostenible.

Aquella propuesta planteaba –y plantea– una pregunta muy directa: ¿Qué sociedad queremos en 2030? Porque la respuesta nos dirá qué Universidad necesitamos. La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) no ha sido la contestación esperada. Aunque introduce mejoras, no ha cumplido con la ilusión generada y deja por delante una complicada actividad de adaptación. En su momento, desde Crue Universidades Españolas hicimos aportaciones para que la ley facilitase la transición hacia una sociedad del conocimiento. Desde esta tribuna, seguimos haciéndolas.

La primera acción, y urgente, pasa por detallar la financiación de las universidades públicas para que podamos aplicar la norma. Necesitamos conocer el calendario y responsabilidad de todas las administraciones respecto al modo en que se hará efectivo el destino del 1% del PIB –como mínimo– al gasto público en Educación Superior. Sin ese compromiso, esos más de 3.000 millones de euros, que nos permitirían equilibrar el diferencial con la media de la OCDE y de la UE, quedarán en una bonita declaración de intenciones.

Se debe aclarar quién, cuándo y cómo. Y hacerlo desde la lealtad institucional. Las universidades públicas percibimos la mayor parte de transferencias de nuestras respectivas comunidades autónomas y los gastos en que incurrimos se ven, además, condicionados por decisiones de los gobiernos central y autonómico. Los costes generados por las medidas legislativas deben ser compensados por la Administración que las adopta para evitar situaciones perversas en las que unos se apuntan el tanto y las universidades lo pagamos. 

Concretar la financiación es urgente, sin duda. Pero tan importante como la financiación es atender al conjunto de temas que preocupan a las universidades. Empezando por el estudiantado, mientras haya una sola persona capacitada que se vea excluida por razones socioeconómicas estaremos incumpliendo un principio básico en toda democracia, el de la igualdad de oportunidades. Reforcemos, pues, el mecanismo de las becas y ayudas al estudio, muy por debajo de la media de los países más desarrollados, y demos la bienvenida a iniciativas como las beca-salario.

Continuemos por la nueva regulación de los procedimientos de admisión a la Universidad. El debate y la polémica sobre la prueba de acceso está ahí. Establezcamos criterios que permitan su regulación y aplicación coherente en las comunidades autónomas, teniendo siempre en mente que ha funcionado razonablemente bien, que solo supone el 40 por ciento de la nota y que no tenemos un Bachillerato único. Aprovechemos también la coordinación con los diferentes niveles educativos, en especial con la Formación Profesional de Grado Superior, que creció un 43,3% entre 2016 y 2021. Habilitemos pasarelas que favorezcan el tránsito entre la Universidad y la FP de Grado Superior a través de reconocimientos mutuos de formación.

También somos conscientes de que el mundo avanza al ritmo de quienes van en la vanguardia de la innovación técnica y social. Y el compromiso de la Universidad es que nadie quede atrás. Sabemos que la tasa de desempleo entre las personas con un nivel de enseñanza básico se sitúa alrededor del 30%, mientras que entre los universitarios es del 10%. Por eso, las universidades queremos extender el acceso a la formación universitaria a la población de todas las edades, apostando por el aprendizaje a lo largo de la vida como instrumento de reciclaje profesional, crecimiento personal y como forma de favorecer la inclusión y la igualdad de oportunidades. Queremos hacerlo, además de a través de la formación reglada de grado, máster y doctorado, a través de itinerarios formativos abiertos y adaptados a las necesidades del estudiantado y del tejido productivo.

Sin embargo, para tener éxito en la apuesta por una formación de calidad, hay que simplificar los procesos de ordenación y evaluación. La clave para esa reducción de la burocracia está en la atribución de las competencias correspondientes a los sistemas de garantía internos de calidad que tenemos las universidades. Se trata de potenciar la acreditación institucional como mecanismo de salvaguarda para el alumnado, la Administración y la sociedad. El Real Decreto 822/2021, por primera vez, regula la existencia de los títulos propios en la docencia universitaria y menciona las microcredenciales. Abordemos su desarrollo desde un aseguramiento de la calidad basado en la flexibilidad y convertiremos la formación a lo largo de la vida en un magnífico instrumento de inclusión y de igualdad de oportunidades.

Sigamos con el personal docente investigador y el de administración y servicios. La LOSU intenta estabilizar su situación. Lo aplaudimos. Y lo celebraremos todavía más si se respeta la autonomía universitaria y se simplifica la gestión. El aumento de la actividad de las universidades, en particular en investigación y transferencia y en transformación digital, requiere cambiar la estructura de las plantillas dotándolas de personal con el suficiente grado de especialización y adaptación a los perfiles adecuados. Pero mientras la tasa de reposición siga existiendo, lo que se nos traslada a las universidades es que no se confía en nuestra madurez para decidir lo que necesitamos.

La internacionalización es otro eje estratégico que debe ser atendido en su justa medida. Necesitamos contar con políticas dirigidas a convertir nuestro sistema universitario en un verdadero polo de atracción de profesorado y estudiantado internacional. Como ya he citado, los consorcios del programa Universidades Europeas, en los que las universidades españolas estamos teniendo un elevado protagonismo, pueden ser un instrumento adecuado, aunque debería revisarse el marco financiero y administrativo para que la formulación de nuevas titulaciones sea viable. 

También se debe seguir impulsando la transformación digital de nuestros campus. En este sentido, se deben trasladar a las universidades las mejores prácticas, nacionales e internacionales, en materia de tecnología educativa y se deben seguir de cerca los avances de tecnologías emergentes. Y no olvidemos la sostenibilidad en su triple dimensión: social, ambiental y económica. Por ello, se debe acompañar a las universidades en su compromiso de reforzar la misión de la universidad para que la docencia, la investigación y la transferencia del saber integren los retos sociales, medioambientales y económicos. 

Termino este artículo hablando de la investigación. Más del 70% de la que se hace en España sale de las universidades. Lo lógico sería tener un protagonismo especial en el nuevo Plan Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2024-2027 y, desde luego, que hubiese un único Ministerio de Universidades y Ciencia. No es lo que está ocurriendo, y no profundizo más en este tema porque reservo estas líneas finales para una situación crítica que sufren nuestros equipos y servicios de investigación.

La carga burocrática es insostenible y estamos perdiendo oportunidades en potentes proyectos europeos. Hay que introducir una cultura basada en la confianza –con su debida rendición de cuentas– y agilizar procedimientos si queremos ser competitivos y aumentar la participación de las universidades en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica. En paralelo, es urgente desarrollar mecanismos para la financiación basal de la investigación y consolidar los incentivos a la transferencia de conocimiento, tercer pilar de la Universidad, junto a la docencia y la investigación. En la Ciencia está la respuesta a los desafíos actuales y futuros, no lo olvidemos.

Como decía al principio de este artículo, entender y atender las necesidades de la educación superior y la investigación supone la mejor garantía para un progreso responsable y para un futuro con más y mejores oportunidades. Hagámoslo posible.