Lo ocurrido en Santander no es una anécdota ni una cuestión menor de agenda municipal. Es una decisión política consciente del Partido Popular: utilizar una institución pública para cuestionar derechos fundamentales y señalar a quienes los ejercen. Y conviene nombrarlo con claridad, porque solo así puede entenderse la gravedad de lo que está en juego.

La iluminación de la fachada del Ayuntamiento y la programación impulsada junto a organizaciones “provida” no son gestos simbólicos inocuos. Son la expresión de una agenda ideológica que el Partido Popular está trasladando al espacio institucional, utilizando recursos públicos, símbolos comunes y la legitimidad democrática para erosionar la autonomía de las mujeres y de las personas en situaciones de extrema vulnerabilidad. No estamos ante un ejercicio de pluralidad, sino ante una toma de partido desde lo público contra derechos reconocidos por la ley.

Este tipo de actuaciones desmonta, además, el relato que el propio Partido Popular y la Concejalía de Igualdad han intentado sostener en los últimos años: el de una supuesta defensa de los derechos de las mujeres. Porque no hay política de igualdad posible cuando se legitima a quienes trabajan activamente para limitar la capacidad de decidir. No se puede hablar de derechos mientras se cuestionan en la práctica. No se puede sostener una imagen de respeto institucional mientras se da cobertura a discursos que históricamente han servido para controlar, culpabilizar y disciplinar a las mujeres.

Las instituciones democráticas tienen un mandato inequívoco: garantizar derechos, no someterlos a disputa ni actuar como altavoces de quienes pretenden restringirlos. Cuando un gobierno municipal, con mayoría absoluta del Partido Popular, decide alinearse con organizaciones que cuestionan la interrupción voluntaria del embarazo o la eutanasia, está enviando un mensaje profundamente preocupante: que esos derechos, aunque legales, no son plenamente legítimos. Y convertir en discutible lo que es un derecho es el primer paso para debilitarlo.

No es un debate abstracto ni una confrontación ideológica sin consecuencias. Es la vida concreta de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo

Porque de eso se trata. No es un debate abstracto ni una confrontación ideológica sin consecuencias. Es la vida concreta de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, de las personas gravemente enfermas que reclaman una muerte digna, de quienes necesitan saber que las instituciones están de su lado y no en su contra. Cuando el Partido Popular utiliza el Ayuntamiento para cuestionar esas decisiones, introduce estigma, genera inseguridad y erosiona la confianza en lo público como espacio de protección.

Además, no estamos ante un hecho aislado. Este tipo de iniciativas se inscriben en una estrategia política más amplia que busca desplazar el marco de los derechos, reabrir debates que estaban resueltos y normalizar posiciones regresivas bajo una apariencia de institucionalidad. Se trata de un movimiento calculado: no derogar abiertamente derechos, sino debilitarlos, cuestionarlos y rodearlos de un clima social que los vuelva más frágiles. Y en ese proceso, las instituciones se convierten en herramientas clave.

El derecho a decidir —sobre el propio cuerpo, sobre la maternidad, sobre el final de la vida— no puede depender de mayorías coyunturales ni de la ideología de quien gobierna

La calidad de una democracia no se mide solo por la existencia formal de derechos, sino por el compromiso activo de las instituciones en garantizarlos. Y en ese sentido, la autonomía personal ocupa un lugar central. Sin autonomía no hay libertad real, y sin libertad no hay igualdad posible. El derecho a decidir —sobre el propio cuerpo, sobre la maternidad, sobre el final de la vida— no puede depender de mayorías coyunturales ni de la ideología de quien gobierna. Está reconocido en la ley y forma parte del núcleo irrenunciable de los derechos fundamentales.

Por eso es especialmente grave que el Partido Popular utilice las instituciones para cuestionarlo. No es neutralidad, no es pluralidad: es gobernar contra derechos. Es convertir el espacio público en una plataforma ideológica al servicio de quienes pretenden limitar libertades. Es, en definitiva, una forma de violencia institucional que, aunque no siempre se nombre así, tiene efectos reales en la vida de las personas.

Cuando esto ocurre, las instituciones dejan de ser garantes para convertirse en actores de parte. Dejan de representar a toda la ciudadanía para representar solo a una parte. Y en ese desplazamiento, lo que se debilita no es únicamente un derecho concreto, sino la propia idea de lo público como espacio común, como lugar de protección, como marco de convivencia basado en la igualdad y el respeto.

Frente a ello, no cabe la equidistancia ni el silencio. Los derechos no se sostienen por inercia, ni están a salvo de retrocesos. Requieren defensa activa, especialmente cuando son cuestionados desde las propias estructuras que deberían protegerlos. Señalar estas prácticas, denunciarlas y exigir responsabilidades forma parte de esa defensa democrática.

Porque lo que está en juego no es una fachada iluminada ni una jornada puntual. Es si aceptamos que un gobierno, en este caso del Partido Popular, puede utilizar las instituciones para atacar la autonomía de las mujeres y el derecho a decidir de las personas más vulnerables.

Y eso, sencillamente, no es compatible con una democracia que se pretenda digna de tal nombre.

La situación social que hoy vive España no se parece nada a la de mis años de juventud, pese a que no están muy lejanos. Vivimos en una continua carrera para alcanzar las metas más variadas y muchas veces no nos permitimos perder ni un minuto para contemplar el camino y reflexionar sobre el destino al que nos conduce.

Cuando yo era más joven, nuestros padres soñaban con facilitar a sus hijos la mejor educación. Con independencia de sus recursos, era común el esfuerzo para brindar a la descendencia una formación que le permitiera un futuro mejor y, a ser posible, que el trabajo no nos acaparara la vida.

Las hijas de aquella época hablábamos de ser médicas o abogadas, de formar una familia, aunque algunas no queríamos casarnos. Aspirábamos a un trabajo que nos permitiera viajar y conocer lugares hacia los que volábamos con la imaginación.

¿Y qué decían nuestros abuelos y abuelas? El recuerdo de lo que me deseaban los míos me invade estos días más que nunca. Ellos me hablaban de libertad. Libertad con mayúsculas, en el único sentido que puede tener esa palabra, y que no es la libertad de las cañas en Madrid, como se ha llegado a denominar con la ligereza de quien no ha conocido la opresión.

Veo con temor y tristeza cómo sus deseos están siendo cuestionados por la extrema derecha que llega al poder en España, gracias a que la derecha que le ha puesto la alfombra roja y ha abierto las puertas. ¿Vale cualquier estrategia para no perder el poder?

Aunque también, la libertad de la que hablaban mis abuelos era mucho más que poder tomar unas cañas. Libertad para tener un trabajo que nos permitiera vivir sin penurias, sin grandes lujos, como ellos decían, pero también sin penurias. Hablaban de una libertad que permitía opinar sin miedo y debatir sobre cualquier asunto con la única línea roja del respeto al prójimo. Respeto al prójimo porque la doctrina cultural católica también estaba anclada en ellos, como buenas españolas y españoles de fe.

Una libertad que nos dejara andar de la mano con nuestros compañeros y compañeras en público.

La libertad que a ellos les faltaba, porque nunca se sintieron libres.

Hoy veo con temor y profunda tristeza cómo sus deseos están siendo cuestionados por la extrema derecha que llega al poder en España, gracias a que la derecha que se dice moderada le ha puesto la alfombra roja y abierto las puertas. ¿Vale cualquier estrategia para no perder el poder, aunque implique pactar con los que oprimen al pueblo?

Nunca pensé que en pleno siglo XXI, en un mundo globalizado y en el continente europeo tendríamos que volver a preocuparnos por la opresión. Pero parecemos encaminados a ello.

Hay quien piensa que retirar una bandera reivindicativa de un derecho no tiene importancia. Si realmente fuera así, por qué molestarse en retirarla. Si nos preguntamos qué es lo que verdaderamente subyace tras ese gesto, comprobaremos que no es otra cosa que la opresión y un mensaje: quienes enarboláis esa bandera no sois bien recibidos en este pueblo. 

Subyace la discriminación hacia seres humanos, personas que son hijos, hijas, amigos amigas, hermanas y hermanos. Personas que miran con temor a un futuro incierto para ellos.

Hay más ejemplos de opresión hoy en España. Porque opresión es la persecución que sufren las políticas encaminadas a defender los derechos de las mujeres. Siempre estamos en el ojo del huracán ¿Por qué? ¿Por qué somos el centro de la extrema derecha en sus discursos? Porque hay una forma de control recurrente a lo largo de la historia, y es el control de la mitad de la población. El control de las mujeres.

Invisibilizarnos, silenciarnos, discriminarnos. En definitiva, oprimirnos. Nos asesinan por ser mujeres, mientras el fascismo justifica las muertes en base a otros criterios. El fascismo disfraza primero el hecho que pretende aniquilar. En este caso, los derechos de las mujeres.

Estamos en vísperas de unas elecciones marcadas por dos líneas y con antecedentes de lo que pueden llegar a depararnos. Quizá no hemos despertado lo suficiente. Miremos a nuestro alrededor. Pensemos en Italia, en esas las madres a las que están quitando los derechos sobre sus hijos e hijas. Es una vieja realidad que está resucitando en el siglo XXI. Está cerca, pero podemos evitarlo.

En las elecciones del 23 de julio nos jugamos nuestros derechos, aquellos que nuestros abuelos y abuelas consiguieron para nosotros, los que ellos deseaban y nos animaban a defender como ellos mismos hicieron, dando incluso su vida por ellos.

El poder está en nuestro voto. Es lo único que tenemos en democracia.