El reciente apagón que dejó a gran parte de la Península sin suministro eléctrico ha desatado una tormenta de reacciones. Lo que debería haber sido un análisis sereno y técnico sobre vulnerabilidades del sistema eléctrico, ha sido aprovechado por algunos sectores para activar su maquinaria ideológica contra las energías renovables. Se ha instalado en ciertos medios un relato manipulador, que pretende señalar al sol y al viento como los culpables del apagón, como si su carácter intermitente fuese la raíz de todos nuestros males.

No es una simple crítica técnica. Es un ataque político y económico disfrazado de sentido común. Y no podemos permitirlo.

Porque detrás de ese discurso, a veces burdo, a veces envuelto en un aparente rigor, lo que se esconde es el deseo de frenar la transición energética. Son los mismos que, año tras año, han defendido la permanencia de un modelo fósil obsoleto, contaminante y vulnerable. Son los que han rentabilizado durante décadas un sistema que condena a nuestras economías a la dependencia exterior y a nuestros pulmones a respirar humo. Son los que hoy nos dicen que no se puede prescindir del gas ni del petróleo, precisamente porque su negocio es que nunca lo hagamos.

Y ahora, ante el más mínimo fallo del sistema, se lanzan como buitres a aprovechar el miedo. Pero el miedo no puede ser el combustible de la política energética. No podemos permitir que un hecho aislado, aún en investigación, se convierta en excusa para desprestigiar el único camino posible hacia un futuro habitable.

No. Las renovables no son el problema. El verdadero problema es seguir instalados en un modelo del siglo XX mientras el planeta clama por un cambio.

La emergencia climática no es una moda ni una exageración de ecologistas idealistas. Es una realidad abrumadora avalada por la ciencia, que ya está teniendo consecuencias devastadoras: fenómenos meteorológicos extremos, incendios incontrolables, pérdidas agrícolas, migraciones forzadas y desequilibrios económicos a escala global. Y la causa está clara: el uso masivo de combustibles fósiles.

Frente a esto, las energías renovables representan una solución viable, limpia, descentralizada y asequible. Y, aunque es cierto que requieren adaptación del sistema, como cualquier innovación transformadora, esa adaptación ya está en marcha. Es técnicamente posible. Es económicamente sensata. Y es moralmente imprescindible.

Quienes hoy atacan a las renovables con saña no están defendiendo la estabilidad del sistema; están defendiendo privilegios. Están utilizando el miedo al apagón para apagar el debate sobre el futuro. Quieren convencernos de que vivir con renovables es vivir con incertidumbre, cuando lo cierto es que el mayor riesgo de todos es no avanzar.

Y para demostrarlo, no hace falta mirar a Alemania, ni a Dinamarca, ni a California. Miremos a Canarias.

En un sistema eléctrico fragmentado, aislado y con altísima dependencia exterior, se está construyendo un modelo energético que, con todos sus errores como el proceso de concurrencia competitiva, demuestra que es posible integrar grandes cuotas de renovables sin comprometer ni la estabilidad ni la calidad del suministro. ¿Cómo? Con inteligencia, con planificación y con tecnologías de almacenamiento como los bombeos hidráulicos.

El Salto de Chira, en Gran Canaria, no es solo una infraestructura hidráulica. Es una pieza clave en el nuevo paradigma energético insular. Permitirá almacenar energía excedente en horas valle, cuando la eólica o la solar producen más de lo que se consume, para liberarla cuando más se necesita. Esto no solo estabiliza el sistema, sino que reduce drásticamente la necesidad de respaldo fósil, acorta el camino hacia la autosuficiencia energética y multiplica la capacidad de penetración renovable.

Y no es un caso aislado. La Palma, El Hierro, Tenerife... Todas las islas están avanzando, cada una a su ritmo, hacia un modelo donde el almacenamiento, la generación distribuida, las microrredes y la participación ciudadana configuran un nuevo ecosistema eléctrico: más resiliente, más limpio y más justo.

Quienes hoy critican las renovables desde sus tribunas no se detienen a mirar estos ejemplos. No les interesa hablar de la eficiencia del bombeo, ni de las mejoras en la gestión de la demanda, ni de las oportunidades del hidrógeno verde, ni del autoconsumo, ni de los vehículos eléctricos que devuelven energía a la red. Prefieren el eslogan fácil, la consigna del miedo, la defensa a ultranza de un statu quo que ya no se sostiene ni técnica ni éticamente.

Pero la ciudadanía no es tonta. La gente quiere soluciones, no más excusas. Quiere respirar un aire más limpio, pagar menos por la energía, participar en su producción y no ser rehén de los mercados internacionales del gas. Quiere futuro.

Por eso hay que alzar la voz. No podemos permitir que se criminalice a las renovables por errores que nacen de la falta de inversión en redes, falta de inversión en bombeos y almacenamiento en general, de la lentitud en la digitalización del sistema, o del abandono histórico de la planificación energética por parte de algunos gobiernos.

No hay que parar la transición energética. Hay que acelerarla

La transición energética no es una opción ideológica. Es una obligación generacional. Un deber hacia quienes vendrán después, pero también hacia quienes hoy sufren los costes de un sistema injusto e ineficiente. Y esa transición pasa, inevitablemente, por dejar atrás los combustibles fósiles y abrazar las energías limpias con todas las herramientas a nuestro alcance.

En cada kilovatio renovable hay más que electricidad. Hay dignidad, hay justicia climática, hay soberanía, hay futuro.

En la caótica y lenta transición a las renovables de Canarias, empresas como Disa han puesto huevos en las cestas de las dos agendas contradictorias del Gobierno canario; por un lado, tiene una presencia destacada en el Proceso de Concurrencia competitiva ofertando 23 grupos térmicos de gas apostando con ello por seguir anclados a los combustibles fósiles, y por otro, se suma a la transición por proyectos de renovables.

En cuanto al Gobierno de Canarias, más le valdría la pena definir de una vez su posición en la transición, pues esta confusión de agendas podría acabar como el rosario de la aurora. Un escenario ciertamente distópico pero no descartable sería que la devastación de la vida en las islas provocada por el calentamiento global viniera acompañada de instalaciones de renovables abandonadas  por la escasa rentabilidad provocada por los vertidos inevitables si se sigue optando por la térmica como generación de tipo A, como se desprende del  avance del Proceso de Concurrencia Competitiva en lugar de por centrales de bombeo reversible.  

Pero centrémonos en el personaje del  Dr. Jekyll de la dual personalidad de la Consejería  Transición Energética con respecto a la transición. Una de las medidas estrellas del reciente cambio de la Ley del Cambio Climático del Gobierno canario ha sido la propuesta de participación de un 20% de entidades y otras posibles inversiones locales en los proyectos futuros de renovables. No cabe duda de que la iniciativa suena bien y que la pretensión es loable, se trataría de hacer frente a una de las críticas que se le hacen a las renovables, aquella que según la cual son las  grandes empresas y multinacionales las que se benefician del negocio de las renovables, como si fuera un fenómeno novedoso con respecto al resto de sectores económicos. Nosotros no estamos de acuerdo con este enfoque de los insaciables críticos de las renovables. No nos parece razonable que se le suba a las renovables el listón de condicionantes, como este que nos ocupa de la exigencia del 20%, cuando no se hace con cualquier otro tipo de actividades económicas más impactantes social y medioambientalmente, y, sobre todo, menos urgentes. Porque lo que por encima de todo exige Salto a la Transición ecológica a la Consejería de Transición ecológica es PREMURA EN LA IMPLANTACION DE LAS RENOVABLES. Sin entrar en el fondo de la discusión, consideramos que los beneficios de las renovables son importantes para el bien común sean quienes sean sus detentadores, más allá de que veamos con buenos ojos la presencia del sector público en la actividad de las renovables para garantizar que la transición llega a buen término.

El envite contundente que se permite Disa, si bien refleja el desprecio y su falta de compromiso con el proceso colectivo de transición a las renovables, por otro nos hace pensar que la confección de la medida de la participación local del 20% no ha sido la mejor posible. Todas las salvedades que presenta Disa apelan a la libertad de empresa, un principio heredero no precisamente de la Ilustración sino de la penetración paulatina del capitalismo en nuestra sociedad, pero que su presencia en la Constitución la convierte en elemento invariable a corto y medio plazo, que son los plazos en los que no tiene otro sentido llevar a cabo la implantación de las renovables. La transición a las renovables la llevaremos a cabo con la planificación del Estado pero en el contexto de las economías capitalistas en que vivimos. Porque no es realista cambiar este marco previamente por la urgencia que requiere la Transición.  

En resumen, esperemos que esta dura reacción de Disa ayude al Gobierno canario a saber quiénes son y no son sus aliados en la transición y, sobre todo, que este envite, se resuelva de la forma que se resuelva, no sea motivo para retrasar ni en un minuto la implantación de las renovables.  

La transición energética en Canarias es un desastre: seguimos anclados en niveles ridículos de penetración de renovables, bajo el dominio de un monopolio energético que, con la complicidad de ciertas administraciones, perpetúa nuestra dependencia de los combustibles fósiles. A este escenario se suma la lejanía del archipiélago y la falta de recursos naturales, lo que nos hace aún más vulnerables.  

Es una realidad incuestionable que debemos avanzar hacia un modelo energético basado en renovables, y hacerlo con urgencia. Pero esa energía debe instalarse en el territorio o en el mar. La transición energética no se produce en un mundo ideal, sino en un contexto real: un sistema capitalista, islas densamente pobladas y una economía dependiente del turismo. Negar este escenario es simplemente irresponsable.  

Lamentablemente, en Canarias nos encontramos en buena parte con un movimiento ecologista retrógrado, anclado en una visión obsoleta y romántica del territorio, incapaz de adaptarse a los nuevos retos de la crisis climática. Su discurso, que en el pasado pudo tener sentido, hoy se ha convertido en un obstáculo para la descarbonización. No son un freno para las grandes corporaciones fósiles, sino para las renovables, la única solución viable para la emergencia climática.  

Su oposición a las Zonas de Aceleración Renovable (ZAR) es la prueba más evidente de su ceguera ideológica. Se trata de una medida razonable y consensuada con los cabildos, que prioriza la instalación de energías limpias en terrenos degradados y estratégicamente interconectados al sistema eléctrico, sin afectar espacios protegidos como la Red Natura 2000. Pero, en lugar de ser parte de la solución, han decidido bloquear cualquier avance con argumentos sin fundamento y alarmismo infundado.  

Desde nuestra constitución hace dos años, hemos luchado contra los combustibles fósiles con determinación. Sabíamos que tendríamos que enfrentarnos a los intereses de los grandes oligopolios, pero lo que no esperábamos era toparnos con un ecologismo reaccionario, cómodo en la pasividad cuando se trata de desafiar a las petroleras, pero implacable contra cualquier iniciativa renovable.  

Para justificar su postura, no dudan en difundir bulos, medias verdades y teorías sin base científica, como la absurda idea de que Canarias puede abastecerse únicamente con paneles solares en los tejados. Con este tipo de argumentos, no están defendiendo el medioambiente, sino condenándolo al colapso.  

Es hora de que el movimiento ecologista despierte, salga de su letargo y asuma su responsabilidad en la crisis climática. No pueden seguir siendo un obstáculo para el avance de Canarias hacia un futuro sin combustibles fósiles. Si su lucha se limita a la estética del paisaje y no a la supervivencia del planeta, han perdido completamente el rumbo. 

En cuanto a la prórroga del plazo de la concesión administrativa a Unelco, significa, de facto, la aceptación de que vamos a tener, en Tenerife, una central de combustibles fósiles durante 45 años más, esto es, al menos hasta el 2070. Efectivamente, la Central de Granadilla se ha convertido en el buque insignia de la generación eléctrica de Unelco en Tenerife, absorbiendo cerca del 80% de la producción de esta isla y a pesar de los cantos de sirena que apuntan a inversiones renovables, lo cierto es que el 100% de su parque está compuesto por grupos que queman fuel o gasoil y por ello, no en vano, la planta de Granadilla se sitúa en el puesto 14 de las instalaciones que más dióxido de carbono emiten en el territorio nacional, según datos de la Comisión Europea referentes a 2018.

En lo que se refiere al proceso de concurrencia competitiva para dotar de potencia adicional a la generación canaria, la lista de admitidos deja la friolera de 124 grupos propuestos para las centrales del archipiélago, desglosados de la siguiente forma: 33 grupos para Tenerife, 28 grupos para Fuerteventura, 19 grupos para Gran Canaria, 15 grupos para Lanzarote, 14 grupos para La Palma, 8 grupos para El Hierro y 7 grupos para La Gomera. El hecho de esta masiva afluencia de ofertas de grupos de generación por parte de las empresas Endesa, Disa, Sampol, Canary Carreteras y Bioenergía Gran Canaria, no se debe a un espíritu solidario con las necesidad de electricidad de los y las canarias, tiene su justificación en los pingues beneficios que aporta la retribución adicional de la que esta dotado el sistema de generación eléctrica de las islas y que llega al extremo d que, por ejemplo, la toda poderosa Endesa permite obviar su marca en la generación del archipiélago, manteniendo la antigua de Unión Eléctrica de Canarias Generación S.A.U.

Estas dos cuestiones entrañan una gravedad extrema, pues significa renunciar, sin paños calientes, al proceso de descarbonización que consagraba la original Ley de Cambio Climático de Canarias y que preveía su culminación en el 2040. Además, significa quitar la careta del ejecutivo regional que venía jugando con la indefinición con respecto a esta fecha y dejando palpable y negro sobre blanco, cuáles son sus auténticas intensiones.

Por todas estas cuestiones y teniendo en cuenta que a todos los políticos de uno u otro signo, se les presupone un nivel formativo mínimo, una empatía con sus ciudadanos mínima y un cierto grado de sentido común, cuando se apuesta claramente por un sistema energético que perpetúe los combustibles fósiles, se tiene que llegar al convencimiento de que esta gente no consideran para nada que el Cambio Climático Antropogénico sea una prioridad, que sí, que tenemos que dar pasos estéticos hacia un cierto cambio renovable, pero más por una cuestión de que ahora mismo es lo políticamente correcto, más que por estar convencidos de que es imperioso transitar hacia un sistema descarbonizado. En definitiva, se llega a la conclusión de que una buena parte de nuestra clase política y sobre toda de aquella que tiene poder de decisión, son unos auténticos NEGACIONISTAS CLIMÁTICOS por acción o por omisión y que a la postre, serán los auténticos responsables, junto con colegas de otras latitudes, de lo que pueda ocurrir con el planeta.

La argumentación así planteada nos lleva a una espiral sin fin de continuas renovaciones que no dejarán posibilidad de ningún desarrollo de un sistema descarbonizado. Efectivamente, la potencia instalada en toda Canarias asciende a 2.303 MW, de los cuales 1.586 MW tienen su vida útil vencida desde antes de 2020 (muchos de estos equipos, desde el principio de los 2000). De estos grupos, en el proceso de concurrencia competitiva, se pretenden renovar 1.170 MW, quedándonos obsoletos a partir de 2030 prácticamente el resto. De esa manera, cuando se termine de renovar esta hornada de grupos de ahora, se prolongará la emergencia energética porque habrá que comenzar a renovar los grupos que no se renovaron en la actual convocatoria.

Como hemos dicho, hay muchos grupos con la vida útil vencida, muchos que llevan más de 50 años funcionando y si la vida útil regulatoria es tan sólo de 25, se comprenderá perfectamente que, si la obsolescencia determinara la declaración de emergencia energética, hace mucho tiempo que esta se tendría que haber declarado.

Pero entonces, ¿por qué ahora entrar en la vorágine de declarar la emergencia energética como si no hubiera un mañana?  En primer lugar, porque hay que crear el clima propiciatorio en una sociedad que ya estaba concienciada en el cambio de modelo energético, dejando atrás los combustibles fósiles y transitando hacia un sistema basado en renovables, para que se admita retroceder en este sentido. En segundo lugar, porque Europa comete el grave error de considerar el gas natural como combustible verde a efectos de inversiones, con lo que todo lo que sea invertir en instalaciones de gas para generación eléctrica se podrá acoger a fondos europeos. En tercer lugar, porque las fuerzas vivas empresariales de nuestra tierra nunca han abandonado la vieja pretensión de introducir el gas natural en Canarias y ahora es el momento propicio. No en valde, el propio Zapata alude a la necesidad de reabrir el debate sobre este combustible.

Ahondando en la crisis energética, argumenta que se han tenido que establecer planes de deslastre por ese motivo, faltando categóricamente a la verdad, porque estos han existido siempre y siempre existirán, tanto en nuestros sistemas eléctricos como en el resto de los sistemas aislados del mundo.

Para explicar lo del deslastre, tenemos que recordar que siempre debe de existir un equilibrio dinámico entre la generación eléctrica y la demanda. Por ello en la actualidad existe lo que se denomina “potencia rodante”, que son máquinas que están arrancadas y acopladas, pendientes de que falle algún grupo generador de los que están funcionando, para asumir su carga. Cuando se produce una perturbación muy importante  en las centrales y la potencia rodante no es suficiente para paliarla, se comienzan a desconectar automáticamente consumos de los clientes, para intentar recobrar el equilibrio con las nuevas condiciones. A esto es a lo que se denomina deslastre, y a los automatismos que desencadenan la acción, “relés de subfrecuencia”. Estos relés de subfrecuencia llevan operando toda la vida y seguirán operando en el futuro, porque son la salvaguarda última para impedir los temidos “ceros energéticos”, de los que nuestro territorio tiene sobrado conocimiento.

Otro de los temas sobre los que se ha pronunciado el consejero es el de los “vertidos energéticos”, que consiste en que hay ocasiones en las que la generación renovable (eólica y fotovoltaica, fundamentalmente) tiene una producción por encima de la que el sistema es capaz de absorber y, por lo tanto, se obliga a parar a esas instalaciones en la parte sobrante. En este sentido se plantea la posibilidad de compensar económicamente por las perdidas a los propietarios de las instalaciones que se obligan a disminuir su producción. Independientemente de que los propietarios están en su derecho en exigir estas indemnizaciones, en una economía libre de mercado esto es una auténtica aberración. No ya tanto por el tema de la oferta y la demanda, sino porque no sólo se está violentando los derechos de los propietarios, sino también los derechos de la sociedad a no desperdiciar ni un solo MW de energía renovable, que son necesarios, como el aire que respiramos, para la lucha contra el cambio climático. Admitir que hay que compensar es admitir que tenemos un sistema eléctrico fallido, porque antes de desperdiciar cualquier generación renovable, hay que sentar las bases necesarias para que, en vez de producir el vertido, este se pueda almacenar mediante bombeos reversibles o bien generando hidrógeno verde, tan necesario para la descarbonización.

También ha hablado del proceso de concurrencia competitiva y en este sentido ha aportado datos que no son de conocimiento público, por lo que, en aras de una total trasparencia, se debería aportar toda la información de los proyectos presentados a este proceso.

Cada vez que el señor consejero hace una intervención en los medios nos queda más claro que ha sido nombrado en ese puesto para paralizar la descarbonización comenzada, para favorecer los intereses empresariales de los oligopolios fósiles de siempre y para hacer alarde del negacionismo climático, mediante sus actuaciones y declaraciones.

Según el relato construido, pareciera que dicho paraje es una zona virgen, donde el ser humano no ha puesto su mano y que se ha mantenido inmaculado a lo largo de los eones. Según parece todas las especies vegetales y animales del barranco son únicas en el universo y hasta pudiera pensarse que se podrían hacer estudios que se remontarían hasta el paleolítico o al mesolítico de las mismas.

Por otro lado, y según las mismas fuentes, después de la construcción del sistema de bombeo, el Barranco de Arguineguín va a quedar totalmente destrozado. Surgirán ingentes cantidades de chimeneas con sus emisiones pestilentes, habrá incontables efluentes de aguas fétidas, habrá un continuo ir y venir de maquinarias y personas de todo tipo, poco menos que será un auténtico polígono industrial. Tanto es así que ya han acuñado el termino de “industrialización del Barranco de Arguineguín”.

Con estos antecedentes y la utilización torticera del relato se consigue una distorsión de la realidad que, a quien primero perjudica, es a sus propios autores, al perder toda credibilidad acerca de lo que se cuenta.

Con respecto a la primera parte hay que decir que la principal acción antropogénica que se puede realizar en un barranco es la construcción de una presa. Efectivamente, cuando se construyen las presas de Chira y de Soria el hombre transforma irreversiblemente el curso normal de la naturaleza, produciéndose un cambio radical desde el punto de vista animal o vegetal. Obviamente desde el punto de vista del paisaje o de la erosión de los parajes el cambio es absoluto. Por otro lado, tenemos los diversos asentamientos poblacionales, desde unas pocas personas hasta ciento de ellas. Así asentamientos como Cercado de Espinos, Calderín, Patalavaca, Los Caideros-Balito entre otros llegan a contabilizar alrededor de 25 núcleos, a lo largo del barranco y que suman unas 14.000 personas. Obviamente todos estos asentamientos necesitan sus respectivas carreteras o pistas para acceder, tienen sus explotaciones agrícolas y ganaderas, necesitan deshacerse de desechos y material inservible y llevan a cabo todas las actividades invasivas que hacemos los seres humanos en cualquier paraje natural. En otras palabras, del paisaje idílico e idealizado que se nos quiere mostrar a la realidad va un largo trecho.

Con respecto a lo que ocurrirá una vez que se acaben las obras de Salto de Chira y comience su funcionamiento, nada más lejos de lo que algunos anuncian. Hay que pensar que es una central hidroeléctrica reversible de bombeo puro cuyas instalaciones, en su inmensa mayoría van a estar bajo tierra, por lo que eso significa que no habrá contaminación de ningún tipo, y será una actividad inocua para el medio ambiente. Ni chimeneas soltando pestilentes humaredas, ni riachuelos de aguas fétidas, ni ruidos estridentes de motores. Por otro lado, al ser un proceso telemandado y telecontrolado no será necesaria la existencia de personal para su funcionamiento, salvo para tareas de mantenimiento o reparaciones. Por tanto, el tránsito de vehículos se reducirá a cuando sea necesario realizar las tareas mencionadas.

Tal y como se recoge en el Estudio de Impacto Ambiental existe un sinfín de acciones que se llevarán a cabo en la fase de construcción y una vez acabada ésta, se llevará a cabo un proceso de restauración muy importante y es precisamente aquí donde todos deberíamos poner el énfasis de esta obra, para que el paraje en discusión quede de la manera más optimizada que la exigencias del pueblo de Gran Canaria con sus autoridades a la cabeza, pueda demandar.

En definitiva, pasados unos años desde la puesta en marcha, cualquier persona que visite el barranco y que desconozca su historia, solo vera un paraje, tranquilo y sosegado, que para nada denotará la inmensa obra que atesora en sus entrañas y que tantas cosas positivas deparará para el sistema energético e hidráulico de Gran Canaria.

En la Comisión de Transición Ecológica del Parlamento de Canarias de 1 de diciembre de 2023 se formuló una pregunta muy pertinente por parte de la diputada Doña Alicia Vanoostende del grupo socialista y que textualmente decía: “¿Por qué si el apagón de la Gomera da lugar a esta emergencia energética no aparece La Gomera en la licitación? La respuesta del señor consejero, Don Mariano Hernández Zapata fue altamente esclarecedora: ”Porque la Ley de energía no lo permite“.

Dejando a un lado el hecho de que “La Ley de Energía” no existe en el ordenamiento legislativo español, el señor consejero se refiere al Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, que en el artículo 59 establece que en los casos en los que el Operador de Sistema ponga de manifiesto riesgos de cobertura de la demanda en el corto plazo, la comunidad autónoma afectada podrá adoptar medidas para la garantía del suministro.

La cuestión está en que el operador del sistema solo ha puesto de manifiesto que existe riesgo a corto plazo en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura y por lo tanto siendo rigurosos, tan solo se podría hablar de “emergencia energética” en estas tres islas y no en todo el archipiélago.

Por tanto se pone de manifiesto, una vez más, la tesis que se viene manteniendo desde Salto a la Transición Ecológica de que aprovechar el cero de la Gomera para ser el detonante de la justificación de una extemporánea y fuera de lugar declaración de emergencia energética, carece de total fundamento y que deja a las claras el no querer afrontar las verdaderas causas de este cero pidiendo explicaciones al único responsable de toda la cuestión que no es otro sino la empresa propietaria de la central implicada.

Pero es que, además, “aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid” podemos generar una alarma social infundada con la obsolescencia de los grupos de generación que nos permita tomar una serie de medidas, que de otra forma sería muy complicado de aceptar por la ciudadanía, como por ejemplo la introducción del gas en la generación eléctrica de Canarias.

Lo de la alarma infundada lo evidencia los informes del Operador del Sistema que no considera que a corto plazo haya riesgo en las islas de Lanzarote, La Palma, La Gomera y el Hierro, a pesar de que estas islas también tienen entre sus instalaciones de generación eléctrica unidades con su vida útil regulatoria vencida. Así por ejemplo Lanzarote tiene 7 de los 13 grupos vencidos, La Palma 6 de los 11, La Gomera 5 de los 9 y el Hierro 6 grupos de los 11 existentes con su vida útil regulatoria caducada. La cuestión estriba en que la vida útil regulatoria se fija por ley en 25 años, tiempo durante el cual la unidad puede recibir bonificaciones, subvenciones o retribuciones adicionales, pero que no tiene nada que ver con la vida útil real que el fabricante recomienda para ese grupo. Tanto es así, que, en la misma isla del apagón, La Gomera, el Diesel 13 finalizó su vida útil regulatoria en el 2012 y en el listado de 2019 aún seguía estando operativo y produciendo energía.

Una vez más se pone de manifiesto como se utiliza la confusión y las medias verdades para manipular el sentir de la ciudadanía para inducirlos a aceptar medidas que van en contra de sus propios intereses y en este caso, en contra de su propia existencia, porque todo lo que sea renovar instalaciones basadas en combustibles fósiles, supone un retroceso en la consecución de sistemas cien por cien renovables.

Javier Santacruz, economista / Antonio Aleman Gil, profesor retirado

Para aquellos que no lo sepan, el PTCAN emana de la Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de cambio climático y transición energética de Canarias que en su artículo 18, punto 1 se puede leer: “El Plan de Transición Energética de Canarias contendrá el conjunto de acciones dirigidas a la consecución en plazo de los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Este conjunto de acciones deberá ser desarrollo de las directrices que, al efecto, haya establecido la Estrategia Canaria de Acción Climática…….”.

Evidentemente este Plan no nace de la mente calenturienta de un político espabilado que en una buena noche de verano comienza a inventarse cifras y datos, vomitándolos de manera arbitraria. Este plan nace de un estudio concienzudo por parte del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y que fue plasmado en las estrategias que sirven de base al propósito final, y que deberían ser un orgullo para todos que una empresa publica canaria sea capaz de un trabajo tan completo de tan alta calidad . Estas estrategias, ocho en total, de apoyo al PTECan se desglosan de la siguiente manera: 

Conviene decir que el PTECan fija un horizonte hasta el 2030, sin embargo, las estrategias cierran el círculo de la descarbonización total en el 2040.

Estas estrategias hacen un barrido pormenorizado de las necesidades energéticas de Canarias, pero no solo en el sector eléctrico sino también en sectores como la movilidad terrestre, marina y aérea o las necesidades de frio industrial.

Por poner algunos ejemplos del nivel de detalle con que se trabaja para el caso de la isla de Fuerteventura en el 2040, veamos algunos datos:

Y en lo que se refiere a las necesidades de renovables para 2040 se observa también el nivel de detalle

Estos han sido algunos ejemplos de datos que se pueden obtener en estas estrategias que, una vez leídas, dejan a las claras el ingente esfuerzo realizado por el ITC que dudamos mucho que se pueda encontrar parangón en ningún otro estudio energético sobre sistemas aislados del mundo.

Todos sabemos el injusto sambenito que nos han colgado a los canarios por nuestro supuesto  aplatanamiento, pero si alguien tiene alguna duda le recomendamos que dedique algunas  horas, a la lectura  de este valioso estudio elaborado por los ingenieros de esta empresa pública canaria que es el ITC.