Una y otra vez, en la explicaciones que se hacen desde la Administración acerca de la “emergencia energética en Canarias”, se hace alusión a los informes de Red Eléctrica de España para justificar la necesidad de potencia adicional y de potencia de emergencia para los sistemas eléctricos de las islas. Estas supuestas deficiencias han tenido como respuesta el proceso de concurrencia competitiva para dotar de una ingente cantidad de nuevos grupos de combustibles fósiles para nuestras centrales y de más de una cincuentena de grupos de emergencia para Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Por esto, y en un necesario ejercicio de transparencia ante la ciudadanía, se deberían hacer públicos estos informes, para que todos pudiéramos conocer de primera mano las razones que se esgrimen y en su caso, poder presentar objeciones.

Decimos lo de presentar objeciones porque hay cosas que no nos cuadran. Por ejemplo, si cogemos los datos de los grupos de las centrales, publicados en las Estrategias del Instituto Tecnológico de Canarias y cotejamos sus fechas de instalación y de Vida Útil Regulatoria (VUR), nos damos cuenta de que la información que, si se ha hecho pública, solo nos cuadra si se tiene en cuenta que los grupos dejan de estar disponibles cuando se cumple esta VUR, es decir, después de 25 años de su puesta en marcha. 

Pero si esto es así, tenemos un problema serio. En la actualidad, hay grupos en las centrales que están funcionando y que tienen una vida de 50 años y en estas condiciones hay muchos, por lo que se están cometiendo flagrantes irregularidades en la actualidad de las que alguien debería responder. Por otro lado, si alargar la vida de un grupo más allá de los 25 años es completamente lícito, no entenderíamos que, en medio de un proceso de transición energética a las renovables, no se hiciera para no instalar potencia fósil nueva.

Otra cuestión que nos llama poderosamente la atención es la de la potencia de emergencia. Si esta potencia de emergencia es necesaria por problemas de generación, grupos obsoletos, como se ha venido diciendo por la Administración, lo lógico es que, para ser eficientes y eficaces, esta potencia de emergencia estuviera instalada en un sitio determinado. Pero observando la distribución en Tenerife de estos nuevos grupos, se observa que se diseminan por la isla, colocando unidades en Granadilla, El Rosario, Santa Cruz y Los Realejos. Ante esto solo se nos ocurre una explicación: no solo se está intentando cubrir una supuesta necesidad de generación, sino una supuesta necesidad de la red, es decir, tenemos una red de transporte y distribución en Tenerife en condiciones precarias. Evidentemente si esto fuera así, la situación sería mucho más grave que la que nos han dibujado y podría explicar muchas cosas.

Evidentemente, todo lo anterior está formulado desde el campo de la especulación, sencillamente porque el elemento central de la justificación no está en nuestro poder.

Por todo ello y dado el interés que tiene y sus repercusiones ciertas, desde Salto a la Transición Ecológica solicitamos que los informes de Red Eléctrica se hagan públicos para que todo aquel que lo desee los pueda consultar y de esa forma poder valorar adecuadamente todas las repercusiones que dichos informes está acarreando.

De una manera o de otra, lo cierto es que desde las instituciones tanto europeas como nacionales, se insta a las diferentes administraciones para que se lleven a cabo los esfuerzos necesarios para acercar la penetración de renovables a toda la sociedad y, para ello, entienden que la mejor manera de llevarlo a cabo es hacer partícipe a esta sociedad de la tarea en cuestión. En este sentido, desde el Gobierno de Canarias han creído que la mejor manera de conseguirlo es mediante la participación económica de la ciudadanía en aquellos proyectos que se instalen en la vecindad del lugar de residencia.

Para obtener lo comentado, desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía se está desarrollando un Decreto, que en estos momentos está en consulta pública en la web de la consejería y que aporta una serie de cuestiones que son muy interesantes desde el punto de vista del fin que se quiere conseguir.

En primer lugar, cualquier proyecto eólico o fotovoltaico, excluido el autoconsumo, cuya potencia instalada sea igual o superior a 2 MW deberá reservar al menos el 20% a la participación, bien en el capital, bien en la financiación o mixta, a aquellas persona físicas y jurídicas, radicadas en el ámbito insular en el que se pretende situar la instalación. Independientemente de la modalidad ofertada, se establecerá, en el caso de las personas físicas, una inversión mínima de 500 euros y una inversión máxima proporcional al 1% del proyecto.

El texto del decreto desarrolla todos los aspectos relacionados con esta participación, tanto en el orden de prevalencia territorial, como de los procesos reglados a llevar a cabo para facilitar que el propósito al que está destinado se cumpla de una manera efectiva.

No cabe duda de que el hecho de que al menos el 20% del control económico de los proyectos de renovables de cierta entidad, este en manos de los vecinos del lugar donde se instalen y además se busque una participación lo más extensa posible, entre esos vecinos, dotan a estos nuevos proyectos de toda la legitimidad democratizadora que desde algunas instancias se denunciaban que carecían las instalaciones que se han llevado a cabo hasta ahora.

Desde Salto a La Transición Ecológica queremos aplaudir el acierto que la consejería ha tenido con esta iniciativa normativa y le animamos a continuar por esta senda, dado que la solución a nuestros problemas energéticos compatibles con la inexcusable lucha contra el cambio climático antropogénico, no se encuentra en centrales térmicas en nuestros puertos o en procesos de concurrencia competitiva que nos lleven a renovar la flota de grupos de combustibles fósiles, la solución a nuestros problemas se encuentra en iniciativas como estas que empaquen adecuadamente una penetración acelerada de renovables en nuestros territorio, que nos lleve a descarbonizar nuestra economía lo más rápido que la tecnología nos permita.

Sin embargo, después de cinco años, se han puesto de manifiesto una serie de deficiencias que convendría subsanar para que esta poderosísima herramienta para luchar contra el calentamiento global, no se estanque y continúe con un desarrollo adecuado. En esta línea habría que tener en cuenta cuestiones tales como:

Estas y otras mejoras redundaran en que haya más usuarios que se acerquen al autoconsumo de una manera más importante y que sin ser la solución definitiva para nuestro sistema eléctrico descarbonizado, si representará una gran ayuda.

Para hacernos una idea del potencial del que hablamos, el Instituto Tecnológico de Canarias cifro en 414 MW la potencia de autoconsumo instalable en la isla de Gran Canaria. Viendo este dato, se podría pensar que en una isla cuya punta es del entorno de 500 MW, prácticamente con autoconsumo se podría dar suministro eléctrico a sus ciudadanos. Pero la realidad está muy lejos de esta aseveración, porque a parte de cumplir la premisa de cubrir la punta de demanda, también es necesario cubrir la demanda anual de energía y esta, en el caso de Gran Canaria, es de unos 3.500.000 MWh. Si tenemos en cuenta que el factor de capacidad de las instalaciones fotovoltaicas es tan solo de un 20%, nos quedará que con los 414 MW podremos producir:

Energía = 414 MW x 24 horas x 365 días x 0,2 = 725.328 MWh

Es decir, podremos cubrir alrededor de un 20% de las necesidades eléctricas de la isla.

Así con todo el autoconsumo representa, con diferencia, la manera más práctica de involucrar a la ciudadanía con la necesidad de descarbonizar la economía, porque aparte de estar llevando a cabo una tarea crucial para la salud del planeta, permite rebajar considerablemente la factura de la luz, con una inversión fácilmente recuperable, por la misma dinámica de su funcionamiento y por las subvenciones que las diferentes administraciones otorgan a los que se embarcan en esta aventura de generar electricidad, de una manera ecológica, barata y eficiente, que libera al usuario de muchas servidumbres.

Para hacernos una idea, una electrificación media de un hogar con 5.000 watios y un consumo cercano a los 20 KWh, necesitaría en material aproximadamente una inversión de unos 8.000 euros. Si a esto le sumamos la contratación de una batería virtual, que nos permite poder utilizar el valor de los excedentes para compensar la energía consumida cuando los paneles no aportan suficiente cantidad de energía, podemos alcanzar facturaciones de cero euros o muy cercanas a este valor. Si además añadimos la posibilidad de poder descontar estos excedentes de otras viviendas del mismo titular, nos encontramos con unos ahorros verdaderamente importantes que, sumados a las subvenciones ya comentadas, nos podemos encontrar con amortizaciones muy cortas del orden de 4 o 5 años, frente a los 25 de vida media que tendrá la instalación. 

Si las reformas que se plantean para el nuevo real decreto van en la línea comentada, no nos cabe la menor duda de que el autoconsumo individual y colectivo recibirá el espaldarazo definitivo que todos queremos, pero lo que es más importante, que todos necesitamos.