Al inicio de su mandato en 2019, la presidenta Ursula Von der Leyen presentó el Pacto Verde Europeo (PVE) como el programa de gobierno de la nueva Comisión europea. Este Pacto fue el resultado de un amplio consenso entre las grandes familias políticas europeas, con excepción de la extrema derecha. El PVE contiene una estrategia completa para lograr una transición ecológica de toda la economía y sienta las bases para llegar a un nuevo modelo productivo e industrial, en el que política climática y economía son inseparables. La primera deja de tener carácter sectorial para permear el conjunto de las políticas comunitarias.

El PVE parte del compromiso del Acuerdo de París de limitar, en este siglo, el calentamiento global a 2 grados y, preferiblemente, de no sobrepasar los 1,5 grados. Y aun más, pretende convertir a Europa en el primer continente (2050) en alcanzar una economía sin emisiones netas de gases de efecto invernadero.

La guerra de Ucrania ha supuesto una aceleración en la aplicación del PVE. La UE ha apostado por una transición ecológica rápida como medio eficaz para reducir su dependencia de las importaciones de combustibles fósiles. En este mismo sentido, la actual presidencia española de la UE ha vinculado la transición verde y la independencia energética a la prioridad de alcanzar autonomía estratégica abierta.

Otro factor de aceleración ha sido, sin duda, la agravación de la emergencia climática. Los sucesivos informes de síntesis del panel intergubernamental de expertos de Naciones Unidas (IPCC) han subrayado la decisiva influencia del factor humano en el Cambio Climático. También que un retraso en actuar aumentaría considerablemente el coste de la transición verde. Y lo que es peor: la ventana de oportunidad para dicha actuación se sigue cerrando, con el riesgo de llegar a un punto de no retorno de consecuencias imprevisibles. 

La Comisión respondió a esta emergencia con su programa ‘Objetivo 55’, que contiene propuestas legislativas en variados ámbitos interrelacionados entre sí. Todas ellas están encaminadas a hacer viable el ambicioso objetivo intermedio vinculante que se ha marcado la UE para 2030: la reducción de las emisiones netas de carbono en un 55%, con respecto a los niveles de 1990.

Es importante que la presidencia española propicie llegar a la próxima COP 28 en otoño con los planes climáticos de los países revisados conforme a las nuevas metas europeas. España ya ha enviado a Bruselas la versión actualizada del suyo. Es el momento de evaluar el nivel de cumplimiento y la ambición de todos los Estados miembros en este campo.

En el marco del paquete ‘Objetivo 55’, el pasado abril se reformó el régimen europeo de derechos de emisión, pilar de la estrategia de descarbonización de la UE desde 2005. Este régimen se apoya en un mercado europeo del carbono en el que la fijación del precio del CO2 depende de la oferta y la demanda que exista de los derechos de emisión en circulación. Así, la UE establece un máximo de emisiones de carbono por sector económico y, en función de ello, expide unos derechos de emisión a las empresas. Derechos que son intercambiables en el mercado, de tal forma que las empresas que emiten por debajo del tope de su sector pueden vender sus excedentes a las que emiten por encima. Estas últimas, por el contrario, deben pagar un coste adicional por cada unidad extra de CO2 producida. Se crea así un eficiente incentivo en favor de las corporaciones que apuestan por nuevas tecnologías que reducen sus emisiones.

Para acelerar la descarbonización, la reforma de abril contempla una subida de los precios del CO2 mediante una progresiva disminución de las cuotas máximas por sector, así como del número de derechos de emisión en circulación. A la vez, se extiende el mercado europeo del carbono a nuevos sectores con gran capacidad de generar emisiones, como el transporte marítimo, la edificación y el transporte por carretera. Estos dos últimos, al afectar a colectivos socialmente sensibles, se benefician de regímenes especiales (RCDE II) “más benévolos”, con unos precios del carbono más bajos y unos plazos de puesta en marcha más largos. También se amortigua el impacto de la reforma sobre hogares con rentas bajas y pymes, gracias a la creación un Fondo Social para el Clima.

Ahora bien, para realmente minimizar el impacto negativo sobre ciudadanos y empresas de la volatilidad en los precios de la energía, la presidencia española debería promover una reforma estructural del mercado eléctrico europeo. Tras la guerra de Ucrania se demostró la perniciosa vinculación entre el precio de la electricidad y el del gas, sometido a enormes subidas en lo peor de la crisis.

Otro tema importante a tratar durante el semestre europeo es el de Ley de Protección de la Naturaleza, cuyo objeto es la preservación y restauración de los ecosistemas en la UE.

Aunque en trámite en el Consejo, esta propuesta acaba de aprobarse en el Parlamento Europeo tras una ajustada votación. Sorprende que gran parte del grupo popular europeo (el PP español incluido) se haya opuesto a una norma que trae causa del acuerdo internacional de la Cumbre de Biodiversidad de Montreal y que, además, es pieza clave del propio PVE. 

Con ello, el grupo popular se separa de una iniciativa presentada por Von der Leyen, rompe el consenso con las grandes familias políticas europeas en torno al PVE y asume las posiciones de la extrema derecha en este campo. Las próximas elecciones al Parlamento Europeo en junio de 2024 será el momento de comprobar si este cambio de posición es coyuntural o no. 

Ciertamente, las normas ya aprobadas de la agenda climática van a ser difíciles de revertir, pues no bastaría con una minoría de bloqueo, sino que sería necesaria alcanzar una mayoría cualificada (quince países que representen el 65% de la población de la Unión).

Pero los expedientes aún pendientes, como los asociados al Plan Industrial del PVE, podrían no prosperar si hay cambios en las mayorías de la futura Eurocámara. Y ello justo cuando la UE debe responder a los ingentes programas de inversión pública verde puestos en marcha por grandes potencias, como EEUU, China o Japón. Un bloqueo ahora conllevaría un riesgo de desindustrialización en Europa, dado el contexto de enorme competencia mundial por atraer a la nueva economía verde. 

El desarrollo de una política industrial para la descarbonización, al servicio del ambicioso plan climático ‘Objetivo 55’, es más necesario que nunca. Eso sí, la presidencia española debería apostar más por una política industrial europea (financiada con fondos comunitarios) que por políticas nacionales. Se evitaría así una fragmentación del mercado único derivada de la desigual capacidad fiscal de los países para ayudar a sus empresas.