La delincuencia y la inseguridad ciudadana han crecido significativamente en la comunidad autónoma del País Vasco y todo parece indicar que permanecerán un tiempo prolongado en nuestro pequeño país si no se adoptan las medidas pertinentes inmediatamente. Situaciones como los incidentes registrados estos últimos días en Vitoria-Gasteiz, protagonizado por un grupo de jóvenes y con el resultado de un atentado a dos ertzainas que resultaron heridos y diversos daños materiales, nos demuestran un claro diagnóstico de la situación de la seguridad pública vasca y, por ello, tras un serio análisis y un claro diagnóstico de la coyuntura actual, queremos expresar la siguiente opinión.

La gestión del servicio público de la Policía vasca en la actualidad se está desarrollando a base de improvisaciones constantes por los que tienen confiada su dirección, de lo que se deriva que los ertzainas estamos en una posición de debilidad a la hora de garantizar a los ciudadanos las condiciones de seguridad necesarias para establecer un marco de normalidad en nuestra sociedad, en el cual, sus ciudadanos puedan ejercer sin ningún temor sus derechos fundamentales, en particular aquellos que permiten desarrollar y salvaguardar su integridad personal, sus derechos cívicos y el goce de sus bienes. Los procedimientos y las medidas que disponemos para hacer frente a la delincuencia actual son inadecuados. Al día de hoy, en una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) planificada para 8.000 ertzainas estamos por debajo de 7.400 ertzainas y bajando, debido a las jubilaciones masivas que se están produciendo. 

Resulta insostenible que los ertzainas tengan que poner en peligro su integridad física continuamente la hora de desempeñar su actividad profesional por esa falta de previsión, medios y estrategias con las que la dirección política aborda estos hechos. Llevamos denunciando constantemente la deplorable situación en la que se encuentran el colectivo de la Ertzaintza, sin un acuerdo de las condiciones laborales, con unos materiales policiales deplorables, sin la más mínima capacitación y reciclaje de los ertzainas y ese largo etcétera que ya por reiterativo nos parece tedioso renombrar.

Y todo esto en pleno verano cuando, por la experiencia del 2022, el incremento de los índices de criminalidad y victimización se disparó exponencialmente y encima con la problemática profesional y laboral en la que está inmersa el colectivo por la multitud de carencias expresadas reiteradamente. Ello generará un aumento de la sensación de inseguridad y la percepción de una ineficiente respuesta por parte de los responsables de la seguridad pública.

El señor Erkoreka nos ofrecerá como siempre sus estadísticas oficiales. Se recrean siempre en que la inseguridad ciudadana no es congruente con los índices de criminalidad comparativos (tasas de denuncia y victimización), aunque la percepción ciudadana y la del propio ertzaina que patrulla diariamente digan lo opuesto. No es excusa para decisiones más eficientes y eficaces. Y esto no trata de populismo punitivo, sino de un ejercicio de responsabilidad profesional y social. Los ertzainas tenemos claro que ante esa situación tenemos que dar respuesta al reto que tenemos delante y que en una sociedad democrática no es otro que el de asegurar la convivencia pacifica y el respeto al estado de derecho, ocupando el espacio que como servicio público nos corresponde.

Esta situación nos debe llevar a la necesidad imperiosa de planificar, de diseñar programas de intervención policial coherentes y acordes con el número de recursos humanos que disponemos. La imagen positiva de la Ertzaintza tiene que derivar de la dignificación y de la profesionalización del trabajo policial. Si no cambia el modelo mental de la dirección política de la Ertzaintza y no se comienza a advertir que es imposible resolver un problema desde la misma lógica desde la cual el problema se ha generado, será posiblemente nuestro destino seguir asistiendo al incremento de la inseguridad hasta niveles de metástasis social. Ertzaintza beti aurrera!

"Si la Ertzaintza es percibida así por una cantidad de ciudadanos significativa, que, por razones económicas, políticas e incluso ideológicas, pueden intentar crear áreas sin ley o sin Estado en los que la Policía solo puede intervenir con un uso muy intenso de la fuerza"

A raíz de los últimos incidentes registrados en los aledaños de los campos de futbol de Donostia y Bilbao, en las fiestas de Tolosa y en una manifestación en Vitoria-Gasteiz, con el resultado de algunos heridos por la actuación de la Ertzaintza al utilizar la fuerza los agentes allí desplegados, algunos representantes políticos han criticado severamente la actuación de la Ertzaintza y han recurrido al manido debate del modelo policial implantado en nuestro territorio.

Quiero puntualizar, aunque parezca obvio, que la Policía representa y ejerce un poder del Estado. Es el órgano que, de manera más permanente, cotidiana y continuada ejerce el uso de la fuerza de manera legitima a fin de cumplir los mandatos normativos cuando los ciudadanos no adaptan voluntariamente sus conductas a ellos. Podría parece que esto es un “a priori” y no una conclusión, pero es importante resaltarlo como conclusión por las consecuencias que ello tiene.

Nuestra sociedad, nuestro sistema político, se ha construido para controlar y protocolizar este poder coactivo del Estado. Así, su uso se justifica cuando se den los requisitos que la ciudadanía (a través de sus representantes) han establecido. Éste es el sentido del principio de legalidad. En el fondo, desde un punto de vista material, quiere decir que el uso de la fuerza por parte de la Policía tiene que contar con un cierto consentimiento de la población. Ésta es la verdadera finalidad del principio de legalidad, que pueda funcionar adecuadamente en sociedades con amplios consensos, con un grado aceptable de cohesión e integración de los ciudadanos que la integran. Por lo tanto, es de vital importancia para que la Policía sea aceptada, que la ciudadanía crea que forma parte del sistema y que las normas son mínimamente justas.

La izquierda abertzale ha utilizado en los últimos años el término “cipayo” para referirse en tono despectivo a la Policía autonómica. La extensa acción terrorista de ETA y la autodenominada “kale borroka” contra la Ertzaintza está en los anales de la historia reciente de nuestro país. En la medida en que esta conceptualización de la Ertzaintza siga vigente y lamentablemente, lo sigue, la aceptación del ejercicio de la función policial va a verse obstaculizada de manera notoria. En la medida en que una parte de los ciudadanos perciba el sistema establecido, el orden establecido, como ajeno a sus personas, un sistema injusto con el que no sienten ninguna identificación, cada vez que la Policía proceda en cumplimiento de sus funciones a ejecutar la ley de manera coactiva, con el ejercicio de la fuerza si es necesario, será vista como un instrumento de un sistema arbitrario por una parte de la población y será la responsable de mantener un 'statu quo' considerado como un abuso que los segrega y discrimina.

Aunque ésta no sea mayoritaria, si la Ertzaintza es percibida así por una cantidad de ciudadanos significativa, que, por razones económicas, políticas e incluso ideológicas, pueden intentar crear áreas sin ley o sin Estado en los que la Policía solo puede intervenir con un uso muy intenso de la fuerza. La incapacitación estratégica en orden público se convierte en la estrategia de intervención permanente, ya que la única manera de hacer frente a masas de ciudadanos que niegan la legitimidad del sistema, utilizando generalmente métodos violentos, es utilizar todos los medios legales y materiales para impedirlo.

Cualquier Policía, siga el modelo que siga, que actúe en el marco de divisiones sociales profundas, con sectores que por razones diversas, estén, de hecho, al margen de él, difícilmente podrán llevar a cabo otra función que no sea la del mantenimiento del orden social y político. Dicho de otra manera, la Policía se verá abocada a una versión de modelo de Policía gubernativa al estilo de la que existía en la inmensa mayoría mayoría de los Estados europeos en los albores del Estado de Derecho, en la primera mitad del siglo XIX. 

Hay que buscar mecanismos y estrategias que faciliten que sean los ciudadanos los que se configuren como garantes de la convivencia, del mantenimiento de las pautas comunes consensuadas, del civismo necesario para hacer posible la vida en sociedad. Si los ciudadanos declinan su responsabilidad en aras de no inmiscuirse en la vida de los demás, son incapaces de elaborar pautas compartidas de conducta y se acaba colocando permanentemente a la Policía, usando la fuerza si es necesario, en el 'front line' de su mantenimiento, es más factible el conflicto que la pacificación del problema. Sólo los ciudadanos asumiendo su rol de tales pueden contribuir a recuperar los niveles de civismo necesarios para la convivencia. La ley y la Policía pueden ser instrumentos para facilitar la convivencia, pero no pueden conseguir este objetivo por sí solas, necesitan corresponsabilidad.

Creo que es fundamental y el objetivo primordial para los futuros responsables de la Seguridad pública vasca conocer cuáles son los condicionantes que hoy en día genera nuestro modelo social, y a la luz de ello, analizar que se espera de la Policía Vasca, que eficacia se demanda y cual es la percepción social del cumplimiento de su misión, recogiendo unas línea de actuación que posibilite la adecuación de la organización policial a las demandas de la sociedad vasca. La imagen positiva de la Policía vasca tiene que derivar de la dignificación y profesionalización del trabajo policial, incardinando la función de la Policía en el servicio a la colectividad, mediante la provisión de unos servicios de Seguridad pública eficaces y de calidad.