La UE, uno de los mayores experimentos políticos del siglo XX, se encuentra en una situación compleja en la actualidad. La sucesión de conflictos externos en los últimos años ha puesto en evidencia algunas fragilidades internas que, aunque ya existían, se han hecho mucho más visibles. Numerosos diagnósticos realizados desde ámbitos académicos y políticos han demostrado que uno de los principales problemas comunitarios es la dificultad en el policy making interno. Adoptar internamente posturas comunes se ha convertido en uno de los principales retos de la integración europea, hasta el punto de que algunas de las tensiones más intensas de los últimos años se han originado dentro de la propia UE más que en amenazas externas.

El desacuerdo sobre los coronabonos durante la pandemia de COVID-19 es un ejemplo claro. El entonces primer ministro de Portugal, Antonio Costa, calificó de “repugnante” la actitud de determinados países comunitarios (Países Bajos y Alemania, entre otros) por mostrarse en contra de la emisión de coronabonos propuestos por países del sur de Europa para superar la crisis. Y este episodio no constituye una excepción, sino un patrón repetido. La incapacidad de adoptar posturas comunes sobre la relación trasatlántica, el ataque de EEUU contra Irak, el genocidio en Gaza o incluso la invasión rusa de Ucrania, que amenaza directamente a la propia UE demuestran la persistencia de divisiones.

Un breve repaso histórico sobre la creación y evolución del proceso de integración europea sirve para comprobar que el denominador común del proyecto ha sido la dificultad para establecer una postura común. El principal motivo de esto es que la UE (antes CEE) no es el resultado de una idea común sobre lo que lo que deben ser las instituciones europeas, sino el choque constante entre diferentes maneras de entender el proceso de construcción europea. En ese sentido, el historiador francés Laurent Warlouzet, publicó hace unos años un libro (Europe contre Europe, CNRS, 2022) en el que trataba de defender esta idea. La actual UE es el resultado de la tensión constante y del débil equilibrio entre tres visiones sobre el proyecto. En primer lugar, los defensores de una Europa construida sobre políticas sociales y sobre propuestas de cohesión territorial. En segundo lugar, un proyecto centrado en una Europa de los mercados, priorizando la liberalización económica y la unificación de mercados. Y, en tercer lugar, una visión que destaca la idea de UE como actor global y, por tanto, trata de prestar especial interés a la necesidad de defender sus intereses en el marco internacional. 

Asumir esta cuestión, nos permite dos cuestiones. Por una parte, desmitificar el proceso de construcción europea y superar las clásicas lecturas que generaron un relato excesivamente modélico sobre la creación y consolidación de los orígenes del proyecto común. Y por otra, comprender que la UE no obedece a un plan predeterminado y lineal, sino que su evolución ha estado condicionada por esas tensiones constantes, por los cambios en la propia idea de Europa (por lo que no se puede pensar que lo que se entiende por UE hoy sea lo mismo que lo que se entendía en la década de los cincuenta, sesenta o setenta) y también por el propio contexto de cada coyuntura histórica. En definitiva, como mostró K.K. Patel, la UE es fruto de la improvisación. 

En la actualidad, una de las cuestiones que más han complicado el proceso de construcción europea, no es la ausencia de una postura común, que ya se ha argumentado que nunca ha existido, sino el contexto actual. En los últimos años se han puesto en cuestión todos los pilares sobre los que se construyeron las instituciones europeas tras la II Guerra Mundial. En primer lugar, el mundo ha dejado de esta basado en normas (derecho internacional), lo cual complica la gobernanza internacional y las acciones de una institución que es causa y efecto de esas mismas reglas. Esto ha puesto en cuestión el “Efecto Bruselas” del que hablaba Anu Bradford. En segundo lugar, la crisis del orden liberal está erosionando el proyecto político-económico de las democracias occidentales sobre las que se construyó la UE. Esto está permitiendo que vuelvan con fuerza otros proyectos sobre la integración europea basados en ideas autoritarias y en la “Europa de las naciones”, algunos de los cuales retoman ciertas ideas de la década de los años treinta del siglo pasado. Y, por último, la puesta en duda de la cooperación entre países y organizaciones (multilateralismo) cuestiona y dificulta su propia relación con el mundo. El resultado es una intensificación de las fracturas internas y un ensanchamiento de la distancia entre los intereses de los Estados miembros.

La gravedad de la coyuntura actual no reside en la ausencia de un proyecto único y común (un ideal que, como se ha argumentado, nunca ha existido), sino en el hecho de que las visiones sobre la UE están hoy muy alejadas entre sí. En ese marco, y contrario a las clásicas ideas de que las crisis fortalecen a la UE, el contexto de crisis permanente no está actuando como un elemento que refuerce la unidad, sino como un factor que intensifica las diferencias y dificulta la posibilidad de alcanzar consensos.

Los grandes momentos históricos requieren de discursos que estén a la altura. Palabras que no solo sean capaces de realizar un buen diagnóstico, sino que también tengan la habilidad de marcar un punto de inflexión sobre el tema a tratar. La comparecencia del presidente del Gobierno en relación con la invasión de EEUU y de Israel sobre Irán ha sido uno de esos discursos.

Las palabras de Pedro Sánchez han tenido la peripecia de replantear el conflicto desde Europa. A nivel nacional ha conseguido justificar la no intervención y defender la posición de “no a la guerra”, desactivando al mismo tiempo cualquier otra alternativa posible y dejando fuera de juego al principal partido de la oposición. Y a nivel internacional, sobre todo en el ámbito europeo, ha puesto de manifiesto dos cuestiones fundamentales.

En primer lugar, ha vuelto a señalar la relevancia del Mediterráneo en el actual desorden internacional y, por tanto, la importancia geopolítica de España. Durante la última década, gran parte de los análisis insistían en que el centro del mundo, sobre todo en el plano económico, se había desplazado del Mediterráneo y del Atlántico a los mares asiáticos y también hacia el ártico, tal y como pone de manifiesto el reciente interés norteamericano por Groenlandia.

Las palabras de Sánchez han evidenciado que, a pesar de que todo ello es cierto, el Mediterráneo continúa siendo un espacio esencial para las relaciones internacionales. No solo por la importancia de Europa, sino porque cualquier movimiento militar de EEUU desde Israel hasta Oriente Próximo debe atravesar, de una u otra manera, el espacio terrestre, marítimo y aéreo europeo. Desde el punto de vista nacional, la decisión del Gobierno de no permitir el uso de las bases de EEUU en España para misiones que no cuenten con el aval de la OTAN o la ONU ha vuelto a remarcar que España es un actor geoestrategicamente clave del Mediterráneo. Esta cuestión nos recuerda por qué EEUU comenzó a interesante en establecer relaciones con la España franquista en plena Guerra Fría. En ese sentido, el estudio de la Guerra Fría en la década de los setenta también muestra cómo, en esos momentos, la tensión del conflicto se concentró en torno al Mediterráneo, lo que volvió a situar a España como un actor relevante para el control del flaco sur de la OTAN. Esa relevancia, que nunca ha desaparecido, ha sido subrayada en varias ocasiones en las últimas décadas. La primera durante los debates sobre la pertenencia española a la OTAN, especialmente con la celebración del referéndum de 1986, que encendió las alarmas en la Casa Blanca. La segunda se produce ahora con la decisión de Pedro Sánchez limitar el uso de las bases estadounidenses en territorio español.

En segundo lugar, el discurso del presidente del Gobierno ha contribuido a forzar un giro en Europa, sobre todo en algunos de los principales países de la Unión Europea y en Reino Unido. España ha asumido, en cierto modo, el rol que desempeñó Francia frente a la Guerra de Irak: negarse a respaldar un conflicto considerado ilegal e injustificado. Esta posición española ha provocado que una parte de los socios europeos, así como las propias instituciones comunitarias, hayan mostrado solidaridad con el Gobierno de España frente a las declaraciones de Donald Trump. En este sentido, la reacción de los medios de comunicación y opiniones públicas europeas al discurso de Sánchez ha sido clave para el viraje de algunos gobiernos. También ha permitido que, quizás por primera vez en mucho tiempo, varios de los principales países europeos, a partir de la posición española, cuestionen las políticas autoritarias e imperialistas impulsadas por Donald Trump, a pesar de la visión de la presidenta de la Comisión Europea von der Leyen. Frente a las ya tradicionales improvisaciones de Washington, en Europa (en parte por su pasado colonial, entre otras cosas) existe una mayor conciencia de que Oriente Próximo requiere intervenciones muy precisas y calculadas, y dentro del paraguas de las organizaciones internacionales, para evitar generar una mayor desestabilización de la región. Entrar como elefante en una cacharrería, como está sucediendo actualmente, puede desencadenar un conflicto de alcance mundial y con consecuencias difíciles de prever. 

El alegato de Pedro Sánchez ha servido para recordar que España, a pesar de ser una potencia media con un poder global limitado, posee una posición geográfica de enorme relevancia para los conflictos que afectan tanto al viejo continente europeo como a Oriente Próximo. Pero, sobre todo, ha permitido instalar una pregunta (tan incómoda como necesaria) en una parte de las cancillerías europeas que, hasta el momento, pocos parecían dispuestos a formular públicamente:

¿Hasta cuándo puede depender el orden mundial de la improvisación norteamericana?

A lo largo de 2025, y especialmente en el último mes, se ha dedicado una amplia atención mediática e institucional al 50 aniversario de la muerte de Franco y al proceso político que permitió construir los cimientos de la democracia actual. La mayoría de especialistas, sobre todo historiadores e historiadoras, coinciden en que, aunque el dictador murió en la cama, la democracia la impulsó la ciudadanía. No fue, por tanto, el resultado exclusivo de un acuerdo entre élites políticas: la movilización social a favor de la apertura democrática desempeñó un papel decisivo en la consolidación de los valores que hoy (al menos una parte de la sociedad) considera irrenunciables.

En ese contexto, los movimientos sociales y las universidades españolas fueron actores fundamentales. Durante la dictadura, los campus se fueron convirtiendo de manera progresiva en la vanguardia de la contestación política contra el autoritarismo, una tensión constante que el historiador Alberto Carrillo ha definido como una pugna “entre puños y cerebros”. Mientras el régimen permanecía aferrado a un orden autoritario, miles de universitarios y universitarias (muchos vinculados al antifranquismo) reclamaban democracia, libertades y autonomía universitaria. Durante la transición, los campus universitarios continuaron siendo lugares de socialización y reivindicación política. Las movilizaciones masivas de 1975 y 1976 pidiendo amnistía y pluralismo político, así como las huelgas de 1977 y 1978 en defensa de una universidad pública y autónoma, ilustran la relevancia del movimiento estudiantil en la configuración de la España democrática.

Pero la transición y la lucha antifranquista no se vivió solo en las grandes ciudades. Como han señalado especialistas como Encarna Nicolás o Manuel Ortiz, la democratización también se construyó en los pueblos y en las capitales de provincia. Y en ese escenario, la universidad tuvo protagonismo incluso allí donde todavía no existía. Durante la segunda mitad de los años sesenta, en las provincias que hoy forman Castilla-La Mancha comenzaron a surgir iniciativas que reivindicaban la creación de una institución universitaria propia. Buscaban suplir la escasez de oferta de educación superior y superar la dependencia de los centros adscritos a grandes universidades como las de Madrid o Murcia. El medio rural de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo no solo apoyó la apertura democrática del país; también mostró su voluntad de incorporarse a las sociedades del conocimiento y de la educación superior, negándose a quedar atrapado en una España en blanco y negro. En esos primeros momentos, cuando todavía no existía un proyecto territorial definido para Castilla-La Mancha, las propuestas se articulaban desde una lógica esencialmente provincial.

Con la definición del marco autonómico a partir de 1982, estas iniciativas convergieron en la necesidad de crear una universidad regional, que inició su actividad en el curso 1985-1986 como Universidad de Castilla-La Mancha. En aquellos años, mientras España se integraba en la Comunidad Económica Europea (lo que, en palabras del ministro Fernando Morán, suponía “situar a España en su sitio”) Castilla-La Mancha encontraba también su lugar en el sistema universitario español. La trascendencia de la nueva institución desbordó pronto su función estrictamente formativa. Desde su origen, la Universidad de Castilla-La Mancha se convirtió en uno de los pilares de la democracia en la región: contribuyó de manera decisiva a la cohesión territorial y a dotar de contenido a un proyecto autonómico sin una justificación histórica clara, que necesitó construir una narrativa común. Al mismo tiempo, abrió espacios de conocimiento, investigación y pensamiento libre más allá de las grandes ciudades, ampliando los horizontes culturales y críticos del territorio. Cuarenta años después, el proyecto sigue dando sus frutos y, además de formar a especialistas en todos los cambios de conocimiento, asienta población en las provincias rurales y genera ciencia, cultura y conocimiento crítico.

En un momento de creciente crispación política y social, y de cuestionamiento del conocimiento científico, la conmemoración de los cuarenta años de la UCLM ofrece una gran oportunidad para reivindicar el papel de todas las instituciones dedicadas a promover la reflexión crítica y los valores democráticos. Como ha recordado Daniel Innerarity en múltiples ocasiones, una democracia de calidad necesita conversaciones y debates de calidad. Para lograrlos, la universidad es esencial y por ello es necesario reivindicar su papel en perspectiva histórica. Sin universidad no hay conocimiento. Y sin conocimiento no hay democracia.

Vivimos en la época de los relatos. Desde hace un tiempo, la guerra cultural y las narrativas emocionales compiten con los hechos y con las evidencias analíticas y científicas. Incluso en algunos momentos, se imponen a ellos, lo que afecta negativamente a nuestra calidad democrática. Esto se agrava cuando, como es el caso de la historia más reciente de España, los historiadores e historiadoras no pueden acceder a determinados documentos históricos. En este marco, el anteproyecto de Ley de Información Clasificada aprobado este martes en el Consejo de Ministros para renovar la caduca Ley de Secretos Oficiales es crucial para la salud de nuestra democracia, para homologarnos con otros países europeos y para perder el miedo a conocer nuestro pasado, tal y como se tratará de argumentar.

En los últimos años, cualquier acontecimiento es susceptible de ser cuestionado a través de relatos con escasa profundidad analítica y veraz, pero con un respaldo ciudadano considerable. Es el caso, por ejemplo, de las declaraciones de Manuel Marical, diputado de Vox, afirmando que la dictadura “fue una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación”, y de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, asegurando que “a la larga, la dictadura fue mejor que la II República”.

Frente a esas narrativas, y lejos del ruido político, se encuentran los cientos de estudios académicos históricos que demuestran, entre otras cuestiones, que el franquismo murió matando y que la transición fue un proceso exitoso pero complejo y poliédrico. Todos estos estudios, realizados de manera sosegada y no a golpe de tuit, requieren de acceso a fuentes históricas, la mayoría custodiadas en archivos históricos de dominio nacional. Y este es uno de los problemas con los que se han encontrado hasta ahora los historiadores e historiadoras que se dedican a estudiar la segunda mitad del siglo XX. Una parte de los documentos, sobre todo los relacionados con la Ley de Secretos Oficiales de 1968, no han podido ser consultados por la pervivencia de una legislación de la propia dictadura (matizada en una reforma de 1978).

La aprobación de la nueva ley no cambiará sustancialmente lo que ya se conoce sobre nuestro pasado (aunque sí lo completará), pero permitirá mejorar la calidad democrática de nuestro país por varias razones. En primer lugar, porque un estado democrático no puede tener miedo a su pasado más reciente. En una época marcada por la promoción de la memoria democrática, el reconocimiento de quienes defendieron la libertad y la democracia, y la lucha contra las dictaduras, derogar una ley franquista obsoleta representa un acto fundamental de compromiso con los valores democráticos. En segundo lugar, porque la ciudadanía española debería tener derecho a conocer y acceder a su pasado, exceptuando únicamente las cuestiones que afectan a la seguridad nacional. Y, en tercer lugar, porque es necesario legislar de manera clara sobre el acceso a fuentes para que este se atenga a razones objetivas y no a la arbitrariedad.

En definitiva, el proyecto de ley, con todas sus matizaciones, críticas necesarias y reformas que pueda sufrir en el trámite parlamentario, es un paso adelante para la salud democrática del país y para que los historiadores e historiadoras, entre otros gremios, puedan analizar el pasado. Como ya anticipó Tony Judt, uno de los grandes historiadores del siglo XX en una entrevista de 2005, “una sociedad bien organizada es aquella que conoce la verdad sobre sí misma de forma colectiva, no aquella que se cuenta mentiras agradables sobre su pasado”.

En las últimas semanas de agosto se ha iniciado el curso político con el nombramiento de la mesa del Parlamento y con las negociaciones para la formalización del Gobierno. A pesar de que todavía quedan varias semanas, o quizás meses, para oficializar el nuevo inquilino de la Moncloa, los resultados electorales y las declaraciones de una parte importante de los líderes políticos permiten tener una cierta idea de algunos de los retos del próximo Gobierno. En el caso de que se consolide una coalición entre progresistas y nacionalistas, probablemente, el debate más importante de los próximos años estará relacionado con el modelo territorial de país que se pretende confeccionar, lo que obligará a reflexionar sobre qué es España. 

Sin intención de restarle ningún protagonismo a las cuestiones domésticas, el nuevo ejecutivo debe encuadrar la acción política nacional en un contexto global, pues este será el que marque gran parte de los ritmos políticos y económicos. En este sentido, la humanidad tiene por delante grandes retos a los que de manera progresiva deberá prestarle más atención, sin perder de vista otras cuestiones relevantes como la Guerra en Ucrania, las autonomías estratégicas y energéticas, los movimientos de las grandes (y emergentes) potencias o, en el caso europeo, las próximas elecciones al Parlamento de la UE (mayo 2024). 

El principal reto de las sociedades actuales es el cambio climático. Lejos de ser un argumento ideológico, se trata de una realidad tangible. El incremento de sequías, como la que ha vivido España esta pasada primavera o la que está provocando problemas de tránsito en el canal de Panamá; el aumento de temperaturas, que ha provocado que el mes de julio haya sido el más cálido de la historia y la multiplicación de desastres naturales, como las lluvias torrenciales de agosto de 2022 en Pakistán, están afectando directamente a la vida de las sociedades. Y no todo se soluciona incrementando la inversión en aires acondicionados. No solo están aumentando los fallecimientos por contaminación, por escasez de agua o por altas temperaturas, sino que también se están produciendo contratiempos indirectos como son los problemas y fallos en las infraestructuras, pues estas no fueron diseñadas para las condiciones climatológicas actuales. En julio de 2022, cerca de San Sebastián descarriló un tren debido a la deformación de la vía provocada por las altas temperaturas. Y cada vez son más frecuentes las inundaciones por gota fría, pues las canalizaciones de una parte importante de las ciudades no pueden absorber grandes trombas de agua.

Además de todas las cuestiones anteriores, la relevancia del reto climático es que enfrenta a los Gobiernos a nuevos desafíos, a los cuales se les suele prestar menos importancia mediática. Entre todos ellos se podrían destacar dos. Por una parte, los cambios en las temperaturas y precipitaciones han cuestionado la seguridad alimentaria, un tema que desde la Segunda Guerra Mundial había quedado en un segundo plano. Se daba por hecho que, al menos en el norte global, la producción de alimentos cada vez sería mayor y no existirían problemas de abastecimientos. Sin embargo, los cambios climatológicos han alterado las producciones y han situado a este tema en el centro de las problemáticas mundiales. Tal y como analizamos hace unas semanas en este mismo diario, la alimentación se ha convertido en una de las grandes preocupaciones geopolíticas en la actualidad. Todos los países están intentando garantizar el suministro de alimentos en el futuro, teniendo en cuenta que una parte relevante de las tierras fértiles con déficits hídrico están en riesgo por desertificación. 

Por otra parte, todo estos cambios también están afectando a los movimientos de población. Hasta hace algunos años, las migraciones se debían a conflictos armados o a pobreza económica. Sin embargo, en la actualidad, la principal razón de cambios de residencia se debe a las consecuencias del cambio climático. Esto es especialmente relevante en las zonas más sensibles a los fenómenos meteorológicos, entre las que se podrían destacar América del Sur, África y Asia. En 2021, de 38 millones de desplazamientos internos (realizados dentro de un mismo país), 22,3 millones se debían a desastres climáticos, según el Internal Displacement Monitoring Centre, IDMC. De acuerdo a los datos actuales, el Banco Mundial ha pronosticado que para 2050 habrá 17 millones de migrantes climáticos solo en América Latina. Dada la relevancia de este tema, en 2022, los Estados Miembros de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), la Comunidad Africana Oriental y los Estados de África Oriental y el Cuerno de África firmaron la Declaración de Kampala sobre migración, medio ambiente y cambio climático. En dicho documento, los países participantes pedían mayor colaboración mundial para tomar medidas sobre la movilidad humana causada por cuestiones climáticas en África.

El principal desafío del nuevo ejecutivo es atender a los debates domésticos sin perder de vista los grandes retos que tenemos como sociedad. España, por su posición geográfica y geopolítica se encuentra en una gran encrucijada. El déficit hídrico de una parte importante del país obliga a proyectar un futuro en base a los problemas climáticos, tanto en modelos de vida, de producción alimentaria y de turismo. Y su cercanía a África le fuerza a provocar un debate en el seno de la UE sobre cómo gestionar los movimientos de población, una cuestión que tratará de hacer durante su actual presidencia del Consejo de la UE. Hasta el momento, una parte importante de las migraciones climáticas se han producido dentro de las mismas fronteras nacionales, pero si continúan agudizándose los cambios climáticos, la presión migratoria aumentará en el Mediterráneo. Este tema es uno de los más delicados en la UE, pues ya generó una gran crisis comunitaria en 2015 y, además, es una temática que ha rentabilizado la extrema derecha. El reto será abrir un debate sobre la emigración que, lejos de las tesis xenófobas y racistas de la extrema derecha, trate de ofrecer respuestas complejas a problemas complejos. 

Aunque “el futuro es un país extraño”, como afirmó Josep Fontana, contamos con una gran cantidad de análisis que muestran la relevancia de estos retos. Ahora solo falta que el nuevo Gobierno los incluya de manera transversal en sus políticas. 

Tras la finalización de la II Guerra Mundial, el control de los alimentos dejó de ser una prioridad en las relaciones internacionales, ya que la modernización del sector, así como el auge del comercio, permitieron acabar con las hambrunas en Occidente e iniciar una época de excedentes alimentarios, sobre todo en la Comunidad Económica Europea. Al mismo tiempo, con el inicio de la Guerra Fría, gran parte de los esfuerzos internacionales se centraron en el dominio de la tecnología, de la industria militar y del tercer mundo. 

En los últimos años, la situación ha cambiado y la agricultura y la pesca se han convertido de nuevo en una cuestión prioritaria para gran parte de los Estados. En el nuevo orden mundial, el control de los alimentos vuelve a ser clave debido, fundamentalmente, a dos cuestiones. Por una parte, el cambio climático está provocando un descenso de las zonas fértiles en la superficie terrestre. Esta problemática se hace evidente en las regiones que ya tenían un déficit hídrico importante. El caso más significativo es África, donde el avance de la desertificación está provocando hambrunas y movimientos migratorios (esto último será otro de los grandes retos de la sociedad en los próximos años). Cada vez hay menos zonas cultivables y una parte importante de los alimentos acaba exportándose al norte global. En España, el incremento de las temperaturas y el descenso de las precipitaciones también están generando problemas en ciertas producciones agrícolas. Este año, por ejemplo, la sequía en la primavera ha reducido enormemente la producción de cereal y la de ciertas frutas como melones y sandías. La consecuencia de toda esta coyuntura es que los países del norte global están tratando de anticiparse a los posibles problemas del futuro y su principal objetivo es garantizar a su ciudadanía que los déficits de productos agrícolas nacionales no provocarán escasez de alimentos. Esta solución pasa por controlar o adquirir productos agrícolas o pesqueros cultivados en terceros países.

Por otra parte, la desglobalización, acelerada por la pandemia y por la Guerra en Ucrania han supuesto un cambio importante en las relaciones entre los Estados. Gran parte de los gobiernos del norte global han establecido como prioridad la “autonomía estratégica” no solo en energía, industria o política exterior, sino también en agricultura y pesca. Si los estados no garantizan una correcta alimentación de sus ciudadanos, no se puede cumplir ninguna de las otras autonomías. La actual relevancia de la PAC y de la PPC en la UE muestran que la cuestión alimentaria vuelve a ser un aspecto fundamental para todos sus países miembros.

Todo ello está provocando que la agricultura y la pesca se conviertan en un elemento clave de las relaciones internacionales en el nuevo orden mundial que se está definiendo. Cada vez se están produciendo más luchas por el control de los espacios de producción agrícola. El país que más se está preocupando por esta cuestión es China debido a que su enorme población contrasta con las escasas zonas cultivables en su territorio nacional (únicamente el 12% de su territorio). Ante esta situación, el Gobierno de Xi Jinping ha organizado dos líneas de actuación. En primer lugar, está tratando de convertir ciertos desiertos en zonas cultivables a través de una alteración de los ecosistemas. Y, en segundo lugar, están llevando a cabo una estrategia internacional para aumentar el control de los recursos en el sur global, lo cual está alterando enormemente los equilibrios internacionales. El Estado chino ha aumentado los acuerdos económicos con países de América Latina. Destacan los convenios firmados recientemente con Brasil, referidos a la carne porcina y al maíz, y con Uruguay para la exportación de soja. Indirectamente, la entrada de China en los mercados agrícolas de América Latina está permitiendo de manera progresiva sustituir el dólar por el guan en el comercio internacional. Al mismo tiempo, en la última década, China ha comprado una gran cantidad de tierras fértiles en África. En 2011, según Afrique Expansión, este país asiático disponía de 2,8 millones de hectáreas en R.D. Congo, Mozambique, Tanzania y Camerón. Además, China está aumentando el control del mar de China, lo cual ha sido denunciado por sus países vecinos, como Filipinas, pues no solo supone una sobreexplotación de los recursos marinos, sino que también supone un mayor control de esas aguas desde el punto de vista militar y geopolítico. 

A pesar de que el caso chino es el más significativo, el resto de los países del mundo también se encuentran en esa pugna por el control de los recursos alimentarios, lo cual está alterando el sistema de las relaciones internacionales. El ejemplo más evidente se encuentra en el continente africano. En los últimos meses, numerosos grupos de pescadores locales han denunciado los acuerdos de pesca de sus países con la UE, China o Rusia. Estos dificultan que los pescadores nativos, con embarcaciones manuales tradicionales, accedan a los recursos pesqueros, lo que perjudica a las economías familiares costeras africanas y también a la alimentación de sus sociedades. Además, favorece la presión migratoria hacia Europa, otro de los retos del futuro, tal y como ya se ha comentado. La actividad pesquera, tal y como ha mostrado recientemente el Foro Económico Mundial, puede convertirse en un foco de conflicto comparable a los enfrentamientos por el control del petróleo. 

En definitiva, esta nueva geopolítica de la alimentación está empezando a vislumbrar dos problemas para el futuro. Por una parte, el incremento de las hambrunas y las diferencias entre el sur y el norte global. En esa línea, el Coordinador General del Instituto para el Desarrollo de Sudamérica (IDRS) ha advertido de que la “despensa del mundo”, refiriéndose a América Latina, “está empezando a pasar hambre” debido a la presión internacional por el control de los recursos. En esa misma dirección, diversos foros mundiales, como la FAO, la OMC o el FMI han pedido a la comunidad internacional luchar conjuntamente para frenar la crisis de seguridad alimentaria actual. Calculan que 349 millones de personas sufren inseguridad alimentaria.

Por otra parte, todo ello está aumentando la tensión mundial por el control de los recursos, lo cual está alterando los equilibrios internacionales. El lenguaje del poder occidental actual ha retomado la vieja idea del regeneracionismo de Joaquín Costa: sin despensa, no hay progreso. El problema actual es que, en muchas ocasiones, lograr esa despensa tiene un coste alto en las relaciones internacionales, en el cambio climático y en el equilibrio alimentario mundial.