Con ocasión del 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, y en el 30 aniversario de la creación de Faisem, es una buena ocasión para reflexionar sobre la calidad de la atención sociosanitaria que se presta a las personas con trastorno mental grave en Andalucía.

Faisem se creó hace treinta años con el objetivo de desarrollar y gestionar recursos de apoyo social para personas con discapacidad derivada de padecer trastornos mentales graves. Faisem representó un modelo de éxito en cuanto a la aplicación de los objetivos de la reforma psiquiátrica: el cambio de un modelo basado en la hospitalización de larga estancia de las personas con enfermedad mental hacia la atención comunitaria.

En este sentido, el modelo andaluz representado por Faisem fue una experiencia pionera en el Estado, integrado dentro de la red pública que permite que aún hoy en día Andalucía lleve años de distancia a otras comunidades en cuanto a inserción comunitaria y cierre de centros de larga duración hospitalaria, en principio, con mayores recursos.

El rápido desarrollo de los recursos sociosanitarios para personas con enfermedad mental de Andalucía se ha hecho a costa de unos recursos materiales deficitarios y de la precariedad laboral de sus plantillas

En la actualidad, Faisem atiende a más de 9.000 personas en sus recursos residenciales, de centros de día y ocupacionales y programa de orientación para el empleo, con una plantilla media de 1.207 personas, de las cuales 950 somos personal de atención directa en la categoría de monitores. El presupuesto de Faisem para 2022 alcanzaba los 47.737.897 euros, lo que ciertamente supone un incremento sobre lo presupuestado para 2021 en algo más de dos millones de euros.

Sin embargo, esta historia exitosa tiene sus sombras. El rápido desarrollo de los recursos sociosanitarios para personas con enfermedad mental de Andalucía se ha hecho a costa de unos recursos materiales deficitarios y de la precariedad laboral de sus plantillas. Efectivamente, muchos centros residenciales y de día de Faisem incumplen el decreto de requisitos mínimos de centros de atención a la dependencia ante la permisividad de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (ASSDA), también perteneciente a las agencias públicas andaluzas.

Por otro lado, su plantilla mantiene los salarios más bajos de los entes públicos andaluces. El personal de atención directa, los monitores, tienen un sueldo base de 1.171 euros, apenas por encima del SMI, y su reconocimiento profesional es nulo.

El convenio colectivo de Faisem, en ultraactividad desde 2009, reconoce para el personal de atención directa un grupo profesional, el de monitor, sin correspondencia con el Catálogo Nacional de Ocupaciones. Donde en otras comunidades autónomas se reconocen en este ámbito el trabajo de psicólogos, trabajadores sociales, educadores e integradores sociales, en Andalucía trabajamos como monitores, incluyendo funciones de estos ámbitos y recientemente el de pinche de cocina.

Con lo dicho, no es de extrañar que se pueda denunciar que los y las andaluces con trastorno mental grave de Andalucía sufren una atención sociosanitaria de segunda respecto a los y las ciudadanas de otras comunidades.

La propia auditoría operativa encargada por la Junta de Andalucía sobre Faisem establecía, por ejemplo, que las personas atendidas lo hacen en una ratio de usuario- profesional de 31, mientras su homólogo en Castilla-La Mancha era de 18 y de sólo 9 en Madrid. Consecuentemente, el gasto medio por usuario en Faisem, 1.354 euros, representa menos del 50% del gasto por usuario en Castilla-La Mancha y apenas el 20% que el de Madrid.

Fuente Auditoría Operativa de los Entes Instrumentales de la Junta de Andalucía. Lote 10 Servicios Sociales. FAISEM

Con estas mimbres, una Fundación que fue creada hace treinta años se enfrenta, sin mucha reflexión, por parte de su actual gerencia a los nuevos retos propios de 2023.

Un excesivo peso de las necesidades de cuidados asistenciales de una buena parte de los usuarios residenciales que ha ido envejeciendo en nuestros recursos y con mayores necesidades somáticas, la falta de personal sanitario y las altas ratios de asistencia hacen que la cobertura de estas necesidades vaya en detrimento de las actividades que tienen que ver con la recuperación en integración social.

Nuevas necesidades de las personas con enfermedades mentales, la atención a patologías duales, la atención a personas con primeras experiencias en la enfermedad mental en vías de mejorar cómo afrontarla y evitar que se cronifique la enfermedad, la atención a las personas con enfermedad mental en situación de sinhogarismo y, sobre todo, volver a poner en primer término el paradigma de recuperación y el enfoque comunitario. Todo esto necesita de una hoja de ruta que pasa por la dotación de más y mejores recursos materiales y humanos en Faisem. Por el contrario, todas estas necesidades se piden que sean afrontadas por los profesionales sin dotarles de las herramientas necesarias.

Se puede poner de ejemplo la Estrategia Andaluza para la atención de Personas sin Hogar, que encarga a Faisem la atención sociosanitaria de las personas con trastorno mental grave en sinhogarismo, pero no otorga fondos específicos para poner en marcha el programa, o la puesta en marcha de los equipos de tratamiento intensivo comunitario, que prevé la participación de personal de Faisem dentro de equipos del SAS; pero tampoco se prevén la autorización de contratación correspondiente.

En definitiva, mayor carga de trabajo con menos recursos y una plantilla que ha perdido más de cien efectivos en los últimos años. Si en 2019 Faisem contaba con 1.165 profesionales, en 2022 se redujo a 1055. Más sangrante es que la disminución fue en el personal de atención directa, ya que la plantilla sí creció en personal de alta dirección y personal de función administrativa.

Para finalizar, hay que recalcar que los puntos fuertes de los que esta fundación pública ha podido presumir, desde su creación en la última década del siglo anterior, están en grave riesgo de anquilosamiento y sus puntos débiles se ven incrementados por una falta de dirección y una reducción sistemática de recursos materiales, humanos y presupuestarios que ponen en riesgo la calidad de atención a las personas con trastorno mental grave.