El pasado 8 de febrero se aprobó en el Parlamento Vasco la ley de Transición Energética y Cambio Climático. Una ley pactada entre el PNV, PSE-EE y EH Bildu que ha sorprendido a propios y extraños. El abrazo entre Mikel Otero (EH Bildu) y Arantxa Tapia (PNV) tras la aprobación de la ley simboliza el abrazo de la izquierda abertzale al modelo que han defendido el PNV y PSE-EE durante las últimas décadas, en las que, con puertas giratorias incluidas, se ha establecido un marco normativo y político que ha favorecido a las grandes corporaciones energéticas. Un abrazo y pacto claramente electoralista a sabiendas que los medios de comunicación jeltzales y abertzales pondrían sus rotativas en marcha para blanquear esta mala ley y vanaglorariarla como “gran acuerdo” o “política útil” cuando es una ley especialmente útil para las multinacionales. Una norma con verdades incómodas, cuando no mentiras, sobre las que trataré de arrojar luz en siete de ellas. La última es de traca.

Uno. La ley presenta objetivos de descarbonización muy pobres. El objetivo de reducción de emisiones de CO2 en Euskadi será del 33% para 2030 respecto a 1990 cuando la Unión Europea ya propone el 55%. Los firmantes del pacto lo llaman objetivo “ambicioso, pero realista” pero supone la victoria de las tesis liberales frente a las climáticas al priorizar los intereses económicos e industriales respecto a la lucha contra el cambio climático. Nada distinto a la fracasada COP28 de Dubái donde los lobbies volvieron a imponer su marco.

La ley presenta objetivos de descarbonización muy pobres. El objetivo de reducción de emisiones de CO2 en Euskadi será del 33% para 2030 respecto a 1990 cuando la Unión Europea ya propone el 55%

Dos. La norma promueve mercantilizar el suelo rural al posibilitar instalaciones eólicas y solares a cambio de un canon de renovables. A cambio de pagar un canon, ¿el Gobierno y EH Bildu consideran aceptable instalar plantas eólicas en corredores ecológicos o zonas con aves protegidas, o instalaciones solares en los suelos más fértiles para la agricultura? En estas zonas no hay canon que valga, y deberían prohibirse estas instalaciones tal y como propuso Elkarrekin Podemos-IU en sus enmiendas a la ley. Coinciden en esta denuncia los municipios, plataformas ciudadanas, expertos ambientales y un sector agrario levantado en airosas protestas. Zonas en la que además el Gobierno puede imponer estos proyectos a los municipios si los declaran “proyectos de interés público superior” gracias a la Ley de Administración Ambiental, conocida como la 'ley Tapia'. Ahora a la 'ley Tapia' se le suma el 'canon de Bildu'.

Tres. Promover en la ley un 2,5% del presupuesto, un canon de renovables o un fondo climático no garantiza una transición energética justa y democrática ya que es el Gobierno vasco quien recauda y decide el destino de esos fondos. La iniciativa de la izquierda abertzale supone entregar y centralizar en Lakua todo el poder de decisión, sin posibilidad de que los municipios afectados por las instalaciones o la ciudadanía puedan participar en las decisiones. El derecho a decidir, tan promovido por los jeltzales y abertzales, se ceñirá a decidir el lugar para la siguiente manifestación contra los proyectos decididos en Lakua.

Cuatro. La ley es puro 'greenwashing' respecto a la participación pública. Lo acordado en el Pacto Social o las propuestas de las Asambleas Ciudadanas de Cambio Climático no serán vinculantes u obligatorias para el Gobierno, como tampoco el informe anual de un Comité Científico que no aporta nada nuevo a los informes que ya publican AZTI, el BC3 o el IPCC.

Cinco. Las desinversiones en combustibles fósiles sólo afectan a las empresas públicas, no a las privadas. El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha llegado a decir que con esta ley “se va a echar la persiana a la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA)”. Cierto que SHESA puede desaparecer, pero no los proyectos en los que participaba, como el pozo de gas Viura, que tiene como socio a una empresa privada, la petrolera Heyco (USA). El pozo de gas continuará en marcha y emitiendo CO2, pero será 100% privada.

En el caso de la regasificadora Bahía Bizkaia Gas, el Gobierno no tiene tan clara la desinversión, que además supondría una privatización a favor de Enagás. ¿Dónde está la mejora en la lucha contra el cambio climático si la parte privada no desinvierte? Lo que ha hecho EH Bildu es colaborar en privatizar las sociedades público-privadas al mismo tiempo que ha dicho 'no' a la Sociedad Pública de Energías Renovables propuesta por Elkarrekin Podemos-IU en la ley. Los liberales que privatizaron Endesa o Nortegas (PP, PSOE y PNV) estarán contentos.

Seis. La ley es retardista al establecer como “inversión prioritaria” los combustibles alternativos, incluyendo los combustibles sintéticos de Petronor. Expertos y científicos han demostrado que los combustibles sintéticos son la huida hacia adelante de un sector petrolero que retrasa la electrificación y descarbonización de la movilidad porque su negocio son los combustibles. Se lo dijo la Ministra socialista Teresa Ribera a Josu Jon Imaz, e incluso el abertzale Pello Otxandiano denunció en el Fórum Europa las malas inversiones del Gobierno vasco en proyectos demostrados ineficientes por la comunidad científica, poniendo como ejemplo el uso del hidrógeno verde para los combustibles sintéticos de Petronor. Entonces, ¿por qué el PSOE y EH Bildu declaran estos combustibles como “inversión prioritaria” contradiciendo lo que dicen sus propios líderes? Esto es un trágala y una claudicación ante las tesis retardistas de Imaz y el PNV.

Ahora ya existe el marco para librarse de pagar el impuesto a los beneficios extraordinarios y poder recibir fondos públicos. Imaz estará contento

Y siete. Esta ley colabora en eliminar el impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. En las negociaciones de los presupuestos con el Presidente Sanchez, el PNV consiguió traer a Euskadi la gestión del impuesto a los beneficios extraordinarios, y ya avisó de que habría bonificaciones y exenciones fiscales si estas empresas invertían en proyectos renovables. Al establecer como “inversión prioritaria” los combustibles sintéticos de Petronor, pero también las plantas eólicas y solares como las de Iberdrola, Solaria o Capital Energy, o los gasoductos con blending de hidrógeno verde de Nortegas, se facilita justificar la exención en el pago del impuesto. Incluso facilita priorizar a estos proyectos los fondos públicos del 2,5% del presupuesto, del canon de renovables o del fondo climático. Asimismo, al incorporar los combustibles sintéticos como inversión prioritaria, le facilitan el “marco regulatorio estable” que exigía Petronor en octubre de 2023 bajo amenaza de frenar su inversión en el electrolizador de 100MW en Muskiz. Ahora ya existe el marco para librarse de pagar el impuesto a los beneficios extraordinarios y poder recibir fondos públicos. Imaz estará contento. Luego algunos dirán que “no hay que equivocarse de trinchera”. No, algunos no lo hacemos.

El hidrógeno verde se ha convertido por parte de varias corporaciones del sector eléctrico y de los combustibles fósiles, petroleras y gasísticas principalmente, en el nuevo 'santo grial energético' por una supuesta capacidad de descarbonizar nuestras economías y metabolismo industrial. Sin embargo, dicha omnipotencia está quedando en entredicho. Este vector energético verde se produce mediante electrolizadores alimentados por energía renovable en un proceso llamado electrólisis en el que las moléculas de agua se rompen y producen H2 y O2.  

Cabe recordar que el 'boom' del hidrógeno verde se aceleró cuando la Unión Europea presentó en 2020 el Plan de Recuperación y Resiliencia, más conocido como Fondos Next Generation, con 750..000 millones de euros para reactivar y descarbonizar la industria europea, entre otras medidas. Todo ello, como reacción a una recesión económica provocada por los cierres debido a la pandemia de la COVID-19, así como por el aumento de los precios de los combustibles fósiles que aún pone en jaque a nuestra industria y hogares.

Siendo la mitad de los fondos subvenciones a fondo perdido, gran parte del sector energético se lanzó a por ellos sin reparar en gastos de marketing y publicidad. Así es que surgió el Corredor Vasco del Hidrógeno a través de una alianza del sector energético y político vasco para tratar de captar parte de los 140.000 millones en fondos para España. Sin embargo, la experiencia y la realidad están pinchando la burbuja del hidrógeno verde, y tanto la iniciativa privada como la comunidad científica han puesto en entredicho la capacidad del hidrógeno para descarbonizarlo todo. 

El informe anual de OBS Business School publicado recientemente indica que el hidrógeno verde está muy lejos de ser competitivo en comparación con los combustibles fósiles, y qué decir de la electrificación, por lo que el mercado de hidrógeno verde sigue siendo apenas inexistente y que es un negocio a pérdidas, únicamente sostenible mediante fondos públicos.  Esto abre otra pregunta respecto si es ético seguir regalando fondos públicos a empresas que luego nos facturan a precio de oro la energía, o si sería mejor crear una empresa pública de energía, como ya lo fue Endesa en su momento,

Este pinchazo de la burbuja se puede constatar incluso en algunos líderes del sector del hidrógeno verde, como Plug Power o Ballard Power, fabricantes de electrolizadores y pilas de hidrógeno, que han pasado de valer en bolsa, respectivamente, 66 dólares y 38 dólares por acción a 6,4 dólares y 3,5 dólares en la actualidad.

Pero no solamente hay escepticismo en la iniciativa privada, que ya anuncian que los costes de esta tecnología van a subir hasta un 50% y que no es viable sin fondos públicos. La comunidad científica ha sido rotunda respecto a la potencialidad real del hidrógeno verde: de 100 unidades de energía, se pierde en generación y transporte 75 unidades y se obtienen únicamente 25 unidades de hidrógeno, por lo que el H2 debe limitarse a proyectos muy concretos. Expertos energéticos como Liebreich Associates crearon el concepto de 'escalera de Liebreich', en la que se definen los usos del hidrógeno verde más eficientes (con categoría A) y los más desfavorables (categoría G). 

En la cúspide de la escalera de Liebreich, o categoría A, se encuentra el uso del H2 verde como materia prima para producir fertilizantes o metanol. En el segundo escalón de la eficiencia estaría su uso para almacenamiento energético o para producir acero verde. Pero en el uso más desfavorable se encuentra utilizar el hidrógeno para calefactar la vivienda en sustitución del gas, producir combustibles sintéticos o para su uso en el transporte ligero, tal y como ha quedado demostrado por el fracaso de las hidrogeneras en Dinamarca o los trenes de hidrógeno en Alemania.

En estos casos, ha quedado demostrado que la electricidad es una mejor opción que el hidrógeno por ser más eficiente, barata y porque la red eléctrica, aunque mejorable, ya está construida y en marcha. Reconvertir todas las tuberías de gas en tuberías de hidrógeno no tiene ningún sentido, excepto el de retrasar la electrificación de la economía por parte del sector de los combustibles fósiles.

Por lo tanto, el hidrógeno verde puede tener ciertos usos eficientes, y otros que además de no serlo, son totalmente ruinosos, por lo que el hidrógeno verde no es la solución a todos los retos de la descarbonización y la electrificación debe ser la opción favorable para descarbonizar la vivienda, el transporte ligero y parte de la industria.

Sin embargo, a nivel estatal y autonómico, como es el caso del Gobierno vasco, se están promoviendo e invirtiendo fondos públicos en los proyectos más desfavorables según la 'escalera de Liebreich'. Son proyectos para llevar hidrógeno verde a las viviendas en sustitución del gas como el proyecto de Nortegas, o hidrógeno para producir combustibles sintéticos como los de Petronor,  cuando la ciencia ya ha demostrado que es mucho más eficiente y barato electrificar la vivienda y sustituir el gas por bombas de calor o electrificar el transporte ligero. Un vehículo eléctrico es hasta cuatro veces más eficiente que un vehículo con e-fuel, lo que supone la necesidad de cuatro veces menos de energía renovable, y ello implica cuatro veces menos ocupación de terreno en instalaciones eólicas o solares para obtener dicha energía.

A nivel europeo es aún peor. El proyecto europeo H2 Med, como un corredor de hidrógeno verde que conectará Portugal, España y Francia para transportar la molécula de H2 por hidroductos, ya ha sido descartado por la comunidad científica por la gran cantidad de H2 que se pierde en generar y transportarlo, por lo que carece de justificación siendo mucho más eficiente transportar electricidad. El hidrógeno verde, en todo caso, tendría que producirse cerca del lugar de consumo y tendría mucho más sentido ubicar los electrolizadores en polígonos industriales conectados a industrias gasintensivas.

Por todo ello, es necesario que las políticas e inversiones destinadas al hidrógeno verde sean las más eficientes y las recomendadas por la comunidad científica. No podemos seguir invirtiendo fondos públicos y elaborando planes o leyes de transición energética para que ciertos sectores económicos busquen un nuevo gas o combustible sintético que facturarnos mientras retardan el fin del negocio de los combustibles fósiles a pesar de estar provocando una crisis climática, ecológica y agroalimentaria sin precedentes.