“La concentración que iba a tener lugar hoy no ha sido permitida. Continúen su camino hacia casa o hacia otras actividades”. Con estas palabras disuelve la policía al alumnado y a madres y padres del Instituto Ernst Abbe del barrio berlinés de Neukölln. La concentración se había convocado bajo el lema “Contra la violencia en la escuela, contra el racismo,” a raíz de la agresión de un profesor del instituto contra un alumno que llevaba una bandera de Palestina. Un portavoz de la policía justifica la prohibición ante la radio pública de Berlín y Brandenburgo de la siguiente forma: “Podíamos esperar de antemano que posiblemente simpatizantes de Hamás instrumentalizaran esta concentración para sus fines”. Estos supuestos simpatizantes habrían procedido de grupos que convocaron otra manifestación que iba a tener lugar en las inmediaciones y que, a su vez, había sido prohibida un día antes.

La suspensión de la libertad de expresión y del derecho de reunión queda, por lo tanto, justificada de la siguiente manera: ante la posibilidad de que los participantes de otra manifestación prohibida se adhieran a la del instituto, esta queda también prohibida. Para comprender mejor el contexto de este razonamiento es necesario atender a la cuestión de por qué la primera manifestación fue prohibida: cabía la posibilidad de que entre los manifestantes se dieran delitos de odio o se pronunciaran expresiones antisemitas.

Paradójicamente, si este encadenamiento de prohibiciones hubiera sido una simple anécdota, el hecho habría sido escandaloso y habría tenido eco en la opinión pública alemana. Sin embargo, lo cierto es que las prohibiciones de manifestaciones en defensa de la libre determinación de Palestina, contra la ocupación israelí y, en general, de cualquiera que dirija una crítica contundente al Estado de Israel llevan años produciéndose. Las prohibiciones son preventivas, esto es, aunque las convocatorias a estas manifestaciones no contengan ningún tipo de alusiones antisemitas o de apología de la violencia, las autoridades competentes consideran que, ante la posibilidad de que durante la celebración de la protesta se produzcan tales casos de violencia verbal, deben prohibirse. De esta forma, sopesan las autoridades los derechos que –quizá– pudieran entrar en colisión.

Especialmente en Berlín, los últimos años se ha impuesto una prohibición sistemática de las manifestaciones organizadas por la diáspora palestina. Los casos de mayo de 2022 y 2023 en torno al aniversario de la Nakba (la Catástrofe, la expulsión de palestinos de sus tierras en 1948), o en abril de 2023 son ejemplos a los que se suman las manifestaciones convocadas estos días a causa de la escalada de violencia en Oriente Próximo. Los derechos de libertad de expresión y de reunión son derechos fundamentales. Los estándares internacionales sobre los derechos humanos contemplan una restricción solo en ocasiones muy determinadas, en las que exista un concreto peligro para la seguridad pública.

Las autoridades berlinesas fundamentan el concurso de un peligro concreto en precedentes dados en pasadas manifestaciones de características similares. En su declaración del 12 de septiembre de 2023, Amnistía Internacional llama la atención a las autoridades por lo que considera prohibiciones sistemáticas de las protestas del pueblo palestino en Alemania: “Con tal fundamentación, los derechos del pueblo palestino y de quienes los apoyan para organizarse y manifestarse pacíficamente son restringidos de forma general (…) y para un periodo de tiempo indeterminado”.

Además, la declaración de Amnistía Internacional apunta a los sesgos racistas de estas prohibiciones. En mayo de 2023, después de que se prohibiera la manifestación por el aniversario de la Nakba, se prohibió una segunda manifestación convocada con el lema “por la libertad de expresión y reunión”, con el argumento, entre otros, de la procedencia árabe de los posibles asistentes. En estas circunstancias, en torno al lugar de celebración de las manifestaciones finalmente prohibidas, el racial profiling se convierte en una práctica habitual realizada por la policía en controles desproporcionados. Teniendo en cuenta que muchas de las manifestaciones planeadas se querían celebrar en Neukölln, un barrio caracterizado por la concentración de personas de procedencia de países árabes, como Palestina, pero también de Líbano, Siria o Jordania, la sospecha abarca a una buena parte del barrio. 

Se han dado asimismo casos de limitaciones de los derechos de expresión en el ámbito cultural, cuando en ellos hay una clara crítica al Estado de Israel. Ejemplos son los de la prohibición de conciertos de Roger Waters (Pink Floyd) este mismo año o la prohibición a la banda madrileña Ska-P de tocar su canción 'Intifada'. La justificación en todos estos casos es siempre la misma: el “antisemitismo”. El concepto de antisemitismo ha sido ensanchado de tal forma que cualquier crítica a Israel cabe bajo esta misma etiqueta. La página del Gobierno explica cómo a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto se le ha añadido en Alemania un apéndice: “Además, el Estado de Israel, considerado como colectivo judío, puede ser objeto de estos ataques [antisemitas]”. Esta ampliación alemana del concepto de antisemitismo, apuntalada institucionalmente, ejerce presión sobre posiciones críticas a Israel. En este contexto, la carrera profesional o política de cualquier persona pende de un hilo cuando amenaza una posible acusación de “antisemitismo”. Esto remite a la alineación de Alemania con el Estado hebreo: “La seguridad de Israel es Razón de Estado para Alemania”, ratifica el Parlamento alemán en una declaración aprobada el pasado jueves 12, en la cual también se afirma que “Alemania debe poner a disposición [de Israel] todo lo necesario y deseado para su defensa” (propuesta de resolución 20/8735 del Bundestag registrada el 10 octubre).

El mismo miércoles 11, unas horas después de que la concentración delante del instituto Ernst Abbe fuera disuelta, hacia las 5 de la tarde alrededor de 70 activistas se reúnen en la plaza Hermannplatz, al norte del mismo barrio de Neukölln, para mostrar su solidaridad con Palestina, pese a las prohibiciones. La concentración no está permitida. La policía rodea a los manifestantes, impidiendo que se vayan, para proceder a identificarlos y a multarlos. La presencia policial en los alrededores es propia de una manifestación masiva. Entre los viandantes atónitos se oyen algunas voces: “Free Palestine!”. Todos los vecinos y vecinas parecen estar bajo sospecha por parte de la policía que advierte por el megáfono: “Cualquiera que se solidarice con esta concentración no permitida será considerado como parte de ella”. Los derechos fundamentales en Alemania están en vigor, pero no para todos.