La prioridad absoluta y casi dogmática de evitar cualquier apagón no puede convertirse en un obstáculo que bloquee la descarbonización. Y para ello existe margen de actuación, siempre que se elimine la restricción de los 25 años, que nos conduce a un carbon lock-in injustificado y contrario a los objetivos climáticos

En muchas de nuestras casas tenemos batidoras Osterizer que llevan más de 35 años funcionando, y que como mucho han necesitado un recambio del vaso. Si alguien nos propusiera retirarla a los 25 años y sustituirla por una nueva, consideraríamos esa decisión poco razonable, siempre que el uso y el mantenimiento hayan sido adecuados.

Con los grupos térmicos en Canarias ocurre algo similar. Muchos superan con creces los 25 años y, con el uso y las revisiones apropiadas, siguen cumpliendo perfectamente su función. De hecho, en un reportaje de finales de noviembre de 2024, UNELCO informaba de una revisión completa de un grupo de 80 MW de 1995 —con 30 años entonces— con la previsión de operar al menos 8 años más, que es cuando corresponde su siguiente revisión integral.

Sin embargo, el Real Decreto 738/2015, que regula el sistema eléctrico canario, establece en su artículo 25 una medida que no va precisamente en esa línea: fija en 25 años la vida útil regulatoria de estos grupos. Esta cifra es especialmente relevante porque es el límite para obtener la retribución adicional que hace rentable instalarlos en Canarias. Además, es el valor que ha utilizado el operador del sistema para calcular la potencia nueva que debe instalarse. La consecuencia: las cifras tan abultadas de nueva potencia previstas en el Proceso de Concurrencia Competitiva.

Ese límite de 25 años, fijado en un decreto de 2015, podría haber tenido cierta lógica en su momento (aunque ya entonces se pasaron por alto elementos importantes del contexto). La razón principal era limitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los grupos más antiguos. Pero las políticas no son estáticas: igual que en informática los estándares quedan obsoletos con la evolución tecnológica, en el ámbito energético el contexto ha cambiado profundamente.

En 2019, con los datos disponibles de aquel momento Canarias emitió una declaración de emergencia climática, que el tiempo ha demostrado que fue oportuna, y si no recuerden la apertura prevista de Refugios climáticos por el actual gobierno canario, en esta declaración Canarias fijó su objetivo de descarbonización para el 2040, desde ese momento establecer la vida útil regulatoria en 25 años tal como preveeía el decreto 738/2015 quedaba obsoleto. La Península también ha recortado plazos, y plantea una penetración de renovables del 90% para 2030. En este contexto, el objetivo ya no debe ser reducir las emisiones de los grupos térmico existentes, sino sustituirlos progresivamente por renovables, tanto no gestionables (eólica y fotovoltaica) como gestionables (bombeos y baterías). Hoy estas tecnologías son seguras, están maduras y están disponibles para una transición energética rápida. 

Conviene poner otro aspecto sobre la mesa: la prioridad absoluta y casi dogmática de evitar cualquier apagón no puede convertirse en un obstáculo que bloquee la descarbonización. Probablemente este énfasis en la continuidad total del suministro nace menos de la preocupación por los daños personales —que, aunque críticos, son comparativamente bajos en episodios aislados— y más del impacto económico que generan los cortes prolongados. Si realmente la prioridad fueran los daños humanos, la hoja de ruta sería distinta: deberíamos considerar las muertes, enfermedades e incluso la migración forzada que está provocando el cambio climático. En ese caso, y asumiendo que los fallos puntuales de suministro pueden gestionarse con planificación, la estrategia sería sustituir los grupos térmicos por renovables, no renovarlos para seguir quemando combustibles fósiles.

Y para ello existe margen de actuación, siempre que se elimine la restricción de los 25 años, que nos conduce a un carbon lock-in injustificado y contrario a los objetivos climáticos.

En resumen: el Proceso de Concurrencia Competitiva en Canarias, tal como está planteado, se ha convertido en un mecanismo anacrónico e inoportuno. A la espera de que desde la Administración central alguien lúcido y valiente lo reconduzca, este proceso está poniendo en riesgo la transición ecológica en lugar de apuntalarla.

Comenzando por lo último, el cero de La Gomera que, según él mismo indica, se prolongó durante 72 horas, no fue debido a las causas que este señor expone. 

En primer lugar, la salida de un cero en una isla como la Gomera se puede realizar en tres o cuatro horas como máximo, siempre y cuando haya grupos que se puedan arrancar. Según informaciones periodísticas, el cero de la Gomera se produjo por un incendio en la sala de servicios auxiliares de la Central del Palmar, sala donde estaban concentrados TODOS los servicios auxiliares de TODOS los grupos. Evidentemente si nos quedamos sin TODOS los grupos el apagón es de época y sin embargo fue relativamente corto para la envergadura del problema que se planteó, derivado de la falta de diversificación en  la colocación de esos servicios auxiliares. 

En segundo lugar, si la situación de la Gomera es tan precaria como el Sr. Curbelo intenta transmitir, lo razonable es que alguno de los grupos de emergencia que se van a instalar en breve en las islas, hubiesen ido para esta isla y esto no va a ocurrir.

En tercer lugar, la conexión con Tenerife se va a realizar mediante un doble cable submarino de 66 KV que permitiría abastecer más del doble de la demanda que precisa La Gomera, por lo que en vez de estar pensando en renovar grupos térmicos de combustibles fósiles, se debería estar pensando en una verdadera transición energética, dado que con el nuevo enlace la necesidad de la central del Palmar quedara de una manera testimonial para cuando ocurra una hecatombe y el cable submarino se averíe.

Continuando con lo de los parques eólicos, conviene resaltar una situación bastante curiosa que consiste en una inversión bastante avispada ante una situación que está por venir. Sobre marzo del año pasado se inauguraron cinco parques eólicos con una potencia total de 12 MW, que según los políticos iban a dar suficiente energía para satisfacer las necesidades de la isla. De entrada, resulta curioso que una isla con una punta de 10 MW y un valle de 8 MW, se instalen 12 MW de eólica. Pero es que, si tenemos en cuenta que el operador del sistema solo va a permitir el 50% de generación no gestionable, solo se podrían acoplar a la red 5 MW en la punta y 4 MW en el valle de los 12 instalados. Esto hubiese sido una inversión calamitosa, si no hubiera estado por medio la instalación del cable submarino, porque esto va a permitir que en el nuevo sistema eléctrico Tenerife-La Gomera, con una punta de más de 500 MW, podamos tener un cupo de mas de 250 MW de energía no gestionable. En otras palabras, los parques eólicos de La Gomera, no solo se van a aprovechar en la isla, sino que servirán para alimentar también la isla de Tenerife.

Teniendo en cuenta lo anterior ya nos estamos viendo a los políticos gomeros alardear de que su isla es 100% renovable cuando la producción parcial de los eólicos iguale o supere la demanda de La Gomera, olvidando que la conexión con Tenerife es lo que permite que esos eólicos puedan verter a la red. Es algo así como si mañana los políticos de Arico, que es donde están instalados buena parte de los eólicos de Tenerife, comiencen a decir que su municipio es 100% renovable, olvidando que solo son parte de un sistema eléctrico mayor.

No dudamos que el señor Curbelo es una persona perfectamente informada en todos los temas que trata y es por ello que quizás le roguemos que sea un poquito más riguroso en las declaraciones que realiza.

Como tema estrella sigue destacando el que se le ha entregado en monopolio a REE los bombeos de las islas. Esto no es así, pero si lo fuera, sería el menor de los problemas. REE es lo más parecido a una empresa estatal en el sector eléctrico que se da hoy en día en España.

Pero la realidad es que los bombeos canarios no quedan en manos del operador del sistema, salvo aquellos que están destinados a unos fines especiales. Concretamente la Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares en su artículo 5, apartado 1 dice: “En los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares las instalaciones de bombeo tendrán como finalidad principal la garantía del suministro, la seguridad del sistema y la integración de energías renovables no gestionables. En estos casos, la titularidad de las instalaciones de bombeo deberá corresponder al operador del sistema”.

Pero además en el apartado siguiente deja claro: “En otros supuestos distintos a los contemplados en el apartado anterior, la titularidad de las instalaciones de bombeo corresponderá al que resulte adjudicatario de un procedimiento de concurrencia competitiva convocado en los términos que reglamentariamente se determinen por real decreto del Consejo de Ministros”.

Por tanto, queda claro que, si la finalidad del bombeo son los tres supuestos antes especificados, el titular será REE. En caso de que no, el titular podrá ser cualquiera.

Todo lo comentado queda plasmado de forma patente en el proyecto que el Cabildo está desarrollando de un hidrobombeo de agua salada en norte de Gran Canaria. Se trata de una iniciativa con una inversión de 171 millones de euros y una producción de 70 megavatios, que avanza en una propuesta innovadora para el almacenamiento de energía en la Isla.

El grave problema de los que argumentan equivocadamente estas cuestiones es que no terminan de comprender cual es la realidad del sistema eléctrico en España en general y en Canarias en particular.

Todos los países europeos sufrieron un afán privatizador de las empresas del sector que hizo perder control del estado sobre una actividad que es vital y estratégica para los intereses patrios. Pero todos se guardaron un “as” en la manga para que esa perdida de control no fuera total. Ese “as” se llama Eon en Alemania, Enel en Italia, EDF en Francia y por supuesto REE en España. Efectivamente, REE esta controlada totalmente por el estado (20% de las acciones por la SEPI y el resto de accionistas no pueden superar el 5% y la prohibición expresa de no poder sindicar las acciones), tanto es así, que cada vez que hay cambio de color en el gobierno se cambia al presidente de esta compañía por alguien afín. REE tiene el monopolio de las cuestiones estratégicas del sistema eléctrico español, como son el transporte de la energía eléctrica y la operación del sistema. Por todo esto considerar que REE intenta expoliar a un territorio o que está controlado por determinados fondos o por intereses extranjeros, es estar muy lejos de la realidad. En buena lógica y por todo lo comentado, decir que REE intenta esquilmar los recursos de Gran Canaria es equivalente a decir que el estado español intenta esquilmar esos recursos.

El Salto de Chira no será una central de bombeo al uso, en la que se bombea en horas valle mas baratas y se turbina en horas punta más caras, será un bombeo con otras finalidades más importantes que el simple lucro económico y por todo ello su retribución se llevara a cabo mediante una orden ministerial específica, en la que se tienen en cuenta una serie de parámetros más relacionados con la estabilidad del sistema y la penetración de renovables que por otras cuestiones. Por todo ello, el legislador ha considerado, con toda la lógica del mundo, que si esto va a ser así, lo lógico es que su titular sea alguien que considere otra serie de cuestiones aparte del beneficio económico. Entre las compañías intervinientes en el sector eléctrico español, es muy difícil encontrar otra compañía como REE que pueda cumplir estas condiciones. 

Las olas de calor del pasado octubre mostraron lo devastador que puede ser el cambio climático para la salud de todos y todas. Hay que felicitar a la Consejería de Educación por la rapidez con que ha reaccionado frente a los efectos de las mismas en la comunidad escolar, especialmente en el alumnado. Todos estamos preocupados por cómo afrontar los próximos episodios de este tipo en los centros escolares. 

Parece acertado por parte de los dirigentes de la Consejería distinguir entre medidas a tomar en el corto y en el largo plazo. En el corto, el anuncio de un protocolo de suspensión de clases cuando vuelvan los calores extremos, asimismo que desde los centros se empiece a trabajar en medidas tales como rincones de sombra, más árboles y mejor ventilación. Podríamos añadir algún punto como el que todos los alumnos puedan tener acceso gratuito al agua fresca, pero en general el espíritu de la iniciativa la consideramos buena.

Queremos hacer algunas reflexiones tanto sobre estas medidas a corto plazo como las nuevas inversiones que se contemplan a largo plazo. La priorización de las actuaciones de adaptación al cambio climático en los centros escolares no puede depender solamente de la diligencia o no de los equipos directivos en presentar proyectos para sus centros. La Dirección de Infraestructuras en el caso de los centros de  Bachillerato y Secundaria y las Concejalías de los Ayuntamientos que correspondan en el caso de los colegios públicos son las instancias que tienen que diseñar la secuenciación de las inversiones a llevar a cabo en función de variables objetivas que midan el riesgo del alumnado a sufrir los aumentos de temperatura. Nos referimos a variables tales como la ubicación de los centros, su diseño arquitectónico, la existencia o no de instalaciones de climatización y la calidad de su construcción, esto es lo que debiera marcar la urgencia de las obras a llevar a cabo. En cuanto a la ubicación parece razonable iniciar las obras de adaptación a la crisis climática en los centros ubicados en el sur de las islas, teniendo en cuenta sus temperaturas más altas.

La época de la COVID demostró que para los niveles educativos de los que hablamos la enseñanza a distancia tiene muchos inconvenientes, las clases telemáticas o la reducción de la jornada escolar  afectan severamente a la formación del alumnado, se pierde la función de socialización que juega la presencia escolar en la vida de los jóvenes. Además ante las olas de calor  los hogares de una  gran parte del alumnado no están mejor preparados climáticamente que los colegios para soportar las altas temperaturas, y a esto se le suma la necesidad de conciliación familiar donde muchos padres y madres no pueden hacerse cargo de sus hijos en periodo escolar. Todo ello redunda en  la necesidad de imprimir celeridad a estas inversiones de adaptación.

Desde los centros educativos, podemos plantear las consecuencias del cambio climático como una oportunidad de aprendizaje donde los alumnos y alumnas pueden aprender por ejemplo, medidas de monitorización del clima, concienciación en el respeto al medio ambiente, ahorro energético, etc. Podemos plantear proyectos de centro mediante modelos de aprendizaje  donde se enseñe a fomentar el ahorro del agua y de las energías y medidas para paliar las consecuencias del cambio climático que supongan un beneficio para el propio centro y para la sociedad.

Por otro lado, casi todos los centros cuentan con amplias azoteas, canchas al aire libre y aparcamientos que se pueden techar con paneles fotovoltaicos generando energía para los necesarios sistemas de climatización y cubrir los servicios del propio centro. Los excedentes energéticos producidos, pueden ser compartidos con la sociedad mediante comunidades energéticas, dedicando parte de los beneficios a reducir los gastos e inversiones en el propio centro.

Esta pionera iniciativa de la Consejería de Educación en Canarias tiene que extenderse a otras administraciones e instituciones, para que se tomen medidas del mismo calado para proteger a la población en otros ámbitos, tales como las instalaciones sanitarias, los lugares de trabajo, los espacios públicos y zonas residenciales.

No podemos acabar sin recordar la causa primera de esta crisis climática, la quema de combustibles fósiles, por lo que el principal esfuerzo inversor de la sociedad tiene que llevarse a cabo en la implantación de renovables. Es en este proceso de descarbonización donde nos jugamos el futuro.