No voy a hablar de Ábalos. No seré yo quien señale a ese señor con el dedo acusador ahora que su carrera política se encamina hacia el final; aunque algunas tardes de gloria todavía nos dará. Para eso está la justicia y para eso nos damos las leyes. Lo que sí me gustaría hacer es una particular reflexión sobre la corrupción en nuestro país, más allá de las circunstancias de este caso concreto. 

Un reciente estudio publicado por la Universidad de Barcelona afirma que en las dos últimas décadas se han detectado en España 3.743 casos de corrupción. La mayor parte en la administración local; la mayor parte en los grandes municipios y la mayor parte concentrada en los dos grandes partidos nacionales, el socialista y el conservador. Hubo, no obstante, para casi todos, como Izquierda Unida, con el 4 % del total, y como no, para Convergència i Unió, con el ya famoso “tres per cent”. 

Pero más allá del quien, creo que también deberíamos poner el foco en el qué o en el cómo. Así, la mayor parte de las causas de la corrupción están relacionadas con el urbanismo, con la sustracción de fondos públicos y también con el amaño de licitaciones. Por otra parte, según algunos estudios, la corrupción le cuesta a España casi 100.000 millones de euros al año. Esto representa aproximadamente el 8% del PIB y nos permitiría pagar dos terceras de las pensiones; es cinco veces lo que invertimos en prestaciones por desempleo o diez veces el gasto del estado en políticas de familia. Mas didáctico aún, el coste de la corrupción es de 2.000 euros aproximadamente por cada ciudadano español al año.

El estudio del BBVA sobre 'Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España' afirma que la calidad de las instituciones y el control de la corrupción son fundamentales para el desarrollo económico de los países, especialmente en el caso de los más desarrollados. La corrupción, según este estudio, reduce los niveles de inversión porque disminuye la calidad de los proyectos empresariales e incrementa su incertidumbre, desviando recursos a la búsqueda de rentas, en lugar de dedicarlos a actividades productivas y a la inversión. Según este estudio, si fuéramos capaces de mejorar nuestra calidad institucional a largo plazo podríamos incrementar nuestro PIB per cápita una media del 20%. 

A pesar de esto, los españoles cada vez mostramos más desapego por la política y le damos menos importancia al problema de la corrupción, como pone de manifiesto el CIS en su informe anual. Apenas el 4% de los españoles lo considera un problema. Sin embargo, no nos importa arrojarnos a la cabeza cualquier caso más o menos relevante con el argumento del “y tu más”, sin analizar lo que realmente nos cuesta y lo que supone para nuestro presente y nuestro futuro.

Por otra parte, la tendencia mundial es que el debilitamiento de los sistemas judiciales está limitando la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, en su sentido más amplio, facilitando que prospere la corrupción. Cada vez más la justicia está siendo socavada por líderes de todo tipo, desde los más autoritarios hasta los formalmente demócratas. Incluso los países más desarrollados tienen sus propios problemas de corrupción, que en ocasiones no se ven reflejados en los rankings de transparencia. 

Así las cosas, la corrupción seguirá prosperando hasta que la ciudadanía no asuma que, más allá del reproche ético, esta tiene un impacto social y económico directo en su vida y que los ataques a la justicia limitan las posibilidades de luchar contra ella.

Hace unos días, durante una excursión por la sierra murciana alguien sacó a pasear el tema de la vivienda en Murcia. ¿Sabéis que van a construir en nuestro barrio viviendas de lujo con todo tipo de servicios? Piscina, gimnasio, sala de trabajo, barbacoa, etc. por solo 400.00 euros.

¿Por solo 400.000 euros? El problema no es que se edifique vivienda por ese precio. El problema es que nos parece normal para pisos que no llegan a los 100 metros en el extrarradio de una capital de provincia.

Hasta hace menos de 20 años cualquier pareja con un salario medio y un trabajo estable podía plantearse la emancipación mediante la compra de una vivienda. Incluso había jóvenes que decidían independizarse solos y accedían al mercado inmobiliario sin demasiadas dificultades. Un mercado de alquiler también accesible ofrecía la posibilidad de iniciar una vida independiente con mayor facilidad.

Sin embargo, la situación cambió con la irrupción de la burbuja inmobiliaria y los locos años 2000. Se construía para especular y se olvidó, especialmente por parte de las administraciones públicas, que tal y como establece el artículo 47 de nuestra constitución, “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

A pesar de que los precios se han ajustado a la baja desde los picos de 2008, el descenso ha sido claramente insuficiente. Si a esto sumamos la precariedad del empleo en general y del juvenil en particular -no hace falta que recuerde que somos líderes europeos- las posibilidades reales de emancipación de nuestros jóvenes son bastante limitadas.

Precios de acceso a la vivienda inaccesibles, empleo de baja cualificación y mal remunerado, una formación superior mal estructurada, como nos recuerda recurrentemente el informe PISA, y la dejadez de nuestros gobiernos que andaban más preocupados en garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas que en resolver el futuro de nuestros jóvenes, nos ha traído hasta aquí.

En nuestra región se acaba de anunciar un plan de apoyo a la juventud que extiende la edad de los beneficiarios hasta los 40 años y que cuenta con un presupuesto de casi 80 millones de euros. El citado plan incluye medidas centradas en el ocio, el empleo y también en la vivienda. Un totum revolutum de acciones que pretenden mejorar la situación de nuestros jóvenes desde los 14 a los 40 años. Según el propio presidente, 'OporTUnidades', que así se llama el plan, no es un programa cerrado, “si una medida no funciona, se sustituye por otra que pueda funcionar y que hayan propuesto los jóvenes”.

Creo que nuestra sociedad, y en especial nuestros jóvenes, merecen una aproximación mas elaborada a este complejo problema. En primer lugar, se merecen que las medidas que se anuncian se ejecuten completamente. Por ejemplo, las ayudas al alquiler, que apenas se han concedido, o las de adquisición de vivienda en localidades inferiores a 10.000 habitantes o incluso el aval joven.

También se merecen nuestros jóvenes que los gestores públicos realicen un planteamiento a largo plazo de los desafíos que afectan a nuestra sociedad, porque en este caso el problema de la vivienda no se resuelve con medidas aisladas.

Si el propio sector inmobiliario pide un pacto de estado para impulsar el desarrollo de vivienda asequible, si el Sr. Feijóo ofreció ese mismo pacto en abril de 2023, y si la recién nombrada ministra de Vivienda acaba de reclamar a comunidades, ayuntamientos y empresas ese acuerdo, entonces, ¿cuál es el problema?

Creo que es necesario adoptar valientes reformas estructurales en diferentes ámbitos, así como fomentar un verdadero acuerdo, más allá de intereses partidistas, para resolver uno de los más graves problemas que afronta nuestra sociedad, el de la vivienda.

Esta semana entraba en vigor la prohibición del uso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos en los centros educativos de nuestra Región. Es una medida que se implementará en todas las etapas educativas y que ha sido fruto del consenso de los expertos consultados por el ejecutivo regional, según dice la nota de prensa. Para el consejero de educación, Víctor Marín, la prohibición “supone un respaldo normativo y refuerza la autonomía pedagógica de los centros, así como la figura de autoridad del docente”.

Hace unas semanas recibíamos muy malas noticias en el ámbito de la enseñanza en nuestra Región. De nuevo, otro informe PISA venía a poner de manifiesto la continua pérdida de competitividad de nuestro sistema educativo en comparación con otras comunidades autónomas y con los países de nuestro entorno, mientras reclamábamos aquí la puesta en marcha de una estrategia prioritaria orientada a reducir la distancia que se estaba generando.

No sabemos si esta medida forma parte de esa estrategia, pero sin duda es un primer paso para reforzar la autoridad del profesor, tal y como dice el consejero. Además, para mí, que ya había iniciado una guerra personal con mis dos hijas adolescentes para limitar el uso del teléfono móvil, su mal uso en este caso, supone la llegada de importantes refuerzos en el fragor de la batalla.

En España, el 85% de las personas que navega por Internet utilizan las redes sociales, lo que supone más de 28 millones de personas. Si nos centramos en jóvenes y adolescentes, el 98,5% está registrado en alguna red social. El problema no es tanto la existencia de esa herramienta, sino el uso que le estamos dando y los problemas que está generando en nuestros hijos. En su formación, en las escuelas y también en sus relaciones y en su vida social. Si a esto sumamos la generalización de la inteligencia artificial y la irrupción de aplicaciones que amplifican el problema, el panorama es muy preocupante.

A diario nos desayunamos con todo tipo de noticias relacionadas con el mal uso de estas tecnologías, desde el ciberbullying, situaciones de acoso a través de Internet entre menores, pasando por el ciberbaiting, cuando el acoso se realiza al propio profesor, el grooming, donde un menor se ve sometido al acoso por parte de un adulto con fines de carácter sexual o de otro tipo o el sexting, práctica consistente en enviar imágenes propias, fotografías y vídeos íntimos, o con contenido sexual, que son tomadas y grabadas por los protagonistas de las imágenes o, con su consentimiento, por terceras personas y posteriormente difundidas de manera no consentida.

Estas figuras pueden suponer la comisión de diversos tipos de actividades delictivas como es el caso del delito de amenazas, el de acoso, delitos contra la integridad moral, calumnias, injurias, descubrimiento o revelación de secretos; trasladando así el problema desde las aulas de los colegios a los juzgados de menores.

Más allá del mal uso de estas tecnologías fuera de las aulas, nos gustaría que esta medida recién implantada fuese el primer paso de una estrategia que sitúe a la educación pública como una de nuestras grandes prioridades regionales. Una estrategia que garantice que nuestros hijos cuentan con un trasporte escolar eficiente, que los padres podemos estar tranquilos con la calidad de los menús de los comedores escolares y que las instalaciones de los centros educativos cuentan con un correcto mantenimiento. También un sistema que forme de manera continua a los profesores y apoye su labor dentro y fuera de las aulas. Y sobre todo que apueste por la excelencia y el esfuerzo de nuestros hijos sabiendo que al finalizar sus estudios contaran con oportunidades para obtener un empleo digno.

Decía mi abuelo, que en paz descanse, que en esta vida todo tiene solución salvo la muerte y pagar la contribución. Puede parecer algo exagerado quizá, pero parte de razón tenía este huertano cabal. Así, los impuestos, también la contribución, vuelven todos los años fieles a su cita para financiar los servicios que la administración presta a sus ciudadanos.

Este año el Ayuntamiento de Murcia anuncia una importante subida del IBI, de la tasa de basuras, del impuesto de vehículos y el de actividades económicas. Subidas que van del 38% en el caso de la tasa de basuras al 6% en el resto. Desde luego subidas muy por encima del IPC estimado, en torno al 3,2% y también por encima del incremento de los salarios o las pensiones y que afectan por igual con independencia del nivel de renta de cada murciano.

Con este importante incremento de las tasas e impuestos municipales el Ayuntamiento espera recaudar 25 millones de euros más que permitirán compensar las cuentas públicas. Cuadrar y aprobar un presupuesto es el nudo gordiano de todo ejercicio en la administración. Todos los partidos políticos tienen su receta particular, desde las opciones más liberales, que apuestan por su reducción y simplificación hasta los partidos mas intervencionistas, dispuestos siempre a cargar sobre las espaldas de los ciudadanos el peso de una mala gestión pública.

Por otra parte, una subida generalizada de impuestos no siempre significa mayores ingresos. De hecho, hay teorías económicas que defienden una la bajada de impuestos para obtener mayor recaudación. Es el caso de la curva de Laffer, que representa la relación teórica entre los tipos impositivos y los niveles resultantes de los ingresos fiscales. Para este profesor norteamericano, si bajamos los impuestos se pueden recaudar más ingresos, donde la bajada de impuestos lo que hace es reactivar la economía, manteniendo siempre un equilibrio.

Sea como fuere, no es imprescindible subir los impuestos o recurrir a Lafter para cuadrar las cuentas públicas. También tenemos la opción de reducir el gasto, como hace todo hijo de vecino cuando es necesario. Si bien es cierto que los gestores municipales deben asumir importantes obligaciones económicas como consecuencia de sucesivas sentencias condenatorias, decenas de millones de euros, también lo es que esas sentencias traen su causa en la propia gestión de los populares en el municipio de Murcia durante las últimas legislaturas.

La subida impositiva anunciada por el Ayuntamiento de Murcia plantea interrogantes sobre su necesidad como única vía para cuadrar las cuentas públicas. La ciudadanía espera respuestas más coherentes, así mientras la administración busca soluciones financieras en los bolsillos de los murcianos, no podemos pasar por alto la importancia de una gestión eficiente y responsable para evitar cargar injustamente a los contribuyentes con el peso de las decisiones pasadas.

Mi madre ha sido maestra de escuela durante mas de 40 años. Hoy está felizmente jubilada y dedica su tiempo a disfrutar de sus nietos, a pasear con sus amigas y a discutir de política con uno de sus hijos, en este caso conmigo. De vez en cuando queda con sus antiguos alumnos y arreglan el mundo, o al menos este pequeño trozo murciano, para seguir unidos tantos años después. 

Creo que su caso no es una excepción, sobre todo para aquellos que ya tenemos una edad. Creo que muchos maestros son respetados y queridos por sus alumnos y que todavía siguen siendo una referencia vital para ellos. Pero, lamentablemente, tengo la impresión de que cada vez es menos frecuente.

Cada vez los profesores tienen mas dificultades para hacerse respetar en las aulas. Ni los alumnos ni las familias ni la sociedad en general los consideran una referencia fundamental para su formación y su desarrollo personal, perdiendo por lo tanto la autoridad ante ellos.

Para mi madre y, supongo que para muchos profesores más, la guerra está casi perdida desde hace algún tiempo. Durante los últimos años se han ido sucediendo pequeños reveses que nos han traído hasta aquí. Además de la paulatina perdida de autoridad de los profesores, hemos asistido a una sucesión de leyes educativas cada cual mas ideológica que han desterrado la meritocracia de nuestro sistema, han hiperprotegido a nuestros hijos y les han quitado las armas necesarias para tolerar el fracaso en una sociedad tan competitiva como la actual.

La educación es una de las herramientas más importantes que tenemos como sociedad. Además de facilitar el desarrollo personal y fomentar el espíritu crítico de cada individuo, permite la conservación y transmisión de los valores mayoritarios, así como el desarrollo económico y social de cada comunidad.

Este año el informe PISA vuelve a reflejar el pésimo nivel educativo de España en general y de la Región de Murcia, en particular. Lamentablemente, los estudiantes murcianos son de los peores en Matemáticas, solo por delante de Melilla, Canarias y Andalucía, y se encuentran por debajo de la media española y de los países de la OCDE en Ciencias y en Lectura.

No solo eso, si tenemos en cuenta el índice ISEC, que combina la evaluación educativa, el estatus ocupacional de los padres y la riqueza de las familias, la Región de Murcia está a la cola de las comunidades autónomas españolas y de los países donde se realiza este estudio.

De hecho, del análisis de los citados informes se desprende que nuestra región es una de las que más diferencias educativas presenta entre favorecidos y desfavorecidos, en concreto, la tercera peor comunidad en esta categoría, y si esto fuera poco, además cuenta con las mayores desigualdades entre alumnos nativos y migrantes, así como entre colegios públicos y privados.

Si a todo esto sumamos que Murcia lleva años liderando los índices nacionales de abandono escolar y que es una de las CCAA donde menos se invierte en educación, recordemos los últimos recortes en las infraestructuras de los colegios públicos y el fracaso en la gestión del trasporte escolar, nos queda un panorama desolador.

Pues bien, después de este chorreo que nos da PISA – OCDE cualquiera pensaría que algún responsable político se daría por aludido. Que sonarían todas las alarmas en San Esteban y que el consejero de turno se pondría a trabajar en un plan de choque financiado con importantes recursos públicos colocando a la educación como la máxima prioridad política murciana.

Pues no, parece que no. Desde la CARM se han limitado a puntualizar que son “conscientes de que hay que continuar trabajando para mejorar el rendimiento académico del alumnado”. Chimpún.

A lo mejor, después de respuestas como esta y de la poca capacidad reivindicativa de los murcianos, tenemos que empezar a asumir que nuestros hijos crecerán sin el necesario espíritu crítico que les proporciona una educación de calidad, o sin las herramientas más básicas y necesarias para progresar en la vida, perpetuando de esta manera diferencias económicas y sociales. A lo mejor tenemos que admitir que somos producto de nuestro entorno y nuestro contexto y que después de casi medio siglo de democracia los gobernantes que nos precedieron hicieron muy bien su trabajo.

Un viejo amigo funcionario me suele echar en cara la falta de escrúpulos de la clase política en general y, de alguno de ellos, en particular. Lo hace desde el conocimiento empírico, pero también desde el entendimiento teórico. “Pedro”, me dice, “he visto pasar a tantos por aquí, casi todos cortados por el mismo patrón, que a veces me asusta”. Además, donde no llega la práctica llega la teoría. Y en esas va y me habla de Overton, de Joseph Overton y su famosa ventana.

Decía el norteamericano, vicepresidente del centro Mackinac, prestigioso instituto de investigación de políticas públicas, que un dirigente solo puede ganar votantes si sus políticas permanecen dentro de una ‘ventana’ que solo incluye lo que la sociedad está dispuesta a tolerar en ese momento. Y añadía que es posible ampliar esa ventana para introducir asuntos considerados inaceptables por la opinión pública, pasando entonces a ser percibidos como tolerables.

La verdad es que lo que me cuentas me suena a chino, respondí, pero él continuó hablando: “Imagina que tienes que enfrentarte a un electorado que confía en ti para que acepte una posición contraria a la que venías defendiendo tradicionalmente, incluso una idea descabellada o simplemente prohibida”. “De acuerdo”, dije. “Me vienen varias a la cabeza. No sé, qué te parece una amnistía, o un soterramiento. O mejor aún, un plan de movilidad”. “Perfecto”, contestó, “una amnistía me puede servir”.

Verás, Overton nos describe un proceso con cinco etapas. En la primera pasaríamos de considerar la amnistía como un concepto impensable, a algo de carácter radical, amparándonos en la libertad de expresión y en la propia ciencia. En este caso pondríamos a expertos juristas a opinar sobre este tema, esperando una posterior validación ante los tribunales. De esta forma pasaríamos de una proyecto o idea inaceptable a otra discutible. “Amnistía o plan de movilidad”, contesté, “imagina que ponen a opinar a un comité de expertos internacionales sobre las emisiones de CO2 en el barrio del Carmen”. “De acuerdo, te lo compro, amnistía o plan de movilidad”.

Una segunda fase nos trasladaría de lo radical a lo aceptable. Ahora lo que queremos es que se acepte la amnistía. Seguiríamos comunicando las opiniones de los juristas y empezaríamos a señalar con el dedo a los intransigentes, a los que se oponen a nuestras ideas. Los llamaríamos exaltados o perroflautas, según se concentren en Ferraz o en el Puente Viejo.

La verdad es que la comparación entre Ferraz y el Puente Viejo me turbó unos segundos, pero mi amigo me saco rápidamente de la confusión y siguió con su relato. “La tercera etapa nos hace pasar de lo aceptable a lo sensato, Pedro. Acabaremos todos asumiendo que la amnistía es la mejor solución para España y que pasar a diario sobre nuestro querido Puente Viejo es un derecho inalienable para todo automóvil, ¿me sigues?”.

Una vez ganado el relato pondríamos toda la maquinaria del poder a funcionar con la intención de popularizar nuestra idea. Todo el mundo hablaría del tema, los periódicos, las televisiones, las redes sociales. En este momento los amnistiados pasarían a ser héroes o incluso más allá, víctimas de una sociedad represora, afianzando su imagen positiva.

Y por último, para finalizar con las fases de Overton, acabaríamos integrando la nueva realidad en lo político a través de un proceso de legalización. Como ves hemos pasado por varios estados, lo impensable, lo radical, lo aceptable, lo sensato, lo popular y lo político, mezclando técnicas y teorías políticas y de comunicación capaces de convencer a cualquiera. A ti también, querido amigo.

De acuerdo, después de todo este proceso la ventana de Overton se ha hecho mas grande, las ideas antes rechazadas son asumidas por parte de la población, el político de turno amplia su respaldo electoral, “pero en la mayoría de las ocasiones la sociedad se ve tensionada y acaba fracturada”, me lamenté.

“Así es”, contestó, “pero recuerda, como decía Maquiavelo, el objetivo final de la acción política es la obtención y la conservación del poder”.

A ver si esta semana quedamos, nos tomamos un café y me sigue explicando teorías políticas.  

Decía Martin Luther King en su 'Carta desde la cárcel de Birmingham' (1963) que “una injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia de cualquier lugar”, extendiendo así la defensa de los derechos civiles de los negros en EEUU hacia otros colectivos. En la actualidad, las democracias occidentales nos hemos dotado, después de siglos de luchas y conquistas, de un corolario de derechos y libertades que, si bien protegen formalmente a los ciudadanos, en ocasiones están lejos de resultar eficaces. No solo se producen graves y continuas vulneraciones de los derechos humanos en regímenes de carácter más o menos totalitario, como es el caso de Arabia Saudí, China o Rusia; sino que cada vez es más frecuente que estos ataques se realicen desde aquellas democracias occidentales que no solo se han obligado formalmente a su cumplimiento, sino que deberían ser garantes de los mismos.

Evidentemente, los conflictos armados son el caldo de cultivo ideal para el atropello de todo tipo de derechos. Cicerón hace dos mil años sentenció que “las leyes son silenciosas en tiempos de guerra”. Solo tenemos que asomarnos a las más cercanas contiendas de Ucrania e Israel, o a otras más silenciadas y lejanas como las del pueblo uigur en China o la guerra de Tigray en el norte de Etiopia.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos y otros tratados recogen una amplia gama de derechos. Cronológicamente podemos distinguir entre derechos de primera, segunda y tercera generación. Entre los primeros encontramos los derechos civiles y políticos, ampliamente reconocidos, que giran en torno al reconocimiento de la libertad personal y la protección de los individuos contra las violaciones cometidas por el estado. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Carta Social Europea del Consejo de Europa recogen los derechos de segunda generación, entre los que se incluyen el derecho a la educación, a la salud, al trabajo o a la vivienda. También el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. Por último, tenemos los derechos humanos de tercera generación, entre los que incluimos el derecho al desarrollo sostenible, a la paz o a un medio ambiente sano.

No hace falta, sin embargo, que vayamos a China o a Etiopia para comprobar como estos derechos no terminan de garantizarse ni siquiera en las más cercanas democracias. Así, quienes vulneran nuestros derechos “no están ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas”, como decía el ex presidente Aznar. Tenemos ejemplos palmarios simplemente cruzando el puerto de la Cadena. El colapso del Mar Menor, sin ir más lejos, es probablemente el mayor desastre ecológico de toda Europa meridional. Una catástrofe que ha terminado por arruinar la zona y ha devastado municipios como Los Alcázares, San Pedro del Pinatar o San Javier, cuyo parque inmobiliario se ha devaluado en casi 5.000 millones de euros en los últimos años.

Sin embargo, más allá de los conflictos de carácter armado o las grandes catástrofes medioambientales, las vulneraciones de los derechos humanos se reproducen de manera sistemática en todo el mundo. No solo los estados amenazan nuestra libertad, también las grandes corporaciones disponen de instrumentos cada vez más potentes, silenciosos y, por tanto, eficaces. En los últimos años hemos asistido a la generalización de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes, que suponen una esperanza para mejorar nuestra calidad de vida, pero que también constituyen una clara amenaza a nuestros derechos y libertades. Las oportunidades para mejorar exponencialmente sectores tan relevantes como la sanidad, la educación o la seguridad plantean también importantes reservas que empiezan a tomarse en serio por los Estados y por las grandes empresas. La IA generativa esta siendo utilizada por muchos países para el control de sus ciudadanos a través de la censura o la vigilancia. China es el ejemplo paradigmático monitoreando, perfilando y controlando a su población; aunque en las sociedades occidentales también estamos sujetos a este tipo de controles sin ser muy conscientes de ello. Esperemos que la distopía anunciada por Orwell en su novela '1984' no acabe confirmándose y en los próximos meses las grandes potencias mundiales y corporaciones tecnológicas se pongan de acuerdo para regular una tecnología tan ilusionante como peligrosa para nuestros derechos.