Cuando vi La Terminal (2004), protagonizada por Tom Hanks, sentí que esa historia tenía mucho de la mía. En la película, Hanks interpreta a Viktor Navorski, un hombre atrapado en un aeropuerto sin poder entrar ni salir porque su país deja de existir debido a un conflicto político. Atrapado en un limbo legal, Navorski sobrevive en la terminal, esperando que la burocracia le devuelva su derecho a existir en algún lugar.

Yo no viví en un aeropuerto, pero sí pasé años sintiéndome igual que el personaje de Hanks: un ser humano al que la administración se negaba a reconocer. Cuando salió La Terminal, yo apenas tenía 10 años y aún no entendía bien el español, pero la angustia de Tom Hanks la sentía mía. A Tom y a mí nos quitaban el sueño las mismas cosas.

Llegué a España con apenas siete años, en 2002, gracias al programa Vacaciones en Paz. Viajé con mi hermano mellizo y nuestra única preocupación era pasar dos meses de verano con nuestra familia de acogida y llevarnos muchos juguetes para nuestros hermanos. Sabíamos que nuestra casa no era ese campo de refugiados; era un lugar que nuestros padres llamaban el ‘Mantaga’ o ‘territorios ocupados’.

Nuestro padre, una figura ausente, pasaba largos períodos en el ejército y nos recompensaba nuestras buenas notas con caramelos de nata, probablemente lo único que podía ofrecernos entonces. Nuestra madre, despojada de todo por la guerra, nos crio sola, recordándonos siempre el Mantaga, un lugar con vistas al mar, donde había mucho pescado y donde solía comer carne a diario. Pero cuando terminaba la frase, sonreía mirando el plato que nos servía: casi siempre lentejas durante el día y arroz con leche por la noche.

A los 12 años me quedé a vivir con mi familia de acogida en el pueblo alicantino de Banyeres de Mariola. Y ahí empezó mi propia Terminal. La terminal de una niña saharaui que hoy ocupa un escaño en el Congreso de los Diputados.

Mi padre nació en 1952, bajo la ocupación española del Sáhara Occidental. Trabajó en la mina de fosfatos en el Sáhara cuando era territorio español. Su vida laboral está registrada en el Ministerio de Hacienda. En 2007, recuperó su nacionalidad española porque fue de los pocos que llevaba el DNI durante la Marcha Verde, algo que no hizo mi madre ante la ocupación marroquí del Sáhara con el consentimiento de España.

Sus hijos, en cambio, sufrimos una cancelación administrativa que, en mi caso, se prolongó más de 20 años. Durante tres años fui una menor “MENA, ilegal”, sin papeles, sin derechos. Mi familia de acogida vivía con el miedo de que me enfermara o sufriera un accidente. Me admitieron en el colegio del pueblo después de muchas peleas, pero la burocracia seguía repitiendo la misma frase: “No existes.”

Mi hermano mellizo, mi padre y yo sabemos lo crueles que fueron aquellos años de colas en Extranjería, peleando por ser reconocidos como hijos de españoles, como personas con derecho a una existencia oficial. “Vuestro país no existe, vosotros no existís.” Era la frase que nos repetían los funcionarios. Por entonces, habíamos conseguido un sucedáneo de papeles: el título de viaje argelino de carácter humanitario, el NIE para estudiar y las partidas de nacimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), documentos que España no reconocía, ya que tampoco reconoce la RASD.

En 2014, gracias a la lucha de la Abogacía Saharaui en los tribunales españoles, el Estado comenzó a reconocer las partidas de nacimiento de los saharauis, y por fin pude iniciar los trámites de nacionalidad mientras estudiaba en la universidad. Sin embargo, solo me la otorgarían si se resolvía antes de mis 21 años. ¿Cómo de aleatorio es imaginar que un derecho viene delimitado por un número? A los 21 sí, a los 22 no.

Como muchos saharauis, mi expediente se “perdió” en algún registro y jamás recibí respuesta. A los 22 años, tuve que empezar de nuevo. Ahora debía acreditar 10 años de residencia legal y continuada.

El documento más preciado en mi piso de estudiantes era mi NIE. Un día, me robaron la cartera y casi me da algo. Un amigo de la universidad bromeaba con pedirme matrimonio para arreglarlo, pero a mí siempre me ha gustado plantarle cara al sistema. Esto me lo ofrecía un amigo, pero no quiero imaginar las miles de mujeres que terminan siendo chantajeadas por esta concesión.

Tras años de batalla, en septiembre de 2021 recibí la resolución de concesión de nacionalidad española por parte del Ministerio de Justicia, aunque no fue hasta 2022 cuando se materializó realmente, ya que el Registro Civil no quiso inscribirme como saharaui y me reclamaba una prueba forense para determinar mi edad y sexo. Algo que me parecía inaceptable, considerando toda la cancelación que había sufrido.

Mi caso y el de mi hermano lo elevamos al Defensor del Pueblo y a la vía judicial. Seis meses después conseguimos nuestro DNI español, y no se me olvidará la cara de emoción de mi madre de acogida, esperándonos fuera del registro para hacernos una foto, como si se tratara del día de nuestra graduación.

Mi historia no es una excepción ni un golpe de mala suerte; es el resultado del racismo institucional y del abandono de España. Es la historia de cualquier saharaui. Hoy, el Congreso de los Diputados tiene la oportunidad de hacer justicia, de reconocer una deuda histórica y de apostar por una memoria democrática y restaurativa.

La ley de nacionalidad para saharauis nacidos antes de 1976, una ley de memoria restaurativa que devolverá a la generación de mi padre y mi madre su DNI español y equiparará los derechos de los inmigrantes saharauis con permiso de residencia, permitiéndoles solicitar la nacionalidad tras dos años, como ya ocurre con los ciudadanos de América Latina o los sefardíes, ley aprobada durante el mandato de Mariano Rajoy. Esta ley no es un regalo ni una concesión. No exime la responsabilidad jurídica del Estado español con el Sáhara Occidental ni su obligación en el proceso de descolonización. Es, simplemente, un acto de memoria con el pueblo saharaui.

Tom Hanks volvió a casa, pero yo he hecho de este país el mío, porque mis identidades no compiten. Voten que sí, señores y señoras del PSOE, para que esa sensación de seguridad y pertenencia sea una realidad para quienes aún viven en el limbo. Voten que sí por mi padre, por mi madre, por todas las familias de acogida. Voten que sí por mí y por todas las niñas que, como yo, agarraron una mochila y decidieron cambiar el mundo.

Hace pocos días se produjo uno de los fenómenos meteorológicos más devastadores de la historia de nuestro país. La DANA arrasaba con los recursos, los trabajos, los recuerdos, los sueños y las vidas de muchos valencianos.

Como cada martes, se celebra en el Congreso de los Diputados la sesión de pleno, con debates legislativos que suelen terminar alrededor de las nueve de la noche, y algunas veces incluso más tarde. Durante la sesión del pleno, la información sobre la DANA era escasa, especialmente en los medios nacionales. Al finalizar la sesión, recuerdo perfectamente ver un sinfín de tuits hablando de cadáveres flotando, videos desgarradores de gente subida a sus coches o directamente ahogándose. Lo primero que hice, con mucha angustia e incertidumbre, fue marcar el número de teléfono de mi hermano mellizo para saber si aquello era cierto, si él estaba bien y si nuestra familia se había visto afectada.

Mi infancia entera está ligada al País Valencià, a familiares y amigos con los que fui al instituto, a la universidad y a mis primeros trabajos. Ese día, nadie pudo pegar ojo; la impotencia recorría todos los grupos parlamentarios, con diputados y diputadas del País Valencià que ni siquiera podían volver a casa.

Al día siguiente, mientras las grandes cadenas pivotaban entre el relato de Mazón y el Gobierno central buscando quién tenía razón, la internacional de cuñaos reaccionarios digitales desplegaba sobre el terreno físico y digital su arsenal de artillería pesada de mentiras. Las redes sociales se inundaban de bulos, vídeos manipulados, de pseudoperiodistas e influencers expertos e incluso de plantillas de Instagram con manifestaciones convocadas por ultras, que ocultaban en letra pequeña sus organizaciones. En ese instante la desinformación se convirtió en un elemento desestabilizador del Estado de derecho.

Durante la DANA pretendí explicar la cuestión de las competencias autonómicas sin salir apaleada en el intento, pero me di cuenta de que lo que necesitaba la gente en mi Instagram era ser escuchada. La gente que me seguía necesitaba descargar su frustración y ver que me estaba implicando en ayudarles a contar sus historias en primera persona. En ese instante, como otros muchos, mi cuenta se convirtió en un consultorio de quejas y ruegos. Puede que fuera lo único que podía hacer una diputada novel en esos instantes y me gustaría pensar que fue reconfortante para muchas personas.

La misma estrategia siguió el ministro Óscar Puente en Twitter, pasando de ser un “agitador boomer” a convertirse en el ministro que soluciona problemas y lo hace rápido. Puente ha sabido hacerse cargo de la situación desde un espacio que, como se ha visto, la gente necesitaba. Y eso es lo que debemos hacer todos los políticos, especialmente para explicar la labor de las instituciones: comunicar de forma sencilla el trabajo político es proteger la legitimidad de las instituciones.

En los días sucesivos, numerosas instituciones también se han visto obligadas a comenzar sus ruedas de prensa desmintiendo bulos: el ejército, la Policía Nacional, el Gobierno, la Casa Real, Cruz Roja… En ese momento, los propagadores de bulos ya habían ganado el relato y capitalizaban, así, el dolor de las víctimas, llegando incluso a legitimar la violencia física contra el presidente del Gobierno.

En los últimos años, he dedicado mucho tiempo a programar algoritmos: unas veces para analizar las métricas de capital regulatorio en la banca y otras para los derechos humanos, como la creación de bots para amplificar la voz del pueblo saharaui y defender los derechos humanos en Twitter. Sin embargo, desde 2016, cuando publiqué Desnuda tu alma de 140 en 140 caracteres, Twitter y las redes sociales han cambiado.

En 2016 tenía acceso total a la API de Twitter; es decir, podía acceder a las tripas de los tuits y analizar bien los discursos, su localización, si eran mensajes de odio o no y el sentimiento de la ciudadanía. Pero desde la compra de la plataforma en 2022 por parte del magnate Elon Musk todo cambió. Las primeras acciones que hizo el nuevo dueño de X fueron despedir a los principales directivos y opositores, manipular los algoritmos y, por supuesto, limitar el acceso de desarrolladores a la base de datos de Twitter. Si no tienes acceso a las tripas de un algoritmo, estás ciego como desarrollador.

Muchos hablan de la caída en picado del valor de Twitter desde su compra por parte de Musk, una caída que ha llegado a superar el 72%. Musk compró Twitter por 44 mil millones, y se calcula que ahora su precio de mercado es de 4 mil millones. Pero ¿acaso le importa eso a Musk? ¿Es acaso la prioridad del magnate generar un espacio discursivo seguro? ¿Le importan a Musk los bulos y la democracia? La respuesta es NO. Musk es el hombre más rico de la Tierra; puede permitirse el capricho de quemar literalmente 40 mil millones para imponer su ideología. Además, Musk le declaró la guerra al progresismo desde hace tiempo y se ha alineado, sin tapujos, con el hoy electo Donald Trump.

Hoy, no solo ha ganado un racista y agresor sexual, que volverá a ser presidente de los Estados Unidos; hoy también ha ganado Elon Musk, el dueño de una de las imprentas digitales más poderosas del mundo. Déjense de hablar de que la gente no sabe qué vota, de que los latinos votan en contra de sus intereses o de que hay que llenar la nevera de la gente. Siento deciros que, ahora, lo que hay que hacer es conquistar el ciberespacio.

La ciudadanía está saturada de información; está desconcertada, abrumada y ya no sabe a quién creer, sencillamente está en estado de shock. Esto lo hemos visto durante la DANA o el genocidio en Palestina. La inteligencia artificial es una herramienta en manos de unas pocas élites que hablan de libertad individual y de las redes sociales como garantes de esa libertad. En este espacio digital en disputa, la internacional progresista no está presente; tiene miedo a exponerse y parece más preocupada en disputar dos minutos en un informativo que en hacer una story en Instagram contando qué está pasando.

No soy ingenua y sé que el dueño de la “imprenta,” Musk, tiene el poder de invisibilizar las ideas progresistas, los vídeos pedagógicos y de silenciar los discursos feministas. Eso lo conocemos bien los pueblos oprimidos, y por ello creo que es fundamental que, dentro del ámbito regulatorio ya existente, exijamos transparencia algorítmica. Debemos legislar con un conocimiento profundo de los entresijos de los algoritmos, conquistar todos los ciberespacios —incluido Twitter— para que no se conviertan en cámaras de eco ultraconservadoras, y luchar por redes públicas y descentralizadas, en las que los usuarios tengan acceso al algoritmo para evitar sesgos de terceros. Los datos deben considerarse un bien común para garantizar la soberanía del Estado. Porque cuando en la disputa de las ideas hay alguien detrás favoreciendo unas en detrimento de otras, estamos perdidos. ¡Conquistemos el ciberespacio desde las instituciones!

Hace apenas unas semanas se firmaba el acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar, y la alegría de muchos se reflejó en las redes sociales. ¡Por fin hay acuerdo entre formaciones progresistas! Pero también, al mismo tiempo, se manifestaban duras críticas por todas las ausencias temáticas en el documento, con muchas y muchos que tenían el texto ya preparado para sacarlo del horno a 280 grados. Y, entonces, muchas personas me escriben a través de las redes sociales. 

Como siempre, y es habitual en mí, contesto a todos los mensajes e intento hacer pedagogía, porque esa es mi forma de hacer política; pero no podía negar el dolor que me atravesaba por dentro, la impotencia y la rabia que otras muchas y muchos sentían ese día. Eso sí, en mi caso, el proceso de incertidumbre de más de tres meses llegaba a su fin. Las cartas estaban sobre la mesa y, por mucho que mis cartas me importaran mucho a mí, no eran una línea roja para los otros 349 diputados y diputadas de la Cámara del Congreso. 

Puede que esto parezca algo lógico para muchos que están muy implicados en la política nacional, para los que ésta es una agenda de prioridades; pero era algo complejo para una diputada novel, con apenas experiencia parlamentaria y con muchas representatividades que atraviesan quién es. En el acuerdo no figuraba ni una sola mención al Sahara Occidental, ni tampoco medidas tan importantes como la iniciativa RegularizaciónYa. 

Supongo que es muy probable que el resto de las diputadas y diputados también se hayan sentido, en algún momento, como yo porque, al final, todas y todos, en la casa de la soberanía popular, representamos a un electorado. Pero, a diferencia de muchos, yo, activista de origen saharaui, había llegado a la política institucional para defender los derechos humanos, y suponía un gran “fracaso” que mis demandas no figurasen en el acuerdo. 

Se suele decir que un acuerdo es una serie de puntos en los que las partes llegan  a un consenso, y que todo lo que no figura es porque no se ha logrado una aceptación mutua. Así es como lo expresan los entendidos de la política, pero es algo muy complejo de trasladar a un electorado que ve en ti a un referente de su propia lucha. Es complejo para una saharaui formar parte de un Gobierno en el que la otra alma niega la existencia de su pueblo y busca contentar al ocupante. Es complejo para una saharaui no sentir impotencia cuando su pueblo lleva más de 50 años resistiendo. Es complejo para una saharaui que ha criticado tan duramente a Pedro Sánchez fuera de la institución. Es complejo para una persona migrante que ha sufrido tanto racismo institucional y violencia burocrática: 24 años para obtener la ciudadanía, vivir en un limbo legal desde que nací porque España no reconoce mi origen… Es complejo sentir que llevas a la espalda tantas luchas y que no consigues alcanzar lo que desde fuera se te exige.

Y es entonces cuando surge la segunda voz que reside en ti, la que es pragmática, con la mente fría, capaz de contar hasta diez y buscar una solución; la que es capaz de aguantar el chaparrón aunque, a veces, sea injusto. Puede que eso sea lo mejor que aprendí siendo ingeniera, hasta hace apenas unos meses. Y es que, como dice siempre mi hermano, “Roma no se hizo en un día”. Puede que los episodios estresantes –como los de los cierres de la banca– sean ahora mi día a día y que, entonces, ser activista y política sea más complejo de lo que pensaba.

Puede que cuando accedí a ir en una lista electoral no supiera la cantidad de contradicciones y sacrificios que tenemos que hacer cuando institucionalizamos nuestro activismo, pero ahora me pregunto, ¿tenía opción de no ser política? Lo cierto es que sigo pensando que no, que no tenía otra opción. Que quienes creemos firmemente en transformar la institución ocupando espacios como la única manera de cambiar las cosas tenemos que asumir el reto de entrar y hacer resistencia; que, como mujeres y migrantes, ese espacio también es nuestro y ocuparlo es un acto de responsabilidad y ejemplaridad para las generaciones futuras, que no nos perdonarían empezar siempre una y otra vez; no nos perdonarían ser cobardes y no atrevernos

Aquel día me llegaron mensajes de varios paisanos –en su mayoría hombres– y uno de ellos me llevó a una profunda reflexión acerca de lo complejo que sería hacer política. El mensaje decía así: “Vota que NO a Sánchez y tendrás el respeto de tu pueblo, y serás la portada de los libros de Historia”, a lo que respondí: “Las mujeres no solemos ser la portada de los libros de Historia”. Aunque duela, sabemos que es cierto. Nosotras comprendimos el feminismo como movimiento político transformador capaz de construir política por la paz y de respeto a la existencia. Luego, cada una de nosotras hemos intentado ponerle apellidos, pero, al fin y al cabo, lo más importante para mí es poder decir que mi lucha, sobre todo, es feminista. Porque lo que sufrimos las mujeres en la política, en el activismo y los espacios de poder solo es una demostración clara de lo necesarias que somos ocupando espacios para educar a nuestras hijas e hijos para un futuro más justo y coherente.

Otros mensajes que recibí eran con la típica frase: “Te han utilizado, aunque sé que eres una gran persona”. Reducir todo mi trabajo a esa frase siempre me ha parecido una falta de respeto, con cierto poso, incluso, de tintes coloniales –por no hablar de la condescendencia patriarcal hacia una mujer joven a la que tratan como a una niña inocente–. Comprendo que esa lectura victimista de mi persona es una forma de perdonarme y justificar mi presencia en la institución, porque es más complejo comprender que soy capaz de llevar procesos de negociación interna para lograr cambiar la vida de la ciudadanía, porque muchos y muchas siguen sin aceptar que los migrantes también damos un puñetazo sobre la mesa cuando hay que darlo. Somos plenamente conscientes de lo fácil que es que nuestras voces se vean apagadas; por eso sabemos que necesitamos más como nosotras dentro para que nuestra agenda logre ser una línea roja

Lo cierto es que las negociaciones de un acuerdo de gobierno entre formaciones como Sumar y el PSOE, con algunas líneas ideológicas similares y otras totalmente dispares, son un proceso complejo. La mención al Shara Occcidental o muchas medidas migratorias estuvieron en el documento desde el principio, pero no hemos tenido éxito para que figuraran en el acuerdo final. No obstante, he de aclarar que no por ello hemos tirado la toalla con el Sahara o con las cuestiones migratorias.

Hoy, días después de la presentación de ese acuerdo que nos dejó con tan mal sabor de boca, hemos pactado una batería de medidas que harán más fácil la vida a la población saharaui, dándonos un balón de oxígeno para reforzar a la sociedad civil saharaui y al movimiento solidario de apoyo al Sáhara Occidental, y siempre con la descolonización del territorio como objetivo. Es posible que esto suene a papel mojado para un pueblo que el Estado español ha abandonado durante estos 50 años y al que ya han prometido tanto; es por eso que yo no me atrevo a hacer promesas. Porque sé que, como yo, todo el pueblo saharaui hemos construido un armazón de tortugas para seguir resistiendo, y es por ello que tenemos que interiorizar que estar en la institución también puede convertirse en otra forma de resistencia.

Estoy segura de que, durante esta legislatura, podremos lograr grandes cambios sociales para nuestra ciudadanía. No solo habremos frenado la ultraderecha y la derecha, con sus políticas neoliberales; sino que estoy segura de que este barco, que ya zarpó el pasado 23 de julio, puede traer una legislatura larga y estable. Esto es lo que le debemos a la ciudadanía y, por ello, no podemos permitirnos la irresponsabilidad de una repetición electoral.

Estoy orgullosa del trabajo invisible que construye confianza, y hoy cruzo la puerta del Congreso de los Diputados con la intención de votar Sí a la investidura, consciente de lo que supone. Pero, dentro de este enorme palacio cargado de Historia, el compromiso que muchas mantienen con las causas migrante y saharaui me hacen sentir que no estoy sola. Lo que hoy parece un punto y aparte, os lo aseguro, es un punto y seguido: un paso intermedio hacia la autodeterminación del Pueblo Saharaui. 

Llego a la Cámara. Me siento en mi escaño. Respiro. Yo ya estoy dentro. Y pronto, seremos muchas más.