La Ley del Suelo, de 1956, una de las más progresistas del momento, que en pleno franquismo levantó polvaredas entre los propietarios que la llegaron a tildar de comunista, se aplicó acomodándose a intereses de los propietarios; sin poder evitar la especulación que durante el desarrollismo dio origen al crecimiento anárquico de las ciudades.

Pero, aun así, la ley del suelo con sus sucesivas modificaciones, permitió considerar al suelo, el territorio, desde el punto de vista de su valor para la sociedad, restringiéndose los aprovechamientos urbanísticos privados adaptándose a la sensibilidad respecto al medio ambiente y esa funcionalidad social.

Hoy, el mayor problema de convivencia al que se enfrenta las sociedades europeas es el precio de la vivienda que, edificadas para cubrir la demanda local de residencia, se destinan al mercado turístico. Un cambio cualitativo de destino residencial, cumpliendo una función social, a turístico, afectado por la especulación de la industria del ocio. La vivienda turística se ha convertido en producto de inversión con ratios de beneficios superiores a cualquier inversión bursátil.

Inventado y controlado por plataformas tecnológicas, el alquiler turístico ha acaparado el mercado del alquiler desplazando al alquiler residencial, de modo que el lugar donde vivir se ha convertido en un bien escaso y caro. En una sociedad capitalista, en el que el precio de los bienes y servicios lo fija el mercado, el precio de los alquileres ya no atiende a la función social de la vivienda, y este bien escaso se convierte en inaccesible para amplios sectores de la población. Pero no solo el precio del alquiler, sino, también, esa nueva figura de mercado de alquiler compartido, en que se hurta del mercado de alquiler residencial a viviendas que se ofrecen por habitaciones. Más lucrativo que el alquiler residencial tradicional y menos antisocial que el alquiler turístico, pero igualmente alienante para las personas que optan por una solución temporal que acaba eternizándose.

Nadie, al menos aquí, va a poner en duda el derecho a la propiedad, pero sí se pone en cuestión esa categoría de pleno, y absoluto derecho a la propiedad, que reconocen las constituciones, cuando se trata de bienes de consumo o de uso, necesarios para la vida de las personas.

La consideración de la vivienda como derecho social se abre camino en la sensibilidad pública, como fuera la exigencia de zonas verdes, parques, reservas naturales, los ríos, los lagos o los océanos. Disfrutar de un medio ambiente saludable constituye hoy uno de los derechos de disfrute indiscutidos; conquista de la opinión pública tras cincuenta años de pedagogía y movilizaciones ecologistas.

La conciencia sobre la importancia y fragilidad del medio ambiente comenzó con el aldabonazo reivindicativo del Primer Informe al Club de Roma (1972), cuando hizo público: los límites del crecimiento. Aquella fue una reflexión científica y filosófica sobre la incapacidad del planeta para soportar los procesos destructivos de la civilización industrial y la explotación indiscriminada de los recursos naturales.

Desde la publicación del Informe del Club de Roma empezaron a difundirse los conceptos de sostenibilidad y a hablarse de tecnologías duras y blandas, y del consumismo del usar y tirar. Y a exigirse que los poderes públicos, el Estado, a través de leyes y reglamentos, tenían que incidir regulando los procesos de fabricación más contaminantes poniendo límites a los tótem del liberalismo económico: el dejar hacer y el valor absoluto de la propiedad: La sociedad, el bien común, tenía que prevalecer.

El derecho a la propiedad fue cabeza de derechos desde la revolución liberal. Para Locke, uno de los padres del liberalismo político, escribía en 1788, existe en todo hombre libre un derecho antiguo e indiscutible sobre la plena y absoluta propiedad de sus bienes y haciendas. Decía que la libertad era un derecho de ley natural y la propiedad el soporte y garantía de esa libertad individual. Confrontaba la visión de las monarquías absolutas para quien la propiedad era un don de concesión divina. El derecho a la propiedad, para los liberales, se entendía pues como necesaria expresión de la libertad individual, en contraposición a siervos y esclavos que no eran libres, ni nada poseían.

El derecho a la propiedad es constitutivo del estado liberal y de derecho, siendo así que la libertad y la propiedad son conceptos indisociables garantizados en las declaraciones de derechos, sin embargo, tanto uno como otros son limitados en beneficio del bien común. La libertad se limita cuando su ejercicio puede causar daño a colisionar con otros, y la propiedad también, cuando interfiere en el interés social; habitualmente para permitir infraestructuras necesarias y beneficiosas para la comunidad. De lo que se trata, es el carácter de absoluto de la propiedad.

Tras los efectos de la crisis de 2008, y con un mercado laboral precario y ante la imposibilidad de acceder a la propiedad, se ha disparado la demanda del alquiler de modo que la proporción de propietarios por segmentos de edad está bajando. Los hogares con titulares de más de 55 años han mantenido estable la ratio de propiedad, alrededor del 75 a 85 por ciento, pero esta proporción se ha desplomado en la franja de edad más tempranas. Entre los 35 a 45 años, la tasa de propietarios está en el 60 por ciento.

La inestabilidad laboral contribuye a que los menores de 45 años se hayan desplazado de la propiedad al alquiler, pero es el alto precio de la vivienda el responsable de que muchas familias no puedan desarrollar su proyecto vital.

Y la causa de esa disfuncional situación es que la vivienda ha pasado de ser un bien social, aceptado como básico e inherente a la condición de derecho social, fuera de la especulación económica como el sistema sanitario, hasta ahora al menos, y a medias el educativo, para convertirse en bien económico sujeto a las leyes del mercado; y cuyos rendimientos compiten con los bursátiles y, escandalosamente, acercándose a los considerados de usura.

¿Debe la propiedad privada del suelo tener la cualidad de plena y absoluta?

Hay que resaltar lo de pleno y absoluto porque esto choca con ese otro principio de la doctrina liberal clásica: el bien común. El padre del liberalismo económico, el escocés Adams Smith, cuyo principio revolucionario de la búsqueda del beneficio privado, el egoísmo particular generaba riqueza que compartía toda la sociedad, y cuya legitimidad estaba en otro concepto fundamental, el del bien común de la sociedad que justificaba la bondad de la nueva doctrina económica. Sus obras fundamentales: De la riqueza de las naciones, publicado en 1776 y la teoría de los sentimientos morales, (1759), que, según los especialistas, informa el resto de su obra y abren a inferir que A. Smith albergaba la meta de la felicidad personal como objetivo de la vida.

La propiedad de la vivienda considerada como bien de inversión, rivalizando con el mercado financiero, es el que afecta directamente a la carestía de la vida. Sin alterar la propiedad y su derecho, cabe preguntarse y reflexionar que, siendo un bien que ocupa un lugar insustituible, el espacio es limitado, no puede dejar de considerarse en su aspecto de apropiación de un trozo de planeta, que es limitado, y que, en algún momento fue totalmente público, privatizándose por intereses de las minorías más fuertes e influyentes.

El derecho a la vivienda trasciende, pues, a su condición de bien de consumo, de uso en ese caso, y se convierte en bien social. Como el aire limpio y un medio ambiente sin ruidos ni olores desagradables son bienes de uso social, el espacio donde habitar, que es la vivienda, también debería tener ese carácter por encima de la tenencia, de la propiedad.

Entonces, ¿cómo hacer? Las medidas de ayuda al alquiler son favorables, pero eso no incide en el precio abusivo de la vivienda, no queda más que regular a través de una fiscalidad dura que disuada. En este momento de la historia, el debate está entre el neocapitalismo y la economía financiera, que no crea riqueza y rompe con la filosofía del bien común, y el capitalismo clásico como generador de economía real y oportunidades de crecimiento personal.

Los partidos políticos “crearon la democracia y la democracia moderna es impensable sin los partidos”, E. Eric Schattschneider, politólogo estadounidense en “Régimen de partidos” (1942). De los principios y condiciones que caracterizan a la democracia representativa, conviene colegir que además de elecciones libres y, la concurrencia de partidos políticos democráticos en elecciones periódicas, importa el cómo los partidos toman las decisiones y que los procesos participativos  sean transparentes. 

El propósito es que los representantes de la ciudadanía elegidos en el Congreso de los Diputados, sede del poder legislativo y que elige el gobierno sea reflejo, lo más razonable posible, de la voluntad de la sociedad. Claro el tema está en la ley electoral y en cómo son las circunscripciones electorales.

En un reciente artículo “En defensa de los partidos políticos: sin ellos, no hay democracia” publicado en El País (28/04/2025) por Meritxell Batet, fue presidenta del Congreso, se refería a la escasa militancia que tienen los partidos en Catalunya, con una caída de 140.000 a 40.000 personas en los últimos 20 años. Según cifras del Ministerio de Hacienda, (Francisco Núñez, VOZPOPULI, (21/07/2024), en 2024, Andalucía con 47.364 y Madrid con 46.433 son las comunidades con mayor afiliación, seguido de Catalunya con 38.000 y la Comunidad Valenciana con 31.384. 

Se pregunta y diagnostica, Meritxell Batet, es “el populismo, la polarización extrema y la desinformación como las amenazas para la democracia” y, el poco interés por entrar en ese enredo de crispación. Y llama a la responsabilidad de los partidos para que desactiven los discursos de odio reclamando a la sociedad civil organizada, del mundo académico, de los expertos, de los profesionales a que se impliquen.

A la reflexión de Batet habría que sumar que los partidos políticos han pasado de ser garantía de representatividad de la opinión de los ciudadanos que les votan, a coartada de poder para que sus verdaderos patronos ocupen el doctrinario ideológico. ¡Cuántas veces se visten de lo que no son!

Los partidos políticos fueron mimados por los padres de la Constitución que, en un país sin experiencia de participación política y con una auténtica dispersión de ideologías y de siglas, necesitaba a partidos políticos de masas, y fuertes, con capacidad para aportar programas de gobierno, serios y viables, con habilidad de articular consensos nacionales. En ese objetivo mayor, se olvidaron de definir mecanismos eficaces de democracia interna; más allá de las garantías de derechos y deberes que son preceptivos en cualquier tipo de asociación.

El tema de la democracia interna en los partidos y la dedocracia que ejercen los líderes, muestra hasta qué punto los partidos son responsables de la polarización política y no todos con el mismo grado, porque en eso es obligado hacer distinciones.

Tras casi cuarenta años, algunos tenemos la impresión que el sistema de listas bloqueadas, que fue bueno para fortalecer a los partidos y sus liderazgos, como instrumentos del sistema democrático, han contribuido al inmovilismo y a la inercia en el poder;  impresión compartida por la ciudadanía que explicaría la creciente desafección social hacia los políticos que se evidencia elección tras elección, en forma de abstención o voto en blanco, salvo en elecciones en las que se percibe que están en riesgo cuestiones realmente medulares de la democracia.

Si cuando se instauró el sistema de partidos se trataba de fortalecer las estructuras de poder internas de los partidos, poniendo el acento en los liderazgos internos y debilitando la capacidad de elección, y discrecionalidad de los electores, ahora se trataría de dar mayor protagonismo a la población para que, tras escoger la lista política de su agrado, tenga la opción de elegir el orden de elegibilidad.

Los partidos se han olvidado de orientarse en las ideas y de promover la vitalidad interna, que es semillero de iniciativas con el generoso objetivo de procurar el bien común. Contrariamente, hay una buena dosis de actitudes dogmáticas, e inamovibles, en los partidos que conforman y, aún, consagran utilizando terminología eclesial, preceptos de dogma que se convierten en barreras innegociables impidiendo nuevos enfoques y que se tiendan puentes de consenso y de permeabilidad con la sociedad. Se lastran los mensajes políticos con discursos escritos para otras épocas, pero que que acudiendo a “lugares comunes” y grandilocuentes  iconografías del pasado, entorpecen la renovación ideológica.

El peldaño que nos falta escalar para mejorar el sistema representativo está en los mecanismos que controlan los procedimientos electorales. Uno de ellos es la definición de las provincias como circunscripciones electorales. Con el blindaje de la Constitución, de la provincia como circunscripción electoral, quedaba protegido de que algún gobierno de turno tuviera la tentación de aplicar modificaciones al estilo del gerrymandering. Una técnica de manipulación electoral consistente en redefinir los límites de los distritos electorales colindantes en beneficio electoral de un partido. Con excusas diversas, como de sobrevenido cambio sociológico porque una nueva urbanización y su nueva población tuviera más similitudes con uno u otro distrito electoral. Para la segunda elección de Trump se pusieron en marcha algunas de estas modificaciones a la carta.

Temo que una pinza de ultraderecha, porque el PP está indiscutiblemente entregado a los de Trump, pueda sin escrúpulos remodelas los mecanismos electorales aún más a su favor.

Aunque no esté en la agenda política, revisar la LOREG es urgente, y con la mayoría del bloque actual, sin consenso ¿cómo puede estar de acuerdo la zona ideológica favorecida por el estatus actual? Recuérdese que la ley electoral, de enero de 1977, fue diseñada por Suárez para asegurarse ganar las primeras elecciones democráticas de junio.

El ultimátum del gobierno de volver a la mayoría anterior, mayoría simple, para la renovación del Consejo General del Poder Judicial con la aquiescencia, más protocolaria que efectiva, de la autoridad europea ha forzado el acuerdo de renovación.

No es que el partido popular haya bajado sus exigencias, es simple y llanamente que ha visto que podría quedarse descolgado de influir en esta reforma que mantuvo amarrada, bloqueada desde 2018 (cuando tocaba la renovación), gracias a que, cuando la mayoría absoluta de Rajoy, los populares cambiaron la mayoría necesaria para la renovación, de simple a cualificada, asegurándose así que, aún en la oposición, tendrían la llave para el nombramiento del órgano director de los jueces. Y, por tanto, la potestad de nombrar a qué jueces tocaba enjuiciar tal o cual causa. Todo ello, cuando la corrupción en el PP entraba en multitud de procesos judiciales.

Por mucha alianza que tuviera el PP con el partido popular europeo, mayoría en la euro cámara, al que acudió pretendiendo confundir a los europarlamentarios asimilando la situación de la justicia en España con las injerencias y supeditación de la justicia a la política como se articuló en los mandatos de Ley y justicia en Polonia y en la actual Hungría de Orban. La vía de intermediación europea estaba ya agotada. En la Unión Europea no cuela no del autoritarismo del gobierno, y cansa. El autoritarismo está en Orban, al que Meloni va tener bien presente si no quiere sucumbir por su derecha.

En esa nueva etapa política post elecciones europeas, y con paz electoral por año y medio, salvo pirueta de algún gobierno autonómico que se mire en Ayuso cuando adelantó elecciones y le salió bien, el presidente Pedro Sánchez ha salido fortalecido. No ha sufrido penalización electoral y, por el contrario, visto que el ascenso de la ultraderecha ha sido limitado y aún más por el resultado electoral en Francia, ha ganado peso como el principal líder socialdemócrata europeo. Sin ignorar el arrollador triunfo del laborismo centrado, a lo Blair, en el Reino Unido que, a pesar de no formar parte de la Unión Europeo, enmarca un nuevo ciclo de renovación socialdemócrata en Europa.

Al primer desafío de Sánchez al PP, amenazando con renovar el CGPJ por la mayoría progresista, Feijóo ha replegado velas y ha aceptado llegar a un acuerdo que ha abierto una grieta con el PNV y Esquerra. Cuidado con el acuerdo que, según se ve, ha colado a personajes de siniestra procedencia obstruccionista de modo que los populares ganan; y, el gobierno pierde una baza al no haber exigido, que sepamos públicamente, ninguna contrapartida en moderación autonómica y con más argumento ahora que los gobiernos estarán en minoría. 

Francina Armengol ya ofreció sus votos para liberar a baleares del cerrojo de Vox. ¿Querría Feijóo dar la batalla por la moderación y el centrismo político o teme que sus barones, a excepción de Juanma Moreno nombrados en la época radical juvenil de Casado, que le muevan la silla como pretendió Aguirre con Rajoy en el congreso de Valencia?

La ruptura con VOX se antoja deseada por Feijóo a la vista de los sucesivos fracasos es sus expectativas de ganar por mayoría amplia y absoluta con VOX. Núñez Feijóo hace tiempo que daría por hecho, en su marco mental, que solo gobernará con un acuerdo con los nacionalismos y para eso debe centrarse.

El paso dado con la renovación del CGPJ, y otros acuerdos que se están negociando PSOE-PP, y la actual disposición popular a entrar en la aceptación de la distribución de menores inmigrantes en las autonomías, bendición del deus ex machina,  ha terminado por romper los gobiernos regionales con VOX. 

El partido de ultraderecha ha perdido sus sueldos en la administración autonómica, y no parece que quiera perderlos también en los ayuntamientos, donde podría abrirse soluciones a la extremeña, o una Opa generalizada del partido popular a los miembros de Vox, como ya hiciera con conciudadanos.

En esta coyuntura inesperada el partido popular tiene todo a su favor para realizar un cambio hacia la centralidad, abandonando a sus aliados extremistas de fuera y de dentro, los que alberga en sus cenáculos de influencia, y abrazar, el centro ideológico, convirtiéndose en el partido de centro derecha español. 

Consumada la ruptura con VOX, Feijóo puede sostenerse en los socialistas a condición de revertir las decisiones más conflictivas tomadas con la ultraderecha durante este año de gobiernos conjuntos. Los socialistas aceptarían dar estabilidad a los gobiernos del PP siempre que no se tocaran los grandes consensos que han estado funcionando durante décadas. Y ahí está el inteligente ofrecimiento de Francina Armengol, presidenta del Congreso y presidenta de Illes Balears en dos legislaturas, al ofrecer sus votos para que el PP balear rompiera con VOX.

España, en su conjunto, respira centrismo y progresismo y este, salvo revolución en el PP, está en el PSOE, y en las derechas nacionalistas que son, por recorrido histórico salvo anécdotas, más centristas y progresistas que el partido popular. Los nacionalismos y los independentismos de derecha están más cerca de las derechas tradicionales de nuestros vecinos europeos, donde la democracia tiene larga tradición, que de las derechas de herencia autoritaria o con orígenes en intereses de clase y confesionales, propio de las repúblicas americanas y de la historia del liberalismo doctrinario español desde el siglo XIX.

El futuro político de Feijóo, llamado de urgencia para parar a Pedro Sánchez,  va ligado a que consiga impulsar un viraje al centrismo que pasa por desalojar de las cúpulas a los políticos más identificados, y ciertamente seguidores de la dinámica beligerante del periodo Casado, que son baluarte con el actual presidente popular.

Feijóo es el dueño de su destino político, y si no quiere convertirse en el próximo consumible de las probaturas de la derecha tradicional, tendrá que repensar su rol y en la significación del Partido Popular en la nueva política española; enmarcada en la realidad plurinacional del Estado que se está fortaleciendo con las legislaturas de Pedro Sánchez.

La soledad de las derechas, a la hora de trabar alianzas con otros partidos, estriba precisamente en su incapacidad ideológica para asumir la realidad plurinacional de España. Y en el cambio hacia esa transición de realismo político, que ya apuntaba la Constitución al referirse a nacionalidades y regiones, está la ley de amnistía que en su beneficio el PP debiera de aceptar, con pragmatismo e inteligencia política, desactivando las huestes judiciales. 

No hace mucho tuve ocasión de intercambiar opiniones con un importante, y cada vez más influyente, dirigente del partido popular, que me reconocía que el futuro de España habría de ser federal aunque, me confesó el interlocutor, el PP todavía no está preparado. Y, sin embargo, el PP madrileño, Díaz Ayuso, va por libre y en algunas decisiones bien podría considerarse que actúa como “autonomía confederal” es decir, desde su espacio de soberanía, con serias dudas sobre su constitucionalidad enfrentándose al gobierno de Estado central y del resto de las comunidades autónomas. ¿Será Madrid la punta de lanza del federalismo en el PP?

Es de dominio público que Núñez Feijóo vino a Madrid a recoger la llave de la Moncloa. Se había creído las encuestas publicadas por los medios del arco de la derecha, casi todos, que daban al PP la posibilidad de obtener la presidencia de gobierno.

Desde la investidura, y desde que Pedro Sánchez fuera defenestrado por su partido dejando su escaño, el 30 de octubre de 2016, el partido popular y sus medios afines han tenido en su punto de mira a líder socialista. Un político singular que, la historia lo evaluará, pone su criterio por encima de conservadurismo del estatus quo que defiende los partidos de la derecha, e incluso de la izquierda moderada o participativa, por la comodidad o temor a no pisar callos que puedan acarrear consecuencias no deseadas; como manifestaciones lacerantes que hieren la propia honorabilidad personal o acciones coordinadas económicas, sociales o judiciales, a las que invita, desde su púlpito, Aznar con aquella proclama, “quien pueda hacer que haga”. A modo de las fetuas que emiten los guardianes de la fidelidad islámica, instado a hacer lo necesario para acabar con el infiel y la herejía. 

Pedro Sánchez está en la diana porque antepone su análisis, y su visión sobre España y su futuro, por encima de la opinión de la derecha que tenemos, descendiente del doctrinario que nos dejó cuarenta años de adoctrinamiento fascista,  y  del liberalismo social e incluso de la izquierda bien pensante, en su propio partido. A la vuelta de cómo ha resultado la transición, lo que se llama el sanchismo  estaría por recuperar el espíritu de aquellos años con el enfoque progresista que, entonces, no pudo ser por la presión de las infraestructuras económicas y represivas del régimen, y la latencia del golpismo, que Felipe supo neutralizar bajando el listón social y autonómico, hasta desactivarlo.

Es ilustrativa la entrevista que realizó televisión española a Pedro Sánchez, candidato a la secretaria general, para suceder a Pérez Rubalcaba, en “los desayunos de la primera”, el 16 de junio de 2014, donde desgranaba su ideario crítico e innovador. 

En aquella primera entrevista en televisión, se declaraba ferviente federalista, dando todo su apoyo a la Declaración de Granada, aprobada por unanimidad el 6 de julio del año anterior, que recobraría actualidad cuando en la cumbre europea de Granada, bajo la presidencia española de la UE en octubre de 2023, se apostó por una Europa federal. 

En la entrevista mencionada, Pedro Sánchez, se refería, también, a la necesidad de cambiar la ley electoral, declarándose partidario de desbloquear las listas para el Congreso y por un cambio constitucional para definir unas nuevas circunscripciones electorales para que fueran más representativas y el voto de los ciudadanos más igualitario. Se mostraba partidario de modificar la ley de partidos, con el propósito de limitar los mandatos y democratizarlos internamente, favoreciendo la transparencia y revalorizando la voz de los diputados y senadores para que ganaran independencia más allá de las jerarquías de partido. En palabras textuales: “liderazgos que empujen en lugar de ser empujados”. Eso es, una actividad política proactiva.

Desde aquella entrevista, la jerarquía oficialista del PSOE vio en Sánchez a un nuevo líder con criterio y personalidad, que no preocupaba demasiado porque tenía pocas posibilidades de ser elegido secretario general frente al candidato oficialista. Tras la sorpresa de su elección, al estilo de Borrell frente a Almunia (1998), se quiso repetir la operación marginación de entonces. Borell dimitió quince meses más tarde, por responsabilidad política, que no personal, tras descubrirse casos de corrupción de algunos de sus ex colaboradores durante su etapa en hacienda. El oficialista, Almunia, se hizo con la secretaria general y, como candidato, en las elecciones de 2000 cosechó los peores resultados del socialismo durante el bipartidismo.

La dimisión de Sánchez vino por un acto de coherencia, por principios, no queriendo facilitar un gobierno de partido popular. Tras la dimisión, con satisfacción de la clase mediática, el uno de octubre de 2016, y su renuncia al escaño, Pedro Sánchez se echó a la carretera a la búsqueda de la militancia.

La rotunda victoria frente a la candidata oficialista, Susana Díaz, fue la respuesta de militancia, 68 por ciento, a la jerarquía del PSOE conformada y sin proyecto. Los barones socialistas desconcertados y poco entusiastas, con más ganas de PP que de fidelidad al nuevo líder, y teniendo que tragar con un gobierno de coalición con Unidas Podemos, estaban más por el absentismo que por la reivindicación de sus siglas. En la oposición prendió la mecha de la insurrección política con un PP disputándose con Ciudadanos, y Vox en tercero, ser la referencia en el espacio de la derecha.

Como ocurriera en 2004 con la victoria de Zapatero, el PP no supo procesar la frustración de verse apeado del poder de forma inesperada y se lanzó a la oposición salvaje, con más ruido que argumentos, para desconcertar y forzar a que el Presidente tirara la toalla a la italiana; con modos que recuerdan las tácticas autoritarias de las repúblicas latinoamericanas y, aún, de los autoritarismos que dieron origen a la Segunda Guerra Mundial.

La contestación belicista del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, alentada por los medios de los patronos conservadores y de Ciudadanos, acusaban al gobierno de ilegítimo, argumento que diera justificación a algún tipo de plante, de golpismo.

El acto de la plaza Colón de Madrid fue la escenificación de una insurrección, al estilo de la Marcha sobre Roma, con el propósito de impresionar a la monarquía como resultó en el caso italiano cuando el rey Víctor Manuel III nombró primer ministro a Mussolini (1922) para dar paso al Nuevo orden fascista. Lo hizo Alfonso XIII, al año siguiente con Miguel Primo de Rivera, suspendiéndose las garantías constitucionales y la Mancomunidad Catalana; siempre Catalunya el tema central de los idearios conservadores y de la ultraderecha.

Lo de Colón pareció el primer paso para reconstruir la CEDA, aquella Confederación Española de Derechas Autónomas, fundada por el cardenal Herrera Oria, en marzo de 1933, que fuera el aglutinador de la derecha católica y monárquica, nutrida de anti republicanos, que más tarde sería el brazo civil del golpe de estado de Franco.

Pedro Sánchez tuvo que lidiar, desde el inicio, con las acusaciones de ilegitimidad, por el acuerdo discursivo de las tres derechas de Colón y, en la pandemia, contar solo con el bloque de la investidura, teniendo enfrente el naciente liderazgo de la presidencia madrileña, Díaz Ayuso, la más genuina transposición mediática de Trump en la política española.

Y en eso aparece Feijóo como el salvador del desconcierto en el partido popular ante la debacle discursiva de Casado. Desde su trono tranquilo en Galicia, una comunidad clientelar netamente subsidiada, en la que el valor de la continuidad de lo conocido parece la norma, Feijóo reinaba combinando galleguismo de alpargata y gaita, demagogias y morriñas, susurros conniventes del buen padrino que vela por los gallegos.

Como expresaba al principio del artículo, Núñez Feijóo aterrizó en Madrid para recoger las llaves de la Moncloa.

Al principio, verbalizó de centrismo y aflojó el empeño contra el gobierno en la suposición de que la forma moderada, y su personalidad entrada en años, seduciría como en Galicia pero la sombra de Ayuso es demasiado picassiana; con planos superpuestos y dinámicos en todas direcciones. Un Feijoo amenazado de urgencia por una presidenta ambiciosa como Ayuso, que está independizando a Madrid de la sociedad española pero sin discurso para ganar unas elecciones generales, no resulta rival para el presidente popular pero sí sus propias dubitaciones frente a las prisas de la zona ultra en el PP y en Vox por acabar con Sánchez.

Las municipales y autonómicas del 12 de mayo dieron el triunfo al partido popular. El desconcierto estaba en las filas socialistas y en Pedro Sánchez que, habiendo acordado la mayor agenda social en democracia, no pudo explicar con convicción los indultos dando alas a los populares para justificar la supuesta desigualdad de trato a los españoles; el mismo discurso que frente a la amnistía. Sin duda, para la derecha, con ETA se estaba mejor. Con el Procés entre rejas se mantenía beligerante a buena parte de la sociedad catalana y, ¿quién sabe?, si se alentaría un movimiento de insurrección violento que justificara el volantazo ultraconservador.

Cogiendo el toro por los cuernos y a la vista de que los gobiernos populares solo eran viables con alianza con Vox, Pedro Sánchez convocó elecciones y a la vista está que la operación de confianza salió bien para el bloque de la investidura de izquierda.

En las europeas de 9 de junio el partido popular está en la misma estrategia que en el 23 de julio, con la diferencia de que, entonces, los gobiernos con Vox parecía que podían limitarse a apoyos puntuales y no a verdaderas coaliciones, como ha resultado, en las que quien marca la agenda es la ultradercha. 

El partido popular no tiene dudas de que si quiere gobernar tiene que sentarse en la grupa del caballo blanco, en cuyas riendas está el jinete de Vox.

Mi admirado Enric Juliana publicaba en La Vanguardia (30/03/2024) un análisis sobre el nuevo gobierno portugués de Luis Montenegro. El líder de Alianza Democrática, una coalición conservadora encabezada por el Partido Social Demócrata, de derechas aunque se autodefine como socialdemócrata. Hacía referencia, Juliana, al “bloque central” la receta que Felipe González tiene para la política nacional para evitar los extremos; un acuerdo tácito entre los dos partidos mayoritarios para asegurar que los gobiernos no tenga que depender de partidos radicales que fuercen a políticas demasiado extremas, a juicio del ex presidente.

El espectro paisaje político portugués no es, en absoluto, comparable al español; no solo porque allí no existe la cuestión nacional, es decir, nacionalismos distintos al de la nación portuguesa, sino también porque los referentes mayoritarios de izquierda, el partido socialista (PS), y derecha, el partido socialdemócrata (PSD), están más en la centralidad que en el caso español. En España el PSOE, reajustado con membrete socialdemócrata, a semejanza de SPD alemán tras el abandono del marxismo (septiembre 1979), no tiene en frente a un partido de derecha homologable con sus correligionarios europeos; al menos de la Europa democrática fundadora de lo que ahora es la Unión Europea. 

El partido popular es de los más conservadores, y en ocasiones ultra, del Partido Popular Europeo, alineado con sus semejantes de la Europa del Este, proviene de la refundación de Alianza Popular, el partido de Manuel Fraga que replegó personalidades del franquismo tardío reinventados con talantes democráticos, y a familias políticas, de perfil aperturista, vinculadas con los clientelismos generados durante la dictadura, que abrazaron el nuevo escenario democrático buscando perpetuarse en los puestos de poder. 

La derecha portuguesa, la del partido mayoritario PSD, a diferencia de la española, no tenía vínculos de adhesión con la dictadura de Salazar y Marcelo Caetano (al que le estalló la Revolución de los claves), bien al contrario, la combatieron desde las instituciones, retirándose de ellas cuando la cerrajón del régimen, a la apertura política, hizo inviable un pacto a la democracia.

Cuando la Revolución de los claves, en 1974, la derecha política de nuevo cuño pudo, sin complejos, ser sensible con la problemática social que había dejado un régimen particularmente elitista, y colonialista, no solo en Mozambique y Angola, sino también respecto a la propia metrópolis. El nuevo partido de la derecha democrática, PSD, fundado por Sa Carneiro se autodenominó socialdemócrata para, exhibiendo perfil social, diferenciarse del socialismo y del comunismo, aún de corte sovietista; que fueron los partidos que movieron la revolución democrática. Esa derecha, moderada, en comparación con la española, había nacido blanca sin implicaciones con la dictadura, ganando netamente sus primeras elecciones en 1980, tras seis años de gobiernos de izquierdas.   

En su confrontación con Pedro Sánchez, Felipe González ha parido esa idea de “bloque central”, buscando la estabilidad de las instituciones. Con los pies en la realidad política española, en mi opinión, la oferta ideológica de Felipe González sería optar por un nuevo turnismo político donde las diferencias se redujeran a cuestiones menores sin alterar las franquicias ideológicas, y privilegios electorales, consagrados en la Constitución.

El nuevo “bloque central”, que el imaginario felipista sería representado por el partido popular y el partido socialista, obviaría a los demás partidos nacionales y a los nacionalistas, por mucho que fueran hegemónicos en sus respectivas nacionalidades. De hecho, se trataría de subvertir el orden constitucional que iguala en calidad jurídica la unidad de la nación española y el reconocimiento y garantía de las nacionalidades y regiones. Ese “bloque central”, es decir, el partido segundo apoyaría la investidura del primero, supondría convertir el sistema parlamentario proporcional, aunque corregido, en un sistema mayoritario; por el que el partido que consiguiera la mayoría obtendría el gobierno de la nación.

Estaríamos ante un fraude de ley a la Constitución, en su letra y en su espíritu, contenido en el artículo segundo, además de subvertir la ley electoral y los artículos referidos a las elecciones de la propia carta magna, al ignorar la voluntad de los electores que votaran por los partidos despreciados, a la hora de elegir al presidente de gobierno, y a los votantes del partido segundo, que dudosamente estarían conformes que su voto fuera para investir al ideológicamente contrario. Ejemplo tenemos cuando el, ignominioso, cheque en blanco para la segunda legislatura de Rajoy, en octubre de 2016, que hundió moralmente al PSOE y provocó la dimisión de Pedro Sánchez y el proceso de primarias.

Inteligentemente, el partido socialista portugués ha facilitado el gobierno de Luis Montenegro que tendrá que afrontar la legislatura en minoría apoyándose previsiblemente en el PS más que en la ultraderecha, la Chega, para sacar sus leyes. 

Pero esa alianza tácita entre dos partidos centrados, la derecha del PSD y la izquierda del PS, tiene sentido allí donde el partido socialdemócrata, que forma parte del Partido Popular Europeo, representa a una derecha moderada capaz de pactar programas de gobierno con el socialismo. Extremo, aquí, impensable porque la distancia que separa al socialismo de partido popular es tan radical como el lenguaje de Feijóo respecto a Sánchez; desde las acusaciones de ilegitimidad y los sainetes de las manifestaciones callejeras, de la mano de Vox, hasta la acusación de perversión de las instituciones y de corrupción instrumentada desde la Moncloa; bulos hábilmente trabados por la capitanía general de Génova.

La estrategia del partido popular trató, de inicio, intimidar al Presidente, y atemorizar a sus diputados, para pervertir la legitimidad del parlamento para buscar mayorías para investir al Presidente. Buscó, también, desautorizar el voto independentista ilegitimando su capacidad para elegir un gobierno nacional, de modo que no quedara otra mayoría posible que la del partido popular con Vox, reproduciendo los pactos de gobierno en las autonomías.

El problema del partido popular es que no representa la centralidad política. De ideología conservadora, está en la radicalidad respecto a otros partidos de derecha europeos, en particular de la Europa occidental, la derecha democrática y respetuosa con las instituciones y con compromiso de consenso sociales y mantenimiento del estado del bienestar; en oposición al afán privatizador de lo público que tanto gusta al neoliberalismo social. 

El partido popular, refundación de la derecha franquista con aportaciones del cristianismo rancio y neoliberales, ha tenido que aceptar, siempre oponiéndose, las grandes transformaciones sociales del País. Desde la reforma fiscal de UCD, siguiendo con la ley del divorcio, la del aborto, la de matrimonio entre personas del mismo sexo, la dependencia y otras, porque el partido popular sigue colonizado por organizaciones y grupos de presión muy conservadores, sin obviar extremismos religiosos integristas. Solo cuando, en la segunda presidencia de Rajoy, estalló la corrupción generalizada, una parte de la ultra derecha consideró que el PP ya no servía para imponer y controlar la política española, y fundó Vox. 

El partido popular y Vox comparten ideario y enmascaran sus discursos en función de los electorados que pretendan seducir. Como es evidente, y bien lo tienen aprendido desde que los gurús electorales del partido republicano estadounidense desembarcaron en los cenáculos populares, para ganar elecciones se trata de conducir emocionalmente al votante hacia el climax electoral el día de las elecciones. No importa si después se arrepiente de la votación, lo significativo es que el voto entró en la urna y la elección ya está hecha. 

De entrada, la monarquía es una reliquia del pasado. Es la pervivencia de la forma teocrática de gobierno por el que el soberano representa a dios en la tierra, reproduciendo, a escala humana, las jerarquías que se suponen se dan en las genealogías celestiales; desde el dios padre, el rey, hasta los ángeles de trabajos más cotidianos, los súbditos del último escalafón.

La revolución, la norteamericana y la francesa, subvirtieron el orden social poniendo al pueblo por encima de las jerarquías tradicionales. El rey estaba en la cúspide del orden divino; la aristocracia y las cortes angelicales administraban, y el clero, los guardianes de la ortodoxia teórica, sustentaba el sistema mediante la educación a las masas y la elaboración de escritos exégetas. El nuevo orden estableció las instituciones del sistema democrático: la declaración de derechos y la constitución, sustituyendo el doctrinario teocrático; el presidente, la cámara de representantes y el tribunal supremo o constitucional, en lugar del monarca, el consejo nobiliario y familias cortesanas, y del clero como garante de la fidelidad al sistema.

El siglo XX, tras las guerras mundiales, supuso el ocaso teórico y práctico de las monarquías excepto en aquellos estados en que representan un plus de estabilidad que beneficia objetivamente a la sociedad. Nos referimos a Europa, naturalmente, donde los regímenes democráticos forzaron un sistema de equilibrios en el que, en última instancia, es la soberanía popular radicada en el parlamento quien decide. En Europa, solo sobreviven la británica, que supo incorporar el parlamentarismo ya en el siglo XIII, las nórdicas y Países Bajos y la española, de particular singladura con imposición franquista en 1975. Pero, al lado de las monarquías tradicionales, han surgido otras, monarquías civiles no hereditarias, regímenes presidencialistas que se asemejan a la forma monárquica, pero con mayor poder efectivo que el que detentan las monarquías tradicionales. Es el caso de Francia, sin duda, y la mayoría de estados europeos del este. A escala mundial, no pueden obviarse las monarquías autocráticas islámicas, como Marruecos y las del Golfo, como regímenes presidencialistas de carácter dictatorial como Rusia, y sus satélites (desde Bielorrusia a Azerbaidjan) o China, Corea del Norte, y un largo etcétera en Asia, África y Latinoamérica. Y del lado democrático, formalmente por ahora, Estados Unidos.

Resumiendo, de las monarquías y regímenes presidencialistas interesa una distinción fundamental: su régimen democrático o autocrático. Y esa cuestión es axial porque establece la aptitud e idoneidad, o tolerancia, de ese anacronismo político si sirve para el bien común de la sociedad.

La monarquía española

Centrados en España la tradición monárquica, como es de conocimiento común aunque quizás no del gran público, no tuvo las misma características a lo largo de la historia desde los Reyes Católicos. 

La unión dinástica del Reino de Castilla, que ya había asimilado al Reino de León, y de Aragón (Corona de Aragón, porque en realidad era la unión dinástica de cuatro reinos administrativamente independientes), en las personas de Isabel y Fernando se realizó siguiendo el modelo de la casa reinante en Aragón: solo una unión de dinastía, sin que ello supusiera la formación de un estado unitario.

Y ese modelo de unidad dinástica e independencia administrativa de los reinos de Castilla y de los de la Corona de Aragón cuatro subreinos con sus propias cortes privativas (el Principado de Catalunya, donde residía la casa reinante hasta los Reyes Católicos; Reino de Aragón propiamente; el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca), y los territorios de Nápoles y Sicilia, que tuvieron sus propias cortes) se mantuvo durante la dinastía de los Austria hasta que con la muerte de Carlos II, sin descendencia, se desató una encarnizada lucha en las cancillerías europeas para favorecer a uno u otro de los aspirantes al trono de las Españas. 

La Guerra de Sucesión, considerada la primera guerra europea moderna, se dirimió entre Francia e Inglaterra por desmembrar y terminar con la hegemonía española. Se saldó con un pacto entre las nacientes potencias europeas, y ajeno a los intereses hispánicos, de suerte que se impuso el pretendiente francés, el sobrino del Luis XIV, que reinaría como Felipe V, inaugurando la dinastía de los Borbones.

Desde entonces, durante el siglo XVIII con los decretos de Nueva Planta (1706 a 1715) y sobre todo desde la creación de las provincias en 1832, con la unidad de jurisdicciones que siguieron a la novísima planta administrativa, que contrapesaban la tradición administrativa anterior de los reinos históricos, se procedió a transitar del estado confederal, o/y federal, al estado unitario moderno, con dos momentos cardinales: la constitución de Cádiz, que instaura el concepto nuevo de soberanía nacional en la nación española, y la constitución de 1874, que pone fin a la inestabilidad política anterior, desde el reinado de Isabel II (1833-1868). De corrupción galopante, endémica y de libro, alrededor de las prebendas de la Corte que supuso la pérdida del ritmo de la modernidad económica,  y supera la sangría física, moral y económica que supusieron los dispendios y dispersión política de las guerras carlistas.

Y en la medida en que el estado moderno, liberal y unitarista se afianzaba en un pacto estratégico entre la política del turno de partidos y las familias económicas que se alentaban desde la centralidad administrativa y la corte, las burguesías tradicionales de los antiguos reinos periféricos, ante la prepotencia de la economía alentada desde la centralidad, impulsaron los manifiestos de agravios históricos y los nacionalismos.

La monarquía borbónica, a imagen de su origen francés, ha actuado de centro articulador de la nación nacional, valga la retórica, soñando con un estado uniforme y dirigido desde la capitalidad, desde la jerarquía de su proximidad al poder.

La imposición constitucional

Es sabido que la actual instauración, o restauración monárquica a la postre, fue la imposición del régimen de Franco para asegurarse que el futuro político, una incógnita a la muerte del dictador, no se fuera del control de las élites franquistas. Es decir, no se perdiera el timón del entramado ideológico, económico, represivo (las fuerzas armadas) y judicial. El aparato judicial, comprometido con la pervivencia ideológica del régimen, pero adaptándose a los nuevos tiempos democráticos que se avecinaban, nadaba entre posiciones personales emocionalmente franquistas y la necesaria lectura aperturistas de las leyes del régimen. Hasta las sucesivas amnistías, los jueces andaban sujetos por leyes restrictivas, que seguían sin apenas dudas, con interpretaciones más amplias enfocadas hacia esa virtualidad del derecho que actúa desde la racionalidad de la evolución social y de costumbres.

Aceptar la monarquía por la puerta falsa de votar una Constitución que la lleva implícita fue una alcaldada; un fraude de ley porque con una decisión de orden jerárquico máximo, la Constitución es la ley de leyes, se legitimó una ley del franquismo que la Constitución venía a derogar. Lo jurídicamente correcto hubiera sido un referéndum sobre la monarquía que no se realizó, lo hemos sabido a posteriori, porque las encuestas encargadas a tal efecto por Adolfo Suárez daba que no salía. La monarquía debería ser sometida a referéndum.

A estas alturas, con Felipe VI en la Zarzuela, en plena diáspora ideológica y con dos frentes encontrados: la estructura territorial y la esencialidad misma del estado, a la monarquía se le exigiría moderación y equilibrio. Pero, ¿qué tipo de equilibrio?

La moderación consiste en no contribuir a mayor polaridad entre unos y otros, cambiando el paradigma o el enfoque de las cuestiones. Claro que eso constituye un riesgo, puesto que lo cómodo es elegir el bando más afín, que la soledad ideológica es dura y, al final, no se puede olvidar que una monarquía no querida, sin consenso social, siempre está en riesgo de ser sometida a cuestión y, ¿si sale que no? Entonces a la calle.

Pero existe otra posibilidad y es coger el toro por los cuernos como se dice y buscar en el qué de las monarquías que sobreviven en los sistemas democráticos. Y es justificar la institución monárquica desde su utilidad para la sociedad, para el estado.

Y el camino es sencillo, aunque complejo, porque implicaría un cambio copernicano del borbonismo. Pasar de la tradición centralista y uniformadora, la herencia secular de los borbones desde Luis XIV, al concepto multinacional de la tradición de los Austria. 

Y está en la mano del Felipe VI virar hacia el pragmatismo y asumir que España es un estado plurinacional y, como rey que pretende ser de todos los españoles, comprometer la monarquía como garante de la unidad de España en un nuevo modelo territorial en que puedan convivir naciones, nacionalidades no excluyentes con la nacionalidad española, y regiones con vocación nacional que el tiempo concretaría; al igual como la Constitución previó un estado autonómico sin que, aparte de Euskadi y Catalunya, y Galicia, se supiera su configuración geográfica final.

En otro artículo, enfocaba el tema de la desigualdad del valor del voto en el Senado dependiendo de la provincia. La Constitución, aprobada antes de que se desarrollara el proceso autonómico, considera a la provincia como la unidad territorial de referencia y la demarcación electoral para las convocatorias electorales de carácter nacional.

Para el caso de la elección del Senado, que nos ocupa aquí, la Constitución (en su artículo 69) establece que cada provincia elige por sufragio a 4 senadores con unas especificidades para el caso de los archipiélagos, Canarias y Balears, y las ciudades de Ceuta y Melilla. Estas eligen a 2 senadores; Canarias, un total de 11 y Balears, a 5.

De esta suerte, la distribución de número de senadores por provincias, por la diferencia de población, resulta que los senadores representan a un número muy desigual de electores según el número de votos necesarios para conseguir el escaño como senador. Circunstancias que también se da para el caso de la elección de diputados al Congreso.

En el Senado, en las provincias con mayor población un escaño de senador puede representar hasta tres veces a más personas que un escaño en provincias menos pobladas. Eso, indudablemente, constituye una quiebra del principio de la igualdad de los españoles ante la ley: el voto de los ciudadanos de la España interior, con la excepción de Madrid por su concentración demográfica, vale más que el de los españoles de la periferia.

El legislador, en el mismo artículo 69 de la Constitución, dándose cuenta de esa anomalía del trato desigual del valor del voto estableció un mecanismo de corrección por el que, de un lado establece que cada comunidad autónoma aporte un senador designado por la asamblea autonómica o el órgano colegiado superior a la provincia (antes constituirse las comunidades autónomas, la asamblea de parlamentos de la región), y, del otro, un senador por cada millón de habitantes. Con ello se conseguía, aunque no significativamente, mejorar en proporcionalidad pero no, en ningún modo, se corregía el sesgo ideológico derivado de la desigualdad del valor del voto en origen. La demostración es sencilla: los nuevos senadores de designación autonómica son elegidos por las asambleas autonómicas donde priman las mayorías alcanzadas por la elección por sufragio en las demarcaciones provinciales.

La única posibilidad de corregir esta anomalía democrática, dado que alcanzar un consenso para reformar la Constitución con el Partido Popular, principal beneficiario del estatus actual, es inviable, consiste en actuar sobre la Ley electoral.

Está al alcance de una mayoría en el Congreso modificar la LOREG, eliminando los senadores de designación autonómica, que no contribuyen en nada a la mejorar la cualidad de la representatividad, y sustituirlos por otros elegidos por sufragio pero por la circunscripción electoral autonómica.

Calcular el número equilibrado, en términos de igual de valor del voto del ciudadano en cada autonomía puede hacerse ponderando población y número de senadores a elegir, de forma que se compense la partidista asignación actual, dotando de un número extra de senadores a aquellas comunidades autónomas de mayor desajuste entre población y senadores elegidos.

En el cuadro se explica una posibilidad plausible. Vemos, en la columna 3, el total de senadores por Comunidad Autónoma, sumados los elegidos por sufragio, en cada provincia, y los designados por la asamblea autonómica. En la columna 4 vemos el número de ciudadanos representados por cada senador de cada comunidad autónoma. En la misma columna 4, vemos la media de representatividad a escala nacional.

Cada senador, de media, representa a 178.479 ciudadanos de modo que si se compara la media de representatividad nacional con la representatividad de los senadores por cada comunidad autónoma, descubrimos una evidente diferencia en el valor del voto ciudadano según el territorio del votante.

Cuadro 1. Cómo se argumenta un nuevo Senado por sufragio

En la columna 5, se han tomado los datos de población de cada comunidad autónoma y divido por la representatividad media de cada senador en el Senado. Así se ha establecido un número teórico de senadores por comunidad autónoma respetando la misma representatividad por población. Como se puede ver, existen comunidades que para respectar la igualdad del voto ciudadano deberían aumentar o disminuir su número se senadores.

En la columna 6, se hace una extrapolación teórica de número de senadores por comunidad autónoma, con la regla de que ninguna comunidad pudiera perder su actual número de senadores; evitando en lo posible conflictos mayúsculos por supuestas manipulaciones en cuanto a reducción de número de senadores.

La columna 7 expresa la representatividad de cada senador elegido, sumando los de por sufragio provincial y autonómico. Como es de ver, la población representada por cada senador no es exactamente la misma debido a que se ha seguido el criterio de ninguna comunidad autónoma viera reducido su número de senadores. A pesar de ello, la dispersión en la representatividad entre los senadores es mucho menor, acercándose al ideal de una representación similar de población por senador.

De esta suerte y teniendo en cuenta que algunas comunidades incrementarían notablemente su número de senadores, caso de Madrid, que pasaría de 11 a 38; de Catalunya,que pasaría de 24 a 44; la Comunitat Valenciana, que pasaría 18 a 29; Andalucía, que pasaría de 41 a 48 y de Murcia, que pasaría de 6 a 9, el total de senadores se incrementaría de 266 a 334. Y, considerando las reivindicaciones de un senador extra para Balears, de 5 a 6, el Senado estaría compuesto por un total de 335 senadores.

El nuevo senador por las Illes Balears se argumenta porque en la asignación inicial de representatividad, se previó un senador por el Consell de Eivissa Y Formentera, y tras la modificación estatutaria que creó el Consell de Formentera, desvinculado pues del de Eivissa, se justifica que la comunidad autónoma balear tenga un senador específico para Formentera manteniéndose el actual por Eivissa.

El cuadro que sigue describe cómo se realiza el cómputo de los nuevos senadores elegibles por sufragio por circunscripción autonómica.

Cuadro 2. De cómo quedaría el nuevo Senado

En la columna 3 consta los senadores actuales, suma de por sufragio provincial y de designación. En la columna 4, se relacionan los senadores por sufragio provincial, que son los establecidos por la Constitución y en la columna 5 se relacionan los senadores que sería elegidos por sufragio en circunscripción autonómica. La columna 6 refleja los senadores totales por comunidad autónoma.

Como se ha apuntado anteriormente, cabría añadir un senador por la circunscripción en Balears, elegible por sufragio por la isla de Formentera.

Con la nueva distribución de senadores, el Senado estaría compuesto por 208 senadores, elegidos por sufragio provincial, sistema de elección blindado por la Constitución, y 126 elegidos por sufragio por circunscripciones autonómicas.

El siguiente, cuadro 3, muestra la tasa de representatividad de las comunidades autónomas en el Senado, en los supuestos: actualidad, en la columna 4, y en la propuesta, columna 6, con un Senado donde se respeta con mayor fidelidad el valor igual del voto.

Es de ver que en el supuesto actual, columna 4, la desigualdad de valor del voto (a cuántos ciudadanos representa cada senador) es escandalosamente bajo en el caso de la Comunidad de Madrid, donde la tasa de cobertura es solo del 29 por ciento, es decir, si la igualdad del valor del voto está en la tasa de cobertura 100, el caso de la media nacional, en Madrid el valor del voto es solo del 29%.

Caso similar es para Catalunya, con una cobertura actual del 54%; la Comunitat Valenciana, del 63% y de Murcia, del 69%. En la nueva propuesta de Senado las tasas de cobertura de estas comunidades se acercan a 80%, de manera que se corrige razonablemente bien la situación actual.

Cuadro 3. Tasa de cobertura del valor del voto en las elecciones al Senado

En el siguiente gráfico, cuadro 4, muestra la relación entre población de las comunidades autónomas, en las que se aumentaría el número de senadores, y el número total de senadores a elegir. Para evitar que ninguna comunidad autónoma perdiera número de senadores, la propuesta de ajuste de representatividad prevé aumentar el número de senadores en aquellas comunidades ostensiblemente infrarrepresentadas: Comunidad de Madrid, Catalunya, Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía.

En el gráfico, del 1 al 5, el número de población representada por cada senador en la actualidad para el caso de las 5 comunidades autónomas que verían incrementado su número: Comunidad de Madrid, Catalunya, Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Andalucía. Y del 6 al 10, las mismas comunidades autónomas en la propuesta de ampliación. Con la aplicación de los nuevos restos, el orden sería: Comunidad de Madrid, Catalunya, Andalucía, Comunitat Valenciana y Región de Murcia.

Cuadro 4. Tasas de representatividad de las cinco Comunidades autónomas más afectadas, antes y con la propuesta de reforma 

Como se puede ver, la dispersión, la desigualdad en el valor del voto, de las cinco comunidades autónomas que ampliarían su número de senadores, es mayor en la actualidad que en el supuesto de la propuesta, donde la horquilla de diferencia está entre 177.640 -población representada por senador en Madrid- y los 170.209 en la región de Murcia cuando, en la actualidad, el sesgo de representación va desde el supuesto de Madrid, donde cada senador representa a 613.667 ciudadanos al Andalucía, donde cada senador representa a 207.322 ciudadanos o, lo que es lo mismo: el voto de un madrileño vale casi tres veces menos que uno de Andalucía.

A mi modo de ver, esa distorsión arbitraria, puesto que fue una decisión política del partido de UCD, que impuso sus criterios para acordar una ley en su propio beneficio electoral, falsea los resultados en cada convocatoria electoral beneficiando a un partido claramente, el Partido Popular. Elección tras elección el PP obtiene un plus de representación consiguiendo más escaños de los que le corresponderían por los votos alcanzados.

En las últimas elecciones generales, el 23 de julio de 2023, el PP fue votado por 8.160.837 ciudadanos para el Congreso, el 34,17% de los que votaron a las candidaturas que alcanzaron escaño, y si consideramos el total de votos válidos, alcanzó 33,32% de los votos válidos emitidos, consiguiendo 39,14% de los diputados. Por poner una comparación, el PSOE, con el 32,75% de los votos emitidos por los partidos que alcanzaron representación, el 31,94% sobre el total de los votos emitidos válidos, consiguió el 34,57% de diputados. El PP consigue un plus de representatividad del 5% en el Congreso, es decir, alrededor de 20 diputados extra.

Para el caso del Senado, el tema central del artículo, y sin realizar un cómputo exhaustivo provincia a provincia, sino utilizando el número de votos totales para el Congreso a escala nacional, podemos extrapolar con algún margen de error aceptable que por los votos conseguidos por el PP les corresponderían 71 senadores del total de 208 de los elegidos por sufragio provincial. A todas luces, muchos menos de los 120 con que cuenta en la actualidad elegidos por sufragio.

Siendo tan grave para la salud de la democracia el tema del sistema electoral, debería ser una exigencia urgente del Gobierno conseguir la mayoría suficiente para un cambio de la LOREG; al menos por lo que respecta al Senado y en los términos en que se plantean aquí. De otro lado, y desde la sociedad civil, existe base legal suficiente para argumentar una demanda de derecho contra discriminación por la desigualdad del valor del voto según el lugar de residencia, lo que contradice los términos del principio de igual de los españoles ante ley.

La semana pasada asistimos a la primera prueba de temperatura de los partidos que dan abrigo al Gobierno. En una sesión del Congreso que se antoja simbólica por realizarse en el Senado, la cámara segunda donde reina la derecha nacional, se vio cómo se vislumbran el tono de las próximas sesiones parlamentarias donde el gobierno será puesto a prueba hasta el límite. Las oposiciones amigas, Podemos con el foco en la vicepresidenta de Sumar y Puigdemont en el presidente Sánchez, van a someter al gobierno a un pressing insoportable si no fuera porque, a la postre y a corto plazo, ni unos ni otros podrían sobrevivir en otro escenario.

De las negociaciones con Junts, para desbloquear y permitir que al menos dos de los tres decretos fueran convalidados, llama la atención la transferencia a la Generalitat de responsabilidades sobre inmigración. Una gestión que no había sido solicitada por el Govern de Aragonés, aunque varios de sus políticos sí habían tocado el tema, solo puede interpretarse como una presión de Junts sobre Esquerra en esa guerra abierta por la hegemonía del independentismo. Junts, fortalecido por su inesperado papel determinante por la aritmética parlamentaria, sabe que esta oportunidad para acomodar la política a sus intereses será única salvo que se repitiera la situación en las próximas generales que nadie espera que sean en cuatro años. 

Entre tanto, los de Puigdemont saben que la provisionalidad, patear pero sin poner en peligro al Gobierno, durará hasta que la ley de amnistía sea plenamente efectiva que, con los recursos anunciados y las decisiones a la vista, no será antes de final de este año, si no ya en la primavera de 2025. Y hasta que se celebren las elecciones catalanas que tocarían sobre el 16 de febrero del año que viene. La pregunta es si tras las elecciones catalanas, y dependiendo de si Junts logra ser determinante, estaría en peligro su apoyo a Sánchez. La crónica anunciada tiene dos metas volantes: las elecciones europeas, en la disputa con el PP, y las catalanas, con Junts.

Con la ley de amnistía en vigor Carles Puigdemont podría presentarse a la presidencia de la Generalitat, aunque en una reciente entrevista manifestó que no iba a hacerlo ni “hacer un Tarradellas” y Oriol Junqueras ya no estaría inhabilitado y podría también ir en las listas. Un futuro enfrentamiento de titanes supondría someter al electorado independentista a una decisión fratricida que iría más allá de las siglas políticas y quizás no resultara conveniente para el futuro del independentismo.

De celebrarse las catalanas con la ley de amnistía plenamente en vigor, superados los obstáculos judiciales, o en situación de trámite, las próximas elecciones catalanas se enmarcan como casi definitivas para el futuro del independentismo: revalidar su mayoría parlamentaria o una presidencia del partido socialista.

A Esquerra se abre la incógnita de qué escenario sería más conveniente para sus intereses: si un adelanto electoral con la ley de amnistía todavía en trámite o cuando los amnistiados puedan presentarse a cargos políticos. En el segundo caso, Esquerra también tendría que decidir hasta qué punto Oriol Junqueras es un tirón electoral. 

Para Junts un adelanto electoral, sin la ley de amnistía plenamente en vigor, supondría que señalados políticos no pudiera optar al Parlament, por lo sería de obligación aportar nuevas caras, una renovación que podría resultar muy conveniente en esa nueva normalidad posconvergente.

Y para el Gobierno un adelanto electoral en Catalunya, antes de que entrara en pleno vigor la ley de amnistía, aceleraría el pragmatismo de Junts desactivando su marca más independentista y buscando conectar con problemáticas crecientes, como la inmigración. De los principales partidos catalanes, el electorado de Junts es el más preocupado con este tema, el 60 por ciento según el CEO (CIS catalán), y sus estrategas verían cómo sus votantes podrían estar tentados de alimentar el nuevo partido Aliança Catalana, independentista e islamófobo. Con el adelanto electoral Esquerra se aseguraría no enfrentarse con los pesos pesados de Junts y desbarataría, sin dejarla madurar, la nueva estrategia sobre inmigración abierta en el golpe de fuerza por la convalidación de los decretos ómnibus.

El desafío de Esquerra es cómo responder a la abstención de su electorado en las generales. El 23 de julio, ERC pasó de 13 a 7 diputados y Junts de 8 a 7 diputados. La pérdida de votos del independentismo benefició al socialismo. Pero mientras que para Esquerra se trata de recuperar sus votantes, después de su etapa de colaboración que culminó con los indultos, para Junts la cuestión está en si su votante considerará la Ley de amnistía como un punto y final o un comienzo. De la valoración que hagan los votantes de Junts dependerá que episodios como el de la semana pasada sean la norma o la excepción. Lo que parece es que será la norma hasta que las elecciones catalanas pongan a cada cual en su sitio.

Para Socialistes de Catalunya, y el Gobierno de coalición, el escenario de un adelanto electoral en Catalunya sería arriesgado. Si Junts remonta, y supera a Esquerra, supondría el respaldo a su política de presión al límite. Si los socialistas se alzan con la Generalitat, Junts no tendría aliciente para seguir apoyando al gobierno.

Todo este análisis queda pendiente del resultado de las europeas de junio en doble rasero de quién las gana; entre los dos grandes partidos nacionales y entre las dos marcas independentistas. Pero, ¿y si Aragonés a lo Pedro Sánchez hiciera una sanchada y precipitara las catalanas haciéndolas coincidir con las europeas?

Tener una concepción federal para España se refiere a la mejor manera de organizar territorialmente el Estado. Y es una idea, más bien una técnica política, transversal.

Estados Unidos es federal, como lo era la Unión Soviética, y lo es ahora Rusia. Brasil es federal, y lo son México o Venezuela. Alemania, Bélgica y Suiza lo son también, y Nigeria y Australia. Hay muchos más ejemplos de estados federales que funcionan con gobiernos de uno y otro color ideológico, y de larga tradición algunos, sin que se advierta que su estructura federal tenga relación alguna con movimiento secesionistas.

Pensar que federalismo es de izquierda es una anomalía conceptual por la historia del siglo XIX y primera mitad del XX, la más reciente la herencia del franquismo, 40 años de monocultivo cultural pesaron mucho.

La virtud del federalismo, en alguna medida recogido por la España de las autonomías, es que horizontaliza la toma de decisiones y, en su pleno funcionamiento federal, la recaudación de ingresos y gastos. La aspiración de la financiación autonómica es avanzar hacia las autosufiencias económicas, obviamente relativas incluso a escala interestatal, e ir definiendo de facto una estructura federal. ¿Por qué la confusión conceptual de izquierdas y derechas? 

La respuesta está en la lectura de la historia. La modernidad económica, a principios del siglo XIX, vino de la mano de la intervención del Estado central. Sin duda fueron las élites intelectuales de la modernidad quienes impulsaron en los primeros decenios del siglo XIX, desde la Corte, el centro pues, la transformación económica del país. Y esos gobiernos modernizadores, aunque corruptos y clientelares de las familias nobiliarias y terratenientes que se movían alrededor de la Corona, tuvieron que enfrentarse a caciquismos locales y situaciones de privilegios ancestrales. De ahí que el progreso viniera del centralismo.

En la tercera parte del siglo XIX cuando se desarrolló la industrialización, Catalunya, País Vasco, núcleos de Málaga, Madrid, Santander, Zaragoza, la minería de Asturias, Huelva, Cartagena, etc. surgieron otras burguesías, familiares algunas, no ligadas a las que conseguían sus ventajas por estar cerca de la Corte, que colisionaron con los intereses de las burguesías centrales. Las burguesías periféricas reclamaban que los gobiernos protegieran también sus productos manufactureros, como cuidaban de los intereses de las familias económicas que sostenían las cuentas del Estado.

El federalismo prospera entre las burguesías no ligadas a los intereses de las oligarquías centrales, afectas a la Corte, y así se ve que el federalismo político está patrocinado, mayoritariamente, por las burguesías industriales (manufactureras) y comerciales, de derechas, pues. Aunque, desde la izquierda radical, el anarquismo también la idea federal, prospera por lo que tiene de horizontalidad y democratización del poder.

En su vertiente industrial, económica, se trata de la misma diferenciación entre la pirámide jerárquica en el mando, el sistema Fordista-taylorista de producción que exigía el control central de todos los procesos, por su forma más moderna, el sistema Toyota, instaurado por Taiichi Ohno. Es decir, la idea del supermercado, la producción just in time, en el que cada parte del proceso productivo se responsabiliza de sí misma y toma parte en las decisiones del conjunto desde su esfera de responsabilidad.

El caso es que lo del federalismo es una técnica de organización política, de horizontalidad en la toma de decisiones (del poder) de la que recela quienes tienen algo que perder y aplauden quienes tienen algo que ganar.

No están en peligro las entidades nacionales solo la exclusividad del poder de quienes se mueven sin control en esos conceptos.

Espero que no haya dudas de que el federalismo en modo alguno está contra la esencia de España, eso sí, está en las antípodas de la pretensión de que lo español es la extensión de los iconos castellanos (el Cid y compañía) o la cultura cañí y de los toros como símbolos culturales que, además,  colisionan frontalmente con la modernidad y en regiones menos adeptas a la asimilación de la cultura española de florero dominante.

El candidato Alberto Núñez Feijóo se lanzó al ruedo de la investidura por necesidad de tener protagonismo y afianzar su liderazgo en el PP. Su estrategia para validarse como líder de la alternativa de derechas es desprestigiar a Sánchez acusándole de sectarismo contra los intereses de España.

Se llena la boca hablando de igualdad de los españoles, pero obvia que se beneficia de una ley electoral favorable a las ideologías conservadoras y uniformadoras; que prima a su partido gracias a que las circunscripciones electorales son las provincias, blindadas en la Constitución.

Se erige en adalid de la España de las esencias, el centro de cultura netamente castellano-española, frente a la España periférica, principalmente la mediterránea y vasca, sin querer enterarse de que es el beneficiario de la desigualdad de los españoles a la hora de votar.

En los feudos de la España inmovilista, la del centralismo nacional contra los que pensamos en una España multinacional y diversa, cada voto vale, en algunos casos, hasta tres veces más que el voto de los que vivimos en la costa mediterránea. El PP ha sido beneficiado por una ley electoral que determina que con menos votos se consigan más escaños por el blindaje de la provincia como circunscripción electoral.

Refiriéndonos a los resultados de las elecciones del 23 de julio pasado, en el Senado, los 120 senadores del PP han sido votados a razón de 235.952 votantes (de media por senador) en cambio los 88 restantes han costado (de media) 440.460 votos cada uno. Y si exceptuamos la Comunidad de Madrid, donde cada uno de los 4 senadores de elección por sufragio se consigue con 1.687.584 votantes, el coste de cada senador del PP estaría en 221.889 votos, la mitad de lo que ha costado a las demás candidaturas.

Algunos datos respecto a la desigualdad del valor del voto de los españoles en el Senado. Exceptuando la Comunidad de Madrid, que concentra 6.750.336 de habitantes en una provincia, y por tanto el coste de cada senador elegido por sufragio es escandalosamente caro, de 1.687.584; y los casos de La Rioja, Melilla y Ceuta, en los que cada senador se consigue por un mínimo de votantes: 79.973, 42.585 y 41.559 respectivamente, la desigualdad de los españoles ante la Ley es manifiesta entre las comunidades autónomas con más circunscripciones electorales: las provincias, según la Constitución.

Esa injusticia, por discriminatoria hacia las provincias más pobladas, supone que los españoles no son iguales ante la ley a la hora de votar. Por ejemplo, el coste de cada senador en Catalunya es de 487.038 votos mientras que en Andalucía cada senador se consigue (de media) con 256.631 votantes, casi un 90 por ciento menos.

En Euskadi, cada uno de los 12 senadores lo son porque ha sido votado por 184.014 ciudadanos (de media) en cambio los 36 senadores de Castilla y León han sido votados por solo 65.907 votantes. La diferencia es que los ciudadanos vascos valen, ante las urnas, que no es poca cosa, casi un tercio menos que los de Castilla y León.

Los senadores de la Comunidad Valenciana son votados por 424.831 votantes mientras que los 16 senadores de Galicia han sido votados por 168.154 cada uno. El voto de los valencianos vale menos de la mitad que los gallegos.

Los 20 senadores de Castilla La Mancha han sido votados por 102.666 ciudadanos de la Comunidad y, en cambio en la Región de Murcia, al lado, cada senador ha sido votado por 382.970 votantes. El voto de los murcianos vale casi una cuarta parte del de los Castellano-manchegos.

En suma, el sistema electoral truca el resultado de las elecciones en beneficio de las circunscripciones menos pobladas debido al mantenimiento de las provincias en competencia con las autonomías que debieran ser el distrito electoral de referencia a nivel nacional.

El Partido Popular consigue 95 de sus 120 escaños en el Senado en las Comunidades donde el coste del senador es más bajo: Castilla León, Castilla La Mancha, Aragón, Extremadura, Galicia y Andalucía, además de La Rioja, Melilla y Ceuta.

¿Cómo hemos sacado los números? Dado que el voto al Senado es nominal al candidato y cada elector vota a varios candidatos, a la hora de establecer la representación teórica de cada senador por población hemos tenido en cuenta el coste de cada escaño por Comunidad Autónoma, para simplificar.

Según esta regla, el PP ha conseguido 95 de los escaños del Senado representando a 12.520.839 votantes. Por poner una comparación, la población de Catalunya, Euskadi y Comunidad Valenciana con una población de 15.098.752 personas eligen por sufragio a 40 senadores, menos de la mitad: La prima electoral a favor de las provincias menos pobladas es evidente.

Para el caso del Congreso la desigualdad en el valor del voto es similar, y más conocida. Ya es un tópico comparar los 96.175 votos necesarios para conseguir un diputado en Madrid con los 24.765 que cuesta en Teruel. O los 93.103 votantes por cada escaño en Valencia en comparación con los 46.899 en Soria.

La evidencia es que el sistema electoral, en el que la circunscripción electoral es el elemento discriminatorio fundamental, consolida la desigualdad de los españoles ante la ley a la hora de votar. ¿Por qué no se corrige esa clara discriminación? Entre otras cosas, por la extrema dificultad de modificar la Constitución sin el concurso del partido opositor, precisamente el mayor beneficiario del sistema. Pero existen lagunas legales que permitirían corregir esta situación.