“Tenemos que reformar radicalmente nuestra concepción de los sistemas de apoyo y asistencia”. Estas eran las palabras de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en febrero 2023. Pocos meses después, el 4 de octubre de este año, se logró un consenso histórico en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al adoptar, sin votos en contra, una resolución que reconoce la “centralidad de los cuidados desde la perspectiva de los derechos humanos”. Esta resolución insta a los estados a implementar todas las medidas necesarias para reconocer, redistribuir y proteger el trabajo de cuidados.

La invisibilización histórica de los trabajos de cuidado ha contribuido a la precarización y discriminación de aquellas actividades no productivas desde una óptica de mercado neoliberal y patriarcal. La creciente oleada de feminismos ha subrayado la necesidad de una distribución equitativa de los cuidados como requisito previo para que las mujeres disfruten plenamente de sus derechos, según las Naciones Unidas.

Mientras en 2023 es innegociable que existe un derecho humano a ser cuidado y a cuidar que está empezando a tomar cuerpo, cómo pueden los estados, que son los responsables de la garantía de los derechos humanos, ¿reconocer, redistribuir, y proteger el trabajo de cuidados?

En el complejo entramado de los cuidados, la filósofa iraní Shahra Razavi compara el cuidado con un diamante, con diversas caras vinculadas a la provisión profesional, informal y personal de actividades esenciales para la vida. El reconocimiento de los cuidados exige una revolución moral y de responsabilidades donde la vida, y no el mercado, vuelva a estar en el centro. Aunque cuidar de amigos, niños, ancianos, vecinos u organizar las tareas familiares debería ser reconocido institucionalmente, es esencial poner el foco en uno de los sectores que encarna los obstáculos de esta transformación política: el trabajo profesional del hogar.

En España, como en muchos otros países europeos, la pandemia Covid-19 desveló las deficiencias en el ámbito de los cuidados y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra este sector. Las arduas condiciones de las trabajadoras del hogar hicieron eco hasta las instituciones. A pesar de algunas victorias, como el reconocimiento del derecho al paro de las empleadas del hogar en el Real Decreto 16/2022, las condiciones de trabajo aún enfrentan desafíos. La reforma laboral de 2022, impulsada por el gobierno de PSOE y Unidas Podemos, benefició el derecho a los cuidados con la equiparación de la cotización de la jornada parcial con la jornada completa, que afecta mayoritariamente a las mujeres. 

A las puertas de un nuevo gobierno, la cuestión de los cuidados vuelve a ponerse sobre la mesa. Las oportunidades de cambio se vislumbran en los acuerdos entre PSOE y Sumar, que incluyen la reducción de la jornada laboral sin disminución salarial y la formalización de una 'Ley de Cuidados' centrada en el trabajo de cuidados a niños y personas dependientes. Sin embargo, a pesar del reconocimiento institucional, la discriminación y la precariedad persisten en el sector. Garantizar los cuidados como un derecho exige una mayor reestructuración del sistema que lo rodea.

El trabajo doméstico en España representa menos del 2% del empleo regular, con un 45% de afiliación de personas extranjeras. A pesar de ser un trabajo de alto riesgo físico y psicológico, las tasas de temporalidad y parcialidad superan la media española, mientras los sueldos se mantienen por debajo de otras profesiones. Un ejemplo es el de las residencias de ancianos; de las plazas disponibles en España el 61% son residencias privadas, y en toda Cataluña apenas hay 17 residencias públicas. La gestión privada de servicios públicos como la sanidad y la educación, y la externalización del sector de cuidados, han contribuido a las condiciones laborales precarias y a la feminización de la pobreza.

Proteger el derecho al cuidado implica reestructurar un sistema aún anclado en lo privado. Si queremos abordar el diamante de los cuidados en todas sus dimensiones, debemos empezar por las problemáticas intrínsecas a nuestras leyes. La externalización de un derecho fundamental en manos de empresas privadas continúa precarizando la vida de miles de mujeres. Abarcar el derecho humano a los cuidados en todas sus dimensiones requiere una integración total del cuerpo estatal y social. Mientras tanto, es crucial establecer las bases para regular los cuidados y construir nuevas responsabilidades sobre los cuidados como derecho, y no como mercancía.

La llamada de las Naciones Unidas en octubre no solo es una alerta, sino sobre todo una oportunidad para desmantelar los obstáculos a para realizar los derechos humanos. Celebrar pequeñas victorias es crucial, pero recordar las deficiencias del sistema es aún más vital en el camino hacia una nueva agenda política que reconozca los cuidados como un derecho humano inherente a todos nuestros derechos sociales, económicos, culturales y ambientales.