Me enteré del plan del Gobierno británico de trasladar a Ruanda a los solicitantes de asilo residentes en el Reino Unido cuando se anunció, en abril de 2022. Un acuerdo sobre el que sorprendentemente no había habido debate público antes de la firma, y del que prácticamente tampoco habría discusión después. Fui una de las pocas personas en Ruanda que expresaron en público su desaprobación. Como los medios locales no se atrevieron a darme un espacio, solo pude hacerlo en publicaciones y canales extranjeros además de en redes sociales.

La oposición a esta medida se fundamenta en hechos. Con los derechos políticos restringidos y las libertades civiles coartadas, Ruanda no puede considerarse un país libre. Además, sigue figurando entre las naciones más pobres y menos desarrolladas del mundo, con los mayores niveles de desigualdad de África Oriental.

Un país con estas limitaciones no puede ofrecer ninguna solución real a los solicitantes de asilo trasladados allí. De hecho, las condiciones sociales y económicas de Ruanda hacen que también sea un país de origen de refugiados. ¿Cómo se las arreglarán los migrantes, muchos de ellos con muchos traumas psicológicos a sus espaldas en un entorno así y en un país que aún está reconstruyéndose a sí mismo?

Sensibles a la difícil situación que viven las personas obligadas a abandonar su país, la mayoría de ruandeses estarían más que dispuestos a hacerles sentir bienvenidos. Pero mis compatriotas también son perfectamente conscientes de la realidad que enfrentan en su propio país. Las personas con las que hablo desaprueban el acuerdo pero tienen demasiado miedo a las autoridades como para decirlo públicamente.

Falta de libertades

El precio que yo he pagado y sigo pagando por expresar opiniones contrarias al relato oficial del Gobierno ruandés es alto. En 2010, cuando regresé a Ruanda tras mi exilio en los Países Bajos, fui inmediatamente detenida por cuestionar de manera pública la política oficial de reconciliación por el genocidio de 1994. El entonces subsecretario de Estado parlamentario del Reino Unido para África, Henry Bellingham, denunció que fui arrestada por cargos falsos, pero el Tribunal Supremo de Ruanda me condenó a 15 años de prisión.

Presenté un recurso ante la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (AfHPR, por sus siglas en inglés), que me absolvió, pero el Gobierno de Ruanda se negó a reconocer la sentencia. Tampoco quiso hacerlo cuando el Consejo de la Abogacía de África aprobó varias resoluciones pidiéndole que cumpliera con sus obligaciones internacionales en relación con el fallo de la AfHPR. Pasé ocho años en la cárcel, de los que cinco fueron en régimen de aislamiento.

Por fin me liberaron en 2018 con un indulto presidencial. Las condiciones de mi libertad me impedían salir del país sin permiso, ejercer mis derechos políticos, conseguir la aprobación de mi partido, o reunirme con mis simpatizantes, algunos de los cuales han desaparecido o sido misteriosamente asesinados en los últimos 20 años.

Mi historia y la de otras personas que, tras criticar al Gobierno ruandés, fueron acosadas, encarceladas, o forzadas a exiliarse para evitar males aún mayores, son pruebas tangibles de la falta de consideración que hay en Ruanda por los derechos humanos.

Reino Unido, consciente

El Reino Unido, uno de los principales socios de Ruanda en su estrategia de desarrollo económico, es claramente consciente de los problemas que hay en el país con relación a los derechos humanos. En enero de 2021 las autoridades británicas expresaron su preocupación por las continuas restricciones a la libertad de los medios en Ruanda, y a los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos.

Pese a ello, el Gobierno británico decidió poner en marcha menos de un año después la alianza por el desarrollo de un acuerdo migratorio con el país.

Las autoridades británicas expresaron su preocupación por las continuas restricciones a la libertad de los medios en Ruanda, y a los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos

La situación de los derechos humanos en Ruanda fue uno de los motivos aducidos por el Tribunal Supremo del Reino Unido en noviembre, cuando consideró ilegal la política de trasladar al país africano a los solicitantes de asilo. En la explicación del fallo, el Tribunal Supremo también consideró poco convincente la aceptación acrítica, por parte del Ministerio del Interior, de las garantías ofrecidas por Ruanda.

Según el alto tribunal británico, esas garantías no permitían descartar el riesgo real de violaciones a los derechos humanos mientras siguieran en pie las instituciones que habían dado lugar a esas violaciones en el pasado.

Resulta sorprendente que con todos esos antecedentes el Gobierno británico haya optado por reactivar su acuerdo con Ruanda para el traslado de refugiados. Lo ha transformado en un tratado de inmigración y su plan es sacar un proyecto de ley que, de ser aprobado por los legisladores británicos, confirmará la consideración de Ruanda como un país seguro.

En mi opinión, estos planteamientos no van a ninguna parte y la mejor opción para el Reino Unido es reorientar sus esfuerzos para que ayuden a mejorar el respeto a los derechos humanos en Ruanda. El Reino Unido puede pedir al país que ponga en marcha medidas concretas, como la rehabilitación de opositores enjuiciados por razones políticas y la liberación de periodistas y YouTubers encarcelados por cuestionar el relato oficial del gobierno.

El Reino Unido también puede aprovechar su influencia global para ayudar a que sea la comunidad internacional la que respalde y facilite un diálogo entre el Gobierno de Ruanda y los disidentes, de modo que se acuerden y apliquen reformas por la inclusión política, por el respeto a los derechos humanos y por un verdadero Estado de derecho.

El Reino Unido también puede abogar por soluciones que mejoren los derechos humanos en Ruanda a través del Grupo de Acción Ministerial de la Commonwealth, del que forman parte los dos países.

El Reino Unido ya conocía la situación de los derechos humanos en Ruanda antes de que su Tribunal Supremo lo señalara en su fallo reciente. No es algo que pueda resolverse tan sencillamente como aprobando un proyecto de ley que considere a Ruanda como un país seguro. Lo que hace falta es abordar los problemas reales que lo hacen un país inseguro. Hay que impedir el intento de trasladar solicitantes de asilo a Ruanda hasta que Gran Bretaña apoye una mejora real del país.

*Victoire Ingabire Umuhoza es la líder de la oposición en Ruanda.

Traducido por Francisco de Zárate.