En una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, la del coloquio entre los perros Cipión y Berganza, tras observar este cómo dos pastores mataban a un carnero, se dice a sí mismo: “Pasmeme, quedé suspenso cuando vi que los pastores eran los lobos, y que despedazaban el ganado los mismos que le habían de guardar”. Una reflexión que a menudo nos hacemos colectivamente: ¿Quién nos cuida de los cuidadores?

El Consejo General del Poder Judicial tenía que haberse renovado en el año 2018 pero no se efectuó tal renovación, pues un acuerdo al que habían llegado PP y PSOE se frustró cuando Ignacio Cosidó, antiguo director general de la Policía y en aquellos momentos portavoz del Partido Popular en el Senado, dijo a los suyos por mensajería aquello de “ha sido una jugada estupenda: controlaremos la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde atrás presidiendo la sala 61 (que es la de los nombramientos). Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del Supremo y cientos de nombramientos en el Poder Judicial vitales para el PP y para el futuro de España”. Aquello de identificar el futuro del PP y el de España no es para escandalizarse una vez más, pues es lo que piensan siempre, los demás son okupas o gobiernos Frankenstein.

El escándalo de la publicación de la noticia llevó a Manuel Marchena a renunciar a la candidatura de presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo en el caso de que el PP mantuviera su palabra de renovar el organismo, continuando como presidente de la Sala Segunda del Alto Tribunal, que es la que tendría la competencia para celebrar el juicio del 'procés' catalán. Hoy, el CGPJ sigue sin renovarse y continúan en los cargos seis años después de su vencimiento los que fueron nombrados por el Parlamento cuando Rajoy obtuvo su mayoría en el año 2011.

Hoy, el CGPJ sigue sin renovarse y continúan en los cargos seis años después de su vencimiento los que fueron nombrados por el Parlamento cuando Rajoy obtuvo su mayoría en el año 2011

En general, se acepta entre los tratadistas de Derecho Constitucional en nuestro país que el Poder Judicial es el peor regulado de nuestra Constitución, que lo hace en los artículos 117 y siguientes y en la propia Ley Orgánica que se dictó para su regulación. Ley que ya fue necesario reformar en 1985 poco después de su publicación, pues en la Transición, como todo el mundo recuerda, se respetaron sin tocar algunas de las estructuras e instituciones que habían servido al franquismo. El tristemente célebre Tribunal de Orden Público tuvo su continuidad en la Audiencia Nacional, a la que pasaron con ideología, armas y bagajes, como se pudo comprobar en la ligereza con la que se investigaron los asesinatos de los abogados de la calle de Atocha. La puesta en libertad concedida a alguno de ellos antes del juicio es ejemplo de lo que decimos. El Poder Judicial no había sido tocado y mayoritariamente los jueces que lo componían habían sido directamente jueces identificados en mayor o menor medida con el régimen franquista y en su caso los más jóvenes herederos de los mismos cargos por el nepotismo judicial y académico imperante.

La regulación establecida funcionó correctamente durante unos años, ateniéndose a los resultados de la alternancia bipartidista, pero cuenta la leyenda que uno de los consejos que dio M.A.R [Miguel Ángel Rodríguez] al señor Aznar fue la de controlar la Justicia a través del Consejo General, rumor que como abogado en ejercicio he oído reiteradamente a lo largo de los años, pero obviamente nunca he podido comprobar.

El lawfare, guerra judicial, no es un problema nuestro en exclusiva, el mismo nombre en inglés lo indica: es un problema en algunos países de nuestro entorno cultural y político, en los que las derechas más conservadoras intentan utilizar el Poder Judicial en defensa de su propio poder y de los valores más reaccionarios como a menudo hemos visto en algunos países de nuestra descendencia americana. En Estados Unidos la situación es conocida como “activismo judicial” y recientemente vimos cómo el expresidente Trump, rompiendo la centenaria costumbre del respeto en la hora y forma de elección de los jueces del Tribunal Supremo, procedió a varios nombramientos para alterar su composición y su equilibrio nombrando jueces ultra religiosos, contrarios a la lucha contra el cambio climático y a derechos como el matrimonio igualitario o el aborto, pero partidarios de la liberalización total del uso de las armas que defiende la Asociación Nacional del Rifle.

La okupación del CGPJ por los nombrados en el año 2013 hoy tiene una única finalidad, que es la de, aunque no se tenga mayoría social y parlamentaria, controlar un poder constitucional básico en la democracia cuál es el Poder Judicial, una especie de golpe de estado incruento que da el PP con su Brunete judicial.

La renovación del Tribunal Constitucional, que no es órgano judicial, tuvo una vicisitud parecida a la del Consejo General y es algo perfectamente entendible pues se trataba de perpetuar en él una mayoría que no se tenía en el Parlamento y era fundamental, no solo echar abajo algunas leyes que el propio PP tenía recurridas, como por ejemplo la ley de plazos del aborto, cuestión que tras la renovación fue resuelta de inmediato, sino también las que el nuevo Gobierno pudiera publicar para deshacer el embrollo catalán en el que el PP ha enfangado al país. Si hacen memoria, lograr la renovación fue larga, laboriosa y solo conseguida tras una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En estos días hemos conocido dos sentencias de dicho tribunal en las que se revocan sendas sentencias del Supremo: una de ellas, la que se utilizó para privar ilegítimamente de su cargo de diputado al que lo era de Podemos por Canarias, Alberto Rodríguez. Digo ilegítimamente porque no había norma que autorizara la privación del cargo electoral como se hizo, efectuándose un apaño jurídico para tal fin, lo que constituye una peligrosa intromisión en ese poder básico que es el Legislativo y a la representación parlamentaria.

Otra sentencia reciente del Constitucional es la que desestima la intención del Tribunal Supremo de volver a juzgar a Arnaldo Otegui, quien después de haber sido juzgado, condenado y cumplido la pena, obtuvo sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no haber tenido un juicio justo. Pese a haber cumplido la pena a la que fue condenado, en el Supremo querían volver a juzgarlo. Algunos han visto una vieja pelea entre dos juristas antagónicos, el ultraconservador Marchena y el progresista Conde Pumpido. Entre el intervencionismo judicial en la representación parlamentaria, del que los ejemplos que citamos con protagonismo de Marchena son claro ejemplo, y la rotunda separación de poderes que defiende Conde Pumpido. Tenemos por delante la resolución por el Constitucional del recurso a la insólita sentencia en la que se condenó al expresidente andaluz Manuel Chaves por prevaricación, consistente en la iniciativa de remitir normas para su elaboración por el Parlamento andaluz. Adiós a la división de poderes, nueva ocasión de ver de cerca la guerra soterrada entre la defensa del parlamentarismo y la judicialización de la política.

Pero claro, esa tendencia cada día mayor no es nueva. Todos podemos recordar que, en 2008, el Supremo condenó a Juan María Atutxa y otros dos parlamentarios a un año de inhabilitación por desobedecer ciertas órdenes relativas a la disolución de un grupo parlamentario, (órdenes que finalmente no podían tener tal carácter por no haber norma que las amparara). Aquella sentencia tiene historia relevante. Atuxta, presidente del Parlamento vasco, había sido absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de su comunidad de la supuesta desobediencia y ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado lo habían recurrido, pero sí lo hizo el sindicato Manos Limpias (ese en el que poco después su líder fue condenado a cuatro años por delitos de extorsión). Por supuesto, la condena de inhabilitación fue recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que estimó su recurso por no haber sido sometidos a un juicio justo. Planteado el oportuno recurso de revisión ante el Tribunal Supremo, este se vio obligado a anular aquella condena. 15 años de laberinto judicial para conseguir que se reconociera su inocencia.

Aquella condena tiene más historia: el ponente fue el ya citado Marchena, hábil jurista, hijo de militar legionario, ultraconservador y ultracatólico próximo al Opus Dei, quien consiguió que el Supremo cambiara la denominada doctrina Botín, aquella que decía que si no acusaba el Ministerio Público ni interesados directos no cabía recurso, por una más light, que, sí lo permitía en ciertos casos, la finura jurídica al servicio de la ideología. El TEDH entendió que los parlamentarios vascos no habían tenido un juicio justo y el propio TS les dio finalmente la razón. 

Marchena, hábil jurista, hijo de militar legionario, ultraconservador y ultracatólico próximo al Opus Dei, consiguió que el Supremo cambiara la denominada doctrina Botín por una más light, que ponía la finura jurídica al servicio de la ideología

Las palabras antes citadas de Cosidó de alabanza a Marchena y lo bueno de aquel frustrado pacto para renovar el CGPJ también tienen una actualidad, no olvidable en estos días que se publican informaciones de lo que ha venido a llamarse Operación Catalunya, que fue aquel conjunto de actuaciones, al margen de la ley, dirigidas desde el Gobierno de Rajoy y su “policía patriótica” con la colaboración de, digamos, indeterminados agentes del poder judicial, cierta prensa y redes fecales. Llegados aquí, sería injusto no recordar que parte de las actividades fueron encaminadas a deslegitimar a Podemos, la formación dirigida por Pablo Iglesias, que hace poco ha formulado una querella contra aquel grupo mafioso, que contó con el apoyo del siempre ubicuo juez García Castellón, pieza clave en la farsa judicial que a menudo nos acompaña. 

Es necesario recordar e insistir que, si hubiere que hacer alguna corrección disciplinaria por parte del órgano competente que es el CGPJ, ni está ni se le espera, pues lo tienen okupado por los motivos expuestos, por los intereses del PP y de España, según dijo Cosidó. Aunque del corporativismo nunca hay que esperar demasiado. 

Del conflicto catalán, directamente relacionado con lo anterior, escribiremos en otra ocasión, pues es el peor conflicto político que hemos tenido en España desde el final de la dictadura, conflicto que no está concluido ni mucho menos, sino en una tensa espera y en el que el lawfare que lleva por título este artículo se escribe con mayúsculas.

Y no puedo acabar estas reflexiones sin recordar que comenzaba con las palabras que Cervantes pone en boca del perro Berganza: ¿Quién nos defiende de los pastores?

El pasado 10 de noviembre de 2023, la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Cantabria celebró una reunión de carácter extraordinario convocada y realizada de forma telemática. La certificación de la misma indica que hubo un único punto de orden del día con título de 'Amnistía' Al parecer no hubo ningún otro tema tratado. Lo que sucede es que cuando se lee el acuerdo adoptado, en modo alguno aparece la palabra amnistía y ni que se tratara de ella en aquella reunión, por lo que parece que hay una especie de acto fallido o quizás un olvido interesado, pues, siendo reunión extraordinaria para tratar de dicho tema, el que no se hable de ello resulta sorprendente.

En todo caso, personalmente me alegro de que en ese aspecto sea así, puesto que indebidamente, a mi modo de ver, la Junta se metió de lleno en un jardín que no es de su competencia y al menos en ese aspecto no confundieron a la opinión pública, entre los que incluyo a muchos de los letrados del propio Colegio. El debate de la amnistía, inundando e incendiando periódicos y tertulias, enemistando amigos y enfrentando a gran parte de la sociedad y al propio Parlamento, como tuvimos ocasión de ver y seguimos viendo, era innecesario en el Colegio.

Pudiera ser que el hecho de no haberse pronunciado sea porque comparte el mismo criterio que tenemos muchos demócratas de los de toda la vida, que es que las leyes se debaten en el Parlamento y si procede se recurren en los tribunales, en este caso si fuere menester, en el Tribunal Constitucional. Ello es así porque el artículo 1.2 de la Constitución establece que la soberanía nacional reside en el pueblo del que emanan todos los poderes del Estado. Con arreglo a ello en el Título Tercero, el artículo 66 establece que las Cortes Generales representan al pueblo español y ejercen la potestad legislativa del Estado.

A mi modo de ver, el Parlamento está absolutamente legitimado para legislar lo que estime oportuno, incluida la reforma de la propia Constitución. Solo después de haberlo hecho podrá ser discutido por y en ese otro poder del Estado que es el judicial, nunca antes, siempre después, y creer que sobre el Parlamento se puede imponer el veto ideológico porque es contrario a lo que piensan algunas personas o partidos es absolutamente antidemocrático.

Ya sé que se invoca a menudo que el artículo 62.1 del Título Segundo de la propia Constitución faculta al rey para ejercer el derecho de gracia, estableciendo que la ley no podrá autorizar indultos generales. Evidentemente eso se refiere al derecho de gracia que se tiene en el Poder Ejecutivo y que sanciona al rey, pero en modo alguno se establece que el Parlamento no pueda legislar sobre ello. En la Constitución de 1931, abolida en el golpe de Estado franquista del 36, se establecía en el artículo 102 que “las amnistías solo podrán ser acordadas por el Parlamento y que no se concederían indultos generales”. El significado era obvio: los indultos pertenecen al Ejecutivo, las amnistías al Legislativo y soy de los que creen que ese mecanismo es el más acorde con la legislación actual y con la historia de nuestro sistema constitucional. La amnistía solo la decide el Parlamento que es el portavoz de la soberanía nacional.

Afortunadamente, la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Cantabria mantuvo silencio, pero, entonces, si no trató de la amnistía como indica la resolución, ¿de qué trataron? Pues tuvieron a bien tratar, al parecer, de un documento que habían firmado el PSOE y Junts para abordar el debate parlamentario de la candidatura del señor Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno. No acabo de entender muy bien que la Junta de Gobierno de un Colegio, de afiliación obligatoria para los abogados, entre en el debate de lo que hacen algunos partidos en el ámbito de sus competencias cuando no les gusta lo que hacen. ¿Será que a los miembros de la Junta se les olvidó ir a votar el día de las elecciones? ¿O será que no les gustó el resultado? ¿Será que se han dejado guiar por la crispación permanente a la que nos someten los que pierden?

La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Cantabria mostró su preocupación porque se ponga en cuestión el trabajo de jueces y magistrados, según expresamente recoge en el acta de la resolución, y no considera admisible la incorporación al documento de los partidos de un acuerdo que posibilite la revisión de la labor de los tribunales e incluso que pueda determinar la exigencia de responsabilidad de jueces y magistrados al amparo del concepto de lawfare o judicialización de la política.

Que la Junta de Gobierno se dedique a criticar los acuerdos de dos partidos políticos en el legítimo ejercicio de sus funciones y competencias sería pintoresco si no fuera porque tomaron partido por un bando en el contexto del debate político de la elección a la Presidencia del Gobierno, en esa situación que vivimos en la que contra Sánchez vale todo. Pero es necesario aclarar que el artículo 76.1 de la Constitución Española establece que “el Congreso y el Senado, y, en su caso ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de las investigaciones sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas”. De manera que podemos entender que no gusten esas comisiones, pero, en tanto se atengan a lo que la propia Constitución establece, no hay nada que objetar, porque no podrá hacerse nada distinto de lo que la propia ley dice.

Que la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Cantabria se dedique a criticar los acuerdos de dos partidos políticos en el legítimo ejercicio de sus funciones y competencias sería pintoresco si no fuera porque tomaron partido por un bando

No estoy en condiciones de decir si en la reunión en la que se adoptó el acuerdo se valoró el alcance del artículo 76 citado, aunque, a mi modo de ver, en todo caso la técnica de censura utilizada por la Junta no se ajustó a los hechos que analizaba. Efectivamente, en el acuerdo de los partidos expresamente se decía lo siguiente: “En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudiera derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”. La Junta ha entendido que la responsabilidad a la que se hace mención sería exigible solo a jueces y magistrados, pero el acuerdo no dice eso, dice exclusivamente 'responsabilidad', y en esa responsabilidad será mucho más fácil incluir o establecer la responsabilidad patrimonial del Estado por la actuación de las fuerzas de seguridad por los hechos sucedidos en Cataluña con Jorge Fernández Díaz de ministro, que la de jueces y magistrados y, me permito añadir como opinión propia, que si la hubiere no habría por qué no exigirla.

Tirando de memoria, sin necesidad de ir a hemerotecas para comprobar si hay judicialización de la política, me permito recordar que la desviación de la justicia a menudo ha sido vergonzante. El primer caso que me viene a ella es la persecución por parte del juez Gómez de Liaño a Jesús de Polanco y a el periódico El País que, por cierto, le costó la condena por prevaricación, de la que fue inmediatamente indultado en cuanto el PP alcanzó el poder. En aquella época se decía que el consejo que MAR (Miguel Ángel Rodríguez) había dado a José María Aznar era el de que para obtener y perpetuarse en el poder había que acabar con El País y controlar el Poder Judicial.

También me acuerdo de que el juez Salvador Alba está en la cárcel por la persecución a la magistrada Victoria Rosell por su proximidad con el partido Podemos. Nadie ha ido a la cárcel por la vergonzosa persecución organizada por el juez García Castellón contra todo el entorno del partido morado, pues todas las causas abiertas por dicho juez han sido archivadas, pero de sus distintas actividades antes y después del caso Lezo, por los archivos de causas abiertas a políticos y empresarios, siempre “gente bien” vinculadas a ese partido del que ustedes pueden sospechar, solo habla cierta prensa. Todos los montajes hechos por la Brigada Patriótica del comisario Villarejo etc., etc., etc. son una muestra más de esa judicialización y a menudo connivencia.

Lo de la ocupación por una pandilla de golpistas judiciales del Consejo General del Poder Judicial ya no sé si entra o no entra en la politización de la justicia, pero desde luego yo soy de los que se alegrarán mucho si las comisiones de investigación previstas en el pacto investigan toda esa basura judicial que ha creído que, por sacar unas oposiciones o por haber sido nombrados a dedo, el Poder Judicial es de ellos.

Y acabo como empezaba. La soberanía nacional reside en el pueblo. Aunque demasiado a menudo nos impiden ejercerla.