Santa Cruz de La Palma presume, con razón, de un patrimonio histórico que constituye su mayor valor. No se trata solo de una colección de casas antiguas o de un decorado pintoresco: es la esencia misma de la ciudad. Sus balcones de madera, sus calles estrechas frente al mar y su trazado urbano heredado de siglos pasados conforman una imagen única que cuenta una historia viva. Esa imagen, admirada por quienes la visitan, es también el principal atractivo turístico y cultural de la capital palmera.

Sin embargo, detrás de esa belleza hay una realidad menos visible: la de los propietarios de esos inmuebles históricos. Son ellos quienes asumen la responsabilidad —y el coste— de conservar este patrimonio. Mantener una vivienda antigua no es una tarea sencilla ni económica. Requiere intervenciones constantes, materiales específicos y el cumplimiento de normativas estrictas destinadas a preservar la autenticidad de los edificios.

Cabe preguntarse entonces: ¿qué apoyo reciben quienes sostienen, en la práctica, la imagen de la ciudad? La respuesta, lamentablemente, es desalentadora. No existe en España una protección fiscal automática para quienes conservan viviendas históricas: la antigüedad por sí sola no exime del IBI, y las posibles bonificaciones dependen de complejos requisitos administrativos que rara vez se traducen en un alivio real. Mientras tanto, otros propietarios institucionales sí disfrutan de exenciones plenas. El resultado es evidente: se exige la conservación de un patrimonio que es de todos, pero se financia casi exclusivamente con el esfuerzo de unos pocos.

Las ayudas públicas para la rehabilitación son escasas o inexistentes. Y cuando un propietario decide emprender obras, se enfrenta a un proceso administrativo lento y costoso: pasando por la comisión de patrimonio, las licencias pueden tardar en concederse, y sus tasas no difieren de las aplicadas a cualquier otra edificación, pese a las mayores exigencias que implica intervenir en un inmueble protegido.

A esto se suma el pago por la ocupación de la vía pública durante las obras, algo que en el casco histórico resulta, en ocasiones, extremadamente difícil de gestionar debido a la propia configuración urbana. Todo ello en una ciudad que, además, cuenta con unos costes de licencia más elevadas de la isla.

El resultado es una paradoja evidente. Quienes hacen posible que Santa Cruz de La Palma conserve su carácter único —ese que atrae a miles y miles de visitantes cada año— no solo no reciben incentivos, sino que deben afrontar trabas económicas y administrativas considerables. Se les exige mantener un patrimonio que es de interés general, pero se les deja solos en el esfuerzo.

Si el patrimonio es, como se afirma, un bien colectivo y un pilar fundamental del desarrollo turístico y cultural de la ciudad, las políticas públicas deberían reflejarlo con hechos, no con discursos. Porque sin medidas concretas —reducciones fiscales reales, subvenciones accesibles y una administración ágil— no estamos ante un simple problema de gestión, sino ante un proceso silencioso de abandono institucional que, tarde o temprano, acabará pasando factura al corazón histórico de la ciudad.

*Beate Dorothea Ricken es decana del Colegio oficial de Arquitectos de La Palma y presidenta del Consejo Canario de Colegios de Arquitectos

Hablemos de planificación territorial.

Ya no es posible relacionarse con esos expertos, que se titulan urbanistas, arquitectos, geógrafos, geólogos o biólogos. Hablan de proteger el paisaje, de protección de todo tipo: del medio ambiente, del uso consciente de los recursos, de sostenibilidad, etc.; y ahora también se enredan con el cambio climático. Nadie lo entiende realmente, complican todo y tardan diez años en ultimar un planeamiento sensato - según su opinión. ¡Métanlo en la caja de Pandora!

¡Por fin la política vuelve a ser divertida! Yo quiero – yo dispongo. Nos permite hacer un concierto de deseos, lo llamamos decreto ley con el bello número 9/2023; y solucionamos, rápido y eficaz. No hay duda de que el volcán Tajogaite dejó una catástrofe a su paso y traumatizó a más de los directamente afectados. Tampoco cabe duda de que nos haya planteado retos difíciles de resolver. Darse cuenta de que nadie es más fuerte que el volcán y de que ya nada volverá a ser como antes: dejémoslo para mañana.

Con el decreto ley, por fin hacemos realidad el sueño de la clonación. Os permitimos volver a vuestras tierras y podréis restaurar todo a su estado original. Bueno, no todo, algunas ideas más tenemos. Importante es, que el Centro de Interpretación e Investigación Vulcanológico se ponga en marcha cuanto antes, porque una vez que se haga visible cómo la lava está siendo transformada por la mano del hombre, probablemente dejarán de tener interés en su objeto de investigación.

El Decreto Ley 9/2023 muestra lo fácil que es encontrar respuestas a preguntas difíciles. Una planificación que cualquier niño en edad preescolar ya puede entender: verde, amarillo y rojo; como un semáforo, tres zonas. Gente, en la zona verde ya podéis empezar, busquen su terreno y manos a la obra. En la zona amarilla, bueno, con un informe del Cabildo indicando que el suelo está enfriado, también. Algunos pensaban que la zona roja era un área protegida, pero en absoluto. No queremos proteger lo que ha destruido nuestra convivencia pacífica, pero, sinceramente, en estos momentos ahí hace demasiado calor.

Las solicitudes se entregan directamente a las mesas de los alcaldes, que lo resuelven. Cada seis meses explican a su pleno a quién se ha concedido la autorización de reconstrucción. Sabemos que, si participa mucha gente, informe pa ́llí - informe pa’llá, se hace difícil, y queremos evitarlo.

Algunas personas preguntan: ¿Y cómo llego a mi propiedad? Eso está claro, hay que reconstruir los antiguos caminos y carreteras, de lo contrario todo carece de sentido. Probablemente los vecinos también quieran llegar a su propiedad, así que llaman a una pala que utiliza GPS y en pocos días llegarán al destino de sus sueños. Sí, con el suministro de agua y electricidad, quizá podamos ayudar, pero, por supuesto, no podemos prometer nada. Seguramente se va a solucionar de alguna forma, lo veremos. Aunque hasta ahora el estado de emergencia es un jugoso chicle, ya saben que Madrid y Bruselas están bastante lejos, y en algún momento seguro que se olvidan de nosotros.

Así, en 32 páginas y 6 planos, hemos resuelto todo, ¿quién lo hubiera pensado? Se acuerdan de esos horribles planeamientos, en cajas tan grandes como ataúdes infantiles; llenos de planos, documentos y otras cajas únicamente con evaluaciones ambientales, ¡una pesadilla! A propósito, evaluaciones ambientales ya no hacen falta, nadie lo lee, y cualquier plantita endémica puede parar buenas iniciativas. Como dijimos, el tiempo, en este caso, es el mayor enemigo; y hay que actuar, para construir sobre los restos del volcán una sociedad mejor y más prospera.

Hay que liberar a los ciudadanos de normas estrictas y procedimientos administrativos difíciles, es por razones de emergencia, y no digan que tiene una connotación populista. El Instituto Canario de Vivienda ha demostrado que nuestro planteamiento es el correcto: tenemos falta de suelo, entonces hay que hacerlo como en La Palma, a construir viviendas de protección oficial en suelo rústico, en todas las islas, y ya está. ¡La Palma como modelo! ¡La planificación territorial por fin la soluciona la política! ¡A qué esperemos, a decretar más!

Hay que dar juego a la especulación, con el suelo, con los derechos a reconstruir, con los derechos históricos del plátano.

Corolario: Alguien gana y muchos pierden, entre otros, el territorio.

*Beate Dorothea Ricken es arquitecta, durante muchos años trabajando en planeamiento territorial y urbanismo en La Palma, decana del Colegio Oficial de Arquitectos de La Palma y vicepresidenta del Consejo Canario de Colegios de Arquitectos