Cuando se dio a conocer el fallo de la Sala 2ª del Tribunal Supremo en la causa especial contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, me embargó una tristeza enorme.

Me sentí como el hijo del comisario Gordon en el final de 'The Dark Knight' (Christopher Nolan, 2008), la segunda de las películas de la excepcional trilogía del Caballero Oscuro, cuando ve cómo la policía de Gotham City, dirigida por su padre, persigue con saña a quien les ha protegido y guardado. En su inocencia infantil, no puede explicárselo. “Pero si no ha hecho nada malo”, clama.

Su padre, conocedor de que este mundo es mucho más cainita y vil de lo que puede entender un niño, trata de explicárselo con palabras que, en realidad, van dirigidas al desolado espectador: “Porque es el héroe que Gotham se merece, pero no el que necesita ahora mismo. Así que le perseguiremos; porque él puede resistirlo. Porque no es un héroe; es un guardián sigiloso, un protector vigilante”.

Siempre he dicho, entre bromas y veras, que me hice fiscal porque no podía ser Batman. Así que busqué una capa negra y un emblema en el pecho con los que perseguir a los criminales, un atuendo que estuviera en nuestra realidad, no en la ficción. Y lo encontré en forma de toga con puñetas.

Pero no hablamos de mí. Yo no soy nadie, un simple fiscal de infantería, sin galones, que tuvo el privilegio de servir dos años, codo con codo, con Álvaro García Ortiz, cuando él era fiscal de Sala jefe de la Secretaría Técnica, y yo estaba en la Unidad de Apoyo, los dos en la sede de la Fiscalía General del Estado. No represento a nadie, solo a mí mismo.

Así que hablo con mucha más libertad. Desengañémonos, el Joker se ha salido con la suya: en su afán de provocar el caos, de ver el mundo arder, ha acabado con un fiscal general. ¿Es una coincidencia del destino que la última víctima del villano, magistralmente interpretado por Heath Ledger, fuera el fiscal de Gotham? Creo que es demasiado concederle tal categoría a un sujeto con la misma risita histérica y la misma brújula moral, que es quien empezó todo esto. Pero la realidad no tiene tanto glamour como la ficción.

Pero, siendo jurista, ¿por qué no hablo de Derecho? ¿Por qué me voy por las ramas con disparatados paralelismos cinematográficos, cual si fuera un Pedro Vallín más?

Porque, sintiendo contradecir al presidente de mi asociación, Félix Martin, en una entrevista magnífica en la Cadena SER, esto nunca ha ido de Derecho ni de leyes. Es algo mucho más bajuno. Por eso conocemos una condena, con pelos y señales, sin tener sentencia que se pueda analizar o recurrir.

Esta historia arranca con varios fiscales sin pedigrí, sin apellidos ilustres, sin cargos relumbrantes, que recorren España en una furgoneta, recabando votos para unas elecciones al Consejo Fiscal, el máximo órgano de asesoramiento del Fiscal General en diversas materias. Elecciones que terminan haciendo volar por los aires un status quo de seis vocales conservadores y tres progresistas mantenido desde el principio de los tiempos. Con Álvaro García Ortiz como fiscal más votado, con una diferencia abismal con el siguiente. Que llega al Consejo Fiscal con otros compañeros como María José Segarra o Dolores Delgado. Esas tres personas acabarán ocupando el cargo de fiscal general del Estado, consecutivamente. Una situación inasumible para quienes patrimonializan los altos cargos de la judicatura y la carrera fiscal. Parvenus que llegan a tener mando en plaza.

Y entonces llega el escándalo: un jefe de gabinete de un cargo político publica un bulo que, desacreditando a un fiscal, carga contra la cúpula de la institución, demostrando un desconocimiento supino de la legislación procesal, acusando de hacer algo que, sencillamente, es imposible desde el punto de vista jurídico: paralizar una conformidad por intereses políticos cuando, sencillamente, estábamos en un momento procesal en el que tal conformidad no se podía alcanzar. Y el fiscal general reacciona conforme a lo que dispone nuestro Estatuto Orgánico, en su artículo 4, apartado 5º: “Informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto del sumario y, en general, a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados.”

No hay secreto de sumario, porque no hay sumario, y no hay deber de reserva y sigilo, porque el asunto ha sido aireado por el afectado, a través de ese asesor político al que antes me he referido.

“Pero es que nunca se ha hecho algo así”, claman muchos. Exacto. Porque Álvaro García Ortiz no ha sido un fiscal general como los que le han precedido: era alguien que quería modernizar la institución, adaptarla a los tiempos que corren, y defenderla de los ataques externos. Imperdonable.

Así que intentan que dimita, con un órdago digno de partida de mus de bar con olor a farias y a Varón Dandy: se abre un procedimiento en su contra, no basado en la nota de prensa, sino en una hipotética filtración que no se puede demostrar. Y él aguanta el envite, y se defiende. “Pero ha destruido pruebas”, siguen clamando. No. No se puede destruir lo que nunca ha existido. Pero conoce la palabra “compiyogui”. ¿Les suena? Los mensajes de WhatsApp de un teléfono que se incautó en una causa penal por un delito muy concreto y específico: el supuesto acoso a una mujer por parte de un tipo que, casualidades de la vida, se escribe con la reina Letizia. Meses después de la incautación del teléfono móvil del encausado, los mensajes con la reina aparecen en los medios de comunicación. ¿Puede permitirse algo así quien ostenta la cabeza de una institución de rango constitucional como es el Ministerio Fiscal? Ni de broma. Así que, siguiendo las instrucciones del delegado de Protección de Datos, borra todo el contenido de su WhatsApp, como suele hacer habitualmente. Desgraciadamente, lo borra tan a conciencia que no se pueden encontrar, siquiera, vestigios de los anteriores borrados periódicos.

Pero todo eso es irrelevante, porque lo que sabemos de la providencia que adelanta el fallo de la sentencia es que el delito parece venir de la propia nota de prensa, que los mismos magistrados del Tribunal Supremo habían excluido del objeto del juicio.

¿Eso permite que la sentencia sea anulada en vía de amparo por el Tribunal Constitucional? Por supuesto que sí. Sería una incongruencia que atenta contra el principio acusatorio. Pero da igual.

¿Por qué da igual? Porque la pieza se ha cobrado: una pena tan limitada como la que conocemos no permite una suspensión cautelar de la sentencia en caso de recurso de amparo. La inhabilitación se llevará a cabo. Y cuando el Tribunal Constitucional haga su trabajo y ampare a Álvaro García Ortiz, toda la narrativa sobre la politización del Constitucional, con su mayoría de magistrados progresistas, hará que el relato del sesgo político de los magistrados del Supremo vuelque como una tortilla de patatas en la sartén, cayendo sobre los del Constitucional.

La jugada es maestra: dos objetivos por el precio de uno. Demasiado para un nihilista como el Joker. Aquí se ve la mano de alguien más, mucho más inteligente y maquiavélico. El inmortal líder de la Liga de las Sombras, Ra's al Ghul. ¿Y quién ocupa aquí ese puesto? Eso se lo dejo a su criterio. Quizás sea alguien que iba a controlar desde atrás, o conquistar dos colinas. O quizás no. Al fin y al cabo, esto es solo una película. Preparémonos pues, para la siguiente de la trilogía. Porque el Caballero Oscuro renacerá.

(Casablanca, interior noche, salón principal del Rick’s Cafe Americain. Un tremendo alboroto precede la entrada de los gendarmes para clausurar el establecimiento).

–¡Qué escándalo, qué escándalo –dice el capitán Renault en voz alta, para que todo El Mundo le oiga–, he descubierto que la Fiscalía publica tratos confidenciales con investigados!

–Su email filtrado ayer, capitán –murmura un empleado del garito, mientras le pasa unos papeles al gendarme.

–Traiga –responde, con voz queda, el aludido, mientras se guarda rápidamente los correos en el bolsillo, antes de que el público pueda verlos.

(Fundido a negro. A dinero negro, concretamente)

Ésta vendría a ser, ficcionada, una representación de cómo concluye la sucesión de acontecimientos que se han desatado esta semana, a cuenta de novios, pisos, dineros en B, y que tratan de enfangar, una vez más, a una institución como el Ministerio Fiscal.

El problema es que el público, en general, asiste a estos hechos con unas gafas de realidad aumentada puestas, tipo las Apple Vision Pro. Ya saben, las gafas de la marca de la manzana, que valen un pastizal, y permiten ver el entorno real con imágenes superpuestas por un ordenador. Pues lo mismo, pero en este caso, el papel del gadget tecnológico lo representa una prensa que también vale un pastizal. En forma de publicidad institucional, tan necesaria como la del Canal de Isabel II. Porque, como todos ustedes saben, aunque no sean de Madrid, el agua que sale de los grifos tiene que publicitarse, o la gente se pasaría a la competencia que… esperen, no hay competencia para el agua del grifo. Entonces, ¿por qué…? Vale, déjenlo, que nos desviamos. El caso es que esa prensa tan belicosa genera imágenes ficticias sobre la realidad, confundiendo completamente al respetable, que acaba con una empanada mental considerable.

Vamos a poner las cosas en contexto. O sea, quitémonos las gafas y veamos la realidad sin “aumentar”. La línea temporal de los hechos es la siguiente:

Un señor parece que podría haber tenido unos ingresos sin declarar. La Agencia Tributaria descubre el pastel, hace una inspección y, al detectar indicios de delito, da parte a la Fiscalía Provincial de Madrid. Estamos a finales de 2023, comienzos de 2024. En mi caso, aún estaba digiriendo el roscón de Reyes, colofón de las comilonas navideñas.

El 23 de enero, mientras se van apagando en mis oídos los tambores del día de San Sebastián, la sección de delitos económicos, turnada la denuncia por su especialidad, incoa unas diligencias de investigación. No iban a ir a seguridad vial, obviamente, que ellos se encargan de los señores o señoras que conducen borrachos y se estrellan contra una hilera de vehículos aparcados, por ejemplo.

Pues según la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja del protagonista de nuestra historia, todo esto es porque, hace dieciséis años, la fiscal jefa Pilar Rodríguez fue directora general de Modernización de la Administración de Justicia en el ministerio del ramo. Efectivamente, fue nombrada para un cargo directivo durante el último mandato de Zapatero. Ya ven. Una deuda de por vida. Nótese el sarcasmo, por favor.

El trabajito era cualquier cosa menos un caramelo: entre otras cosas, intentar poner de acuerdo a las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia, para que no hicieran cada una la guerra por su cuenta. Como Madrid, por ejemplo, una de las más atrasadas en digitalización, aún a día de hoy. Tras este periodo en el Ministerio de Justicia, volvió a la trinchera de Fiscalía, donde estuvo en violencia de género, criminalidad informática y otras batallas, hasta que, diez años después, fue nombrada jefa provincial. ¿Y cual es su papel en todo esto? Conforme a la Circular 2/2022, de 20 de diciembre, ver si el asunto es de Madrid, o de Anticorrupción, o de la Audiencia Nacional, o de otro. Si es de Madrid, dilucidar si es de una especialidad, como delitos económicos, y mandarle la denuncia para que sea el responsable de dicha sección el que haga el decreto de incoación y se lo asigne a uno de los especialistas.

El caso es que el fiscal designado, Julián Salto, lleva a cabo la pertinente labor de estudiarse los papeles de Hacienda, llamar a testigos, técnicos e investigados a declarar, y finalmente, cuando lo tiene todo claro, interpone la denuncia ante los juzgados de instrucción de Madrid, para que inicien su tarea. Todo rarísimo, ¿verdad? Pues no. 

Si hay algo raro, es que, antes de terminar su investigación, uno de los abogados se ponga en contacto con la Fiscalía para decir que sí, que mi cliente podría ser culpable, y que vamos a llegar a un acuerdo para no hacernos daño. Y todavía más raro es que dicho email, así como la educada contestación del fiscal, acaben en manos de la prensa, remitido todo no se sabe muy bien por quién, publicado el 13 de marzo, y peor entendido por quien redacta éste tuit. Que imagino la maldita gracia que tiene que hacerle al compañero ver las comunicaciones que realiza en el ejercicio de su cargo, y que tienen la naturaleza de confidenciales, aireadas y vapuleadas por quien no tiene ni idea de lo que habla.

Dejemos una cosa clara: la Fiscalía no ofrece nada a nadie, como afirma el titular de la noticia de El Mundo que les enlazo al principio. Es el investigado el que, motu proprio, se pone en contacto con Fiscalía y entona el mea culpa. 

Yo entiendo que el Derecho no es un arcano, como afirma Pedro Vallín, y que cualquiera que sepa leer castellano se siente en posición de interpretar asuntos jurídicos cual magistrado del Tribunal Supremo. Pero es algo más que saber leer palabros raros, como enfiteusis o prelación. Además de no inventarse cosas, como “órdenes de arriba”, hay que interrelacionar conceptos y tener la estructura del ordenamiento jurídico muy organizada en la cabeza. Porque el Ministerio Fiscal se rige por el principio de legalidad, y una vez presentada una denuncia con indicios de criminalidad, ésta tiene que seguir adelante hasta el juzgado de instrucción, esperar a que éste concluya su labor y entonces, sólo entonces, la Ley de Enjuiciamiento Criminal autoriza al fiscal a formular un escrito de acusación al que el investigado podrá prestar su conformidad. Mientras estamos en diligencias de investigación penal de Fiscalía, no se conforma nada, ni se acuerda nada, ni se evita ningún juicio. Salvo que no haya delito y todo quede en archivo, que parece no ser el caso.

Otra cosa a la que, por ejemplo, las entendederas del redactor del artículo de El Mundo no alcanzan es que, cuando la Agencia Tributaria te hace una inspección, no vale eso de pagar para regularizar tu situación, y salir de rositas, como insinúa al decir que nuestro protagonista habría consignado cuatrocientos mil lereles en Hacienda y aquí no ha pasado nada. El artículo 305 del Código Penal lo deja meridianamente claro: pagar sólo vale como carta del Monopoly, que te libra de la cárcel, cuando uno pasa por caja antes de que te hagan la inspección, no después. 

En cualquier caso, lo que escandaliza a mucho opinador es hablar de filtración por parte de la Fiscalía, cuando nadie, salvo los periodistas, puede decir quién les ha mandado los dichosos correos electrónicos.

¿Saben una cosa? Mientras estuve destinado en Madrid, en la Unidad de Apoyo de Fiscalía General del Estado, uno de mis proyectos fue un sistema de trazabilidad de la documentación, para detectar fugas de información y conocer su origen, destino y autoría. Proyecto que me encargó, como es obvio, la propia Fiscalía General, a través de quien es, hoy, su cabeza visible, el actual fiscal general del Estado. Así que poco interés le supongo a Álvaro García Ortiz en tapar este tipo de cosas, más bien al contrario, poder determinar quién le pasa ciertas informaciones confidenciales a la prensa, cosa que está muy fea. Porque además de ofender a quien, como mi compañero, ve aireadas sus conversaciones profesionales, es un delito, mayormente. Hasta donde sé, el proyecto sigue en desarrollo.

El caso es que, en lugar de arrojar luz sobre esto, que va a ser que no, porque los periodistas nunca revelan sus fuentes, lo que se está haciendo es disparar al pianista. Como es obvio, hace tiempo que los fiscales no dejamos que nos atribuyan culpas que no tenemos, así que la Fiscalía Provincial de Madrid ha hecho pública una nota de prensa el 14 de marzo en la que, basándose en la información ya publicada, desmiente que haya hecho nada irregular, y que lo único que se le puede achacar es contestarle al susodicho abogado que vale, que de acuerdo, que cuando las cosas lleguen al punto de formular acusación, se tendrá en cuenta su voluntad de aclarar las cosas y reconocer los hechos, pero que aún no estamos en esas, como ya les he dicho. ¿Es un escándalo? Ni mucho menos. El artículo 4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dice que es una de las funciones de los fiscales poner al corriente a la ciudadanía de asuntos que sean de relevancia pública. Y una Circular de Fiscalía General de 2005 explica que es el fiscal jefe de cada órgano el que tiene la función de portavoz, salvo que delegue expresamente en uno de sus fiscales. Los límites son respetar la presunción de inocencia y el secreto de sumario.

Esto no es la fiscalía yanqui de las películas, donde el fiscal puede “retirar los cargos” y se acaba todo. Aquí se sigue hasta que el juez diga que ya.

Como comprenderán, poco secreto hay cuando un diario de tirada nacional airea todo, y poca presunción de inocencia se puede vulnerar cuando lo revelado es que, precisamente, uno de los investigados está pidiendo cuartelillo. Sin embargo, esto no es la fiscalía yanqui de las películas, donde el fiscal puede “retirar los cargos” y se acaba todo. Aquí se sigue hasta que el juez diga que ya. 

Por cierto, ya que hablamos de jueces, ¿saben quién precedió a Pilar Rodríguez como director general en el Ministerio de Justicia? Pues Carlos Lesmes, nombrado en 1996 por José María Aznar, y donde estuvo en diversos cargos hasta 2004. De ahí no volvió a la trinchera, precisamente, sino que pilló cacho como magistrado del Supremo, y después fue elevado a los altares de la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo por Mariano Rajoy, en 2013. De ahí no se movió, pese a tener su mandato caducado, durante casi cuatro años, haciendo y deshaciendo nombramientos de magistrados que presiden salas de suma importancia (audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, esas cosillas), hasta que le echaron el freno, se paralizó la cosa a través de una reforma legislativa, y terminó dimitiendo. Qué cosas tiene la hemeroteca, ¿eh?

Esta semana han tenido tremenda repercusión las declaraciones en prensa de un fiscal del Tribunal Supremo, Salvador Viada Bardají (no confundir con su antepasado Salvador Viada y Vilaseca, hermano de su bisabuelo, quien fue Fiscal Jefe del Tribunal Supremo allá por 1899). El ilustre compañero, miembro del Consejo Fiscal por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, APIF, se despachó sobre una junta de fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en unos términos bastante incendiarios, hablando de que “nos han hecho un 155 encubierto”.

Pongamos contexto: después de varios años de instrucción en su Juzgado Central, en la Audiencia Nacional, el magistrado Manuel García Castellón se cae del caballo, cual San Pablo camino de Damasco, y ve la luz: hay terrorismo en Tsunami Democràtic, y el director de todo el cotarro sería el inquilino más famoso de Waterloo, Carles Puigdemont. El fiscal de la Audiencia Nacional que lleva el asunto, Miguel Ángel Carballo, miembro de la conservadora Asociación de Fiscales, anterior teniente de la misma fiscalía, y poco sospechoso de ser un peligroso rojo filoetarra podemita, no está de acuerdo en absoluto, pero el juez le hace un quiebro procesal y eleva exposición razonada al Tribunal Supremo. Esto es lo que se hace cuando el sospechoso de un delito está aforado, cual es el caso del eurodiputado catalán. Pero también sirve para eludir los varios recursos que el fiscal ha presentado contra las resoluciones judiciales.

El asunto, entonces, llega a la mesa del fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo, también de la conservadora Asociación de Fiscales, y tampoco sospechoso de filias bolivarianas hacia Cubazuela del Norte. Éste, primero parece ver terrorismo, ante la exposición del juez, y traslada un primer borrador de informe a su jefe, Fidel Cadena. Luego, se estudia a conciencia todo el asunto, incluyendo los datos directos de los atestados policiales, y recula, decidiendo en su informe definitivo que no hay indicios de terrorismo. Ya saben lo que decía John Maynard Keynes: “Si los hechos cambian, yo cambio de opinión. Y usted, ¿qué hace?”.

Ante la trascendencia de la cuestión, y de que él mismo ha cambiado de opinión, solicita elevarla a la junta de fiscales de su sección. Déjenme que se lo repita: de SU sección.

La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene su contingente más numeroso en la Sala 2ª, de lo Penal, como es lógico. Por ello, tiene dos secciones. Una, destacada en la propia sede del órgano judicial, en la plaza Villa de París, y otra en la Fiscalía General del Estado, en la calle Fortuny, donde se encuentra también la Teniente Fiscal del Supremo, máxima responsable de toda esa fiscalía.

Esto es muy importante, porque los medios periodísticos han incurrido en todo tipo de inexactitudes, como afirmar que lo celebrado era una Junta de Fiscales de Sala, máximo órgano de asesoramiento jurídico al Fiscal General, y que se reúne para motivos realmente excepcionales, como cuando, bajo el mandato de Eduardo Torres-Dulce, se decidió interponer querella contra los organizadores del Procès. 

Otros, sin llegar a tal error, han afirmado que se trata de la junta de fiscales de lo penal del Supremo, lo cual es cierto en su mayor parte. Es decir, que como decía el Milagroso Max también es falso en parte. Porque no están todos los que son, aunque sí son todos los que están, como dice la vieja frase hecha. Efectivamente, en esa sección hay varios fiscales de sala, como Javier Zaragoza Aguado o Consuelo Madrigal, pero lo son por rango profesional (categoría 1ª), no porque ocupen jefatura alguna. Y no son todos los fiscales de lo penal del Supremo.

Lo noté porque, aunque ya no estoy destinado en Fortuny, echaba en falta la presencia de Javier Huete Nogueras, quien fue compañero mío en el embrión de la red de especialistas en criminalidad informática, y ahora es Fiscal de Sala, y éste sí, Jefe de una de las secciones de lo Penal. Efectivamente, es uno de los jefes de la sección que se encuentra EN el Tribunal Supremo.

Así que quienes votaron fueron la mitad de los fiscales de lo penal del Supremo. Y de esa mitad, hubo una mayoría que votaron a favor de ver terrorismo en Tsunami Democràtic. Ahora bien, el Ministerio Fiscal es un órgano jerárquico, lo que significa que el criterio de un jefe prevalece sobre el de sus subordinados. Así pasa en todas las fiscalías de España y nadie pone el grito en el cielo. Porque, si hay discrepancia con el parecer del jefe, después de una junta, se eleva el asunto al superior de éste.

En este caso, la discrepancia surge porque cada sección de lo penal del Supremo tiene dos jefes. En el caso de la “sección Fortuny”, son Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa. Y ambos dos discreparon radicalmente en sus posturas. Como he dicho, chez Fiscalía, donde hay patrón no manda marinero. El problema es que hay dos patrones. Así que, siguiendo con el símil náutico, hay que elevar la cuestión al armador del barco. En este caso, armadora, porque la superior jerárquica de ambos jefes, como ya he dicho antes, es la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Mª Ángeles Sánchez Conde.

Claro, las suspicacias sobre que la Teniente hará lo que diga el Fiscal General no han tardado en saltar a los medios. Déjenme que les diga una cosa: la Teniente Fiscal del Supremo lo seguirá siendo durante cinco años, aguante la legislatura o no. A diferencia del cargo de Fiscal General del Estado, no es un nombramiento que dependa del vaivén político, toda vez que el FGE cesa con el gobierno que le nombró (no antes, aunque se empeñe el Ejecutivo, porque desde 2007 ya no le pueden cesar), pero los jefes nombrados bajo su mandato no. Y he visto a fiscales de sala con mando en plaza plantar cara a fiscales generales del estado. Lo he visto en directo, no de oídas.

En cualquier caso, si la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo adopta una resolución, a mí no me parecería escandaloso que acogiese el criterio del fiscal que ha llevado el caso durante años en la Audiencia Nacional. O del que lo ha llevado directamente en el Tribunal Supremo. O de uno de sus jefes, jurista de reconocidísimo prestigio, al cual tuve el honor de tener como profesor, cuando servidor era un pipiolo aprendiz de la profesión.

Estos son los datos objetivos. “Esto no había pasado en mi sección en la vida”, dijo Salvador Viada. Porque claro, acusar de terrorismo a un expresidente autonómico es algo que pase todos los días, nos ha fastidiado. Me recuerda a aquel abuelete que decía que, últimamente, se estaba muriendo gente que nunca se había muerto antes.