En el transcurso de estos años no recuerdo haber vivido ni escuchado los comentarios que se escuchan hoy en día sobre la inmigración a raíz del aumento de la llegada de pateras, el debate sobre la atención a personas que sufren y, lo que es más grave aún, sobre los menores que están llegando. Comentarios auspiciados y espoleados por algunos dirigentes políticos que hablan desde el rechazo al otro y la supremacía. Algo no estamos haciendo bien como sociedad.  

Esta crispación se ha visto agudizada por la llamada de auxilio de Canarias al resto de Comunidades Autónomas para que acojan a niños, niñas y adolescentes que están llegando a nuestras costas. Las instalaciones y recursos canarios están desbordados y no se les puede atender como cualquier menor requiere. Porque son niños, son niñas, son menores, y esto es lo que prima y debe primar, por mucho que algunos se empeñen en decir otra cosa. Son niños, niñas y adolescentes, y tenemos la obligación legal y moral de tratarlos como tal.

La atención y tutela del menor es competencia de las Comunidades Autónomas, pero actualmente Canarias sola no puede atender a 6.000 menores. Por eso se inició el trámite de reforma del Artículo 35 de la Ley de Extranjería, para recoger en ella que la acogida y la atención por parte de otras Comunidades Autónomas sea obligatoria cuando se sobrepase el 150% de la capacidad. Si no hay respuestas solidarias verdaderas ante situaciones extremas, es necesario actuar.

Sin embargo, los grupos parlamentarios de PP, VOX y Junts han rechazado recientemente cualquier modificación de la Ley, cuyo único objetivo era proteger a menores. Es indecente y vergonzoso su voto en contra, negando el cuidado a estos niños y niñas, con discursos que politizan una cuestión de ayuda humanitaria. ¿De verdad, es tan difícil que un país de 48 millones de habitantes pueda atender a 2.000 menores? ¿De verdad que como país no somos capaces de cuidarlos e integrarlos?

Como socialistas vamos a seguir insistiendo en la modificación de la ley porque la causa, sin duda, lo merece. Como sociedad debemos frenar cualquier discurso que no defienda la solidaridad y la acogida humanitaria, porque, en tal caso, no representan los valores sobre los que se asientan los derechos humanos: dignidad, igualdad y libertad. 

Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.

Por otra parte, hay indicios de que ciertos destinos están alargando su temporada y se están desestacionalizando, y otros van recibiendo nuevos turistas. De esta forma, se observa que la actividad se está descentralizando de los destinos turísticos ya consolidados hacia otras zonas que empiezan a beneficiarse de esta industria.

Sin embargo, y a pesar de estos buenos datos que prometen un 2024 en la misma línea positiva, el Partido Popular sigue instalado en el catastrofismo y en la negación. Una vez más, eso sí, de cara a la galería creemos, tal y como han hecho con la amnistía. 

En la reciente Comisión de Turismo celebrada en el Senado volvieron a criticar al Gobierno en la gestión turística negando las medidas que había puesto en marcha el Gobierno de España para el sector y, lo que es peor, obviando y rechazando la capacidad que tienen los destinos para reinventarse y modernizarse, negando el derecho de las CCAA y los Ayuntamientos para ser partícipe del turismo que quieren y cómo lo quieren.

Parece que el PP se olvida de que las comunidades autónomas son quienes tienen la competencia en materia turística, y lo que ha hecho el ministerio y el Gobierno de Pedro Sánchez es ponerles a disposición 3.400 millones de euros para que ellas, en su competencia, cada una con sus especificidades y en diálogo con el sector, decidan en qué ejecutarlo.

En la Comisión el PP volvió a dejar patente su modelo político turístico, el de ‘los recursos para unos pocos’. La única propuesta que trasladan es nuevamente la del PERTE turístico, pero desde el PSOE les volvemos a decir que ésta no es la solución para este sector. 

Proponer un PERTE para el turismo es, o bien desconocer la naturaleza de un PERTE, o bien desconocer la naturaleza del turismo. ¿Por qué decimos esto? Porque el PERTE está configurado como un mecanismo con capacidad de arrastre en una estructura empresarial de plataforma, donde unas pocas grandes empresas tiene la capacidad de tirar del resto hacia un objetivo común, con distintos servicios que no compiten entre sí sino que cooperan. Y aquí está la diferencia. 

Porque este no es el caso del turismo, donde hablamos de empresas familiares, de pymes y micropymes, y de multinacionales que compiten por ofrecer el mismo servicio. Compiten.

El PP, ante su insistencia, parece que quiere un PERTE para que lo gestionen sólo unos pocos que tengan esa capacidad y dominen el mercado. No tiene sentido, y podría ser contraproducente porque el turismo necesita que toda la cadena de servicios funcione, con calidad y profesionalidad, sintiéndose valorada, y no fomentar que puedan crearse empresas turísticas ‘de primera y de segunda’. 

En frente, la apuesta del Gobierno que ha querido que los fondos permeen en el tejido empresarial de todo el país, con sectores y subsectores turísticos diversos y de la mano de los destinos. 

Los socialistas creemos en este modelo, desde una cogobernanza leal, plural y respetuosa con los territorios, para que sean ellos, de la mano de los destinos turísticos, quienes decidan en qué ejecutan los fondos para poder transformarse y afianzar nuestro liderazgo turístico mundial.