La sanidad pública española viene soportando un debilitamiento progresivo, iniciado con la aplicación de las soluciones que se adoptaron durante la crisis financiera de 2009. Recordemos que, como respuesta a la crisis, se produjeron importantes recortes en los presupuestos públicos, ocasionados por el enfoque neoliberal empleado para tratar de contener el déficit y rescatar a las entidades financieras. Como resultado de la aplicación de esta estrategia económica, la sanidad pública ha sufrido graves problemas para responder adecuadamente a las necesidades y demandas de la ciudadanía.

Llamativamente se ha ido produciendo una pérdida de profesionales, provocada por un conjunto de medidas para reducir el gasto sanitario, como la no cobertura de plazas, la no renovación de contratos, la utilización abusiva de la contratación temporal, etc. El empeoramiento de las condiciones de trabajo y la falta de recursos ha generado un deterioro de la calidad de la atención, un aumento inaceptable de los tiempos de espera y el cansancio y agotamiento de los profesionales sanitarios. Es urgente para la sanidad española romper esa inercia negativa en 2024, y comenzar un proceso de recuperación.

El Barómetro del CIS del pasado noviembre preguntaba el grado de preocupación por la asistencia sanitaria pública. Un 46,3% de encuestados contestaron que les preocupaba mucho. Un 32,1% contestaron que bastante. Es decir, casi un 80% está bastante o muy preocupado por la sanidad. En el mismo Barómetro, la sanidad es el segundo problema que más preocupa personalmente a la población. Las señales de alerta están encendidas y es imperativo que respondamos para recuperar la calidad perdida del Sistema Nacional de Salud (SNS) y consolidar su futuro.

A nuestro juicio no bastan medidas coyunturales ni reactivas. El Gobierno de España debe impulsar y liderar a los gobiernos de las comunidades autónomas para desarrollar una serie de estrategias de recuperación, abordando temas clave para el SNS. Una condición previa es, sin duda, la financiación adecuada. Se debe ampliar la financiación del Sistema Nacional de Salud en torno a 20.000 millones de euros anuales, para recuperar los recortes y hacer frente al crecimiento y envejecimiento de la población. Esa financiación adicional debería tener carácter finalista, completando el marco de financiación autonómica, mediante acuerdos bilaterales, que permitan impulsar estrategias concretas y controlar su cumplimiento.

Un SNS bien financiado, donde el gasto sanitario público suponga el 85% del gasto sanitario total, es el requisito básico para conseguir que el sistema público de salud recupere su prestigio y el reconocimiento de la calidad de sus resultados. Conviene señalar que en el mismo Barómetro citado más arriba, el 89,1% los encuestados opinan que habría que aumentar el presupuesto sanitario. ¿Cuáles serían las estrategias a definir e impulsar prioritariamente con esos recursos adicionales?

En primer lugar, la centrada en el personal sanitario. Es imprescindible garantizar la suficiencia de profesionales sanitarios, de las diferentes cualificaciones y especialidades en todo el territorio nacional, mejorando sus condiciones de trabajo, su remuneración, su estabilidad, su formación continuada y su liderazgo, así como su participación real y efectiva en la toma de decisiones. Una dotación suficiente permitirá abordar el problema de los tiempos de espera exagerados, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria.

En segundo lugar, un elemento nuclear: la Atención Primaria. Es una prioridad recuperar su capacidad de respuesta mediante la dotación de personal, infraestructuras y equipamiento adecuados, actualizando el modelo de trabajo y las competencias, y asegurando la coordinación con atención hospitalaria y servicios sociales, para desarrollar eficazmente su papel central en la prevención y promoción de salud.

En tercer lugar, la salud pública. Siguen sin tomarse medidas desde la pandemia, cuando se evidenció su debilidad estructural. Es preciso crear la Agencia Estatal de Salud Pública, y es necesario reforzar las dotaciones de sus servicios en las CCAA, y actualizar la legislación para prevenir y responder adecuadamente a nuevas emergencias de salud. La inversión en salud pública deberá priorizar la superación de las desigualdades en salud de los colectivos más vulnerables.

La salud mental es la cenicienta del SNS. Dispone de la mitad del presupuesto que sería necesario para ofrecer una atención de calidad, sin esperas, con enfoque comunitario, integral, y con protagonismo de las personas afectadas. Los problemas de salud han aumentado, marcadamente en los jóvenes, y la respuesta de la sanidad pública es muy insuficiente. Además, esas carencias propician una reorientación hacia lo biológico (los fármacos) y el hospital, frente a lo biográfico, lo social y comunitario, así como una derivación hacia la sanidad privada.

Un quinto aspecto de inexcusable abordaje es la política farmacéutica. El exceso de gasto en medicamentos, por sobre-precios y por utilización inadecuada, supone alrededor de 10.000 millones de euros anuales que van a las cuentas de resultados de las grandes empresas farmacéuticas, y que deberían utilizarse, junto con el aumento de la financiación citada más arriba, para recuperar la salud de nuestra sanidad. Para lograrlo, revisar y modificar las bases de la política farmacéutica, con un planteamiento dirigido a disminuir y controlar el gasto farmacéutico, es una política imprescindible.

Finalmente, el replanteamiento de la coordinación en el SNS es una tarea ardua pero clave para el futuro a corto y medio plazo. Es preciso reforzar el Ministerio de Sanidad, dotándolo de personal cualificado a todos los niveles para que pueda llevar a cabo sus funciones con solvencia: la universalización sanitaria (incluyendo la incorporación de la asistencia sanitaria de MUFACE y otros subsistemas residuales), la supresión de incentivos fiscales a seguros privados, la ampliación del catálogo de prestaciones, y la coordinación, elaboración e implantación de las estrategias señaladas en los párrafos anteriores.

Al mismo tiempo que se estimula la cooperación, se impulsa la coordinación, y se amplía la presencia en las políticas europeas y en la Organización Mundial de la Salud, se debe modificar el funcionamiento del Consejo Interterritorial del SNS, para que pueda asumir su papel de órgano eficaz de toma de decisiones. La pandemia ha puesto de relieve que es fundamental reforzar la coordinación para asegurar una toma de decisiones coherente para el conjunto del sistema. No se trata de centralizar funciones. Se trata de completar la organización de un sistema autonómico, de orientación federal, que, cuando se constituyó en la Ley General de Sanidad de 1986, con la mayoría de competencias sanitarias centralizadas, no se dotó de órganos de decisión de carácter federal, sino de órganos de debate cuya ejecutividad depende de la buena voluntad de las partes. Cuando hay un incendio deben estar claras las líneas de mando y toma de decisión.

Estos son, a nuestro juicio, los principales retos de la sanidad española para el 2024. Estamos en una situación de grave riesgo para el SNS. No podemos ni debemos aceptar incrementos en la mortalidad y morbilidad originados por la falta de medidas inmediatas. No podemos ni debemos aceptar el sufrimiento de pacientes sin respuesta a sus demandas de atención y cuidados. No podemos ni debemos aplazar las medidas de mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios. Si no se adoptan estas estrategias de forma decidida, el deterioro del SNS público será irreversible, con consecuencias desastrosas para la vida de las y los ciudadanos.