El concejal de Grandes Proyectos de València, José Marí Olano, afirmó con furia y soberbia en el último pleno que “las asociaciones de vecinos son unos señores que se han reunido y han decidido que son asociaciones de vecinos, pero no representan a los vecinos”; “las asociaciones de vecinos no codeciden, aquí decidimos nosotros” y “las asociaciones de vecinos no son los vecinos, sino los votantes”. El mismo energúmeno, días antes, en la Junta Municipal de Abastos, a gritos y de manera soez, exhibía sutalante autoritario con perlas como que “no tiene usted la palabra, por que la palabra la doy yo y por ahora no tiene usted la palabra”.

Por otro lado, en la Junta Municipal de Ciutat Vella, el Partido Popular descarta financiar una estupenda actividad de participación ciudadana para recuperar solares abandonados propuesta por Amics de Velluters dentro del plazo previsto y, sin embargo, sí aceptan otras siete (registradas fuera del plazo inicial) que son impulsadas por un representante del PP.

Debería saber el PP que la democracia no es solo votar. La democracia es de muy mala calidad si no hay deliberación, contraste de opiniones, pluralidad, transparencia, respeto a las reglas y las formas, interacción entre las instituciones y la ciudadanía, capacidad de escucha (también para las críticas). La búsqueda de soluciones a los complejos retos que tenemos en este siglo XXI para hacer más habitable y sostenible València (en todos los aspectos: acceso a la vivienda, exclusión, medio ambiente, movilidad, residuos, convivencia, diversidad...) se hace con la colaboración y la participación ciudadana. Como dice el filósofo Daniel Innerarity “las instituciones deben organizar la inteligencia colectiva y la cooperación en lugar de depender solo de expertos o del populismo simplificador”. Y aquí, el asociacionismo de todo tipo y, significativamente, el vecinal juegan un papel clave. Ya sabemos que no toda la ciudadanía está asociada, pero aquellas personas que se organizan en asociaciones vecinales y se toman la molestia de dedicar tiempo a estudiar los problemas de los barrios, reivindicar mejoras, a actuar y alimentar la vida social y cultural de nuestros distritos, promover el diálogo entre diferentes… en definitiva defender el interés general, lo mínimo que esperan del Ayuntamiento es respeto.

Además, por si no lo recuerdan en el PP, asociarse es un derecho fundamental recogido en la Constitución. Y con asociacionismo y participación ciudadana se transformaron los barrios y las ciudades desde el final del franquismo y a pesar de la dictadura y, aquí, se pararon disparates como las autopistas en lo que hoy es el Jardín del Túria, la edificación en el Saler, las torres del Botànic o la prolongación demoledora de Blasco Ibáñez por encima del Cabanyal.

El gobierno de Catalá se mueve entre la idea rancia de la siniestra Margaret Thatcher cuando afirmaba en 1987 que “no existe tal cosa como la sociedad, hay individuos, hombres y mujeres, y hay familias” y aquella máxima llena de cinismo de su admirado Franco “usted haga como yo, no se meta en política”.

La democracia y la política (y no hablo de partidismo) son complejas y requieren de la implicación de cuantas más personas, colectivos y entidades, mejor; hay que formar para participar; crear fórmulas de cogestión que genere responsabilidad compartida; debemos respetar, promover y prestigiar la interacción cívica… obviamente al PP esto no le interesa, por el contrario ha decidido ser un adalid de la antipolítica contribuyendo, con sus complices de VOX, a, erosionar la democracia. Y eso es muy peligroso, lean a Steven Levitsky y Daniel Ziblatt y sabrán de lo que hablo

En marzo de 1994, organizado por el Col·lectu Lambda, Valencia acoge el primer Encuentro Estatal de asociaciones LGTB para elaborar una propuesta de Ley de parejas de hecho. Esa nueva red fue creciendo y consolidando su dinámica de trabajo y tuvo como grandes éxitos la conformación de un discurso unitario (con puntuales discrepancias), que a su vez evolucionó, y organizar la convocatoria de varias manifestaciones en Madrid para exigir una legislación sobre las “parejas de hecho”. Era una perífrasis para referirnos al reconocimiento de las parejas que constituían gais o lesbianas. En los primeros años 90 el término matrimonio homosexual parecía difícil de aceptar por la sociedad y hasta el activismo homosexual asumía esa limitación. El primer intento fue en 1995 y se pedía al gobierno socialista de Felipe González que legislara sobre las parejas de hecho, el final precipitado de la legislatura en 1996 lo impidió. Salimos a manifestarnos para que el PP del primer Aznar no se opusiera al proyecto de ley que habían promovido los partidos de izquierda y el centro. El PP presentó su propia propuesta de Ley de Uniones Civiles que reducía las parejas a un mero contrato, dilató el trámite y consiguió que, de nuevo, finalizara la lesgislatura y decayeran todos los proyectos de ley. La mayoría absoluta del PP que vino después significó el bloqueo radical de cualquier opción de avance. Aquellas manifestaciones de 1997 y 1998 fueron muy emocionantes. Más que por el número de asistentes a esas marchas, existía un poderoso simbolismo en su convocatoria: éramos visibles, teníamos una apuesta reivindicativa común y capacidad organizativa. El contacto estable entre asociaciones de todo el país, el conocimiento mutuo, la diversidad de nuestra realidad, las complicidades, la incorporación de una nueva generación de activistas favorecieron que algunas entidades den el paso de refundar la antigua FEGL para convertirla en la FELG (ahora FELGTBI+ Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales y más). Tras haber labrado un discurso que evoluciona desde las parejas de hecho al matrimonio civil, que incluye al colectivo trans y bisexual y que teoriza la igualdad legal como un paso más en la lucha contra la LGTBIfobia, la Federación se va construyendo como un instrumento permanente de trabajo, formal, corresponsable y eficaz en la lucha política y social. Si al principio de los 90 se pensaba en una ley estatal de parejas de hecho mirando a Dinamarca, Noruega y Suecia (en 1989, el parlamento danés aprobó la primera ley de parejas de hecho que reconocía a las parejas homosexuales); a mitad de esta década comienza a producirse una reflexión profunda: la igualdad ha de ser total. La aceptación de los mismos derechos y deberes que las parejas matrimoniales (incluso eso) con una denominación diferente es una forma más de estigma y de discriminación y, como tal, no puede ser la solución para nuestras aspiraciones. Se concentran los esfuerzos en exigir una reforma del Código Civil en materia de matrimonio, dado que considerábamos que el artículo 32 de la Constitución ofrecía un redactado suficientemente amplio. Paralelamente el Parlamento Europeo aprobó la Resolución A-0028/94 que pide expresamente a los Estados miembro que “se ponga fin al trato desigual de las personas de orientación homosexual en las disposiciones jurídicas y administrativas”. Esto supone un espaldarazo definitivo para institucionalizar nuestras reivindicaciones en toda Europa.

En esos años se aprueba la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos que habla de “análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con independencia de su orientación sexual” para reconocer derechos en materia de alquileres; ayuntamientos (el primero el de Vitoria) y comunidades autónomas (el País Valenciano o Madrid) abren registros de parejas de hecho y en breve se ponen en marcha procesos para aprobar leyes autonómicas (Cataluña o Aragón) de parejas de hecho que, en el limitado marco competencial en materia de derecho civil que poseen, tratan de ir eliminando situaciones de discriminación; la Ley valenciana de la Infancia de 1994 estableció que el tipo de núcleo familiar (incluyendo parejas del mismo sexo) no podía impedir la adopción y son solo algunos ejemplos de aquellas conquistas parciales pero relevantes. En colaboración con los sindicatos, se empezó a contemplar nuestra realidad en los convenios colectivos. Para una parte de la sociedad esto era lo máximo que se podía alcanzar; para nosotros sólo era el principio. Pudo existir un riesgo: obligarnos a elegir entre las leyes de parejas de hecho o la reivindicación del matrimonio homosexual. Y aplicando el principio de realidad y posibilismo, las asociaciones, en su territorio, negociaron cada ley autonómica, cada registro de parejas sin abandonar el gran objetivo (entonces ciertamente difícil dada la mayoría política conservadora): el reconocimiento de la plena igualdad legal y de nuestra dignidad a través del acceso al derecho al matrimonio civil. La cerrazón del PP a permitir ningún avance entre 1996 y 2004 elimina cualquier opción de gradualismo que podía habernos dividido o desmovilizado. La dinámica política se acompaña de una progresión social imparable. La visibilidad de quien lidera las asociaciones LGTB, la presencia en la vida cultural, social, política, militar, universitaria, de los medios de comunicación; la realización de estudios sobre las familias homoparentales, sobre jóvenes en el sistema educativo y otras temáticas que nos dieron argumentos para convencer a la opinión pública; la interiorización de un discurso, el de la igualdad y la dignidad, tan sencillo y coherente como potente hace que el respaldo a nuestras reivindicaciones vaya subiendo en las encuestas y, ahí, la creación de redes de apoyo en la sociedad civil fue fundamental. Logramos la complicidad de sindicatos, asociaciones de mujeres, vecinales, jóvenes, cristianos de base... la sociedad organizada se muestra en público favorable, entiende y asume nuestros planteamientos.

Una mención aparte merecen los partidos políticos. De los años de la incomunicación se pasa a la plena sintonía con los partidos políticos. Incluso, con el desacuerdo de fondo, hablamos entonces con el PP. Con las formaciones políticas de izquierda, de centro o más liberales existen una fluida relación que se traduce en iniciativas parlamentarias y, en cada convocatoria electoral, en la presentación de propuestas, el análisis de sus programas y una recomendación de voto que en las elecciones del año 2004 se convirtió, por primera vez en unas elecciones generales, en una petición expresa de no votar al Partido Popular. Pero más allá de las relaciones institucionales, se ha producido un hecho muy significativo: un reducido pero irreductible número de activistas que pertenecían o se incorporan a partidos políticos como el PSOE, Izquierda Unida o Iniciativa per Catalunya y comienzan a sembrar el discurso LGTB. Y la semilla germinará; no de manera inmediata, pero sí en los años sucesivos.

Otros acicate para la reivindicación de cambios legales es la larga lista de sentencias y autos judiciales que apuntan contradicciones entre el principio de plena igualdad, de dignidad o de protección a un concepto plural de familia y la realidad legislativa vigente. En materia de herencias, emigración, adopción, seguros, protección sanitaria, pensiones... van goteando resoluciones de jueces que son netamente favorables a nuestros planteamientos y reclaman una regulación de una realidad que existe y que, en ese momento, es invisible ante la ley. Las asociaciones convertimos cada decisión judicial en un elemento más del debate social y así conseguimos avanzar en nuestra estrategia. Un paso más allá en esta línea de activismo fue la presentación ante el Registro Civil (aún con el Partido Popular en el gobierno) de tres solicitudes de matrimonio (en Madrid, Pedro Zerolo y Jesús Santos, Beatriz Gimeno y Boti García Rodrigo y en València, Toni Poveda y Miguel Ángel Fernández) con la intención de hacer llegar el asunto al Tribunal Constitucional y poner en cuestión, de ese modo, la constitucionalidad de un código civil cuya aplicación entraba en colisión con los principios de igualdad y dignidad. Pero en 2004, hay un inesperado vuelco electoral, las izquierdas son mayoría y se abre una oportunidad que aprovechamos para retomar nuestra agenda legislativa. Y llegó la reacción: era el fin de la familia, España se rompía, el PP y los obispos en las calles bramaban e insultaban (confieso que, junto a unos compañeros, asistí a una de aquellas manifestaciones del Foro de la Familia, quería ver con mis ojos el epicentro del odio y la homofobia; fue espeluznante). El PP, para sorpresa de nadie, recurrió en 2005 el matrimonio igualitario ante el Tribunal Constitucional y este avaló la reforma, por fin, en 2012. Es un sarcasmo de la historia ver como los mismos que se opusieron corrieron luego a casarse y a disfrutar de unos derechos que siempre trataron de impedir.

Y todo ese trabajo empieza a verse reflejado en la explosión multitudinaria que se produce en las marchas del Orgullo, con el esfuerzo de coordinación de calendarios y la implicación de muchas de las organizaciones de todo el país; con la definición del mensaje político de cada año; la experiencia de las manifestaciones por la Ley de parejas de hecho; la colaboración del empresariado aliado; el apoyo y la participación de líderes sindicales, políticos y sociales de primer orden; y la asistencia masiva de centenares de miles de personas que hacen que sea una cita de visibilidad, celebración, protesta y de recarga de energía y legitimidad para seguir trabajando por la igualdad social y legal. Descubrimos que la reivindicación no está reñida con la alegría.

Todos estos factores nos explican mejor qué conmemoramos ahora. No sería riguroso decir que todo formaba parte de un plan premeditado, pero lo cierto es que, con cierta perspectiva temporal, se ve bastante coherencia en todo lo realizado. La acción sobre la opinión pública y el nivel de hegemonía social y cultural que alcanzamos, la explotación de las sentencias judiciales, la creación de amplias redes sociales de complicidad con agentes institucionales, sociales y privados, la interiorización por parte de los partidos políticos de nuestro discurso, las cultivadas relaciones con los medios de comunicación, con el ámbito universitario y cultural, la coordinación flexible y eficaz del tejido asociativo del activismo, son, al final, elementos de una estrategia que, tal vez, nunca fue escrita pero sin duda sí fue ejecutada, con emoción, con nervios, con apuestas personales muy fuertes. Sin duda, esta es una historia de éxito y debemos celebrarla como sociedad.

Y, a pesar de su importancia, las conquistas legales son un paso necesario pero no suficiente. En todos estos años hemos avanzado en ámbitos como la educación, la sanidad, las políticas familiares, el deporte… pero también estamos viviendo recortes legales promovidos por el PP y la ultraderecha de VOX contra las personas trans, censurando la educación sexual, permitiendo terapias de conversión o escondiendo libros de temática LGTBI, mientras resurge una LGTBIfobia institucional y legal en Estados Unidos, Argentina, Hungría, Polonia o Italia.

Parafraseando a Zerolo, hemos conquistado derechos, los disfrutamos y, ahora, hay que defenderlos. Y habrá que organizarse (ya lo decía Gramsci: “las ideas no viven sin organización”): lo hicimos para lograrlos y, ahora, para impedir cualquier involución y seguir avanzando. En el fondo, nuestra experiencia es un ejemplo más de algo muy antiguo: la razón y el laicismo contra el fundamentalismo y el dogmatismo; frente a la represión y el odio que propugnan los de siempre, libertad, igualdad y fraternidad.

Nuestras máximas reivindicaciones se centraban en el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo (y todo lo que eso implicaba para evitar discriminaciones frente a quién sí podía acceder al matrimonio civil y dramas personales, en algunos casos asociados al fallecimiento de un miembro de la pareja por SIDA). Se abría camino la visibilidad de las lesbianas (que, poco después, lideraron el asociacionismo LGTBI) y las reivindicaciones de las personas transexuales se incorporaron a nuestra agenda política como una prioridad. Llegaron las leyes autonómicas de parejas de hecho, que resolvían una parte del problema aunque eran más simbólicas (porque generaban debate social y eso nos venía bien) que realmente eficaces. Lambda negoció con el gobierno de Eduardo Zaplana la ley valenciana de uniones de hecho y el resultado fue claramente insatisfactorio, pero insoportable para el arzobispo de València de la época (solo por eso, valió la pena). Mientras, el PP de Aznar rechazaba cualquier propuesta para legalizar en España las parejas homosexuales, hasta cinco veces votaron en contra.

Pero en las organizaciones que agrupaban al activismo LGTBI habíamos hecho una reflexión profunda: no queríamos derechos descafeinados, si una pareja heterosexual podía casarse, una de lesbianas o gais también deberían poder hacerlo. Y trabajamos muy duro: en la calle, en los medios de comunicación, con juristas, con los partidos políticos, con intelectuales, con sindicatos, con otros movimientos sociales (singularmente el feminismo)… para conseguir que cerca del 80% de la sociedad respaldara nuestras reivindicaciones. Ya teníamos una mayoría social, “solo” faltaba una mayoría parlamentaria y eso llegó en 2004 con la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones. El PP votó en 2005 en contra de la reforma del código civil que reconoció al derecho al matrimonio para parejas del mismo sexo (igual que en 2007 votó no a la Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, que permitía a las personas trans ajustar su documentación a su identidad de género). Y, además, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional que no se resolvió hasta 2012. En todo esos años, la FELGTB (la Federación en la que Lambda se implicó como herramienta imprescindible para la incidencia política) presionó al PP para que desistiera y acabara con la incertidumbre para miles de parejas y familias. También hubo contactos discretos para ofrecer al PP paz social a cambio de retirar el recurso. Nunca cedieron. Fueron contumaces en su oposición a nuestros derechos y hoy, en 2024, es un buen momento para seguirlo recordando.

Cuando estos días veo al director general de Diversidad, Stephane Soriano y la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero (ambos del PP) sacando pecho por la campaña de promoción turística “Orgull de Comunitat” de la Generalitat, intentando apropiarse de la conmemoración del Orgullo LGTBI (con el principio caciquil primario de “qui paga, mana”), los ataques a Lambda (lanzando insidias sobre su gestión económica) o criticando la implicación en partidos políticos de izquierdas de activistas que hemos dirigido Lambda… siento una inmensa indignación y asco.

En primer lugar, si una institución (del signo político que sea) está desplegando políticas favorables a los derechos y la dignidad de las personas LGTBI, eso merece reconocimiento y apoyo por parte del activismo, pero no es el caso: con sus gobiernos se han suprimido servicios de información sexual para jóvenes, se esconden y censuran libros y películas que abordan la temática LGTBI o feminista, se anuncia una revisión de las leyes valencianas LGTBI y trans (en Madrid, la presidenta Ayuso, ya ha recortado derechos; por ejemplo ya no se prohíben las terapias aversivas para “reconvertir” la orientación sexual o la identidad de género). Y tienen la desvergüenza de celebrar el orgullo. ¿Orgullo de qué? ¿De LGTBIfobia? ¿De ser tan incoherentes?

Además, siendo conscientes de la capacidad reivindicativa y movilizadora del Orgullo, desde hace meses, la Generalitat está maniobrando para liderar y controlar nuestra conmemoración. Es como si la Generalitat quisiera suplantar a los sindicatos en el 1º de mayo. Resulta inaudito. Y el argumento es que quieren un Orgullo como el de Madrid. ¿Ignorancia? ¿Mala fe? Saben perfectamente (así se lo explicó Juan Carlos Alonso, coordinador de MADO) que el Orgullo de Madrid está convocado y organizado por la FELGTBI+, COGAM (el colectivo LGTBI de Madrid) y AEGAL (la asociación empresarial LGTBI de Madrid). Y las instituciones siempre apoyan y colaboran, pero no tratan de suplantar al activismo. El Orgullo es y será una fiesta política ciudadana, lo serio no ha de ser aburrido, donde con visibilidad se reivindica la diversidad, la dignidad, los derechos, se denuncia la discriminación y el odio. Eso es política, claro que sí. Como clamaba el feminismo de los años 70, “lo personal es político”.

Pero no solo quieren acallar y despolitizar el Orgullo, también llevan meses sembrando la duda sobre la gestión económica de Lambda que es quien, desde los años 90, ha organizado esta movilización y ha trabajado, cada día, para denunciar la LGTBIfobia, ayudar a las personas LGTBI y hacer avanzar nuestros derechos. Aquí, en el conjunto de España a través de la FELGTBI+ y en cualquier ámbito: en el sistema educativo, en el deporte y el tiempo libre, en la salud, con lesbianas, gais, con las personas trans, con jóvenes, mayores, familias, en la cultura, con personas perseguidas en sus países, con migrantes… al principio desde el voluntariado, desde 2018 con la financiación pública del servicio de apoyo integral Orienta (que está establecida en la ley valenciana LGTBI). Solo un dato al respecto: en 2009, Lambda consiguió la declaración del Gobierno de España como entidad de utilidad pública y eso implica un altísimo nivel de auditoría y transparencia en la gestión económica. Pero les da igual, el objetivo es desprestigiar y debilitar. Saben que Lambda ha sido y es un baluarte de la reivindicación LGTBI y, por tanto, es el enemigo a batir porque su crítica y denuncia molesta al PP. Y van a hacer todo lo posible para retirar a Lambda los recursos económicos que permiten prestar el servicio Orienta. Ojalá y me equivoque.

Finalmente, denuncia con aspavientos la señora Camarero que todo esto pasa por la connivencia entre partidos políticos de izquierdas y activistas que tuvieron responsabilidades en los gobiernos progresistas que se pusieron en marcha en 2015. Y dice que todo esto es “ideológico”. Le ha faltado decir aquello de “usted haga como yo, no se meta en política” (eso recomendaba Franco a los embajadores extranjeros durante su ominosa dictadura). Pues claro que tenemos ideología (las ideas que nos han permitido, como dice Toni Poveda, hacer una “maravillosa revolución por las libertades sexuales”) y por supuesto que hemos hecho y hacemos política, desde el activismo, desde los partidos y sindicatos que han asumido nuestras reivindicaciones, desde nuestra vida cotidiana… por una razón muy simple “la política, la fas o te la fan” (Joan Fuster dixit). Y cuando es la derecha quien decide, la política que nos hacen nunca ha sido para reconocer derechos y respetarnos. ¿Acaso eso no es ideología? Claro que lo es. Es la ideología de discriminar, acosar y reprimir.

Como enunció Zygmunt Bauman, vivimos en una “sociedad líquida”. Y ese contexto es muy favorable al individualismo, la efervescencia, lo efímero (también en los movimientos sociales). Pero siempre he asumido con convicción la afirmación de Antonio Gramsci de que las “ideas no viven sin organización”. Estoy convencido de que para seguir progresando en derechos y bienestar, en justicia y solidaridad son imprescindibles movimientos sociales colectivos, estructurados, con vocación de permanencia y de trabajar más allá de lo inmediato. Por eso, cuando asistimos a esta estrategia de ataques, con premeditación y alevosía, para apropiarse de una reivindicación que nunca compartieron, a la que siempre que pudieron se opusieron, es muy conveniente analizar con rigor y sin frivolidad el contexto presente y recordar el pasado (esa historia que bien recoge València, t’estime, el reciente documental de Carlos Giménez) para que nadie manipule una lucha colectiva de muchos años que ha cambiado para bien la vida de millones de personas.

Dins de l’evolució del conflicte, Israel va difondre l’acusació que 12 treballadors d’UNRWA (l’agència de Nacions Unides per a la població refugiada de Palestina en Orient Pròxim) estaven col·laborant amb Hamas. UNRWA es va crear en 1949, en ella treballen vora 30.000 persones i presta assistència als 5 millions de refugiats de Palestina amb educació, sanitat, aigua, aliments, serveis socials i humanitaris bàsics. La denúncia del govern d’Israel no ha aportat evidències i es limita a eixos 12 individus, però ha servit perquè un important grup de països, encapçalats per Estats Units, Regne Unit i Alemanya deixen de finançar a aquesta agència que és la garantia que fa viable els mínims vitals de la població palestina, a Gaza, a Cisjordània i a la resta de llocs on s’ubiquen els camps de refugiats i refugiades.

En eixa carrera per asfixiar a UNRWA i a la població palestina, hem trobat al Consell de Carlos Mazón declarant que la Generalitat Valenciana suspendria l’ajuda econòmica que des de fa anys aporta a aquesta entitat. Només des de 2020 s’han concedit 13.562.981 € per part de la Generalitat a UNRWA. (dades del portal GVAoberta). Ara, la vicepresidenta Susana Camarero condiciona l’ajuda de 2024 a les conclusions de la investigació que l’ONU està realitzant en UNRWA. En les Corts, la diputada socialista Rocío Ibánez està exigint que rectifiquen aquestes intencions i en l’Ajuntament de València, la nostra regidora Maite Ibáñez està demanant que es pague una ajuda de l’any 2023 (ara paralitzada) i que María José Català es comprometa a finançar a UNRWA (però el seu silenci és atronador).

Resulta d’una crueltat inhumana posar en qüestió aquesta ajuda que està servint, des de fa anys, per a salvar la vida a milions de persones que pateixen les conseqüències de dècades de persecució, horror, assetjament i mort. Fins i tot si la investigació demostra que hi ha 12 persones que han col·laborat amb Hamas, seria injust responsabilitzar a UNRWA com a organització i una gravíssima irresponsabilitat denegar l’auxili humanitari que ara tant necessiten a Gaza i Cisjordània.

Si Mazón i Català acaben negant les ajudes a UNRWA podran presumir de ser uns grans aliats de Netanyahu, però sobre la seua consciència pesarà haver abandonat a la seua terrible sort a milers de palestins que, des del 7 d’octubre, tracten desesperadament de sobreviure als atacs indiscriminats de l’exèrcit israelià, a la fam, les malalties... Al mateix temps, el Govern de Pedro Sánchez anuncia un increment en les aportacions d’Espanya a UNRWA per auxiliar al poble Palestí. Queden clares les opcions i prioritats de cadascú.