El objetivo de los sublevados estaba claro desde el primer momento. Las instrucciones dictadas por el general Mola desde Navarra los días previos a la sublevación no dejaban lugar a dudas. El golpe debía de acompañarse de una acción represiva de extremada violencia. El acceso al poder por la fuerza debía venir acompañado de la desaparición de todas las instituciones nacidas al abrigo de la Segunda República, así como de la eliminación de todas aquellas personas que hubieran tenido algún protagonismo, por mínimo que fuera, durante aquel periodo democrático. Así, desde el 18 de julio de 1936 republicanos, socialistas, comunistas y nacionalistas pasaron a ser objetivo directo de su maquinaria represiva.

Desde aquel primer momento, las tropas sublevadas, debidamente reforzadas con hordas de voluntarios tradicionalistas -los sanguinarios requetés-, así como de bandas de falangistas, comenzaron una espiral de detenciones, sacas y fusilamientos que no tenían otro objetivo que responder al plan de extermino diseñado desde los cuarteles sublevados las semanas previas al golpe de Estado.

Su plan para eliminar cualquier huella de progreso y apertura se convirtió en una verdadera maquinaria de destrucción. Debidamente respaldado por los fascismos europeos, comenzaron a bombardear sistemáticamente aquellas zonas que, por su lealtad a todo lo que representaba aquella República, se resistían al avance de los sublevados.

Durante toda la guerra fueron constantes los bombardeos. Cientos de pueblos de toda España desaparecieron total o parcialmente del mapa. La zona más castigada, sin lugar a duda, fue la que rodeó el frente de Aragón. En Euskadi, según el atlas publicado por Gogora, entre agosto de 1936 y el mismo mes del siguiente año, fueron bombardeados más de 120 municipios.

Algunos de esos bombardeos pasaron a ocupar un lugar especial en nuestra memoria. Quizá los casos más populares sean los de Belchite en Zaragoza o Gernika, aquí en Euskadi. Ambos casos han pasado a ser el testimonio de la sinrazón de la guerra. En el primer caso, con el silencio y la desnudez de sus ruinas, fosilizadas en el tiempo. En el segundo, gracias a la genialidad de Picasso y el legado de uno de los cuadros más icónicos del siglo XX.

El plan de bombardeo sistemático al que sometió la aviación fascista cientos de localidades situadas en la zona leal a la República, no solo en Euskadi, sino en tantas y tantas zonas de España, respondía, como digo, al deseo de eliminar físicamente, de raíz, cualquier brote de pluralidad, de progreso, de diversidad. Era un bombardeo contra aquellos gobiernos republicanos que tan bien reflejaban la complejidad de aquellas sociedades. Gobiernos de coalición, tanto en España, donde el PNV llegó a formar parte de él junto a las demás fuerzas del Frente Popular, como en Euskadi, donde la diversidad política quedó también claramente reflejada en los diferentes consejeros que lo componían.

Pretender ahora que el Gobierno de España actual, precisamente el primer gobierno de coalición desde aquel otro republicano contra el que se arrojaron tantos miles de bombas pida perdón por la crueldad extrema de quienes quisieron derrocar la democracia por la fuerza de las armas solo puede ser el reflejo de una mirada miope a la historia.

Pretender tender un hilo que vincule el actual Gobierno progresista con el régimen dictatorial, surgido precisamente tras arrasar militarmente con cualquier vestigio republicano, es no saber leer las señales que se nos muestran en el presente.

Hoy vemos cómo la extrema derecha y los restos del naufragio de la derecha trasnochada se alían en diferentes comunidades autónomas para luchar contra todos los progresos alcanzados en las últimas décadas. Precisamente por todo ello, no podemos erosionar las bases democráticas de nuestra sociedad, cuestionar la credibilidad y legitimidad de nuestras instituciones, todas ellas fruto del pacto constitucional de 1978. Todas. Y menos hacerlo arrastrados por oportunismos políticos de corto o nulo recorrido.

Al menos no podemos hacerlo quienes llevamos defendiendo los mismos valores que defendimos entonces. Quienes creemos firmemente en los valores de aquel republicanismo cívico. Quienes sufrimos aquella guerra y la posterior represión. Quienes somos los heredemos legítimos de quienes perdieron una guerra, pero terminaron forjando la libertad.

No. El Gobierno de España no debe pedir perdón. Debe seguir trabajando incansable por ensanchar el horizonte democrático que miles de víctimas de aquella cruel guerra decidieron defender hasta las últimas consecuencias.

Hace 25 años, ETA asesinó a Fernando Buesa y al ertzaina Jorge Díez dejándonos a todos y todas con el corazón encogido por la pérdida humana y porque entendimos que los terroristas pretendían entonces amplificar el mensaje repetido en cada atentado sobre nuestra vulnerabilidad, sobre la pretendida debilidad del Estado de Derecho y, en último término, sobre lo impropio de nuestras ideas. No consiguieron su objetivo, ni con este doble crimen, ni con los que protagonizaron antes y después, pero la onda sísmica de ese asesinato tuvo muchas derivadas, como, por ejemplo, la que se trasladó a las calles de Vitoria-Gasteiz para dejar al desnudo más de una conducta miserable.

No es mi intención ahondar en estas últimas sino en la conexión virtuosa que el recuerdo de Fernando Buesa vivo provoca en todos socialistas, en todas las socialistas, como ejemplo singular de hombre de ley, de palabra y de acuerdo, y su compromiso con las instituciones como eje de la convivencia que todavía hoy construimos cada día.

La educación en valores ha sido una actividad prioritaria de la Fundación Fernando Buesa, pero no estaría de más que este año 2025, que ha decidido dedicar a la juventud, nos esforzáramos aún más por conseguir que las nuevas generaciones entiendan el significado de la memoria y el papel fundamental que en la defensa de la democracia debe cumplir la deslegitimación del terrorismo.

Nos rondan tantas amenazas que podemos caer en el error de mirar tanto hacia afuera que olvidemos nuestra propia realidad, nuestro presente de desmemoria. El trumpismo y la tecnocasta egoístas y descarados, la vulneración de las reglas en el contexto internacional, la condescendencia con los autoritarismos, el fanatismo religioso en todas sus formas, amenazan, sobre todo, con un mundo sin normas, que resultará más difícil para todos y todas y en el que resultará casi imposible reclamar derechos y proteger a amplias capas de la población, en especial, a las más débiles. Pero no descuidemos lo pequeño, lo local, porque también por ahí se nos puede escapar la democracia.

Solemos apelar a la ley y al respeto a las instituciones en nuestros debates políticos y se nos suele argumentar que la ley puede cambiarse y sabemos que uno de los mandamientos del populismo es defender que parlamentos y gobiernos actúan con frecuencia de espaldas a la ciudadanía. Y vamos a persistir, porque son, precisamente, la ley y las instituciones democráticas la principal defensa que tiene la ciudadanía (sobre todo los sectores más vulnerables) frente a los poderosos y la mayor garantía de igualdad y convivencia.

Fernando Buesa lo fue todo en el servicio público (vicelehendakari, consejero de Educación, diputado general de Álava, parlamentario, juntero, concejal…) y ejerció como abogado durante 16 años. Fue un vasco defensor de la ley, cuando ser esto era en sí mismo una posición transgresora.

Me gusta pensar que, con el respeto a nuestras instituciones, todas ellas, las que hacen posible nuestro autogobierno y las que nos permiten participar en la realidad y proyecto común que es España, y con nuestro trabajo diario en ellas, las y los socialistas vascos apuntalamos las bases para construir una sociedad mejor, más justa, y que honramos la memoria de servidores públicos ejemplares como Fernando Buesa Blanco y Jorge Díez Elorza.

La voluntad separa, también en política, el éxito del fracaso. No estoy abonado de forma absoluta a la máxima de que querer es poder, pero hace falta poner empeño en lo que se persigue, sobre todo, para no caer en el abismo que separa, en ocasiones, lo que algunos dicen, desean y hacen.

El éxito absoluto en las políticas de vivienda equivaldría a poder hacer efectivo el derecho a la misma tal y como lo recoge la Constitución Española: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Es de 1978 pero suena bien.

El PNV no es fan de la Constitución Española, tampoco lo era de la ley vasca de Vivienda de 2015 (ahora parece que sí, pero entonces sus dirigentes advertían sobre el “efecto llamada” y se echaban las manos a la cabeza). El partido de Imanol Pradales tampoco es partidario de la ley estatal, por eso se ha empeñado en que el Gobierno vasco la recurra ante el Tribunal Constitucional.

El candidato nacionalista, no obstante, se ha acercado al atril en uno de sus actos de precampaña para elogiar las políticas (socialistas) de vivienda que se hacen en Euskadi, gesto que se agradece, y que se traducen en que una de cada tres viviendas públicas españolas destinadas al alquiler se levanta en la comunidad autónoma vasca. Aquí está el abismo al que me refería.

Entre el huevo y el fuero está la disputa en la cabeza de los nacionalistas. Los dirigentes del PNV explican que lo que importa es, ante todo, la titularidad de la competencia, sin importar si lo que se hace está bien o mal. En este clima de desazón competencial y abismos discursivos, es razonable la sospecha de que simple y llanamente lo que molesta al PNV es la regulación del acceso a la vivienda.

Le molesta su reconocimiento como derecho subjetivo (fuimos los primeros en reconocerlo, hoy también lo hace Navarra) y todas las medidas destinadas a movilizar el mercado, activar el alquiler, contener los precios y garantizar el acceso a una vivienda digna a los jóvenes que pretenden emanciparse, a quienes, de otra forma, por la falta de recursos, acabarían bajo un puente, o a miles de familias que, sin el colchón que supone una vivienda protegida o las ayudas públicas, no podrían iniciar un proyecto de vida en condiciones.

Los dirigentes del PNV explican que lo que importa es, ante todo, la titularidad de la competencia, sin importar si lo que se hace está bien o mal

Las políticas atrevidas, innovadoras, en materia de vivienda forman parte hoy de uno de los ejes de debate político en nuestro entorno. Son una novedad por la dimensión y el ruido con el que se manifiesta el debate, aunque hace más de 100 años, ciudades como Viena (nos lo ha recordado el reciente congreso celebrado en Bilbao) ya innovaran en este terreno y lleven décadas de trabajo acumulado en la vivienda pública de alquiler.

El PSE-EE ha sido en Euskadi el principal impulsor de las políticas avanzadas de vivienda y de su reconocimiento como un bien social. “Sin una vivienda digna no es posible el desarrollo de un proyecto vital. Es la base que proporciona seguridad física y emocional a nuestra vida y la antesala que nos permite disfrutar de otros derechos y actividades. La vivienda, además, crea lazos, forja la convivencia, hace comunidad”, explicó el consejero Iñaki Arriola en la apertura del citado Congreso Internacional de Vivienda.

La ley vasca (aprobada también por EH Bildu y UPyD) ha servido como modelo para la ley estatal, aunque esta última contempla medidas, complementarias, que requerían una regulación para todas las comunidades, como la declaración de zonas tensionadas para aplicar en ellas medidas de control de precios.

A una parte del sector inmobiliario, que actúa con la lógica del beneficio, no le gusta la regulación, apela a la libertad de mercado, y dice que el control de precios bloquea la oferta e invita a que los pisos no se alquilen porque los propietarios acaban desistiendo ante la falta de margen económico. Como si el margen de beneficio —en un mercado inflamado por una oferta reducida, sobre todo en los núcleos de población más grandes y sus áreas de influencia, los más demandados— fuera hoy pequeño.

Sin embargo, a los ayuntamientos vascos, lógicamente a los que tienen más problemas, no les ha parecido mala la idea de contener los precios. Algunos cogobernados por el PNV, como el de San Sebastián o el de Barakaldo, ya han iniciado los trámites para solicitar la declaración de zona tensionada con la aprobación de mociones en sus plenos. También lo han hecho Vitoria-Gasteiz, Irún, Errenteria, Eibar, Lasarte-Oria, Pasaia, Andoain o Portugalete.

No existen recetas milagrosas. Para convertir el derecho a la vivienda en un derecho efectivo es necesario un compromiso entre todos los agentes sociales, económicos, administraciones públicas y sociedad en general, para compartir unos objetivos. Esto es lo que pretende el Pacto Social por la Vivienda de Euskadi 2022-2036, que está suscrito por más de 90 agentes públicos y privados, y que persigue, como objetivo prioritario, duplicar el número las viviendas en alquiler protegido, además de fomentar la rehabilitación con criterios de accesibilidad y eficiencia energética.

Una comunidad pequeña como la nuestra ha pasado a ser, en estos años de gestión socia­lista, la segunda comunidad autónoma que más vivienda protegida produce a pesar de su tamaño, y la primera que más vivienda protegida en alquiler edifica por número de habitantes. Otros datos que pueden servir al señor Pradales.

No existen recetas milagrosas. Para convertir el derecho a la vivienda en un derecho efectivo es necesario un compromiso entre todos los agentes sociales, económicos, administraciones públicas y sociedad en general, para compartir unos objetivos

Aumentar el ritmo de promoción de vivienda pública protegida, especialmente la destinada al alquiler, es una línea de trabajo. Otra es reducir el parque de vivienda vacía, como persigue el programa Bizigune. Y una que puede ayudar y mucho a esa apuesta por el alquiler es la modificación de la política fiscal, porque es necesario reequilibrar los incentivos fiscales, actualmente en su mayoría dirigidos a la compra de vivienda.

Apostamos por unas mayores bonificaciones para los propietarios que mantengan las rentas y proponemos la revisión en favor de los arrendatarios de las deducciones al alquiler. Además, creemos necesario un nuevo sistema de deducciones a la rehabilitación de edificios y viviendas, una actividad que, además, es creadora de riqueza y empleo.