Un año más, la clase trabajadora de todo el mundo alza su voz en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Para UGT y CCOO, esta fecha supone una movilización global que exige poner fin a la explotación, la precariedad y la desigualdad que aún persisten en el mundo laboral, un desafío especialmente acuciante en Andalucía.

El trabajo decente, tal como lo define la Organización Internacional del Trabajo (OIT), abarca cuatro pilares fundamentales: empleo productivo y justamente remunerado, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, y libertad para que las personas expresen sus preocupaciones y participen en las decisiones que afectan a sus vidas. En Andalucía, a pesar de los avances impulsados por la acción sindical, debemos ser claros: aún estamos lejos de alcanzar este objetivo para todas las personas trabajadoras.

Por eso, ambas organizaciones sindicales, queremos hacer un llamamiento por la paz y por la democracia, elementos esenciales para que los derechos laborales, la justicia social y la igualdad se extiendan.

En Andalucía los salarios son un 12 % inferiores a la media estatal

Los datos nos golpean con la realidad de un trabajo que, en demasiados casos, no podemos llamar “decente”. En primer lugar, Andalucía sigue siendo una de las comunidades con más paro: a pesar de las bajadas de los últimos meses, 600 mil personas desean trabajar y no pueden hacerlo.

Quienes sí tienen un empleo se enfrentan a desafíos estructurales que menoscaban su bienestar. Los salarios son un 12 % inferiores a la media estatal, una brecha que ahoga la capacidad de consumo de las familias, ralentiza la economía local y perpetúa la desigualdad.

A pesar de las mejoras que trajo el acuerdo de reforma laboral, la temporalidad en la contratación sigue siendo alta, en torno al 20 %, el uso fraudulento de los contratos a tiempo parcial y de los fijos discontinuos, que genera una inseguridad vital insostenible. Esta precariedad es especialmente grave entre la juventud y las mujeres.

La discriminación tiene rostro de mujer: dos de cada tres personas paradas en nuestra comunidad son mujeres, y ellas sufren la precariedad con mayor intensidad, además de una persistente brecha salarial y la infrarrepresentación en puestos de responsabilidad.

La falta de reconocimiento y protección en sectores feminizados, como el de las camareras de piso, o la dependencia, es un clamor. Un 70 % de estas trabajadoras en Andalucía necesita consumir fármacos para lidiar con su intensa jornada laboral, un dato que debería avergonzar a toda la sociedad y a nuestras instituciones.

El fomento del trabajo decente y el desarrollo económico es también un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 20-30

Frente a esta realidad, CCOO y UGT unimos fuerzas para exigir medidas valientes y decididas que pongan a las personas en el centro de las políticas públicas y empresariales. No nos conformaremos con un mundo laboral que solo garantice la supervivencia; queremos prosperidad y justicia.

1. Reducción de la Jornada Laboral a 37,5 horas

Luchamos por la reducción de la jornada a 37,5 horas, una medida que beneficiará directamente a más de millón y medio de personas trabajadoras en Andalucía. En un contexto de avances tecnológicos y aumento de la productividad, esta medida es de pura justicia social: no solo humaniza las relaciones laborales y mejora la conciliación de la vida personal y profesional, sino que, además, dinamizará la creación de empleo. Es hora de distribuir mejor la riqueza generada y el tiempo de trabajo.

2. Salarios dignos y egociación colectiva fuerte

Un trabajo decente es, por definición, un trabajo justamente remunerado. Exigimos aumentos salariales que recuperen el poder adquisitivo perdido por la inflación y que estén a la altura de las ganancias empresariales. La gegociación colectiva debe ser la herramienta esencial para garantizar salarios de justicia y la paz social en los centros de trabajo.

3. Tolerancia cero con la siniestralidad laboral

No hay trabajo decente si no se puede volver a casa vivo. Las tasas de siniestralidad laboral en Andalucía siguen siendo inaceptablemente altas. Reclamamos el refuerzo de la inspección de trabajo y la priorización de la prevención de riesgos laborales. Es imprescindible reconocer como enfermedad profesional los riesgos psicosociales en sectores como la sanidad y la docencia, que están generando graves problemas de salud física y mental en nuestras trabajadoras y trabajadores.

4. Paz y democracia: pilares del trabajo decente mundial

Nuestra movilización por el trabajo decente es también una lucha global. Levantamos la voz para rechazar el avance de la ultraderecha en el mundo, que utiliza la mentira y el populismo más violento para enfrentar a los que menos tienen, y fortalecer al poderoso.

La Confederación Sindical Internacional (CSI) advierte en su informe Empresas que socavan la democracia 2025 sobre cómo cada vez un mayor número de empresas están en mano de empresarios que patrocinan la extrema derecha política y que hacen gala de prácticas antisindicales, promueven la guerra y la represión social, al tiempo que hacen llamamientos a rebajas salariales y a devaluar las condiciones laborales, aumentando de manera impúdica sus beneficios en detrimento de las personas y el planeta. No lo vamos a permitir.

No podemos olvidarnos este día de los compañeros y compañeras de Palestina y los trabajadores que representan

No olvidemos que el fomento del trabajo decente y el desarrollo económico es también el octavo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 20-30, aprobada por la ONU. La próxima Cumbre Social Mundial debe comprometerse con un nuevo contrato social en el que los trabajos, derechos laborales, libertad sindical, protección social, igualdad e inclusión y en la que se subraye que el trabajo decente es la base de toda democracia plena y esta, única garante de los primeros. 

En el día del trabajo decente no podemos olvidarnos de los compañeros y compañeras de Palestina y los trabajadores que representan. El último informe del Director General de la OIT decía: “Gaza se encuentra en ruinas. Sus lugares de trabajo han sido destruidos. Miles de trabajadores han perdido la vida. La magnitud de la miseria no tiene precedentes”. En cualquier conflicto, son las y los trabajadores los que sufren la cara más amarga de la guerra, por ende, el genocidio que sufre el pueblo palestino. Nos solidarizamos también con los trabajadores y trabajadoras de Ucrania, Yemen y otros países en guerra.

En este 7 de octubre, UGT y CCOO en Andalucía llamamos a la unidad de toda la clase trabajadora. Con nuestra determinación conseguiremos cambiar las reglas para impulsar una distribución de la riqueza más justa y garantizar, de una vez por todas, que el trabajo decente sea una realidad para cada andaluza y andaluz. La lucha continúa.

Lo que ha ocurrido en Torre Pacheco no es un hecho aislado ni un simple brote de intolerancia. Es la consecuencia directa de años de discursos que han sembrado odio contra las personas migrantes, de consignas repetidas sin pudor que han deshumanizado al otro y han fabricado un enemigo que no existe. Cuando se señala a colectivos enteros por su origen, cuando se banaliza el racismo en tertulias, redes sociales, noticias falsas y parlamentos, los hechos acaban siguiendo a las palabras. Esas son las consecuencias palpables. Lo vemos en las calles y lo sufrimos como país.

Y en UGT tenemos claro que cuando se normaliza la xenofobia, se erosiona la base misma de nuestro Estado social y democrático de derecho. Porque, tal como decía nuestro secretario general, Pepe Álvarez, hoy son los migrantes, pero mañana serán quienes piensen diferente. Y eso no lo podemos permitir.

La respuesta no puede ser tibia ni tardía. Se necesita firmeza institucional y política. Hay que actuar con determinación frente al discurso de odio, porque la democracia no solo se defiende en las urnas, también se protege desde la ley.

Y al mismo tiempo, debemos decirlo con claridad: España necesita inmigrantes. Lo dicen los datos y la realidad del mercado laboral. Entre el cuarto trimestre de 2019 y el de 2024, el empleo creció en 1,89 millones de personas, de las cuales 993.000 fueron mujeres. De ellas, el 64% eran mujeres extranjeras o con doble nacionalidad. El empleo femenino en España no se puede explicar sin la aportación de las mujeres migrantes, que hoy ocupan buena parte de los sectores más esenciales... y también más precarios.

Según datos de la OIT, España es el octavo país con mayor brecha salarial entre mujeres migrantes y autóctonas en los países con ingresos altos, y el cuarto con una brecha salarial “no explicada”, donde la discriminación es un factor evidente.

Estas mujeres, especialmente las latinoamericanas, se concentran en empleos del hogar, restauración, hostelería y cuidados. Más del 43% de las trabajadoras del servicio doméstico en 2025 son extranjeras. Son fundamentales para sostener los hogares, los cuidados y la economía, pero no tienen los mismos derechos ni las mismas condiciones.

No se puede gestionar la complejidad del presente con fórmulas simplistas ni con demagogia. El populismo solo multiplica los problemas. Necesitamos política con mayúsculas: la que protege, la que prevé, la que responde

Mientras tanto, a esto hay que sumar que otros desafíos se acumulan: el impacto de los aranceles unilaterales de EE.UU amenaza a sectores clave de la economía andaluza. Las fake news distorsionan el debate público y minan la confianza ciudadana. Y ante tragedias internacionales como la guerra en Gaza, Europa está perdiendo su papel de referencia ética y diplomática. La indiferencia y la doble moral solo alimentan el cinismo social y la desafección política.

Fenómenos como la DANA en Valencia, la erupción del volcán de La Palma o los incendios que castigan nuestros campos nos recuerdan la necesidad de una buena gobernanza, de instituciones que actúen con previsión, coherencia y responsabilidad.

No se puede gestionar la complejidad del presente con fórmulas simplistas ni con demagogia. El populismo solo multiplica los problemas. Necesitamos política con mayúsculas: la que protege, la que prevé, la que responde.

Y frente a esa desorientación generalizada, hay que decirlo con claridad: los sindicatos somos el pegamento social de este país. Lo somos porque estamos donde realmente se construye la convivencia, en los centros de trabajo, en los barrios, en las mesas de diálogo, en las calles y en cada conflicto que afecta a la clase trabajadora.

No somos solo interlocutores laborales, somos también garantes de la paz social, defensores de los servicios públicos, promotores de igualdad y justicia, y agentes activos en la construcción de una democracia participativa.

Porque cuando se debilitan los derechos colectivos, se resiente la democracia. Y cuando se refuerzan los sindicatos, gana la sociedad. UGT no es solo una organización sindical: es una red viva de solidaridad, de protección y de transformación al servicio de un país más justo, más cohesionado y más digno

En Andalucía, más de 15.000 delegadas y delegados de UGT trabajan cada día para garantizar derechos, defender la igualdad, atender a quienes no tienen voz. Somos quienes denuncian un despido injusto, quienes acompañan una baja por maternidad, quienes impulsan planes de igualdad o quienes se plantan ante un cierre patronal. Pero también somos quienes defienden la sanidad pública, quienes luchan contra la discriminación, quienes apoyan la inclusión de las personas migrantes y quienes responden cuando la crisis aprieta a las familias trabajadoras.

Porque cuando se debilitan los derechos colectivos, se resiente la democracia. Y cuando se refuerzan los sindicatos, gana la sociedad. UGT no es solo una organización sindical: es una red viva de solidaridad, de protección y de transformación al servicio de un país más justo, más cohesionado y más digno.

Somos una organización plural, solidaria, participativa y profundamente democrática, que apuesta por la acción colectiva frente al aislamiento. Creemos en la libertad, la igualdad, la solidaridad y la justicia social como base de cualquier sociedad digna.

Porque desde UGT no solo defendemos condiciones dignas de trabajo. Defendemos el modelo de país que garantiza la convivencia democrática, la inclusión y el futuro colectivo. Lo hacemos con propuestas, con firmeza y con convicción. Porque lo que está en juego no es solo el presente. Lo que está en juego es el país que queremos ser.

Decía Martin Luther King: “Nuestras vidas empiezan a terminar el día que guardamos silencio sobre las cosas que nos importan”.

Los sindicatos de clase no guardamos silencio. UGT está a punto de cumplir 137 años de lucha por la igualdad y la libertad. Y este año, el Primero de Mayo cumple 135 años, en los que la lucha de clase ha conseguido avanzar en todos los derechos de los que hoy disfrutamos: jornada de 8 horas, vacaciones, bajas laborales, permisos de maternidad y paternidad, igualdad y medidas de conciliación laboral, derechos de los inmigrantes, igualdad del colectivo LGTBI, reconocimiento de la Memoria Histórica. 

En todos esos ámbitos, queda mucho aún para lograr la igualdad real, la redistribución de la riqueza, la igualdad real y la justicia social, pero los avances son incontestables. Hoy, todos esos avances están cuestión por el avance de la ultraderecha en todo el mundo; también en España. Pretenden quitarnos todos los derechos que hemos ido consiguiendo con nuestro esfuerzo, nuestra lucha y, a veces, con sangre.

Los ataques son desde todos los ámbitos: desde la política, la justicia, los pseudosindicatos y, ya han empezado a los ataques físicos a nuestras sedes y a las de otras organizaciones de izquierda. El sábado pasado intentaron boicotear un acto, en defensa de los principios democráticos, en nuestra sede de UGT Confederal. Tuvieron que irse escuchando los cánticos, bien altos, de los y las sindicalistas, con lemas del Primero de Mayo: “¡Que viva, la lucha, de la clase obrera!” 

El sindicalismo se ha vuelto a convertir en el último bastión de la democracia. Allí donde haya un delegado o delegada que ayude a un compañero a defender su puesto de trabajo, sus vacaciones, sus horas extra, a evitar un acoso laboral o sexual...no llega la ultraderecha. Cuando los sindicatos de clase activamos la unidad de acción, como ocurre cada Primero de Mayo, no hay quien nos pare.

Cada sector, cada sindicato, trabajamos día a día para conseguir mejoras laborales. Pero un día al año, todas las personas trabajadoras de casi todo el mundo, celebramos y reividicamos a la vez nuestros derechos.

También rendimos homenaje a quienes son perseguidos y asesinados por defender derechos sociales y laborales, y expresamos nuestra solidaridad con los pueblos que sufren represión, ocupación y guerra. Condenamos con rotundidad el genocidio de Israel en Gaza y los ataques en Cisjordania.

Y rechazamos la guerra comercial emprendida por el Gobierno de Trump que requiere una respuesta firme y coordinada de la UE. Necesitamos una Europa fuerte y unida, que priorice la justicia social y la igualdad.

En España, tenemos que seguir reforzando el Diálogo Social para avanzar hacia empleos de calidad, mejorar salarios y lograr la igualdad real.

Desde UGT reconocemos los avances conseguidos con este Gobierno progresista, y hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los grupos políticos del Congreso de los Diputados, para que apoyen una medida que beneficia a las personas trabajadoras, al desarrollo económico y al estado del bienestar. Las 37,5 horas son el primer paso para negociar en los Convenios las 32 horas semanales

En cuanto a reivindicaciones laborales, estamos convencidos de que vamos a conseguir la jornada semanal de 37,5 horas, es justo tras 40 años sin cambios en el Estatuto de los Trabajadores. Desde UGT reconocemos los avances conseguidos con este Gobierno progresista, y hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los grupos políticos del Congreso de los Diputados, para que apoyen una medida que beneficia a las personas trabajadoras, al desarrollo económico y al estado del bienestar. Las 37,5 horas son el primer paso para negociar en los Convenios las 32 horas semanales.

Los salarios deben subir por encima del IPC, para recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis de la segunda década del siglo, y durante la pandemmia.

Necesitamos más feminismo para ganar en igualdad y en corresponsabilidad familiar. Y más medios contra la violencia machista, para que las mujeres se sientan protegidas y sean realmente libres en sus decisiones.

Unos servicios públicos de calidad, son esenciales en un estado social, democrático y de derecho. En Andalucía la sanidad pública deja mucho que desear. Ya dimos un toque de atención al Gobierno andaluz con una manifestación en la que participaron casi cien mil personas y, no será la última, si no toma en serio nuestras propuestas de aumentar y estabilizar al personal sanitario, y dejar de privatizar servicios, lo que supone el desmantelamiento de nuestra sanidad pública. En cuanto a la dependencia, las listas de espera siguen aumentando, y superan cinco veces el tiempo máximo legal para adjudicar el servicio. Hace falta más personal y con mejores condiciones laborales.

Y este Primero de Mayo, exigimos más medios para luchar contra la siniestralidad laboral. UGT no puede tolerar que cada dos días y medio muera un trabajador o trabajadora en Andalucía.

El Plan de Choque que firmamos los sindicatos hace ya casi dos años se ha quedado muy corto para afrontar el problema, y a la vista está porque siguen aumentando los accidentes y los fallecidos.

No hemos firmado la nueva Estrategia de Salud Laboral de la Junta, porque el Gobierno andaluz no pone los medios necesarios para avanzar hacia la eliminación de accidentes. Necesitamos más presupuesto para tener más recursos y más personal que vigile el cumplimiento de los planes de prevención. En este sentido seguimos exigiendo la creación de la figura del delegado de prevención territorial o sectorial, que visite las pequeñas empresas que no tienen delegado de prevención o de personal propio y que, en Andalucía, son el 95% del tejido productivo. Donde no hay representación sindical, está demostrado que hay muchos más accidentes.

Vamos a ser más contundentes con las empresas que no cumplan las medidas de prevención, estamos denunciando los incumplimientos y donde persisten hacemos movilizaciones, como las que hemos emprendido en la empresa aeronáutica Sofitec.

Y al Gobierno central le pedimos una nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La del año 95 fue muy vanguardista en su momento, pero hay nuevos riesgos como los sobrevenidos por el cambio climático, la digitalización, la robotización, los riesgos psicosociales que provocan ictus y ataques cardíacos, y es necesario adaptar las medidas a las nuevas circunstancias.

Todo esto, es también Primero de Mayo. La salud y la vida de los trabajadores y trabajadoras es lo primero.

El papel que cumplen los agentes sociales, sindicatos más representativos y patronal mayoritaria, es muy desconocido para gran parte de la población que, sin embargo, se beneficia diariamente de las negociaciones y los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social. Las subidas consecutivas del Salario Mínimo, un 54% desde 2018, no son ningún regalo del cielo sino reivindicaciones sindicales que se consiguen tras movilizaciones y negociación. Igual que los incrementos de las pensiones, con un mínimo garantizado del IPC.

En nuestra comunidad, las medidas sociales contempladas en los tres acuerdos de reactivación económica y social firmados con el Gobierno andaluz han beneficiado a cientos de miles de personas y han sido fruto de un arduo trabajo de sindicatos, patronal y Junta de Andalucía. 

Participamos en órganos que son fundamentales para el buen funcionamiento de la economía andaluza, como el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos (SERCLA), donde se evitaron en el primer semestre casi 400 mil horas de huelgas, lo que hubiera supuesto un coste de 27 millones de euros. Trabajamos en el Consejo Económico y Social de Andalucía, y en los de todas las provincias y capitales, donde realizamos informes, propuestas y presentamos resoluciones sobre las iniciativas legislativas que después se debaten en el Parlamento, diputaciones y ayuntamientos. Si hablamos de la negociación colectiva, en Andalucía hemos negociado cerca de 600 convenios colectivos, que afectan a 251 mil empresas y 1.236.471 personas trabajadoras.

Llega un año tarde, pero ha valido la pena. Sólo tres comunidades autónomas españolas no cuentan con esta norma, y la nuestra dejará pronto de pertenecer a ese grupo, y sólo quedarán Asturias y País Vasco

Durante la pandemia, los sindicatos fuimos esenciales en negociar medidas y en atender a las personas trabajadoras que lo necesitaban, para que nadie quedara atrás. En UGT, entre 2020 y 2021 atendimos medio millón de consultas de todo tipo: sobre prestaciones del Ingreso Mínimo Vital, de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), sobre teletrabajo, o cómo gestionar las bajas por COVID. Nuestros delegados y delegadas asesoraron y acompañaron a miles de compañeros y compañeras sobre los derechos que tenían, porque la legislación iba cambiando cada momento.

Nuestros técnicos asesoran a trabajadores, y también a empresas, a la hora de negociar y firmar los planes de igualdad, los planes de prevención de riesgos laborales, o la actualización de las funciones profesionales de los convenios. 

Los sindicatos más representativos: UGT y CCOO, la patronal CEA, y el Gobierno andaluz firmaremos este miércoles el respaldo a la Ley de Participación Institucional en el Palacio de San Telmo. Han sido años de propuestas, discrepancias y acuerdos. La última etapa, desde la firma del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, en marzo del año pasado, donde se recogía la puesta en marcha de la Ley de Participación Institucional. Llega un año tarde, pero ha valido la pena. Sólo tres comunidades autónomas españolas no cuentan con esta norma, y la nuestra dejará pronto de pertenecer a ese grupo, y sólo quedarán Asturias y País Vasco.

La Ley de Participación Institucional es una demostración de buen gobierno, y de nuestra capacidad para construir una sociedad más justa y democrática. 

Esta ley es mucho más que el cumplimiento de un compromiso político: es el desarrollo de un mandato estatutario. Tanto la Constitución Española como el Estatuto de Autonomía de Andalucía reconocen la relevancia del diálogo y la concertación social

En UGT Andalucía, buscamos influir en el diseño, seguimiento y evaluación de la política socioeconómica. Los sindicatos somos canalizadores de las revindicaciones de la clase trabajadora. El papel que desempeñamos beneficia a toda la sociedad, y permite evitar conflictos y que haya paz social. Pero ese trabajo tiene un coste que sufragan las cuotas de nuestros afiliados. La concertación permite que los recursos públicos puedan sufragar parte del trabajo que realizan los agentes sociales más representativos. La participación institucional es un reconocimiento a nuestra labor representativa de los derechos e intereses legítimos de la clase trabajadora andaluza.

Desde las primeras huelgas y protestas en el siglo XIX hasta las movilizaciones masivas del siglo XX, nuestra lucha siempre ha tenido como objetivo fundamental la mejora de las condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora. La participación institucional es una extensión natural de esta lucha. 

Esta ley es mucho más que el cumplimiento de un compromiso político: es el desarrollo de un mandato estatutario. Tanto la Constitución Española como el Estatuto de Autonomía de Andalucía reconocen la relevancia del diálogo y la concertación social. 

Así lo señala el artículo 26.2 de nuestro Estatuto de Autonomía. De igual forma, la Constitución Española, en su artículo 7, establece que las organizaciones sindicales y empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios que, no son otros, que mejorar la calidad de vida y el bienestar general del conjunto de la ciudadanía.

Además, el Tribunal Constitucional ha reforzado este principio en diversas sentencias, destacando la importancia de la participación institucional como un elemento central de nuestra democracia. 

La historia de la concertación social es larga en Andalucía. Hemos conseguido ocho acuerdos a lo largo de más de tres décadas de trabajo en común de Gobierno andaluz y organizaciones sindicales y empresariales más representativas

La participación institucional es respaldada, también, por múltiples normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por la nueva Declaración del Centenario para el Futuro del Trabajo. Y el Convenio 150 de la OIT, sobre 'Administración del Trabajo', ratificado por España en 1982. Por su parte, la Comisión Europea, ya en su Comunicación de 2004 titulada 'Colaboración para el cambio en una Europa ampliada: Potenciar la contribución del diálogo social europeo', destacaba el papel esencial que el diálogo social ha desempeñado en la mejora de la gobernanza europea.

Este llamamiento expreso al diálogo social y a la mejora de la gobernanza se refuerza con el Pilar Europeo de Derechos Sociales de 2017, que subraya la necesidad y el deber de consultar a los interlocutores sociales en el diseño y aplicación de políticas sociales, económicas y laborales a financiar por otro elemento fundamental en la historia reciente de Andalucía, los fondos europeos.

La historia de la concertación social es larga en Andalucía. Hemos conseguido ocho acuerdos a lo largo de más de tres décadas de trabajo en común de Gobierno andaluz y organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

Estos acuerdos han sido fundamentales para el desarrollo de los intereses sociales y económicos de nuestra comunidad y para la prosperidad de la ciudadanía andaluza. La concertación social ha demostrado ser un instrumento válido y útil, tanto en la esfera europea como en los ámbitos nacional y regional. Tres décadas de trabajo en común.

Ir a votar el próximo domingo es fundamental para que sigamos avanzando en derechos y no se produzca una involución. Si la ultraderecha consigue más poder en Europa, volveremos a los recortes y a las políticas de austeridad que tanto daño hicieron durante la anterior crisis financiera.

Aunque los organismos europeos puedan sonarnos algo lejanos, no lo son; sus decisiones afectan directamente a nuestras vidas, las de los andaluces y andaluzas. Más de la mitad de las leyes aprobadas en España en los últimos cinco años derivan de directrices europeas, y muchas afectan decisivamente a Andalucía, como las relacionadas con las ayudas a la agricultura y al medio rural, la protección del medio ambiente y el bienestar animal, la digiltalización, la estabilización de los empleados públicos, la conciliación familiar, el desarrollo ferroviario, los incentivos al transporte... Pero, sobre todo, los fondos de más 500.000 millones de euros para reactivar la economía, proteger a las personas trabajadoras y a las empresas, y superar la crisis socioeconómica derivada de la pandemia de COVID, de los que 140.000 millones están llegando a España. Gracias a ellos, nuestro país está a la cabeza del crecimiento económico de la Unión Europea (UE) con un aumento del PIB del 0,7% en el primer trimestre, frente al 0,3% comunitario; el paro está en cifras de prepandemia y hoy, hay más trabajadores activos que nunca en España, 21,3 millones.

Los países del sur, llamados despectivamente por los neoliberales europeos PIG, durante la crisis de deuda de 2010 a 2012 (España, Italia, Portugal, Grecia y también Irlanda) han dado la vuelta a la tortilla, y ahora son los que tiran de la economía europea

Son políticas expansivas que, impulsadas por Gobiernos como el español, desarrolladas por la Comisión Europea, y por iniciativas progresistas en el Parlamento Europeo están permitiendo a Europa superar una compleja situación de problemas y conflictos que podría habernos llevado a una profunda recesión. Si hacemos un poco de memoria, en los últimos cinco años hemos superado una pandemia, un período de extrema inflación, una escasez de componentes electrónicos, una crisis energética y de precios de la luz por la falta de gas, y estamos en pleno proceso de recuperación de otras consecuencias derivadas de la invasión rusa en Ucrania, como la escasez de cereales, o del cambio climático, como la sequía.

Los países del sur, llamados despectivamente por los neoliberales europeos PIG, durante la crisis de deuda de 2010 a 2012 (España, Italia, Portugal, Grecia y también Irlanda) han dado la vuelta a la tortilla, y ahora son los que tiran de la economía europea.

Esta vez, avalado por informes económicos y no ideológicos, de la Comisión Europea, el Gobierno español ha podido afrontar la crisis que se venía encima con diálogo social, entendimiento con patronal y sindicatos, asumiendo propuestas para proteger a la ciudadanía.

En vez de despidos se pusieron en marcha los ERTE, que suspendían los contratos hasta que las condiciones pudieran normalizarse. Se creó el Ingreso Mínimo Vital. La Reforma Laboral ha permitido hacer indefinidas a 3,5 millones de personas trabajadoras, y ha subido el salario de las que dependían de un convenio de empresa al pasar a depender del convenio sectorial.

Las reiteradas subidas del SMI han facilitado el cumplimiento del mandato constitucional de la redistribución justa de la riqueza, y han reducido la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y no han supuesto más paro, ni más cierre de empresas, sino más poder adquisitivo para las personas trabajadoras, con más consumo y reactivación de la economía.

Europa ha avalado la Reforma de las Pensiones y el actual sistema de revalorización con el IPC reconociendo que es sostenible. Igualmente, ha respaldado la Ley Rider, que ha permitido a decenas de miles de mensajeros tener un contrato regulado.

Quedan muchos asuntos pendientes que mejorar. Como el precio del despido, en lo que la UE nos ha dado la razón, pero hay que desarrollarlo legalmente. También debemos seguir negociando la reducción de la jornada laboral hasta llegar a las 35 horas semanales y, más adelante, a las 32

Pero quedan muchos asuntos pendientes que mejorar. Como el precio del despido, en lo que la UE nos ha dado la razón, pero hay que desarrollarlo legalmente. También debemos seguir negociando la reducción de la jornada laboral hasta llegar a las 35 horas semanales y, más adelante, a las 32.

Nuestro voto, el próximo domingo, va a decidir si queremos una Europa social, inclusiva, igualitaria y con derechos para todos y todas, o si ponemos aún más en riesgo los servicios públicos: si la sanidad pública va mal, con una ultraderecha fuerte en Europa irá peor; están en riesgo los planes para evitar la siniestralidad laboral, una lacra que ya ha matado a 56 personas trabajadoras en lo que llevamos de año en Andalucía; están en peligro las medidas laborales por la igualdad de oportunidades; por la igualdad salarial; contra la discriminación a trabajadores LGTBI; en defensa del medio ambiente; contra la pobreza y exclusión social; por una vivienda digna, accesible para todos y contra el sinhogarismo; por el derecho al agua como bien público y no especulativo; y para superar la pobreza energética. 

Los avances sociales conseguidos estos últimos cinco años, en estos ámbitos, gracias a las propuestas y reivindicaciones sindicales, a los partidos de progreso, y a los acuerdos de diálogo social, están en peligro.

La derecha europea, en esta campaña, no ha ocultado su disponibilidad para negociar con una parte de la ultraderecha, si fuera necesario, para dirigir las instituciones europeas. Y las medidas de la ultraderecha se parecen mucho en todo el mundo: neoliberalismo salvaje, la motosierra de Milei para acabar con los servicios públicos o cualquier medida social; símbolos fascistas sin rubor y noticias falsas, si son necesarias, para eliminar al contrincante, incluyendo el intento de utilizar otras instituciones del estado, como la Justicia.

Todas las trabajadoras y trabajadores europeos debemos votar con responsabilidad el próximo 9 de junio, porque nos jugamos mantener un modelo de Europa social e igualitario, o facilitar uno ultraliberal y privatizador de los servicios públicos. 

El sindicalismo europeo debe continuar siendo una voz clave en la negociación colectiva, garantizando que todas las personas trabajadoras disfruten de derechos laborales justos y de una representación adecuada en la lucha contra las políticas que buscan desmantelar estos derechos fundamentales.

El próximo domingo te la juegas. Vota más escudo social, más y mejores servicios públicos, más empleo y derechos laborales. Por Andalucía, por España, por Europa.

Han pasado 44 años desde aquel 28 de febrero de 1980 en el que los andaluces y andaluzas dijimos sí a una Autonomía de pleno derecho. Ese día, unidos, le dijimos al conjunto del Estado que nunca renunciaríamos a nuestra identidad como pueblo. Una identidad forjada por tres milenios de multiculturalidad, de arte, de conquistas, de riqueza y de pobreza, a veces, al mismo tiempo. 

Andalucía ha avanzado mucho desde que Blas Infante escribiera en 1916 'El Jornalero Andaluz'. Pero hace sólo una semana, la Policía ha desmantelado una red que explotaba a trabajadores y trabajadoras rumanas en condiciones infrahumanas. Esta criminal forma de actuar es un hecho puntual, que nada tiene que ver con las explotaciones agrarias legales, pero sí es cierto que los sindicatos aún tenemos graves inconvenientes para vigilar el cumplimiento de la normativa laboral en el campo y esto favorece los abusos. 

Es mucho el camino que nos queda por recorrer. Mucho camino porque aquel sí, dado con mayúsculas, era un sí a la igualdad de oportunidades, al empleo de calidad, a la cohesión social y al equilibrio territorial. 

Como tenemos que seguir luchando contra los efectos de muchos años de precarización de nuestro mercado laboral. En los últimos años, la Reforma Laboral pactada con las organizaciones sindicales nos ha hecho avanzar mucho en lo que a lucha contra la temporalidad y el uso fraudulento de las modalidades de contratación se refiere, pero todavía queda mucho trabajo pendiente en materia de seguridad y salud laboral, en paro de larga duración o en desempleo juvenil.

Sostenibilidad, respeto medioambiental y transición justa son términos que ya forman parte de nuestro día a día y que hay que seguir potenciando desde el diálogo y el consenso

Desde UGT Andalucía estamos convencidos de que crear empleo de calidad es la mejor de las políticas de cohesión social y para hacerla una realidad no podemos continuar siendo la Comunidad Autónoma con los salarios más bajos, con la mayor tasa de pobreza y exclusión social o una de las que menos peso relativo tiene el sector industrial en términos de PIB y de empleo.

El futuro de la industria andaluza es el futuro de Andalucía y así lo queremos reivindicar este 28F.

Y que mejor día que hoy para defender y poner en valor nuestro patrimonio y nuestra riqueza medioambiental. Sostenibilidad, respeto medioambiental y transición justa son términos que ya forman parte de nuestro día a día y que hay que seguir potenciando desde el diálogo y el consenso.

Como se hizo en el Acuerdo por Doñana, sirviendo de ejemplo de cómo desde el trabajo en común se puede llegar a soluciones satisfactorias y como queremos que se haga en todo lo relativo a las medidas a desarrollar en materia de sequía. Llevamos ya cuatro decretos y los agentes sociales más representativos no estamos participando del diseño de los mismos.

El Pacto Social y Económico va a cumplir un año desde su firma. Es evidente que ha procurado muchas medidas positivas para la ciudadanía andaluza, pero que también adolece de una serie de retrasos o incumplimientos

Creo que este no es el espíritu del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía. Un Pacto que, ahora que se va a cumplir un año desde su firma, es evidente que ha procurado muchas medidas positivas para la ciudadanía andaluza, pero que también adolece de una serie de retrasos o incumplimientos, como los del Bono Familia o el Bono Carestía, medidas calificadas como de máxima urgencia y que tienen que ser puestas en marcha ya. 

Y tenemos que recordar, y denunciar, que seguimos sufriendo la lacra de la violencia machista, que atenta contra los más profundos principios de nuestra identidad como pueblo, de la igualdad, de la paz y de todo lo que Andalucía ha demostrado ser a lo largo de siglos de historia. Una violencia de género por la que 17 mujeres fueron asesinadas en Andalucía el pasado año. 

Y por último, es de justicia que en este día de Andalucía defendamos unos servicios públicos de calidad, gratuitos y universales, y unos derechos laborales que las empleadas y empleados públicos se merecen. De justicia porque, para nosotros, siguen siendo tan esenciales como lo eran en 2020, durante la pandemia y, porque la mejora de sus condiciones laborales es directamente proporcional a la mejora de la calidad de los servicios que ofrecemos a la ciudadanía. Unos servicios que hoy, día de todos los andaluces y andaluzas, queremos que sigan siendo los pilares fundamentales sobre los que levantar nuestro modelo de la Andalucía del Bienestar.