El presidente Donald Trump ha vuelto a lanzar una nueva amenaza arancelaria y esta vez le ha tocado a la industria tecnológica. El mandatario ha planteado un impuesto del 100% a todos los chips y semiconductores importados, que solo contemplaría excepciones para las empresas que se comprometan a “fabricar” en territorio estadounidense. El CEO de Apple, Tim Cook, estaba en el Despacho Oval cuando Trump ha hecho el anuncio. El fabricante del iPhone se ha comprometido a invertir otros 100.000 millones de dólares en Estados Unidos, y, según Trump, gracias a esto se librará de los nuevos gravámenes.

“Vamos a aplicar un impuesto muy alto a los chips y semiconductores. Pero la buena noticia para las compañías como Apple es que si están fabricando en Estados Unidos, o tienen el compromiso de hacerlo, sin ninguna duda, no habrá ningún cargo”, ha asegurado el mandatario. Los 100.000 millones anunciados este miércoles por Cook se suman a los otros 500.000 millones que prometió invertir en el país en febrero, a lo largo de cuatro años.

Asimismo, Trump ha advertido que “si por alguna razón dices que estás fabricando y no lo haces, entonces volvemos y lo sumamos, se acumula y te cobramos en una fecha posterior”. Como ya empieza a ser costumbre en la política comercial de esta nueva administración, no se han dado más detalles de ni cuántos chips o qué países se verían afectados por el nuevo impuesto.

Si se aplica la lógica que ha expuesto el presidente, es probable que el fabricante taiwanés TSMC también se libraría de los aranceles. En marzo anunció que su compromiso de invertir 100.000 millones de dólares en Estados Unidos, incluyendo la construcción de tres plantas en Arizona que ya han empezado. TSMC es el principal proveedor de chips de las empresas estadounidenses.

Sin siquiera ser un anuncio formal, otras compañías como Samsung y SK Hynix ya han reaccionado. Según Reuters, el enviado comercial de Corea del Sur, Yeo Han-koo, ha dicho que Samsung y SK Hynix no estarán sujetos a los aranceles del 100% sobre los chips.

El anuncio, que se ha producido justo antes de la entrada en vigor los aranceles globales, aumenta la presión sobre las compañías estadounidenses que dependen de las importaciones de chips desde Asia para que empiecen a mover su fabricación hacia Estados Unidos. Trump cree en la mano dura como incentivo suficiente para que las empresas se trasladen a su país, a riesgo de que aumente el precio de los móviles, televisiones y similares. Algo que, en última instancia, repercutirá en toda la ciudadanía, incluso aquellos que votaron por el republicano creyendo en la promesa de que bajaría el coste de vida.

A pesar de que Trump ha dado por bueno el simple compromiso de invertir a futuro, la aplicación de un arancel del 100% acabará repercutiendo en un aumento del precio de la electrónica. Cuando en la pandemia se produjo la escasez de chips, el precio de los coches aumentó, además de que también lo hizo la inflación.

La amenaza de un arancel del 100% a las importaciones de los chips llega después de que Trump haya duplicado los aranceles a la India. Este miércoles, el presidente ha firmado una orden ejecutiva en la que aplica un 25% adicional de impuestos al país de Narendra Modi como castigo por seguir comprando petróleo ruso. Este nuevo impuesto eleva al 50% los aranceles a Nueva Delhi, aunque no se hará efectivo hasta dentro de 21 días.

Trump no ha descartado que China pueda enfrentarse a un panorama similar si también continúa comprando crudo a Moscú. “Podría pasar, depende de cómo, podría pasar”, ha dicho.

Lo único seguro en la nueva era de los aranceles de Donald Trump es la incertidumbre. Tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Antes de que entraran en efecto los nuevos gravámenes mundiales este 7 de agosto, el presidente ya había dejado claro que no hace distinciones entre aquellos países con los que ha pactado y los que no. En los últimos días, tan pronto ha amenazado a la UE con aumentar los impuestos al 35% (a pesar del 15% acordado), como ha anunciado un 25% adicional para la India. Dentro de EEUU, los efectos incipientes de los aranceles apuntan en dirección contraria a la gran “época dorada” que ha prometido el republicano.

“¡Es medianoche! Billones de dólares en aranceles están fluyendo hacia Estados Unidos”, ha celebrado Trump en Truth Social cuando han pasado cinco minutos de las doce de la noche en la Costa Este. El presidente ha destacado que “lo único que puede detener la grandeza de América es un tribunal de extrema izquierda que quiere ver cómo nuestro país fracasa”.

Esta madrugada Washington ha impugnado las últimas décadas de libre comercio promocionado en su propio beneficio, pero que según Trump ha sido injusto con los intereses del país. En un galimatías donde se entremezclan los aranceles universales del 10%, más los específicos para algunos productos como el 50% al acero, ahora se empiezan a cobrar también los unilaterales a los 70 países que no lograron pactar una nueva cifra y los nuevos negociados con 34 socios comerciales.

En esta última categoría se incluyen los 27 miembros de la UE, cuyos productos serán gravados con un arancel del 15%. Al menos, hasta que Trump no diga lo contrario e intente cumplir sus amenazas. El desasosiego ya era previo a la última salida de tono del presidente, pues en la víspera de la entrada en vigor del acuerdo aún no se ha publicado ningún documento que explicite los detalles sobre cómo alcanzar los términos consensuados.

Las negociaciones de última hora entre Bruselas y Washington para lograr una excepción a los vinos, licores y cervezas europeos, ya dejaban entrever que, más que un reglamento comercial, se ha consensuado un marco referencial. Ejemplo de ello es que Trump ha estado hablando de los 600.000 millones de dólares que le prometió Bruselas como si fuera un cheque en blanco: “Puedo hacer lo que quiera”, ha llegado a decir. La Comisión Europea tiene ahora dos problemas: navegar con las delirantes expectativas de Trump, y lidiar con unas empresas (y sus accionistas) a los que no puede dictar dónde poner su dinero.

Trump ha mostrado los aranceles como un flujo de riqueza que irá a parar directamente a la economía de su país y pondrá fin a todos los males que supuestamente la aquejan. En la teoría del presidente, alzar las barreras comerciales devolverá las empresas a un país desangrado por la globalización y la deslocalización. También solventará el déficit comercial negativo. Incluso se ha atrevido a plantear que la recaudación (prevé cerca de tres billones de dólares en la próxima década) podrá reemplazar los impuestos sobre la renta.

Sube la inflación, baja el gasto del consumidor

Sin embargo, en los primeros seis meses de experimento comercial (y una buena dosis de incertidumbre), la inflación en Estados Unidos ya se ha disparado hasta el 2,7%, según los datos de junio. Un dato que contrasta con el 2,4% de mayo, y que marca claramente cómo los aranceles están impulsando los precios de algunos bienes. Todo, a la espera de que la semana que viene se publiquen los nuevos datos de evolución de los precios en julio.

Hay que tener en cuenta que muchas empresas se aprovisionaron de existencias ante el espectáculo de Trump en el llamado “día de la liberación” del pasado 2 de abril, con el presidente exhibiendo una pizarra para anunciar aranceles a medio mundo. Y el efecto tardará en notarse en los precios a medida que vaya agotándose ese stock.

A la par de la progresiva escalada de la inflación, el gasto del consumidor se ha enfriado ante un carro de la compra que, al contrario de lo que Trump prometió, no hace más que encarecerse. El banco de inversión Morgan Stanley estima que el consumo privado decelere del crecimiento del 5,7% de 2024 a un 3,7% en 2025. Y este primer freno se produce cuando la mayoría de ciudadanos aún no están notando el impacto incipiente de los primeros aranceles.

Las grandes cadenas están intentando absorber lo máximo posible los primeros aumentos para evitar perder clientes con las subidas del precio final. Sin embargo, esta tendencia no durará mucho, ya que la mayoría de analistas esperan que, en última instancia, las empresas acaben trasladando una mayor proporción del coste a los consumidores. Por ahora, el efecto ya se está notando en las cadenas de comercio minorista, con una ralentización de las ganancias de este sector, mientras los beneficios de banca y tecnológicas siguen disparados, tal y como refleja un reciente análisis de Financial Times.

Esto también explica el comportamiento del balance comercial, que hasta ahora está siendo mejor de lo previsto porque muchas empresas también han aumentado sus exportaciones para aprovisonarse de cara a los aranceles

Por si la volatilidad no fuera suficiente, aún queda por ver cómo se resuelve el tiempo de prórroga del que gozan China y México. El próximo 12 de agosto es la fecha límite para que se consiga cerrar un acuerdo comercial entre Pekín y Washington. A la espera del resultado, continúan en vigor los aranceles del 30% a las importaciones chinas. México, de donde Estados Unidos importa buena parte de los productos frescos que consume, aún tiene margen hasta octubre para lograr un pacto comercial. Este último es uno de los que tiene el potencial de hacer más daño en el bolsillo del ciudadano de a pie.

La situación de la economía estadounidense es prácticamente de pleno empleo, con el paro alrededor del 4,2%, pero los últimos datos de ocupación tampoco coinciden con la imagen de una economía boyante que tanto clama Trump. El viernes pasado se conoció que en julio se crearon unos 73.000 nuevos puestos de trabajo, muy por debajo de los 110.000 que esperaban los analistas .

Furioso ante un claro indicador de desaceleración, con un acusado descenso de las contrataciones, la respuesta del presidente fue negar los hechos y despedir de forma fulminante a la funcionaria que dirigía la Oficina de Estadísticas Laborales, Erika McEntarfer. Este organismo va a afrontar un recorte de su presupuesto del 8% para el próximo año, dentro de la política de recortes draconianos del gasto público de la Administración Trump.

La reacción del mandatario no hace más que generar aún más desconfianza respecto a la economía estadounidense y al valor del dólar como divisa patrón. A esto, hay que sumarle las constantes amenazas de despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por no plegarse a sus designios y negarse a bajar los tipos de interés.

La posibilidad de que los indicadores económicos estadounidenses dejen de ser objetivos, más los constantes giros de guion en la política comercial, siguen pesando más para muchas compañías que las amenazas arancelarias a la hora de decidir si ponen sus fábricas de vuelta en el país.

En este sentido, los tantos que Trump se ha podido anotar son escasos. Por un lado, la inversión de 100.000 millones de dólares de la taiwanesa TSMC en la construcción de plantas de semiconductores en EEUU. Por otro, el anuncio de Apple, este mismo jueves, de que invertirá 100.000 millones de dólares en Estados Unidos en un esfuerzo por potenciar la producción nacional y salvarse de los aranceles. El fabricante del iPhone ya anunció en febrero que invertirá 500.000 millones de dólares para abrir una fábrica en Texas en los próximos cuatro años.

El estruendo que se ha generado en Texas con 51 demócratas a la fuga y los republicanos pidiendo a gritos su detención se debe a una práctica relativamente común en Estados Unidos: el gerrymandering. Se trata del rediseño de los distritos electorales con el fin de beneficiar a uno de los partidos. En el caso de Texas, los republicanos han presentado una propuesta que podría sellar el control de Donald Trump sobre el Congreso en las elecciones de 2026. De lograrlo, se esfumaría la última esperanza de los demócratas de poder frenar efectivamente la agenda del presidente antes de los comicios de 2028.

Desde que el republicano volvió al poder el pasado 20 de enero ha desplegado implacablemente su agenda gracias a que goza de la denominada trifecta: Trump controla el ejecutivo, el legislativo y cuenta con una Corte Suprema de mayoría conservadora. Durante estos seis meses, la vía judicial ha sido el único recurso que demócratas y activistas han tenido para plantar cara a la agenda republicana. Y se prevé que sea así hasta al menos 2026, cuando tendrán lugar las elecciones legislativas.

Los republicanos actualmente controlan el Congreso gracias a una mayoría muy ajustada en un país en el que no hay disciplina de voto obligatoria para los miembros del legislativo. En la Cámara de los Representantes, su dominio depende solamente de cinco escaños y en el Senado se sostiene gracias a seis. Con estos números, los demócratas centran todas sus energías en las elecciones del año que viene, donde estarán en juego los 435 asientos de la cámara baja y un tercio de la cámara alta (35).

El objetivo de los demócratas es recuperar al menos el control de la Cámara de los Representantes, de modo que podrían evitar políticas como el recién aprobado plan fiscal: la Big Beautiful Bill. Esta norma, que pasó con dificultad las votaciones del Congreso, extenderá los recortes de impuestos aprobados por Trump en 2017 a costa de dejar sin cobertura médica a unos 11 millones de estadounidenses, entre otras cosas.

La urgencia para los demócratas de recuperar por lo menos una cámara del legislativo es aún mayor después de la sentencia del Supremo en junio que limita el poder de los jueces federales. El alto tribunal determinó que los magistrados no pueden emitir bloqueos judiciales a nivel nacional. Hasta el momento, el principal cortafuegos en su poder han sido estas suspensiones cautelares a nivel nacional. Esto permitía que un solo juez de un estado pudiera bloquear una orden ejecutiva en todo el país. Ahora, de entrada, solo podrá hacerlo dentro de su propio estado y para tener un alcance nacional será necesario seguir vías más complejas a través de demandas colectivas.

En este contexto, donde Trump ya ha ganado el primer pulso al poder judicial, las elecciones de medio mandato de 2026 aún son más cruciales para ambos partidos. Para los republicanos es necesario afianzar su mayoría para permitir que el presidente pueda desplegar su agenda sin problemas. Para los demócratas es la única carta que les queda para recuperar algo de margen y ejercer un mínimo contrapoder ante un mandatario que ya ha mostrado varios tics autoritarios.

Cinco escaños cruciales en Texas

El rediseño de los distritos electorales de Texas que han presentado los republicanos restaría cinco escaños a los demócratas para sumárselos a sus filas al introducir territorios con amplio respaldo republicano en distritos electorales con mayoría demócrata (y que actualmente cuentan con un representante demócrata en el Congreso). Esta reconfiguración dificultaría aún más a los demócratas arrebatarle a Trump el control del legislativo, por lo que estos están yendo hasta el final con su oposición. Lo que ha resultado en una fuga de demócratas a otros estados amigos para asegurarse de que no se puede votar el nuevo mapa electoral.

La reforma de los republicanos texanos, que claramente es un caso de gerrymandering, a priori no es ilegal. Aunque sí que se ha propuesto fuera del ciclo ordinario de cada decenio, que vincula la actualización del mapa electoral a un nuevo censo de la población, y después de numerosas presiones por parte de Trump al gobernador de Texas, Greg Abbott, para que lleve a cabo la redistribución.

La Constitución establece que cada diez años —cuando se renueva el censo de un estado— se debe revisar el mapa de los distritos electorales a fin de que representen fielmente a la población. El problema viene cuando cada partido intenta rediseñar estos distritos de la forma más conveniente para facilitar su victoria. La primera vez que se produjo esta situación fue en 1812, cuando el gobernador de Massachusetts, Elbridge Gerry, redibujó los distritos de su estado, favoreciendo descaradamente a su partido. El caso fue tan escandaloso que se ganó viñetas satíricas y la jugada fue bautizada con su apellido: gerrymandering.

Desde entonces, tanto republicanos como demócratas han estado haciendo uso de esta práctica para sacar tajada electoral. En 2019 una resolución del Supremo sobre un caso de gerrymandering en Carolina del Norte concluyó que los jueces no tienen autoridad para decidir cuándo un uso partidista del rediseño de los distritos electorales va demasiado lejos. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió: “La Constitución no proporciona una medida objetiva para evaluar si un mapa de distritos trata a un partido político de forma justa.”

La única limitación que se le conoce a esta práctica fue un caso del 2023 en Alabama donde el Supremo concluyó que el rediseño del mapa electoral violaba la Ley de Derechos Electorales al mermar el poder de voto de la población negra.

Históricamente, los republicanos siempre han controlado el rediseño del mapa electoral de más estados que los demócratas. Un análisis de Associated Press del censo de 2010 reveló que, en esa década, los republicanos tuvieron una mayor ventaja política en más estados que la que había tenido cualquiera de los dos partidos en los últimos 50 años.

De hecho, ante la amenaza de que Texas aplique estos cambios, los demócratas de California ya han advertido de que tomarán acciones similares en el rediseño de sus distritos para favorecer también a su partido y así compensar, pese a que el propio estado, al igual que el también demócrata Nueva York, se dotó de mecanismos para evitar rediseños con clara intencionalidad política. La propuesta que se está considerando arrebataría cinco asientos a los republicanos en el estado de la Costa Oeste.

Nueva amenaza de Donald Trump a la UE. Después de que Bruselas hincara la rodilla ante el presidente estadounidense y aceptara un pacto arancelario de un 15% de impuestos sobre las importaciones de bienes comunitarios, el magnate ha amenazado este martes con subir la cifra al 35% si los Veintisiete no cumplen con lo pactado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se comprometió a invertir 600.000 millones de dólares en compras a Estados Unidos. Pero la realidad es que la UE no puede dictar a las empresas europeas dónde gastar el dinero.

El presidente estadounidense ha lanzado la amenaza contra la UE cuando faltan 48 horas para la entrada en vigor, este jueves, de los nuevos aranceles y cuando aún no se ha publicado ningún acuerdo que incluya la letra pequeña sobre los pactos.

“Ellos bajaron sus aranceles. Pagaron 600.000 millones de dólares y, por eso, yo les reduje los aranceles del 30% al 15%, y un par de países vinieron y dijeron: ‘¿Cómo es que la UE paga menos que nosotros?’, y yo dije, pues porque me dieron 600.000 millones”, ha explicado Trump en una entrevista este martes en la cadena CNBC.

Cabe matizar que a pesar de que Trump habla de una bajada del 30% al 15%, lo cierto es que la guerra comercial con los europeos empezó con un impuesto del 20%. Poco después, el republicano jugó su estrategia de subir al máximo la apuesta y empezó a amenazar con la aplicación de un 30% de tarifas, las cuales nunca llegaron a verse encima del papel. Aun así, la amenaza del 30% ha servido a Trump para mostrarse como un mandatario clemente. Pero nunca se dio una rebaja real del 15%, sino que solo ha sido del 5%.

El presidente ha asegurado que con estos 600.000 millones prometidos por la UE puede hacer “lo que quiera”. “El detalle es este: 600.000 millones para invertir en lo que yo quiera, en cualquier cosa. Puedo hacer lo que quiera con ese dinero”, ha dicho a la CNBC. Aunque, como cabe de esperar, no es tan sencillo como el republicano dice. El acuerdo de los 600.000 millones no es un cheque en blanco que Trump reciba de la UE, sino una serie de acuerdos de inversión y gasto en productos energéticos estadounidenses.

Trump también ha asegurado este martes que los aranceles para las importaciones farmacéuticas podrían llegar a alcanzar el 250%, después de que el inquilino de la Casa Blanca avisara la semana pasada a 17 compañías del sector de la necesidad de que se comprometan a bajar los precios de los medicamentos en el país. El magnate ha explicado que inicialmente impondrá un “pequeño arancel” a los productos farmacéuticos, pero que posteriormente, en un año o un año y medio como máximo, podría elevar esa tasa al 150% y luego al 250%.

“Impondremos inicialmente un pequeño arancel a los productos farmacéuticos, pero en un año -un año y medio como máximo- subirá al 150% y luego al 250% porque queremos que los productos farmacéuticos se fabriquen en nuestro país”, comentó.

A principios del pasado mes de julio, Trump ya había amenazado con imponer fuertes aranceles a las farmacéuticas que no trasladasen su producción a EEUU, aunque en aquel entonces el gravamen que había planteado era del 200%.

Los demócratas de Texas han llevado hasta la última consecuencia la protesta contra la reforma electoral de los republicanos. Medio centenar de congresistas de la oposición se han ido a otros estados demócratas para evitar la votación de un nuevo mapa de los distritos electorales texanos que facilitaría a Donald Trump mantener la mayoría en el Congreso de cara a las elecciones de 2026.

La ira republicana ante el bloqueo no se ha hecho esperar y este mismo lunes los congresistas texanos que había en la cámara han votado a favor de emitir órdenes de arresto civil contra sus rivales políticos; el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ha amenazado con expulsar a los demócratas de sus escaños; y el fiscal general del estado Ken Paxton, republicano también, ha puesto sobre la mesa detenerlos.

Abbott también ha planteado la posibilidad de exigir su extradición de los estados que los han acogido bajo el pretexto de que son unos “delincuentes” por haberse ido y eludir sus deberes. “No estamos huyendo de nuestras responsabilidades”, nos hemos marchado de un sistema tramposo que rechaza escuchar a los votantes a los que representamos“, ha dicho en un comunicado el presidente del grupo demócrata en la Asamblea texana, Gene Wu.

Abandonar el estado no es ningún dramatismo, sino la única opción segura para impedir la votación. La legislación de Texas establece que para poder aprobar la reforma en la Asamblea estatal tiene que haber al menos dos tercios de los diputados locales presentes durante la sesión. De los 150 congresistas, al menos tiene que haber 100. Pero la noche del domingo 51 demócratas partieron en bus, coche y avión hacia estados de mayoría demócrata para sabotear la propuesta. De haberse quedado en Texas corrían el riesgo de que la policía los obligara a ir al Capitolio estatal, tal como prevén las leyes.

El plan de los demócratas es refugiarse durante dos semanas en estados amigos como Illinois y Nueva York, que han sido los principales receptores. Cuando venza ese plazo la sesión legislativa especial convocada para votar la restructuración de los distritos electorales ya habrá terminado. El gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, ha comparecido con los legisladores huidos que denunciaban la reforma republicana de ser un intento injusto y autoritario de aplastar la voluntad de los votantes.

La reforma propuesta por los republicanos, y que cuenta con el activo apoyo de Trump, supondría un cambio drástico en la demarcación de los distritos electorales de Texas. Cinco circunscripciones que ahora están bajo control demócrata pasarían a ser rojas debido a la conformación de una fuerte mayoría republicana. La redistribución del mapa se traduciría en que el partido que gobierna tendría garantizados cinco asientos más en las elecciones de medio mandato.

En noviembre del año que viene toca renovar todos los escaños de la Cámara de los Representantes (435) y un tercio (35) de los del Senado. Los republicanos controlan la Cámara baja por apenas cinco diputados, y en la Cámara alta tienen 53 frente a 47. Los demócratas aspiran a al menos recuperar el control de la Cámara de los Representantes y poner fin a la trifecta de la que goza Trump. Con una de las dos cámaras fuera del influjo del presidente, los demócratas tendrían opciones de frenar muchas de sus acciones.

La reforma del mapa electoral de Texas se debe a que la Constitución obliga a revisar las demarcaciones cada vez que se completa un censo nuevo, una vez cada diez años, para asegurarse de que los distritos representan de manera fiel a la población. El problema es que esta revisión ha dado lugar a una práctica frecuente por parte de ambos partidos: rediseñar los distritos para asegurarse la victoria.

Ante la posibilidad de que se produzca la nueva distribución electoral en Texas, los demócratas han asegurado que también tomarán medidas similares en otros estados para compensar la diferencia.

Después de un mes nefasto con las bases MAGA poniéndolo en el punto de mira por los papeles de Epstein y los malos resultados de empleo —que resolvió despidiendo a la responsable y tachando los datos de “manipulados”— Donald Trump ha arrancado la semana alimentando la última guerra cultural de internet: el anuncio de vaqueros de la actriz Sydney Sweeney.

“Sydney Sweeney, republicana registrada, tiene el anuncio más ‘potente’ (”hottest“). Es para American Eagle, y los vaqueros ‘están volando de los estantes’. Por otro lado, Jaguar ha hecho un anuncio estúpido y muy woke, que es un completo desastre”, ha escrito Trump en Truth Social, jugando con la palabra “hot” que también significa “atractivo” y quiere ser un velado cumplido a Sweeney. De hecho, el presidente también ha aprovechado la publicación para recordar que Taylor Swift —quien pidió el voto por su rival Kamala Harris en 2024— “ya no es atractiva”.

El post no deja de ser una salida de tono más a la que el presidente tiene acostumbrado al resto del mundo, con sus características mayúsculas y lenguaje agresivo y soez. Pero también es el último intento del republicano para reconciliarse con sus bases de extrema derecha y desviar el foco sobre el caso Epstein; los aranceles que amenazan con subir el carro de la compra de los estadounidenses; y los malos números de empleo del pasado mes de julio.

Hace cerca de una semana que las redes sociales se han llenado de comentarios sobre el anuncio de la marca de vaqueros American Eagle. En el vídeo publicitario, Sweeney viste uno de los pantalones de la marca bajo el eslogan: “Sydney Sweeney tiene buenos vaqueros”. En inglés es “Sydney Sweeney has great jeans”, y hace un juego de palabras donde “jeans” suena como “genes”. Es decir, también se podría entender cómo “Sydney Sweeney tiene buenos genes”.

Al poco, aparecieron las primeras críticas en algunas periferias de internet por ese juego de palabras. Algunos usuarios acusaron la campaña de enviar un mensaje “con connotaciones eugenésicas” y hacer una exaltación del supremacismo blanco en unos Estados Unidos donde esta ideología se siente reforzada con el regreso de Trump. Otros incluso fueron más allá y calificaron el anuncio de “nazi” debido a que Sweeney es blanca, rubia y con los ojos azules y se elogiaba sus “buenos genes”.

A pesar de que se trataba de unos pocos tuits y vídeos de TikTok que no tendrían que destacar mucho más entre todas las polémicas que nacen y mueren cada día en internet, rápidamente se convirtieron en carnaza para la guerra cultural contra la supuesta tiranía de lo woke. La maquinaria de extrema derecha en X, con ayudada del algoritmo dopado de Elon Musk para viralizar determinado contenido, empezó a hacer más grande la bola de nieve hasta ser el único tema que se discutía en redes.

Una vez más dentro de la guerra cultural de internet, la extrema derecha conseguía convertir la polémica en el principal tema de discusión pública y lo exponía como una prueba más de la supuesta locura de la izquierda censora. Rápidamente, la polémica de redes saltó a los medios: los progresistas amplificaron las críticas a la caza del click, mientras que los conservadores encontraban otro elemento más con el que demonizar a sus contrarios.

En la cadena amiga de Trump, Fox News, la polémica fue idónea para dedicar menos tiempo a la limpieza étnica de Israel en Gaza, el caso Epstein o el resultado de una encuesta hecha a finales de julio en la que el 62% de los votantes desaprobaban los aranceles, frente a un 36%.

Llegados a este punto, el éxito de la operación ya estaba logrado. La maquinaria de la extrema derecha en internet volvía a mostrar su eficacia para sobredimensionar unas cuantas publicaciones como supuestos referentes de las principales preocupaciones del feminismo y el antirracismo.

“Esta forma de pensar liberal, retorcida, estúpida y obtusa, es una de las principales razones por las que los estadounidenses votaron como lo hicieron en 2024. Están hartos de esta mierda”, decía el jefe de comunicación de Trump, Steven Cheung, quien vio un win-win en la polémica: desviaba el centro del debate para reforzar el estereotipo del wokismo, y era una manera de tener a las bases hablando de esto en lugar de seguir criticando a Trump.

Ahora que muchos perfiles MAGA en X han dejado atrás las teorías conspiracionistas sobre la aparición de Trump en la lista Epstein para defender a Sweeney de un supuesto linchamiento woke, el presidente se ha sumado a la cruzada. El objetivo no solo es seguir alimentando una polémica que le es favorable en muchos sentidos, sino también volver a ganarse a sus bases después del descrédito por el caso Epstein.

“La marea ha cambiado drásticamente: ser WOKE es de perdedores, ser republicano es lo que uno quiere ser”, concluye Trump en el post, recordando a los suyos que están todos en el mismo lado de la historia: el “bueno”.

El ultraconservador Russell Vought parece ser el candidato mejor posicionado dentro del gabinete de Donald Trump para heredar la motosierra de Elon Musk una vez este abandone su puesto al frente del DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental). Vought, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB), tomará la voz cantante en los recortes masivos dentro de la administración una vez el multimillonario salga de la escena, según publica el Wall Street Journal. A pesar del protagonismo de Musk, Vought siempre ha sido el cerebro en la sombra.

Vought es el gran ideólogo del desmantelamiento de la administración y la reducción del funcionariado. El actual director de la OMB es uno de los autores del proyecto ultraconservador Project 25 impulsado por el think tank Heritage Foundation. En el manual sobre cómo debían ser los primeros días de la nueva presidencia conservadora, Vought analizaba las órdenes ejecutivas y otras acciones unilaterales que podría usar Trump para sortear los frenos administrativos a los recortes. Todo, con la finalidad de dar más margen de maniobra al poder presidencial. “La agenda del Presidente debe ser lo que importe a los departamentos y agencias que operan bajo su autoridad constitucional”, escribió. 

En los primeros meses de mandato, Vought ha trabajado estrechamente con Musk y el DOGE para recortar drásticamente la estructura del gobierno estadounidense. Mientras que el multimillonario se convertía en el rostro de la estrategia y lograba acceder a los datos de las agencias federales, Vought y su equipo analizaban esa información y determinar cómo recortar. Un exfuncionario explicaba a Politico en marzo que Vought es un hombre dispuesto a “hacer cualquier cosa” y que aprovechaba el momento político para impulsar su visión.  

La sangría que ha provocado Musk (y por la que también está pagando el precio con su caída de popularidad) no quedará en vano y, según el Wall Street Journal, Vought sopesa usar el trámite presupuestario para consolidar algunos de los recortes ejecutados por el DOGE.  

A diferencia de Musk, Vought tiene un perfil mucho más técnico e ideológico. Forma parte del sector trumpista que abraza el nacionalismo cristiano y, como contribuyente del Project 25, tiene un conocimiento mucho más detallado sobre los mecanismos del poder y cómo puede servirse de ellos para ampliar la autoridad del presidente. En una entrevista reciente con el expresentador de la cadena Fox Tucker Carlson, Vought defendía que Trump “tiene que actuar ejecutivamente lo más rápida y agresivamente posible, con una perspectiva constitucional radical, para poder desmantelar” el poder de las agencias federales y los funcionarios.  

El medio ProPublica accedió el año pasado a unos vídeos de Vought donde ya detallaba sus planes para la nueva administración trumpista. El ahora director del OMB defendía en sus discursos privados en el Centro para la Renovación de América que se debía provocar un “trauma” a los trabajadores federales. En sus intervenciones hablaba sin tapujos de cómo desmoralizar a los trabajadores federales hasta el punto de que no quieran hacer su trabajo, citando constantemente la idea del deep state. 

“Queremos que los burócratas se vean afectados de forma traumática”, decía en los vídeos. “Queremos que, al despertarse por la mañana, no quieran ir a trabajar porque cada vez se les considera más los villanos. Queremos que se les retire la financiación para que la Agencia de Protección Ambiental no pueda aplicar todas las normas contra nuestra industria energética, ya que no tienen los recursos económicos para hacerlo”. En esas intervenciones, Vought también hablaba de adoptar una postura guerrera y de los preparativos para crear una Oficina de Asesoría Jurídica “en la sombra” con la que aplastar la oposición interna que se enfrentó a Trump en su primer mandato.

Vought también es el arquitecto de la orden ejecutiva Schedule F, que Trump ya intentó aplicar en octubre del 2020 para facilitar la destitución de trabajadores públicos sin seguir los procedimientos garantistas de que disfrutan. Ahora, se espera que trabaje en una nueva versión de esta orden para despedir con más facilidad a aquellos funcionarios que ralenticen los planes del presidente.

Entre acusaciones, vídeos y recortes de prensa, Donald Trump ha convertido su reunión con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en una encerrona tras las tensiones provocadas por el asilo estadounidense a sudafricanos blancos por supuesta “discriminación” frente a la mayoría negra, afirmaciones que Pretoria niega. A pesar de que Rampahosa había avanzado que no quería centrarse en esta cuestión, el republicano ha convertido el tratamiento de la población blanca sudafricana en una de las grandes cuestiones de su agenda, marcada a su vez por la mano dura contra la inmigración. 

Ramaphosa ha llegado a Washington una semana después de que los 49 asilados aterrizaran en Estados Unidos bajo la categoría de “refugiados”, según la Administración Trump. El asilo a los afrikáneres —como se conoce a los descendientes de los antiguos colonos neerlandeses— supuso un agravamiento de las ya dañadas relaciones con Sudáfrica y se enmarca en la nueva política respecto a los blancos que ha adoptado el Gobierno estadounidense. Para argumentar por qué los acogía, el presidente de EEUU dijo que lo hacía debido al “genocidio que está teniendo lugar” en el país y a que están “siendo asesinados”, haciéndose eco de teorías de la conspiración –un tribunal sudafricano desestimó en febrero las acusaciones sobre un supuesto genocidio blanco en el país como “claramente imaginarias” e “irreales”–.

“Generalmente son agricultores blancos que huyen de Sudáfrica, y es muy triste verlo. Pero espero que podamos tener una explicación”, ha dicho Trump frente a Ramaphosa al ser preguntado por la prensa sobre la acogida de los sudafricanos. Ramaphosa, por su parte, ha asegurado que no hay un “genocidio de afrikáneres” en Sudáfrica. “Si hubiera un genocidio de granjeros afrikáneres te puedo asegurar que estos caballeros no estarían aquí, incluido mi ministro de Agricultura” (John Steenhuisen)“, ha dicho el líder sudafricano.

Entre los asistentes al encuentro bilateral en el Despacho Oval también ha estado Elon Musk, quien es de origen sudafricano y que también ha acusado públicamente al Gobierno de Sudáfrica de perseguir la población blanca. Además de Musk, también han estado presentes los golfistas Ernie Els y Retief Goosen, y el empresario multimillonario Johann Rupert. Este último ha aprovechado para recriminar a Ramaphosa que el país también necesita ayuda tecnológica y ha pedido la intervención de Starlink, la empresa de satélites de Musk. “Tenemos demasiadas muertes... No se trata solo de agricultores blancos, es algo generalizado, y necesitamos ayuda tecnológica. Necesitamos Starlink en cada pequeña comisaría. Necesitamos drones”, ha afirmado Rupert, que ha repetido las afirmaciones falsas de Trump sobre la persecución de blancos en el país.

Delante de las cámaras y ante el presidente sudafricano, el equipo del republicano ha reproducido en el Despacho Oval una serie de vídeos para intentar respaldar esas acusaciones y, en ese momento, la reunión se ha desbaratado. El líder sudafricano ha intentado salir del paso de la mejor manera posible. “Me gustaría saber dónde es eso”, ha dicho Ramaphosa cuando Trump le ha preguntado si sabía que la gente que salía en la grabación ha sido “asesinada”.

Trump ha continuado con su encerrona a Ramaphosa, enseñándole una serie de noticias impresas sobre casos de granjeros blancos que han sido “asesinados” en Sudáfrica. “En muchos casos, esas personas están siendo ejecutadas, y en muchos casos no es el Gobierno quien lo hace, sino que otras personas las matan y luego se quedan con sus tierras, y no les pasa nada”. Los datos de la policía sudafricana no respaldan las afirmaciones de asesinatos en masa. Según datos de la policía sudafricana recogidos por el periódico New York Times, entre abril de 2020 y marzo de 2024, 225 personas fueron asesinadas en granjas de Sudáfrica. Sin embargo, muchas de las víctimas (101) eran trabajadores o extrabajadores agrícolas, que suelen ser negros. 53 eran agricultores, generalmente blancos.

En un intento desesperado por rebajar la tensión, el líder sudafricano ha insistido en que las políticas de su gobierno están totalmente en contra de lo que Trump ha descrito. “La gente que lamentablemente es asesinada debido a la actividad criminal no solo son blancos. La mayoría son negros”, ha añadido Ramaphosa. La expropiación de tierras sobre las que ha estado hablando el republicano tienen que ver con la reciente ley que aprobó el gobierno sudafricano para intentar compensar el legado dañino del apartheid, donde la gran mayoría de las tierras aún continúan en mano de la minoría blanca.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Trump firmó en febrero una orden ejecutiva para reducir la ayuda financiera a Sudáfrica y acusó al gobierno de discriminación racial contra los blancos, a los que ofreció asilo. “Sudáfrica está actuando de forma terrible, especialmente con los agricultores de larga trayectoria en el país. Les están confiscando sus TIERRAS y GRANJAS, y MUCHO PEOR QUE ESO. Es un mal lugar para estar en este momento, y vamos a detener toda la financiación federal. Yendo un paso más allá, cualquier agricultor (¡con su familia!) de Sudáfrica que busque huir de ese país por razones de seguridad será invitado a entrar en los Estados Unidos de América con una vía rápida hacia la ciudadanía”, escribió Trump en Truth Social en marzo.

La confiscación de tierras de la que habla Trump en el mensaje refiere a la ley firmada por el presidente sudafricano que permite la expropiación de tierras con “compensación cero” en circunstancias concretas, para intentar paliar los daños provocados por el apartheid sobre la población negra en Sudáfrica. Las desigualdades en la propiedad de la tierra siguen presentes en la sociedad sudafricana; los blancos representan aproximadamente el 7% de la población y poseen alrededor de tres cuartas partes de los terrenos agrícolas, según una auditoria hecha por el Gobierno en 2017. 

A pesar de que el Ejecutivo sudafricano aún no ha llevado a cabo ninguna confiscación, Trump ya redujo la ayuda económica al país y ordenó desarrollar un plan de asilo para los afrikáneres. Las acusaciones de discriminación contra Ramaphosa y su gobierno van en la misma línea que las declaraciones de Musk. La idea de que en Sudáfrica se está discriminando racialmente a la población blanca es un discurso ampliamente defendido por los grupos de extrema derecha estadounidenses. Según explicaba un funcionario al Washington Post, se esperaba que Musk también participara en el encuentro de este miércoles entre ambos líderes. 

Más allá de las implicaciones que tiene considerar a los afrikáners como “refugiados”, Estados Unidos viene suspendiendo sus programas para refugiados que huyen de países con situaciones de guerra o regímenes autoritarios como Afganistán, Siria, Irak y Sudán. Muchas organizaciones humanitarias ya han acusado al gabinete de Trump por la distorsión que supone usar la etiqueta de refugiado para los afrikáners. 

Antes de llegar a Washington, Ramaphosa apuntó que intentaría evitar el tema de los afrikáneres para centrarse en intentar resolver el impacto de los aranceles estadounidenses. En declaraciones públicas el martes, el presidente sudafricano afirmó que tenía un sentir “positivo” sobre el encuentro con Trump y que quería centrar la reunión en las relaciones comerciales. 

“Las relaciones comerciales son lo más importante, eso es lo que nos ha traído aquí. Queremos salir de Estados Unidos con un muy buen acuerdo comercial”, dijo Ramaphosa a los periodistas. “Queremos fortalecer esas relaciones y consolidar unas buenas relaciones entre nuestros dos países”, añadió.

Tras la llegada del primer grupo de sudafricanos a EEUU, Ramaphosa rechazó que los afrikáneres cumplan con los requisitos para ser considerados refugiados y negó que estén siendo perseguidos. “Las personas que han sido persuadidas para ir a los Estados Unidos no se ajustan a la definición de refugiados. Un refugiado es alguien que tiene que abandonar su país por temor a la persecución política, persecución religiosa o persecución económica”, dijo entonces Ramaphosa.

Elon Musk planea recortar su gasto político en donaciones después de desembolsar más de 250 millones de dólares en la campaña presidencial de Donald Trump las pasadas elecciones. “En cuanto al gasto político, voy a hacer mucho menos en el futuro”, ha dicho este martes en una entrevista en video en el Foro Económico de Catar, según recoge el Wall Street Journal. “Creo que ya he hecho suficiente”, ha afirmado Musk.

El giro del propietario de Tesla llega después de su descenso dentro de la corte de Trump, quien ya ha anunciado internamente que en un futuro próximo abandonará su rol en la Casa Blanca como líder de los recortes masivos en la administración. La afirmación de Musk también coincide después de que la campaña a favor del juez conservador en la carrera electoral del Supremo de Wisconsin fracasara. El sudafricano donó más de 20 millones para Brad Schimel e incluso llegó a protagonizar un mitin en su favor, replicando la misma táctica que usó con Trump en 2024. 

La derrota de Schimel también fue una confirmación de la caída de popularidad que está sufriendo Musk desde que se alió con Trump y empezó con sus recortes masivos en la administración. El hombre más rico también ha perdido posiciones dentro del gabinete presidencial: las constantes tensiones y choques con el resto del equipo de gobierno han situado a Musk como una figura demasiado problemática incluso para el republicano. Esto, sumado a que la impopularidad del sudafricano también se ha contagiado a las encuestas de Trump, parece estar precipitando su salida. 

En abril, Musk ya avanzó que iba a pasar menos tiempo en Washington y más tiempo al frente de Tesla. La compañía de coches eléctricos ha sufrido pérdidas importantes desde que su propietario adoptó un papel más activo en política. Los inversores se habían preocupado de que no se hubiera centrado en el negocio mientras las ventas de coches y la compañía se desplomaban en bolsa. El precio de las acciones de Tesla cayó hasta un 45% este año antes de recuperarse ligeramente gracias a un repunte de los mercados. 

Resta importancia a las caídas de Tesla

A pesar de los malos resultados, Musk ha estado restando importancia a las caídas de ventas de Tesla. A finales de abril empezaron a sonar rumores de que la compañía estaba iniciando un proceso para reemplazar a Musk como CEO de la compañía, aunque poco después la presidenta del Consejo de Administración, Robyn Denholm, lo desmintió. 

En un inicio, Musk había optado por no tomar partido en la campaña electoral, pero después del intento de asesinato contra Trump en Butler se volcó de pleno. El hombre más rico del mundo no solo puso al servicio del republicano su dinero, sino también su red social X. Musk se dedicó a realizar mítines en favor de Trump e incluso se le llegó a acusar de intentar comprar votos. Su comité de acción política ofreció un millón de dólares por día a los votantes de los siete swing state que firmaran una petición apoyando la Primera y la Segunda Enmienda.

En su momento, el fiscal del distrito de Filadelfia presentó una demanda para detener el sorteo recurriendo a la ley electoral de Pensilvania. Pero el juez dictaminó que no se probó que se tratara de una lotería ilegal y permitió que continuara hasta el día de las elecciones. Esta misma táctica la replicó también con las elecciones al Supremo de Wisconsin. 

La relación de Musk con Trump ha estado marcada por el conflicto de intereses. La mayoría de sus empresas, como Tesla y Starlink, tienen tanto contratos federales, como investigaciones abiertas por parte de distintos departamentos. Casualmente, muchas de las agencias que han sido cerradas o reducidas por Musk tenían algún tipo de investigación abierta contra sus negocios. 

Musk, que tuvo su punto álgido cuando hizo el saludo nazi después de la investidura de Trump, también se ha involucrado con los partidos de extrema derecha europeos.

En Alemania, el multimillonario apareció en un mitin de Alternativa por Alemania (AfD), el partido neonazi que logró el 30% de los votos en las pasadas elecciones. Se trataba del mejor resultado que había obtenido un partido de extrema derecha desde la Segunda Guerra Mundial. 

El presidente Donald Trump ha hablado por teléfono este lunes durante más de dos horas con su homólogo ruso, Vladímir Putin, después de que las conversaciones del pasado viernes en Turquía entre las delegaciones de Kiev y Moscú no lograran avances sustanciales hacia un acuerdo para poner fin la guerra en Ucrania.

En un post en Truth Social, Trump ha valorado positivamente la llamada. “Creo que ha ido muy bien”, ha escrito en su red social. “Rusia y Ucrania empezarán de inmediato negociaciones hacia un alto el fuego y, más importante aún, hacia el FIN de la guerra. Las condiciones para ello serán negociadas entre ambas partes, como debe ser, ya que ellas conocen detalles de la negociación que nadie más sabría”, ha afirmado. 

La agencia estatal rusa Tass recoge que, al finalizar, el jefe del Kremlin ha calificado la conversación de “franca y útil”. Según Tass, Putin ha asegurado que Trump ha dicho que Moscú está a favor de la resolución pacífica de la guerra, ha deslizado que está dispuesto a trabajar con Ucrania en un memorándum que puede incluir “cuestiones de alto el fuego y principios de solución” y ha dicho que Kiev y Moscú deben llegar a un acuerdo sobre “compromisos que convengan a ambas partes”. Sin embargo, el líder ruso ha parecido evitar de nuevo comprometerse inmediatamente con un alto el fuego incondicional y ha vuelto a insistir en su demanda de “eliminar las causas profundas de esta crisis”, que suele equivaler a los argumentos con los que Rusia suele justificar su invasión.

Tras esto, Trump ha hablado rápidamente con Zelenski antes de su llamada con el líder ruso. El presidente ucraniano ha revelado tras hablar con el presidente de EEUU y con los principales líderes europeos, que la próxima reunión entre Ucrania y Rusia podría celebrarse en presencia de estadounidenses y europeos en el Vaticano, Suiza o Turquía. “Desconozco los principios (condiciones) de la parte rusa, pero como lo he entendido en nuestra conversación con el presidente Trump, Rusia quiere enviarnos un memorándum”, ha indicado el mandatario ucraniano. “Los primeros pasos tienen que ser aceptables para ambas partes”, ha enfatizado. Zelenski ha manifestado la expectativa de que tanto Europa como Washington interpreten cualquier demanda inasumible de Rusia como una prueba de que no quiere la paz yha asegurado que tiene la certeza de que la Unión Europea (UE) dictará nuevas sanciones contra el Kremlin de llegar a esta situación.

“Parece que Putin ha ideado una manera de ofrecer a Trump un resultado provisional y tangible de los esfuerzos de paz de Washington sin hacer concesiones reales”, dice en X a analista especialista en Rusia Tatiana Stanovaya. “Su idea es acordar un memorándum, un documento marco en el que se esbocen los principios y el calendario de las posteriores conversaciones sustantivas. Solo después de esto Putin aceptaría un alto el fuego. En consecuencia, se espera que los ucranianos vuelvan a la mesa de negociaciones con los rusos para discutir los términos de las futuras negociaciones”. 

La experta señala que cuando Putin “se refiere a los 'principios' de las negociaciones, quiere decir las condiciones en las que Rusia podría aceptar un alto el fuego”. “Se trata esencialmente de los términos de un alto el fuego. Su objetivo es que Ucrania vuelva al proceso de Estambul y parece contar con el apoyo de Trump”, explica. “Es concebible que acepte un alto el fuego como parte de un acuerdo más amplio, que podría incluir condiciones como la congelación de la ayuda militar a Ucrania, el cese del reclutamiento y otros preparativos militares. Cuando habla de plazos, está dando a entender que Rusia no esperará indefinidamente a que se cumplan esas condiciones”.

Rusia sigue exhibiendo su fuerza militar

Rusia está lejos de detener sus bombardeos sobre Ucrania. Este sábado, los ataques rusos mataron al menos 14 civiles ucranianos y el domingo, al menos una persona murió después de que el Ejército de Moscú llevara a cabo una de las mayores ofensivas con drones en Kiev desde que empezó la guerra. Trump no se ha pronunciado sobre los hechos a diferencia de abril, cuando interpeló a Putin en un mensaje en redes sociales por levar a cabo un ataque similar. “¡Vladímir, PARA!”, escribió en Truth Social.

Trump anunció en su red social Truth Social que la llamada tendría lugar este lunes las 10:00, hora local de Washington DC (las 16:00 horas en España) y que hablaría con Putin sobre “detener la masacre” en lo que el mandatario deseó que fuera un “día productivo”. Trump aseguró que esperaba que de los contactos saliera, en el mejor de los casos, “un alto el fuego y el fin de esta guerra tan violenta, que jamás debería haber ocurrido”. El domingo, ya habló por teléfono con los líderes de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, con los cuales volverá a contactar después de la llamada con Putin.

Rusia, que no ha dado muestras de ceder en sus demandas de máximos para poner fin a la guerra, se ha negado a aceptar la propuesta de tregua incondicional de 30 días a la que ha accedido Kiev y que cuenta con el apoyo de los líderes europeos.

Este lunes, el Kremlin ha dicho que la conversación telefónica será “importante”, en palabras de su portavoz Dmitri Peskov, y se centrará en abordar el resultado de las recientes negociaciones directas entre rusos y ucranianos en Estambul, en el que el único acuerdo tangible fue el intercambio de 1.000 prisioneros de guerra de cada bando. Según la parte rusa, se acordó la promesa de intercambiar listas con condiciones para un eventual alto el fuego.

En su post, Trump ha avanzado que Rusia quiere comerciar “a gran escala con Estados Unidos” una vez finalice la guerra, algo con lo que el presidente dice estar “de acuerdo”. “Existe una tremenda oportunidad para que Rusia cree enormes cantidades de empleos y riqueza. Su potencial es ILIMITADO. Asimismo, Ucrania puede ser una gran beneficiaria en términos de comercio, en el proceso de reconstrucción de su país”, ha dicho el presidente.

Antes de la conversación, la Casa Blanca ha declarado que Trump está dispuesto a reunirse con el presidente ruso pero primero quería ver cómo va la llamada mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo este domingo que el mandatario de EEUU quiere que el cara a cara sea “lo más pronto que sea factible”. El Kremlin ha asegurado que, por el momento, no se está preparando un encuentro entre ambos líderes.

Se trata de la tercera llamada entre Trump y Putin desde que el republicano llegó a la presidencia a finales de enero. En la última conversación telefónica del pasado marzo, Trump también infló las expectativas sobre el resultado, que finalmente fue un acuerdo de mínimos para dejar de atacar las infraestructuras energéticas justo cuando terminaba el invierno. Kiev no tuvo más remedio que aceptar el acuerdo trazado por Washington y Moscú mientras aún lidiaba con las presiones estadounidenses a través de la suspensión de la ayuda militar. En reiteradas ocasiones, Moscú ha celebrado el nuevo giro de la Casa Blanca, ahora mucho más dispuesta a acercarse al Kremlin y a hacer concesiones a su favor.

La portavoz de la Casa Blanca ha asegurado que el presidente de EEUU, que prometió una salida rápida de la guerra, “se siente muy frustrado con ambos lados del conflicto”. En medio del estancamiento de las conversaciones, algunos miembros del Gobierno estadounidense, como el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, han advertido de que si no hay avances significativos, Washington abandonará su papel de mediador. Antes de la llamada, Vance ha dicho, en declaraciones a los periodistas: “Nos damos cuenta de que hay un pequeño impasse. Y creo que el presidente le dirá al presidente Putin: «Mira, ¿hablas en serio? ¿Hablas en serio?”. Aun así, la presión sigue siendo principalmente para Kiev y no para Moscú.

El expresidente de EEUU, Joe Biden, ha sido diagnosticado de una “forma agresiva” de cáncer de próstata que se ha extendido a los huesos, según publican varios medios citando comunicado de su oficina personal este domingo. 

“La semana pasada, el presidente Joe Biden fue atendido por un nuevo hallazgo de un nódulo prostático tras experimentar un aumento de los síntomas urinarios. El viernes se le diagnosticó cáncer de próstata, caracterizado por una puntuación de Gleason de 9 (Grupo de Grado 5) con metástasis en el hueso”, dice el comunicado, recogido por la CNN.

“Aunque esto representa una forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un tratamiento eficaz”, prosigue el texto, que recoge que el exmandatario y su familia “están estudiando las opciones de tratamiento con sus médicos”.

La escala de Gleason se usa en los cánceres de próstata y tiene puntuación del 1 al 10 para medir cuántas células cancerosas hay en comparación con las células sanas. Biden tiene una puntuación 9 por lo que se trataría de una de las formas más agresivas. Cuando el cáncer de próstata se disemina a otras partes del cuerpo, suele hacerlo hacia los huesos. En caso de metástasis, el tratamiento es mucho más difícil que en un cáncer localizado.

El diagnóstico llega poco antes de que se cumpla un año de la renuncia de Biden a la candidatura demócrata. El expresidente renunció el pasado 21 de julio a raíz de la crisis provocada por el desastroso debate de la CNN contra Donald Trump. Durante la campaña, la salud de Biden y su capacidad para seguir liderando el país estuvieron sometidas a un fuerte escrutinio público debido a los numerosos lapsus y caídas que protagonizó al final de su presidencia. El verano pasado saltaron las alarmas después de que se hiciera público que un médico especialista en Parkinson había visitado al demócrata a principios de 2024.

El presidente Trump ya ha reaccionado a la noticia con una publicación en Truth Social. “Melania y yo estamos tristes al enterarnos del reciente diagnóstico médico de Joe Biden. Enviamos nuestros más cálidos y sinceros deseos a Jill y a toda la familia, y le deseamos a Joe una pronta y exitosa recuperación”, ha escrito el republicano, que en esta ocasión ha usado un tomo mucho más moderado y comedido en comparación con los frecuentes ataques e insultos contra Biden. Trump, que en junio cumplirá 79 años, siempre ha reprochado a Biden su vejez, quien tan solo es cuatro años mayor.

El verano pasado saltaron las alarmas después de que se hiciera público que un médico especialista en Parkinson había visitado al demócrata a principios de 2024. Poco después, la Casa Blanca salió a desmentir que el demócrata padeciera esta enfermedad. En 2023 ya le habían extirpado a Biden un carcinoma basocelular, un tipo común de cáncer de piel, y en noviembre de 2021 le extrajeron un pólipo del colon que resultó ser una lesión benigna, pero con potencial de convertirse en cáncer.

Después de abandonar la presidencia, Biden había adoptado un perfil bajo con muy pocas apariciones públicas. La primera vez que el expresidente volvió a aparecer públicamente después de dejar el cargo fue hace un mes, el pasado 15 de abril. Cuando aún no se habían cumplido los primeros cien días de Trump, el demócrata participó en un acto para defender la Seguridad y cargó duramente contra el republicano. “En menos de 100 días ya ha hecho mucho daño”, afirmó. En esa ocasión, Biden presentó un frescor y energía que en muchas ocasiones no tuvo durante la campaña electoral. 

La noticia sobre el cáncer del expresidente coincide además con la publicación este 20 de mayo de Original Sin, un libro en el que se revela cómo el entorno del demócrata creó un muro a su alrededor para ocultar su deterioro cognitivo mientras Biden se empeñaba en aferrarse a la candidatura presidencial. El libro, escrito por los periodistas Jake Tapper y Alex Thompson, cuenta con testimonios del equipo de campaña del demócrata que reconocen que su círculo más cercano era consciente del empeoramiento de Biden. 

En uno de los fragmentos se relata cómo, durante un acto de recaudación de fondos para la campaña electoral, el expresidente no fue capaz de reconocer a su amigo y actor George Clooney. Poco después, Clooney publicaría un artículo en el New York Times haciendo referencia al episodio y pidiendo a Biden que diera un paso al costado por el bien del partido y del país.“Le robó unas elecciones al Partido Demócrata. Se las robó al pueblo estadounidense”, afirma una de las personas del entorno en el libro.

Biden, que abandonó el cargo como uno de los presidentes más impopulares de la historia, ha intentado que su tozudez por aferrarse al cargo no empañara toda su trayectoria dedicada a la política. En su discurso de renuncia a la candidatura, el expresidente intento dar una imagen de hombre de servicio y evitar que quedara ligada a él la idea del político que se aferra al poder. “Defender la democracia es más importante que cualquier cargo”, dijo en su discurso a la nación en ese entonces.

A pesar de renunciar por las presiones internas debido a la poca confianza que inspiraba su estado de salud, Biden ha seguido defendiendo que él estaba capacitado para continuar con la campaña electoral. En una reciente entrevista con la cadena ABC, cuando se le preguntó por su capacidad cognitiva en relación con el libro “Original Sin”, Biden respondió: “Se equivocan. No hay nada que lo sustente”. El expresidente volvió a afirmar que cree que habría podido derrotar a Trump si no se hubiera retirado de la contienda.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha bloqueado la reactivación de la ley de enemigos extranjeros para la deportación de un grupo de migrantes venezolanos retenidos en un centro de detención de inmigración en Texas. La administración de Donald Trump quería expulsarlos bajo la aplicación de esta norma de 1789 y que en su momento el alto tribunal frenó en una resolución de emergencia. La decisión del Supremo supone un nuevo revés para el presidente estadounidense y para sus planes de deportaciones masivas.

Trump quería utilizar la ley para acelerar su campaña de deportaciones. La ley de enemigos extranjeros, creada para ser utilizada en un contexto de guerra, permite deportar rápidamente y sin garantías judiciales a aquellas personas a las que se les aplique. En marzo, Trump la invocó para aplicarla a venezolanos y salvadoreños que, bajo la acusación de la administración, supuestamente pertenecen a las bandas criminales El Tren de Aragua y la MS-13. En una orden ejecutiva en enero, el republicano designó a ambas bandas como grupos terroristas y las considera una amenaza para el país, pretexto por el cual recurrió a la ley decimonónica.

Los magistrados del Supremo han enviado el caso de nuevo al tribunal de apelaciones para decidir sobre las cuestiones subyacentes del caso, entre ellas, si la medida del presidente es legal. De los nueve votos del alto tribunal, solo los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito han manifestado públicamente su desacuerdo. En su respuesta, el alto tribunal también aclara que la administración tiene la libertad de solicitar deportaciones bajo la aplicación de otras leyes de inmigración estadounidense. 

La resolución llega después de que el pasado 19 de abril los magistrados bloquearan temporalmente la deportación del grupo de migrantes retenidos en Texas como respuesta a una solicitud de los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) para que impidiera momentáneamente la expulsión. 

El bloqueo de emergencia del 19 de abril respondía a la resolución del 7 de abril del Supremo, que estableció unos límites bajo los cuales se debían llevar a cabo las deportaciones sujetas a la ley de enemigos extranjeros. Se trataba de una sentencia de forma y no de fondo - ya que no se pronunciaba sobre la legalidad del uso de la norma- que exigía a la administración notificar con suficiente tiempo de antelación a los individuos su expulsión bajo dicha ley para que así pudieran recurrirla y tener garantías judiciales. 

“Aunque la revisión judicial bajo la AEA [Ley de Enemigos Extranjeros en sus siglas en inglés] es limitada, hemos establecido que una persona sujeta a detención y expulsión en virtud de dicha ley tiene derecho a una ”revisión judicial“ en lo que respecta a las ”cuestiones de interpretación y constitucionalidad“ de la ley, así como a determinar si efectivamente ”es un enemigo extranjero de catorce años de edad o más“”, escribía el 7 de abril el alto tribunal. 

Cabe destacar que en el caso de las personas migrantes, a pesar de tener derecho a un abogado, son ellas quienes deben costear el precio. Según expone el American Immigration Council, dado que la deportación se clasifica como una sanción civil y no penal, los inmigrantes que enfrentan la expulsión no cuentan con las protecciones constitucionales que brinda la Sexta Enmienda. Esto se traduce a que si las personas que están en el circuito migratorio no tienen dinero para pagarse un abogado y tampoco tienen acceso a los abogados que proveen las ONG y asociaciones, están solas ante los jueces. Es lo mismo que pasa con los casos de los menores migrantes no acompañados. 

La aplicación de la ley de enemigos extranjeros se ha convertido en una de las grandes batallas judiciales dentro del Supremo, ya que va más allá de la legalidad del uso de la norma para deportar personas migrantes sino que también se ha convertido en una cuestión del derecho a unas garantías judiciales durante el proceso judicial. 

Stephen Miller, asesor del presidente y uno de los ideólogos tras la campaña de deportaciones, defendía la semana pasada ante los periodistas que la Casa Blanca está planteando también suspender el derecho al habeas corpus. “En gran parte dependerá de si los tribunales hacen lo correcto o no”, afirmó Miller. El habeas corpus es un derecho fundamental que protege la libertad de los individuos ante detenciones ilegales u arbitrarias.

Una jueza federal de Virginia ha ordenado este miércoles la puesta en libertad del académico de la Universidad de Georgetown Badar Khan Suri, quien fue arrestado el pasado mes de marzo por la acusación de difundir “propaganda pro-Hamás” debido a su posicionamiento a favor de Palestina.

Khan Suri, de nacionalidad india, estaba haciendo su beca postdoctoral en esa universidad estadounidense y residía en Estados Unidos con un visado válido en el momento en el que fue arrestado. Además, el académico también está casado con una ciudadana estadounidense.

Fue detenido por agentes federales enmascarados a la salida de su domicilio en Rosslyn, Virginia. El vídeo difundido por la ACLU (American Civil Liberties Union) mostraba cómo cuatro agentes rodeaban al profesor cuando este volvía de tomar la comida con la que los musulmanes rompen el ayuno en Ramadán. Cuando se produjo la detención, la subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró en X: “Suri era una estudiante de intercambio en la Universidad de Georgetown que difundía activamente propaganda pro-Hamás y promovía el antisemitismo en las redes sociales. Suri tiene vínculos estrechos con un conocido o presunto terrorista, quien es un asesor principal de Hamás”.

La jueza Patricia Tolliver Giles ha ordenado la puesta en libertad del académico con la condición de que mantenga su residencia en Virginia y asista presencialmente a otras audiencias del proceso abierto contra él. También deberá asistir virtualmente a los procedimientos migratorios en Texas, donde había sido trasladado a un centro de detención de migración poco después de su detención.

A pesar de que la administración Trump no formalizó su acusación contra el académico y no se le imputó ningún delito, el Gobierno decidió revocar su visado de estudiante bajo el pretexto de sus supuestos vínculos con Hamás. 

Durante el proceso, la defensa de Khan Suri presentó múltiples impugnaciones a la legalidad de su detención, argumentando que su cliente fue objeto de persecución en parte porque su esposa es palestino-estadounidense. La mujer, Mapheze Saleh, también es exempleada de la cadena de televisión Al Jazeera, financiada por Qatar y con una línea editorial abiertamente propalestina.

El profesor fue la tercera persona en ser detenida por la Administración Trump en el ámbito universitario por su activismo, después del palestino Mahmoud Khalil y la turca Rumeysa Ozturk. La semana pasada, un juez también ordenó la liberación de Ozturk, quien el viernes pudo abandonar el centro de detención de inmigrantes de Luisiana donde había estado retenida durante semanas. Ozturk, que tenía un visado de estudiante, fue detenida por posicionarse públicamente contra la guerra de Gaza. 

El  Departamento de Seguridad Nacional anunció en abril que empezaría a revisar las redes sociales de los no ciudadanos estadounidenses y que aquellas publicaciones consideradas “antisemitas” serían usadas como un criterio para denegar visados, permisos de trabajo y cualquier documento migratorio. La decisión, junto a las detenciones de activistas propalestinos, ha hecho saltar las alarmas en EEUU ante la instrumentalización del concepto “antisemitismo” para perseguir ideológicamente a los que se posicionen en contra de Israel y de su ofensiva en Gaza.

La jueza de Wisconsin que el mes pasado fue arrestada por “obstruir” la detención de una persona migrante ha sido imputada este martes por estos mismos cargos. Un gran juzgado federal de Wisconsin ha acusado formalmente a Hanna Dugan de ocultar y obstruir la detención Eduardo Flores-Ruiz. A pesar de que la formalización de la acusación contra Dugan es un proceso rutinario, se trata de un paso más en la guerra de la administración de Donald Trump contra la autoridad de los jueces federales. Actualmente, los tribunales son la principal línea de contención contra los intentos del presidente de extralimitar su poder. 

El pasado 25 de abril Dugan fue detenida por el FBI bajo la acusación de “obstruir” la detención de Flores-Ruiz, al enfrentarse con los agentes federales que se presentaron durante la audiencia que tenía con el hombre para detenerlo. Muchos jueces se han quejado de como los agentes de inmigración (ICE) aprovechan las citas judiciales para detener a personas migrantes. ICE no solo está personándose en los tribunales, sino que también tiene autorización para poder practicar redadas en escuelas e iglesias. Se trata de una de las primeras medidas que tomó Trump al llegar al poder para incrementar la campaña de acoso contra la comunidad migrante. 

Convertir el arresto en una advertencia

para el resto de jueces federales que están frenando las acciones ejecutivas de su gobierno. El gobierno ha defendido la acusación contra la jueza de Wisconsin como una muestra de que “nadie está por encima de la ley”, mientras que miembros del partido demócrata y exjueces han hecho saltar las alarmas ante lo que es un claro ataque contra el poder judicial. 

El relato que la administración Trump está tejiendo alrededor el caso de Dugan liga con la narrativa falaz de que la “voluntad del presidente” es la máxima expresión de un sistema democrático, cuando realmente lo que están haciendo los jueces es asegurarse de que las ordenes y acciones ejecutivas el presidente cumplen con los marcos legales y constitucionales.

Mientras se tramita su caso, la Corte Suprema de Wisconsin ya ha sido destituida temporalmente. El abogado de Dugan tiene intención de impugnar los cargos y se espera que comparezca ante el tribunal este mismo jueves.“La jueza Hannah C. Dugan se ha comprometido con el Estado de derecho y los principios del debido proceso durante toda su carrera como abogada y jueza”, declararon sus abogados en un comunicado poco después de su arresto el pasado abril. Este martes, han añadido: “La jueza Dugan afirma su inocencia y espera ser reivindicada ante el tribunal”.

Dugan ha pasado de ser una jueza local a convertirse en uno de los principales objetivos de la administración Trump a nivel nacional en su batalla judicial. Hasta ahora, lo más lejos que había llegado el gobierno con la intimidación a los jueces fueron las publicaciones del presidente pidiendo el impeachment para el juez James Boasberg, quien bloqueó el uso de la ley de enemigos extranjeros para deportar migrantes.

Demócratas electos en Wisconsin y de otros estados ya han criticado el caso contra el juez y han acusado a los fiscales de politizar la situación. A principios de este mes, más de 150 exjueces estatales y federales firmaron una carta dirigida a la fiscal general, Pam Bondi, calificando el arresto del juez Dugan como un intento de intimidar al poder judicial.

Washington valora de forma positiva la reunión de este fin de semana con China para avanzar en la desescalada de la guerra comercial. La Casa Blanca ha anunciado en un comunicado que se ha llegado a un “acuerdo comercial”, aunque sin explicitar los detalles. Ante los periodistas, el secretario del Tesoro, Scott Bessent ha calificado “productivas” las conversaciones y asegura que se han hecho “progresos sustanciales”. Bessent ha asegurado a los periodistas que darán “más detalles mañana” sobre el pacto acordado en Ginebra (Suiza) durante estos días.

Jamieson Greer, el representante de comercio estadounidense, quien también participó en las conversaciones con el viceprimer ministro chino He Lifeng, ha asegurado que se trata de un acuerdo alcanzado “con nuestros socios chinos” y que ayudará a reducir el déficit comercial global de bienes de Estados Unidos que asciende a 1,2 billones de dólares.

“Es importante comprender la rapidez con la que llegamos a un acuerdo, lo cual refleja que quizás las diferencias no eran tan grandes como se pensaba”, ha expuesto Greer en el comunicado.

A su vez, el gobierno chino ha anunciado un acuerdo para el establecimiento de un mecanismo de consultas con vistas a la resolución de la guerra comercial iniciada por Estados Unidos. El viceprimer ministro chino He Lifeng, jefe negociador de China en las conversaciones celebradas este fin de semana en Ginebra, ha celebrado este encuentro “sincero, profundo y constructivo” y, en un comunicado recogido por Xinhua, ha anunciado este “mecanismo de consulta económica y comercial entre China y Estados Unidos”.

El encuentro entre China y Estados Unidos se ha producido en medio de la rebaja del tono por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, en las últimas semanas. El mismo Bessent reconoció en su momento que mantener una guerra comercial de estas dimensiones (actualmente se aplican hasta unos aranceles de hasta el 145%) no era sostenible y justo en la víspera de la reunión en Suiza, Trump anunció que planteaba rebajar los impuestos a las importaciones chinas al 80%.

Aunque el secretario del Tesoro ha dicho que los aranceles recíprocos debían reducirse como parte de la desescalada, no ha ofrecido detalles si habrá recortes o si la cifra de dónde se partirá será el 80% sugerido por Trump esta última semana.

El hermetismo ha imperado las conversaciones, que se han llevado a cabo en la residencia del embajador estadounidense en suiza. La noche del sábado, Trump publicó un post en Truth Social en el que decía: “Muy buena reunión hoy con China en Suiza. Se discutieron muchos temas y se llegó a muchos acuerdos. Un reinicio total negociado de forma amistosa, aunque constructiva. Queremos ver, por el bien tanto de China como de Estados Unidos, una apertura de China a las empresas estadounidenses. ¡Un gran progreso!, escribió. Tampoco dió más detalles sobre tales progresos.

Por su parte, las autoridades chinas se han limitado a certificar que las conversaciones habían empezado y por el momento no ha habido ningún otro comunicado sobre estas. 

La idea de abrir el mercado chino a los productos estadounidenses es algo que Trump también remarcó en su planteamiento de rebajar los aranceles al 80%. La cifra sigue siendo significativamente superior a la inicial que planteó el 2 de abril, cuando anunció los aranceles recíprocos. En ese momento la tabla arancelaria escriba un 34%, el cual debía sumarse al 25% que ya estaba en vigor. Aun así, como China no se achantó ante las amenazas de Trump, el presidente aceleró la escalada hasta llegar a la cifra de 145%. Por su parte, Pekín respondió con tarifas recíprocas de hasta el 125% y dejó claro que no pensaba retroceder.

El enzarzamiento entre las dos potencias desató el pánico bursátil y de muchas empresas. De hecho, Trump empezó a recapitular después de reunirse con altos ejecutivos de las grandes superficies del país, como Target, Walmart y Home Depot. Los representantes de las compañías advirtieron al presidente de que los impuestos a las importaciones chinas implicarían un aumento de precio en sus productos.

Trump quiere reducir el déficit comercial que tiene Estados Unidos de 295.000 millones de dólares con Pekín y persuadir a China para que contribuya más al consumo global, un cambio que requeriría reformas internas políticamente delicadas Paralelamente, Trump también ha vinculado las presiones arancelarias a China con la crisis del fentanilo. Los primeros aranceles que firmó después de llegar a la Casa Blanca contra China, los del 25%, ya estaban vinculados justamente a la crisis del fentanilo.

El alcalde demócrata de Newark (Nueva Jersey), Ras Baraka, fue detenido este viernes mientras protestaba contra la apertura de un nuevo centro federal de detención para migrantes. Había acudido a manifestarse frente a las instalaciones de Delaney Hall —centro privado gestionado por la empresa privada de prisiones GEO Group— en varias ocasiones. Ha sido acusado de “allanamiento de propiedad” y de “ignorar las advertencias del personal de Seguridad Nacional”. Segín informa AP, las fuerzas de seguridad le han liberado tras varias horas bajo custodia.

“La realidad es que no he hecho nada mal”, ha dicho al salir. La fiscal federal del estado de Nueva Jersey, Alina Habba, explicó el viernes en redes sociales las razones del arresto de Baraka y aseguró que la conducta del alcalde de Newark es “intolerable”. “No vamos a tolerar esto en este estado. Ha sido detenido, nadie está por encima de la ley”, dijo en un mensaje de X. Habba tiene buena sintonía con el gobierno de Donald Trump y con la fiscal general de Estados Unidos Pam Bondi —quien a su vez detuvo hace unas semanas a una jueza de Milwaukee por supuestamente proteger a un inmigrante irregular y obstruir a la justicia—.

Baraka ha salido del centro en el que se encontraba detenido en una ambulancia de emergencia. El alcalde no ha podido hablar mucho más del caso, aludiendo a las obligaciones con los abogados y el juez. Sin embargo, ha expresado su apoyo incondicional a todos los habitantes de su comunidad. “Todos aquí, cada uno de nosotros, no importa su origen, nacionalidad o idioma”, dijo Baraka, “en algún momento tenemos que impedir que estas personas nos dividan”.

El alcalde demócrata había estado protestando durante toda la semana contra la apertura del centro, asegurando que sus operadores no habían obtenido los permisos correspondientes. Baraka se había sumado a la visita que realizaban tres miembros del Congreso de Nueva Jersey en el marco de una manifestación contra el centro Delaney Hall. Los legisladores, todos demócratas, eran Robert Menendez, LaMonica McIver y Bonnie Watson Coleman.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional acusó a los manifestantes de irrumpir en el centro cuando llegó un autobús con personas detenidas. “La entrada forzada de estos miembros del Congreso en un centro de detención va más allá de una maniobra política inusual y pone en riesgo la seguridad de nuestros agentes y de los detenidos”, dijo el portavoz en un comunicado citado por Reuters.

En una rueda de prensa improvisada y retransmitida en directo por redes sociales, Coleman denunció que lo ocurrido este viernes fue un “abuso de poder”. “Saben quiénes somos... nos maltrataron físicamente y arrestaron al alcalde”, expuso la congresista, que añadió: “Las condiciones del centro son pésimas... ICE está fuera de control... cree que puede intimidarnos a todos”. Por su parte, McIver afirmó que Baraka “no hizo nada malo” y que ya había abandonado las instalaciones en el momento de su detención.

Los congresistas demócratas habían planeado la visita debido a la inminente apertura del centro. El edificio de dos plantas está ubicado junto a una prisión del condado y anteriormente había funcionado como un centro de rehabilitación. Pero en febrero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció que había alcanzado un acuerdo de 1.000 millones de dólares y 15 años de duración con GEO Group para establecer allí un centro de detención. Fue entonces cuando Baraka demandó a la empresa privada.

Además de ser alcalde de Newark, Baraka se había postulado como candidato a gobernador del estado de Nueva Jersey.

El presidente Donald Trump ha dicho este viernes que le parece “apropiado” rebajar al 80% el actual arancel del 145% que su Gobierno impone a las importaciones chinas y ha pedido a Pekín abrir su mercado, un día antes del diálogo comercial previsto entre representantes de Estados Unidos y China en Suiza.

“¡Un arancel del 80% a China parece apropiado! Queda en manos de Scott B.”, ha afirmado Trump en su red Truth Social, en referencia al secretario del Tesoro, Scott Bessent. Minutos antes, el mandatario estadounidense había publicado otro post en el que señaló en mayúsculas: “CHINA DEBERÍA ABRIR SU MERCADO A EEUU”.

“¡SERÍA MUY BUENO PARA ELLOS! ¡LOS MERCADOS CERRADOS YA NO FUNCIONAN!”, escribió.

Será Bessent quien, junto con el representante de comercio estadounidense,Jamieson Greer, se reunirá en Ginebra con He Lifeng, principal responsable de las negociaciones comerciales de Pekín. Y la Casa Blanca ya ha dicho que espera que Pekín haga concesiones: “Necesitamos ver concesiones de su parte también. Esa es una de las razones por las que el secretario Bessent va a hablar este fin de semana con sus homólogos chinos para iniciar las discusiones en persona”, ha señalado en una rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La Administración Trump ha repetido que los aranceles del 145% se impusieron debido a lo que Washington considera “prácticas comerciales desleales de larga data de China y a su decisión de tomar represalias [imponiendo aranceles del 125%] en lugar de buscar una solución”.

La cifra del 80%, a pesar de ser un recorte significativo respecto el 145%, sigue siendo superior a la base inicial que anunció Trump el 2 de abril de un 34% de aranceles recíprocos a Pekín. Cifra que rápidamente fue escalando así como el gigante asiático devolvía los golpes con gravámenes similares a los productos estadounidenses.

Esta rebaja impositiva podría tener un impacto significativo en la situación actual, en la que el comercio portuario se ha enfriado. Norfolk Southern, un gran grupo ferroviario de transporte de mercancías en Estados Unidos, advertía hace dos semanas que los aranceles podrían ralentizar los envíos de coches y contenedores, debido a la “incertidumbre en el comercio de exportación”.

Cuando el jueves en el Despacho Oval –cuando anunció un acuerdo comercial con Reino Unido– uno de los periodistas le preguntó a Trump sobre este enfriamiento del tráfico portuario, el republicano intentó minimizar el problema y lo presentó como una situación positiva. “Eso significa que perderemos menos dinero... cuando dices que se ha ralentizado, eso es bueno, no malo”, afirmaba.

La intención de reducir los aranceles a las puertas de la reunión con China es un gesto más de la voluntad de desescalada por parte de la Administración de EEUU. En las últimas semanas, la Casa Blanca ha empezado a rebajar el tono con China después de que Bessent reconociera públicamente que no era “sostenible” una guerra comercial de estas dimensiones con Pekín.

El intento de disminuir la tensión con China llega después de que Trump se reuniera con altos ejecutivos de las grandes superficies del país, como Target, Walmart y Home Depot. Los representantes de las compañías advirtieron al presidente de que los impuestos a las importaciones chinas implicarían un aumento de precio en sus productos.

Poco después del anuncio de la reunión entre las delegaciones de ambos países, el banco central de China ha rebajado los tipos de interés este miércoles para estimular e inyectar más dinero en la economía. Se trata de la medida de política económica más importante que han tomado las autoridades chinas para intentar limitar el impacto de las consecuencias de la guerra comercial iniciada por Trump.

El presidente ha atacado China constantemente por su rol en el tráfico de fentanilo en Estados Unidos y otras sustancias que se usan para fabricar drogas. Los primeros aranceles a China que firmó después de llegar a la Casa Blanca, los del 25%, ya estaban vinculados justamente a la crisis del fentanilo. 

Los aranceles a China amenazan con tener un gran impacto en los consumidores estadounidenses y las últimas encuestas muestran cómo la popularidad de Trump ha caído a raíz de su guerra comercial. Según una encuesta publicada por la cadena Abc News, casi dos tercios de los estadounidenses desaprueban las políticas arancelarias de Trump.

Una delegación estadounidense se reunirá con representantes chinos en Ginebra, Suiza, este fin de semana para abordar los aranceles. Se trata de la primera reunión formal entre ambos países desde que el presidente estadounidense escaló la guerra comercial con China aplicando gravámenes de hasta el 145% a las importaciones de Pekín, ante las cuales el gigante asiático respondió con un 125% de impuestos de represalia. 

Entre los representantes de Estados Unidos estará el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y Jamieson Greer, el representante de comercio estadounidense. De hecho, el mismo Bessent lo ha anunciado este martes por la tarde. “Nos veremos el sábado y el domingo. Hemos acordado hablar. El sábado y el domingo decidiremos de qué hablaremos. Tengo la sensación de que se tratará de desescalar, no del gran acuerdo comercial, pero tenemos que desescalar antes de poder avanzar”, ha dicho el secretario en una entrevista en la cadena Fox News.

China también ha confirmado que enviará a He Lifeng, principal responsable de las negociaciones comerciales de Pekín. Ambas delegaciones intentarán rebajar la tensión entre ambas potencias después de que Washington modulara el tono. Aun así, la relación se ha deteriorado aún más tras el anuncio de Trump de nuevos aranceles a productos farmacéuticos y películas extranjeras.

Hace dos semanas, Bessent reconocía que no era “sostenible” una guerra comercial con China de las dimensiones actuales y aseguró que esperaba una “desescalada”. “China será una batalla difícil por lo que respecta a las negociaciones”, afirmó entonces Bessent, que añadió: “Ninguna de las dos partes cree que el statu quo sea sostenible”. Paralelamente, esa misma semana, Pekín se mostró abierto a empezar a negociar con Washington, pero advirtió de que no seguiría en las conversaciones si continuaban las amenazas por parte de la Casa Blanca.

El Wall Street Journal publicó en exclusiva que el presidente estadounidense, Donald Trump, estaba considerando rebajar hasta la mitad los aranceles actuales que se aplican a China. La rebaja del tono con China llegaba después de que Trump se reuniera con altos ejecutivos de las grandes superficies del país, como Target, Walmart y Home Depot. Los representantes de las compañías advirtieron al presidente de que los impuestos a las importaciones chinas implicarían un aumento de precio en sus productos.

Trump ha atacado China constantemente por su rol en el tráfico de fentanilo en Estados Unidos y otros ingredientes que se usan para fabricar drogas, así como prácticas comerciales que considera injustas. Los primeros aranceles que firmó después de llegar a la Casa Blanca contra China, los del 25%, ya estaban vinculados justamente a la crisis del fentanilo. 

Los aranceles a China amenazan con tener un gran impacto en los consumidores estadounidenses y las últimas encuestas muestran cómo la popularidad de Trump ha caído a raíz de su guerra comercial. Según una encuesta publicada por la cadena Abc News, casi dos tercios de los estadounidenses desaprueban las políticas arancelarias de Trump.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido que el Gobierno de Donald Trump puede aplicar el decreto para vetar a las personas transgénero del servicio militar, mientras se resuelven las disputas legales en torno a esa polémica decisión que adoptó el presidente poco después de llegar a la Casa Blanca.

El tribunal ha concedido un recurso de emergencia en contra de una decisión de un tribunal de menor instancia. Como en la mayoría de recursos de emergencia, se trata de una resolución escueta, sin firmar y que no aporta los argumentos. Pero el dictamen se mantendrá en vigor mientras los magistrados adopten una resolución final. Las tres juezas progresistas (Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson) se han opuesto, aunque no han aportado tampoco argumentos. 

La resolución del Supremo surge a raíz del recurso ante la orden ejecutiva que firmó Trump en sus primeros días de gobierno para sacar a las personas trans del ejército. Se trata de una de las muchas acciones que ha tomado la nueva administración en contra de las políticas de diversidad y que especialmente ha puesto el foco en las mujeres trans. En el caso de la orden que incumbe la resolución del alto tribunal, Trump patologizaba a las personas trans y trataba su existencia como una condición mental.

“El servicio militar debe reservarse para quienes estén mental y físicamente aptos para el deber”, escribía el mandatario, tirando por tierra años de lucha para acabar con el estigma que sufre el colectivo. No fue hasta 2018 que la OMS dejó de considerar la transexualidad como un trastorno mental.

 El decreto estigmatiza a las personas trans y cita la premisa del departamento de Defensa que establece que los miembros deben “estar libres de cualquier condición médica o defectos físicos que pueda esperarse razonable que se espera un tiempo excesivo fuera del deber por un tratamiento u hospitalización”. La respuesta de emergencia del Supremo, en cierto modo, avala la cruzada de Trump contra las personas trans y da el visto bueno a una visión estigmatizante sobre su existencia.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, ha celebrado la resolución de emergencia en X. “Otra victoria masiva en la Corte Suprema! El presidente Trump y el secretario Pete Hegseth están restaurando un ejército que está centrado en la preparación y la letalidad - no en políticas DEI o la ideología de género woke”, ha escrito Leavitt. 

En febrero, el departamento de Defensa ya implementó la orden de Trump, emitiendo una nueva política que requiere que las personas trans sean expulsadas de las tropas. Siete miembros del servicio activo, así como una persona que busca inscribirse y un grupo de defensa, presentaron una demanda para bloquear la política, diciendo, entre otras cosas, que violaba la cláusula de protección igualitaria de la Constitución.

Poco después, el tribunal Federal del Distrito de Tacoma (Washington), emitió una orden judicial bloqueando a nivel nacional la prohibición de la presencia de las personas trans en el ejército. “No existe ninguna alegación ni prueba de que ella sea, o haya sido alguna vez, un perjuicio para la cohesión de su unidad, ni para la letalidad o la preparación militar, ni de que sea mental o físicamente incapaz de continuar su servicio”, escribió el juez Settle en la sentencia.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha sido recibido este martes por Donald Trump en la Casa Blanca, después de vencer las elecciones de la semana pasada gracias al voto de rechazo hacia las políticas del estadounidense. El primer cara a cara entre los dos mandatarios se produce en medio de la deteriorada relación entre Estados Unidos y Canadá por la guerra arancelaria de Trump y también por los repetidos comentarios del republicano sobre la posibilidad de anexionarse el país vecino.

En su primer encuentro en el Despacho Oval, los dos mandatarios defendieron sus posturas con tono distendido. Carney ha asegurado ante Trump que “Canadá no está a la venta” y Trump ha respondido con una frase hecha: “Nunca digas nunca”. “Me encanta Canadá”, ha agregado. Trump también ha dicho que “la frontera entre Canadá y Estados Unidos es artificial”, en línea con la postura que ha defendido en múltiples ocasiones de que Canadá no merece ser un país independiente y debería ser anexionado y convertirse en el Estado 51 de EEUU.

En su primer intercambio, Trump ha felicitado a Carney por la victoria en las urnas: “Creo que Canadá eligió a alguien muy talentoso”, ha afirmado. “Creo que tenemos muchos de temas en común” sobre los que hablar, ha afirmado Trump en referencia a los aranceles, pero también ha adelantado que hablarán de la guerra de Ucrania.

Antes de la reunión, Trump ha afirmado en su red social Truth Social estar deseando conocer al nuevo primer ministro de Canadá. “Tengo muchas ganas de trabajar con él, pero no puedo entender una simple VERDAD: ¿por qué Estados Unidos está subvencionando a Canadá con 200.000 millones de dólares al año, además de ofrecerles PROTECCIÓN MILITAR GRATUITA y muchas otras cosas? No necesitamos sus coches, no necesitamos su energía, no necesitamos su madera, no necesitamos NADA de lo que tienen, salvo su amistad, que espero mantengamos siempre. Ellos, en cambio, ¡lo necesitan TODO de nosotros!”.

Carney acude a la Casa Blanca con la difícil tarea de lograr un equilibrio entre la imagen que ha proyectado dentro de Canadá con una campaña anti-Trump y la relación bilateral con el mandatario estadounidense. Los canadienses esperan ver un primer ministro que no tenga miedo a devolver los golpes a su homólogo, pero dado el talante del republicano, Carney debe tener cuidado.

Por el momento, parece que Carney dispone de mejores cartas que las que tenía su predecesor, Justin Trudeau. En diversas ocasiones se hizo evidente la tensión entre el canadiense y el republicano, quien incluso llegó a burlarse de él en redes.

Este martes, Carney ha concedido a Trump que algunos de los aspectos del acuerdo comercial del T-MEC, que se firmó durante la primera Administración Trump, se deberían cambiar. “Tenemos una negociación prevista durante el próximo año, aproximadamente, para ajustarlo o ponerle fin”, ha afirmado el presidente. Asimismo, Trump ha aprovechado para defender sus volantazos en la guerra comercial: “No somos caóticos, somos flexibles”.

Más allá de anunciar la pausa arancelaria parcial de 90 días y aprobar medidas paliativas para el sector automovilístico, Trump también ha rebajado el tono con China. Sobre el estado de las conversaciones, ha dicho que Pekín quiere negociar un acuerdo comercial. “Quieren negociar y reunirse”, ha afirmado y ha añadido: “Y nos reuniremos con ellos en el momento oportuno”.

En la guerra arancelaria, Canadá ha sido uno de los países con el que más se ha cebado el republicano. En las negociaciones para suspender o posponer la aplicación de los aranceles del 25%, el mandatario siempre ha adoptado una postura mucho más dura que con México. Actualmente, la escalada comercial ha desembocado en un escenario donde se aplican gravámenes del 25% a las importaciones canadienses de acero, aluminio y piezas de montaje de vehículos. En cambio, Washington mantiene pausados los aranceles del 25% a aquellos bienes que se inscriben en el T-MEC.