Uno de los últimos acontecimientos ocurridos en nuestro país que demuestran el gran chiringuito que tiene la jerarquía católica ocurrió el verano pasado en el último pleno del Ayuntamiento de Murcia a finales del mes de julio, donde se aprobó la cesión totalmente gratuita de la iglesia del barrio de Vistabella, en la ciudad de Murcia, al Obispado de Cartagena, con los votos a favor del PP y de Vox y con la inexplicable abstención del PSOE. A día de hoy, no se ha realizado porque se han presentado varias alegaciones por parte de algunas asociaciones, como Europa Laica y de algunos particulares que están manifiestamente en contra de que algo público pase a manos de una institución privada y, además, millonaria. Llevarlo a pleno antes de hacerlo público ya es un disparate jurídico, una demostración del grado de impunidad del que creen gozar estos partidos en connivencia con la jerarquía católica, los registradores de la propiedad y parte de la judicatura.

La parroquia del barrio de Vistabella, construida en los años cincuenta, ha tenido siempre actividad religiosa, dándose el caso de que hasta la imagen de la virgen fue adquirida a través de las donaciones de los vecinos, por lo que no es entendible el deseo del obispo de registrar dicha parroquia en su propiedad. El valor de dicho inmueble, con sus salones adyacentes, estaba hace casi un año cercano al millón de euros, sin contar con el valor del suelo que no fue valorado por el arquitecto municipal, según consta en los documentos del expediente municipal. Llama la atención la generosidad de los concejales y el alcalde de Murcia con un bien que es público, de todas las personas que están censadas en el municipio, no sólo de los que se puedan declarar católicos, y la celeridad con la que han tramitado el expediente para poder llevar a cabo la cesión, implicando a varios departamentos y cargos municipales. No actúan así, en absoluto, con otros colectivos más necesitados y, mucho menos, con particulares.

De producirse la cesión sería el último de los más de los cien mil bienes inmuebles que posee la jerarquía católica, la mayoría sin haber aportado el título de propiedad, sólo presentando un documento firmado por cualquier obispo de las setenta diócesis que tenemos en España. Todos los gobiernos hasta la fecha lo han permitido, una anomalía inaudita en cualquier democracia.

Lo de chiringuito viene a colación por la reacción de grupos ultra católicos a las declaraciones de la humorista y actriz Silvia Abril en la antesala de los premios Goya. “Menudo chiringuito tenéis montado, ¡se acabó! Vayan saliendo”, fueron sus simples palabras.

Enseguida, la actriz recibió mensajes de odio por parte de algunos grupos fundamentalistas, los mismos que no cuestionan las acciones deplorables por parte de muchos miembros de la jerarquía católica, como lo es la pederastia.

La jerarquía católica en España no es que tenga un chiringuito al uso, como lo fue el que disfrutó Abascal en Madrid diseñado por Esperanza Aguirre, es muchísimo más. Además de los cien mil inmuebles -entre los que se encuentran el 80% de los que se consideran Patrimonio del Estado, como son todas las catedrales y la Mezquita de Córdoba, por la que sólo por ella recauda 28 millones de euros al año por sus visitas- son más de doce mil millones de euros lo que recibe al año, que representan el 1% del P.I.B.(Producto Interior Bruto) del país, en subvenciones directas, vía I.R.P.F. casi 400 millones el año pasado, conciertos educativos, sanitarios y ayudas indirectas. No declara nada de las cantidades de dinero que recibe, ya sean las entradas a los inmuebles que gestiona, las ventas millonarias de algunos de ellos o los alquileres de sus locales comerciales, cementerios o garajes. No pagan ningún impuesto, sólo el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por las obras que puedan hacer y que representa una cantidad insignificante del total que recibe.

Todos ésos recursos públicos son necesarios para paliar necesidades mucho más básicas para toda la población.

Es inaceptable que siga vigente el Acuerdo con el Vaticano de 1979 por el cual la jerarquía católica española se encuentra blindada, al mismo tiempo que lo incumple porque se comprometió a la autofinanciación.

Por todos estos datos a día de hoy en marzo de 2026 podemos decir: menudo chiringuito tiene montado la jerarquía católica, con el consentimiento de todos los gobiernos hasta ahora y de la mayoría de cargos públicos que acceden a las administraciones.

Nos hemos enterado de otro acto religioso promovido por la Junta Vecinal de La Alberca, una institución pública dentro de la corporación del ayuntamiento de Murcia para el próximo sábado 27 de abril, la proclamación de alcaldesa perpetua a la virgen del Rosario.

Desde Europa Laica en la Región de Murcia queremos manifestar nuestro rechazo a la participación de cualquier cargo público en actos religiosos católicos o de otras religiones, así como el uso de cuentas públicas de redes sociales, como es el caso de la cuenta de X (antiguo Twitter) de la alcaldía de Murcia donde no hay un día donde no se haga mención a un acto religioso. 

Los cargos públicos deberían entender que su cargo lleva implícito la representación de todas las personas del territorio donde ejercen su actividad política y que, por sentido común y por avanzar en laicidad, no deben participar ni publicitar ni alentar ni promover ceremonias religiosas porque no todos los vecinos y vecinas de sus pueblos y ciudades profesan la religión católica. 

Pueden profesar cualquier otra de las muchas existentes e, incluso, los hay que no profesan ninguna, por lo que supone una falta de respeto que dediquen su tiempo, su energía y dinero público en actos que son simplemente simbólicos e innecesarios.

Hemos intentado calcular el tiempo que un cargo público dedica a participar en actos y ceremonias religiosas, todas católicas por supuesto. Podíamos poner como modelo a un presidente autonómico de los diecisiete que tenemos en nuestro país y dentro de dicho grupo a uno de una sola provincia, como es el caso del presidente de la Región de Murcia, que cuenta con 45 municipios. Pongamos que sólo acude al día festivo del municipio de la mitad de los que tenemos 22 ó 23, en todos ellos se empiezan las celebraciones con una misa, que en el caso de Cartagena por ejemplo se denomina Onza de Oro y, además de la misa, el alcalde o alcaldesa realiza una donación económica al representante de la jerarquía católica, el obispo de la diócesis y se realiza un desfile con todas las autoridades civiles y militares. Algo parecido ocurrirá en el resto de municipios, con la participación de la mayoría o la totalidad de concejales, algunos consejeros. Pongamos que la duración media de dichos actos es de tres horas, a las que habría que añadir el desplazamiento en coche oficial desde la residencia del presidente hasta la localidad en cuestión que, en algunos casos, rondará la hora en la ida y hay que sumar la vuelta.

Además de los actos en los días locales, un presidente que se precie como el que tenemos ahora, interviene en Semana Santa en procesiones, siete actos y desfiles que es dónde más notoria es su presencia, en otras ceremonias en Navidad y en otros días señalados del calendario católico, como son: Corpus Cristi, años jubilares de Caravaca, algún nombramiento de alcaldesa perpetua de algún municipio, algo cada vez más común en los diferentes partidos que logran el cargo de alcalde o alcaldesa, romerías de algunas localidades, además de la ciudad de Murcia que son dos al año, que me olvide de alguna celebración porque el calendario cristiano abarca todo el año, pero la cifra de horas dedicadas a las múltiples celebraciones de carácter religioso es altísima, podrían ser 50 actos al año que multiplicado por tres darían 150 horas, por ocho años serían 1.200 horas dedicadas de su tiempo como cargo público del conjunto de todos los ciudadanos.

Cada persona puede sacar sus conclusiones, incluso habrá quien considere que es poco tiempo, que podría dedicar más para que no dejara ningún asunto sin la supervisión divina como por ejemplo el agua, pedir que llueva en determinadas épocas del año y tendríamos resuelto ése problema, al menos. Pero a mí, por lo menos, se me antoja un disparate mayúsculo que nuestros cargos públicos que deben gestionar la vida de todas las personas, ya sean católicas, de otras religiones existentes o de las que no profesan ninguna religión, independientemente de los porcentajes de cada grupo, dedican tal cantidad de horas, energía y dinero público a semejantes tareas.

Desde Europa Laica -que defendemos la separación de las religiones, de todas y el Estado- consideramos que urge regular la participación de nuestros cargos públicos en actos religiosos, que nunca deberían asistir en representación del cargo que ocupen, sólo a título personal cuando su trabajo se lo permita, porque ¿de verdad es imprescindible que un cargo público dedique tantas horas a participar en actos religiosos católicos? Y porque pidiendo que llueva no se soluciona la sequía.