Hace unos días, este periódico daba una noticia que no está de más contextualizar. Desde octubre de 2023, un grupo de lo que empezó siendo 67 y ahora son casi 150 mujeres groenlandesas, actualmente entre 70 y 80 años, han presentado reclamaciones de indemnización por importe de 300.000 coronas danesas cada una (alrededor de unos 40.200 euros) al Estado danés. A todas ellas les fueron implantados dispositivos intrauterinos sin su consentimiento. Se trata de una forma de violencia reproductiva sistemática y con rasgos coloniales pues, aunque el dominio colonial danés de Groenlandia terminó oficialmente en 1953, Groenlandia -que a fecha de hoy todavía no es completamente independiente de Dinamarca-, solo obtuvo el control de su propio sistema de salud en 1992. Las violencias reproductivas fueron parte de una campaña danesa que empezó en los años sesenta y que tuvo como finalidad el control de la natalidad de las mujeres indígenas.

En realidad, parece que estamos solo al inicio de lo que puede ser un movimiento de más amplio calado de lucha contra este tipo de injusticia histórica. En 2022, la emisora danesa DR informó que entre 1966 y 1970 se colocaron nada menos que 4.500 dispositivos intrauterinos en mujeres y niñas de hasta 13 años sin que mediara de forma inequívoca su consentimiento. Y no se trata, dicho sea de paso, de la única forma de opresión colonial danesa objeto de disputa que está viendo la luz recientemente. En 2022 el gobierno danés se disculpó públicamente ante las víctimas por su política de separar por la fuerza a los niños groenlandeses de sus familias para “educarlos” y “socializarlos” debidamente en Dinamarca.

De momento, el Gobierno danés ha respondido a las últimas reclamaciones de las mujeres groenlandesas remitiéndose a una investigación independiente en curso para mapear y analizar el alcance de estos casos en el período que va de 1960 a 1991. La investigación se inició en 2022 y se espera que sus conclusiones se hagan públicas el año que viene.

En todo caso, las violencias reproductivas que experimentaron las mujeres groenlandesas deben verse como parte de un legado más amplio de control eugenésico de la población, racista y sexista, que se cebó no sólo en las mujeres de ciertas etnias, sino también en muchas mujeres marginadas y en mujeres que se consideraban “desviadas”, “irresponsables”, “inmorales” o, sencillamente, demasiado “costosas” para la sociedad.

Este tipo de leyes y prácticas de control han existido en muchos países, incluidos todos los países nórdicos (en particular Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia; hay datos limitados sobre Islandia). Ejemplos paradigmáticos son, por ejemplo, las antiguas leyes de esterilización, que se adoptaron a partir de mediados de los años 1930 y fueron enmendadas o abolidas solo en los años 1970. Leyes dirigidas especialmente a mujeres pobres, de clase trabajadora, pertenecientes a colectivos marginados y minorías étnicas, o, simplemente a aquellas que, de forma genérica, respondían al apelativo de “débiles mentales”, una referencia que incluía a mujeres con discapacidad, pero también a madres con sobrecarga o a mujeres consideradas demasiado “promiscuas.” En todo caso, nótese, siempre eran las mujeres las destinatarias, ya que se las consideraba más responsables que los hombres de la maternidad y la crianza de los hijos.

En 1999, después de una investigación de las prácticas históricas de esterilización involuntaria en Suecia, el Estado sueco emitió una disculpa pública a las víctimas y estableció un plan de compensación para facilitar su acceso a una indemnización. La ley de compensación detallaba las situaciones en las que había que entender que las esterilizaciones no se habían realizado voluntariamente: por ejemplo, si la persona en cuestión no había firmado su formulario de esterilización, si era menor de edad o carecía de capacidad jurídica, si estaba internada en alguna institución, si el la esterilización fue motivada por un diagnóstico de enfermedad mental, deficiencia mental o epilepsia, si la esterilización había sido la consecuencia de un requisito que la exigiera para casarse, acceder a un aborto o recibir prestaciones sociales, o si se podía considerar que la persona en cuestión había aceptado la esterilización bajo coerción o a resultas de una negligencia.

Según la ley sueca, las víctimas pueden solicitar una indemnización por escrito y como el estado ya contaba con registros centralizados, basta con que un comité de compensaciones revise los expedientes médicos de las solicitantes para evaluar si se dan las condiciones que exige la ley. Con ello se trata de establecer un procedimiento que facilite el acceso a la indemnización de las víctimas y evite la victimización secundaria y la (re)traumatización que probablemente acompañarían a procesos dirimidos ante tribunales de justicia. La suma de la indemnización se fijó en un importe ligeramente superior a la suma media de indemnización que se reconoce a las víctimas de violación.

¿Cuál será el resultado de las demandas que ahora presentan las mujeres groenlandesas ante los tribunales? ¿Y cuál será el resultado de la investigación danesa en curso? Si el Estado danés opta por reparar a las víctimas, ¿lo hará sólo para las víctimas que están acudiendo a los tribunales, o establecerá un programa administrativo de reparaciones para todas las víctimas de las que tenga constancia? Lo sabremos en los próximos años, pero una lección que aprender del precedente sueco es que si el Estado danés quiere verdaderamente reconciliarse con su pasado de opresión colonial tal vez sea prudente que opte por un mecanismo que garantice a las víctimas el fácil acceso a las medidas de reparación que acabe por contemplar.