El último Informe sobre la brecha de emisiones de 2023, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), advierte que la temperatura mundial aumentará entre 2,5 y 2,9 ºC por encima de los niveles preindustriales. Por lo que se van a necesitar grandes transformaciones estructurales en nuestro modelo productivo y de consumo si queremos cumplir, de aquí a 2030, con los recortes de emisiones de gases de efecto invernadero prometido: un 28% para el objetivo de 2 ºC y 42% para el objetivo de 1,5 ºC, y asegurar, de esta manera, la sostenibilidad de nuestras sociedades.

Avanzar, a un ritmo suficientemente rápido y sin ningún titubeo, en la transición es fundamental en el escenario de emergencia climática en el que nos encontramos (recordemos que Cataluña ha decretado la fase de emergencia por sequía extrema -consecuencia de la crisis climática-, obligando a tener restricciones de aguas industriales, agrícola y domésticas). El éxito, o no, de ello estará condicionado por las estrategias que adopten los diferentes actores involucrados y, lo que es más importante aún, que todos asuman su responsabilidad en su respectivo ámbito de actuación.

A pesar de todas las “buenas intenciones” declaradas, la evidencia empírica muestra que las estrategias de los principales actores –como los gobiernos y las empresas- no son suficientes para llevar a cabo los cambios estructurales necesarios y más en el contexto de un capitalismo neoliberal global donde priman los intereses empresariales, las estrategias cortoplacistas de los gobiernos, y las actitudes individualistas y consumistas en una parte importante de la sociedad (reflejado en la COP28 de Dubai).

Si bien es cierto que todos los actores tienen una parte de responsabilidad, es especialmente importante el papel de las empresas y el rol que representan en concreto. Las empresas son agentes claves para realizar las transformaciones necesarias pues su actividad tiene una repercusión directa en el medio ambiente. Es más, tal como indica el Comité Económico y Social Europeo:“La responsabilidad empresarial moderna no solo consiste en ”no causar un perjuicio“, sino -lo que es más importante aún- en ”hacer el bien“ mediante el suministro de bienes y servicios sostenibles, empleos de calidad, soluciones ecológicas y contribuciones al erario destinado a los servicios públicos” (DICTAMEN “Responsabilidad empresarial moderna: vías de mejora de la capacidad de las pymes y las microempresas para lograr una transformación satisfactoria”. 2023). Sin embargo, esta contribución “voluntaria” de responsabilidad y mejora ambiental por parte de las empresas dista mucho de estar consiguiéndose.

La organización “New Climate Institute” junto con “Carbon Market Watch” evaluaron, el año pasado, las estrategias climáticas de 24 grandes empresas mundiales -24 grandes multinacionales de ocho sectores industriales y de consumo. El análisis estuvo enfocado en cuatro áreas principales de la acción climática de las empresas: Seguimiento y divulgación de las emisiones; fijación de objetivos de reducción de emisiones; reducción de las propias emisiones; contribuciones climáticas y solicitudes de compensación. Cabe destacar que en 2021 estas empresas habían declarado unos ingresos de 3,16 billones de dólares, aproximadamente el 10% de los ingresos totales de las 500 mayores empresas del mundo. Su huella total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) autodeclarada en 2019, ascendieron a 2,2 GtCO2e, lo que equivale aproximadamente al 4% de las emisiones mundiales de GEI en 2019.

Trás evaluar el contenido de los compromisos climáticos se observó que la mayoría de ellos eran declaraciones ambiguas, con escasa credibilidad y excluía del alcance del cálculo de las emisiones las generadas en su cadena de suministro, manteniendo compromisos con nivel de integridad bajo o muy bajo (figura 1).

Estas empresas que deberían estar liderando la transición energética se encuentran muy lejos de cumplir su rol de referente en la misma.

En España se pone de manifiesto, igualmente, la baja acción climática en las prácticas empresariales. Según la Encuesta Anual Laboral de 2021, realizada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, tan sólo el 27,6% de las empresas habían implementado medidas de mitigación para reducir el impacto del cambio climático. Este porcentaje aumenta con el tamaño de la empresa llegando al 63% en las empresas con más de 499 trabajadores. Es importante remarcar que en España en torno al 90% de las empresas con personal asalariado son PYMES y micropymes, y por tanto son decisivas para la consecución de la transición hacia una economía más sostenible. Una encuesta realizada por el Banco de España en 2021 y en la que participaron unas 5.000 empresas, preguntaba por las iniciativas puestas en marcha en el ámbito de la transición energética y los principales riesgos que detectaban. En ella, se evidenció que, dentro de cada sector, las empresas de menor tamaño estaban peor preparadas ante este desafío. En particular, una gran mayoría de las empresas de menor tamaño no habrían evaluado el impacto potencial sobre su actividad del cambio climático y de la transición ecológica. Además, condicionado a haber hecho esa evaluación, el porcentaje de pequeñas empresas que esperaban un impacto negativo fue casi 8 puntos porcentuales superior al que presentaban las empresas de mayor tamaño. Las empresas de menor tamaño se mostraron más vulnerables que el resto de las empresas a los problemas que el cambio climático y la transición energética podrían suponer. 

Las iniciativas personales a este respecto se muestran insuficientes. Ahora bien, ¿cuáles son los motivos por los que las empresas no avanzan en dicha transición? Para empezar, no se puede reducir todo a la existencia de factores estructurales que limitan o condicionan la acción de las empresas. Por ejemplo, costes que supone -se ha visto que cuando se altera el escenario socioeconómico (el último, la guerra en Ucrania y sus consecuencias energéticas y económicas) los esfuerzos de las empresas para avanzar hacia un modelo productivo más sostenible pasa a un segundo plano-; o tamaño de las empresas -aquellas de menor tamaño no tienen los suficientes recurso para abordar las necesarias transformaciones así como los posibles efectos sobre su competitividad. Si no que priman, en la mayoría de los casos, sus intereses y beneficios particulares y las medidas propuestas sólo sirven para obtener su lavado de imagen y poder justificarse ante la ciudadanía, la cual dista mucho de conseguir los objetivos de sostenibilidad medioambiental.

Otro aspecto de singular relevancia por sus consecuencias sociales, y en el que tampoco se presta atención, es el relativo a los efectos de la transición energética de las empresas sobre el empleo. Un informe publicado por CCOO realiza un análisis de los impactos laborales de la transición energética. Existe un elevado consenso en el que el desarrollo de la transición hacia un modelo económico más sostenible y bajo en carbono va a tener implicaciones en el mundo laboral pues provocará una transformación estructural que traerá consigo la creación y la pérdida de empleos, cambios en la demanda de trabajo y, por ende, en la demanda de competencia. Los estudios realizados sobre la materia no dejan de ser estimaciones a futuro y no existen evaluaciones que midan el impacto real que se están dando dentro de las empresas en España.

Además del escaso grado de implementación de estas medidas, otro aspecto relevante a destacar es el bajo tratamiento de estos temas en la negociación colectiva. En este sentido, existe un número limitado de convenios colectivos que incluyen cláusulas de medio ambiente. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2022, las cláusulas específicas de medio ambiente eran del 8,89% del total de los convenios, afectando tan sólo al 10,15% del total de las personas trabajadoras.

Todo ello nos hace dar cuenta de que no se está dando el impulso necesario, ni en tiempo ni en forma ni con un papel activo de las relaciones laborales, a una transición justa hacia un modelo económico más sostenible y con mayor justicia social para las personas trabajadoras y la sociedad en general.