La pobreza se reduce en España. La última Encuesta de Condiciones de Vida confirma la mejora de todos los indicadores de pobreza y desigualdad de la última década en nuestro país. Es la noticia que todos los que trabajamos en el ámbito de la inclusión deseábamos leer. En días así, me reafirmo en que las políticas públicas que funcionan son las que se diseñan con vocación social.

Un gran ejemplo es que los hogares siguen recuperando poder adquisitivo. En estos siete años en los que hemos desarrollado políticas de integración, como el Ingreso Mínimo Vital, y medidas para mejorar la estabilidad y la calidad en el empleo, la renta de las familias ha crecido un 34%, 14,5 puntos por encima de la inflación. Sólo en este último año, la renta de los hogares ha crecido más que en los siete años del gobierno del Partido Popular.

Y es aquí donde quiero recuperar el concepto de convicción. Los datos de pobreza han mejorado mucho, pero siguen estando lejos de donde nos gustaría. Y solo si nos convencemos de que este reto mayúsculo es común, podremos ver resultados.

El Ingreso Mínimo Vital es una política -no me gusta calificarla de prestación porque es mucho más­- que en sus seis años de vida ha conseguido disminuir las tasas de pobreza y desigualdad, y contenerlas en contextos complicadísimos que estaban destinados a aumentar enormemente las brechas: pandemia, crisis inflacionistas, inundaciones o guerras comerciales a las puertas de Europa.

Los recientes datos que hemos comentado no se entenderían sin el IMV. Y no lo digo yo. Esta misma semana, el informe publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) confirmaba que el Ingreso Mínimo Vital ha reducido la brecha de pobreza en un 30% en los hogares beneficiarios.

Mirando otros indicadores, como la desigualdad de ingresos o la tasa de riesgo de pobreza, vemos que en España nunca había sido tan bajas. Y no puedo evitar pensar en hasta dónde hemos llegado: el IMV protege a casi 2,5 millones de personas, de las cuáles más de un millón son niños y niñas. De hecho, la pobreza infantil, aunque sigue en niveles altos, es la que más se reduce en este último año.

El número de beneficiarios del IMV ha crecido un 20% en el último año. No significa que haya más gente que lo necesita, sino que llegamos donde antes no lo hacíamos y seguimos trabajando para que sea más fácil de solicitar y más ágil en su gestión. Además, cada año, el Ministerio de Inclusión lo revaloriza. En 2026 será un 11,4% más y un 59% en total desde que se puso en marcha en plena pandemia.

Pero no podemos hacerlo solos.

Mientras que el IMV protege más y con mejores resultados, las rentas mínimas autonómicas están desapareciendo. Las comunidades han dejado de invertir en la lucha contra la pobreza unos 600 millones de euros desde 2020. Hay regiones como Madrid donde la renta mínima casi no existe: ha pasado de proteger 24.415 hogares en 2020 a proteger 207 a finales de 2025. Un 99% menos. Y no es la única, aunque su caso es especialmente grave.

El Ingreso Mínimo Vital se diseñó para sumar esfuerzos. El IMV debía ser un suelo común que igualara a todos los ciudadanos, vivieran donde vivieran. A partir de ahí, las comunidades, Aragón, Galicia, Murcia o Andalucía, debían seguir yendo casa a casa, familia a familia que lo está pasando mal, para darles un mínimo. Pero no ha sido así. Por el camino han dejado de proteger a 264.000 personas y a más de 126.000 hogares vulnerables.

Imaginemos por un momento cuáles serían los datos de la Encuesta de pobreza si esos 600 millones siguieran usándose para este objetivo urgente. Imaginemos ahora cuáles serían si, además, no existiera el Ingreso Mínimo Vital.

Servicios sociales, vivienda, educación, sanidad… son políticas cuya competencia recae fundamentalmente en las comunidades autónomas y están directamente relacionadas con la lucha contra la pobreza. Ampliar sus rentas mínimas, tanto en número de beneficiarios como en cuantía, debería ser una prioridad.

Desde el Gobierno de España no nos cansaremos de pedir colaboración, de pedir que asuman su papel y que se pongan al lado de las personas. La ciencia nos ha demostrado que el dinero que se destina a política social no es un gasto, sino una inversión que retorna en forma de más prosperidad para todos. Hagámoslo posible.

Me dirijo a ustedes en el 134 aniversario de la primera Fiesta del Trabajo en España. Una fecha fundamental para mí como ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero también como la sindicalista, autónoma y mujer trabajadora que he sido a lo largo de toda mi carrera profesional. Una fecha que también me toca en lo personal, pues el 1 de mayo de hace 14 años tuve la suerte y la casualidad de encontrar a quien hoy comparte mi proyecto de vida. Un aniversario especial, como verán, desde muchas perspectivas y, por encima de todas ellas, la de política comprometida con los derechos laborales.

Corría el año 1889 cuando, en los albores de la Revolución Industrial, la ciudadanía se manifestó por primera vez con reivindicaciones tan fundamentales como dedicarle un tiempo tasado al trabajo que fuera equiparable al de descanso y al de disfrute. Más de un centenar de años después, seguimos perfeccionando aquellas demandas a la vez que ponemos sobre la mesa nuevos debates sobre los que urge reflexionar.

La carta del presidente Pedro Sánchez nos dio la oportunidad de plantearnos qué permitir y qué no en el entorno laboral. El ejercicio profesional, máxime si se desarrolla en la esfera pública, debe regirse por unas reglas mínimas de juego limpio, lealtad y transparencia. Es importante parar y seguir reflexionando sobre los nuevos desafíos del trabajo. En el ámbito que me compete, me niego a pensar que llegará el día en que derribar al contrario con ataques personales, mentiras y acoso al entorno familiar sea el modus operandi de la política y el ejercicio de la democracia.

En cambio, ansío el día en el que seamos capaces de valorar y enorgullecernos por los hitos que hoy celebramos. Hitos que, por extraordinarios que parezcan, están transformando nuestro mercado de trabajo gracias a las políticas adecuadas. Los 21 millones de afiliados son mucho más que un número. En España nos cuesta celebrar las grandes cifras macroeconómicas, por eso es mucho más fácil pensar en ellas como 21 millones de nóminas y de personas, de las cuales 10 millones son mujeres. Hoy, son 21 millones de celebraciones, porque no hay mayor garantía de protección social. 

Estos datos no son de un Gobierno, son de un país, y deben servirnos de orgullo.

Cada vez que una mujer se suma al mercado laboral y reducimos la brecha de género –con 2,8 puntos por encima en la base de cotización– es un éxito de país. Cada vez que una persona firma un contrato indefinido –el 87% de los contratos lo son– y cada vez que lo hace uno de nuestros jóvenes –entre quienes la temporalidad se ha reducido 33,6 puntos respecto a antes de la pandemia– es un éxito de país. Cada vez que un talento senior decide alargar su vida laboral de forma voluntaria –gracias a que por fin hemos equiparado la edad de jubilación real a la legal– es un éxito de país. Tenemos motivos para estar orgullosos.

¿Eso significa que nos vamos a conformar? En absoluto, porque el orgullo no es complacencia. Tenemos retos por delante: la OIT advertía hace unos días que el cambio climático expone a “graves riesgos” al 70,9% de los trabajadores del mundo. 

La migración es otro de los grandes desafíos globales, pero yo prefiero verla como una oportunidad. Según estimaciones de la Comisión Europea, la AiRef, el Fondo Monetario Internacional y los datos que manejamos en la Seguridad Social, España necesita del orden de 200.000 a 250.000 trabajadores migrantes al año hasta 2050 para sostener su Estado del Bienestar.

Actualmente, los trabajadores extranjeros suman casi 2,8 millones en España, los cuales suponen el 13,2% del total de afiliados. Y, fuera de bulos y falsos prejuicios, representan un balance netamente positivo en el sostenimiento de nuestro sistema púbico: el 10% de los ingresos de la Seguridad Social proviene de trabajadores migrantes, mientras que representan apenas el 1% del gasto.

El futuro de las migraciones lo estamos construyendo ahora. España es un país de acogida con una larga tradición de solidaridad con aquellos que buscan un futuro mejor, como hace no tanto lo hicieron otros países con nuestros antepasados. La desmemoria es el mayor peligro de nuestra democracia, pero hemos demostrado estar a la altura y que esta es la senda correcta.

También lo fue concebir el Ingreso Mínimo Vital como una prestación viva y compatible con el empleo. El Incentivo al Empleo, que entró en vigor el 1 de enero del 2023, ya ha sido aprovechado por 100.000 familias y su evidencia científica demuestra que está siendo un verdadero estímulo para que los beneficiarios del IMV estén más abiertos al mercado laboral.

En definitiva, y por acabar con un mensaje de confianza, España es un país fuerte, con una sociedad vibrante y un enorme potencial. Tenemos las herramientas y el talento para construir un futuro en el que el empleo sea el eje de una sociedad más igualitaria, inclusiva y justa. 

Feliz Día del Trabajo a los más de 21 millones de trabajadores y trabajadoras. Feliz Día del Trabajo a los más de 10 millones de pensionistas que un día también lo fueron. Celebremos los éxitos alcanzados.