Ha pasado más de un año desde la histórica movilización del 20 de abril. Aquel día, una marea humana desbordó las islas bajo el lema “Canarias tiene un límite”, reclamando ponerle freno a la deriva depredadora del actual modelo turístico y la apertura de un debate sobre el rumbo político, social y económico del archipiélago. Pasado el año, el gobierno de Canarias sigue sin responder y, en consecuencia, las movilizaciones vuelven a las calles.

Las élites económicas y políticas de Canarias siempre han renunciado a tener un proyecto autónomo para las islas. Mientras que la oligarquía económica sustituyó la gestión del monocultivo colonial por la mala venta del suelo para la construcción masiva y la captura de divisas del turismo europeo, la clase política se limitó, salvando honrosas excepciones, a rendir las instituciones del autogobierno canario a la expoliación, el saqueo y el beneficio económico de una minoría. Regalaron nuestra tierra, nuestras playas e incluso nuestras casas mientras descapitalizaban nuestra educación, nuestra sanidad y nuestros derechos laborales. Todo para la oligarquía y nada para el pueblo. O como lo define el profesor (y buen amigo) Pedro González de Molina: Estado máximo patronal, Estado mínimo social.

El divorcio entre la Canarias oficial y la Canarias real es absoluto. Es cierto que, en perspectiva histórica, la separación no es novedosa. Sin embargo, el 20 de abril cambió la dinámica: el propio pueblo enunció su descontento, se afirmó como sujeto y reclamó un cambio. A las masivas movilizaciones no sólo le siguieron nuevas convocatorias, sino también episodios que merecería la pena poner en valor como la huelga en el sector hostelero durante la Semana Santa. Cambia el estado de ánimo y burbujea la conciencia de un pueblo que pide límites frente a los abusos de los poderosos. Hay una Canarias de futuro que desea nacer, pero el viejo orden de las cosas se resiste.

En su momento dijimos que los límites son un patrimonio democrático del pueblo porque constituyen la protección de la mayoría frente al abuso de las oligarquías. Su reclamación interpeló a amplios sectores del pueblo canario y los movilizó porque ofrecía un diagnóstico compartido sobre lo que ocurría en las islas, dibujando un horizonte común hacia el que avanzar. Ahora que vuelve a llamarse a la movilización, es necesario que reflexionemos sobre cómo ir más allá. Sobre cómo convertir la exigencia democrática de límites en una potencia política transformadora.

Visto que la política tradicional es incapaz de dar respuestas a las demandas de un pueblo que no se siente representado, es el momento de exigir un programa de límites para defender Canarias y ganar el derecho a que podamos hacer nuestro propio futuro. 

Que las demandas que movilizan a la sociedad canaria se hagan programa político. Moratoria turística para frenar la deriva depredadora, ecotasa para que la justicia fiscal repare los daños a la tierra y prohibición del alquiler vacacional en el archipiélago para que las casas sean casas y no hoteles. Territorio, reparación y derecho al hogar. Sentido común para aglutinar mayorías, aderezado con un punto de contundencia para que las élites, atrincheradas en instituciones, patronales, juzgados y algunas editoriales, no nos desvíen del camino. 

Porque estas palancas de transformación no dibujan el final, sino el principio. La apertura de una nueva etapa dónde podamos, democráticamente, formular un rumbo más justo, social y sostenible para nuestro archipiélago. Un nuevo contrato social para Canarias que haga posible un objetivo que es, a la vez, sencillo pero revolucionario: que las canarias y canarios podamos vivir en nuestra tierra.

La oposición movía ficha, el Parlamento de Canarias votaba las principales reclamaciones del 20-A (ecotasa, moratoria turística y limitación de viviendas a extranjeros) y la alianza de gobierno las tumbaba. Los partidos del gobierno reaccionaban proponiendo cobrar a los turistas el acceso a los espacios naturales como alternativa neoliberal a la ecotasa y encargando un estudio jurídico sobre la limitación de la compra de viviendas por extranjeros. Contrapropuestas para ganar tiempo y pilotar la situación, pero la política canaria va más allá de los partidos.

Al calor del debate legislativo, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional lanza una batería de medidas donde mezclan las propias del sector con algunas enarboladas por los manifestantes (ecotasa o moratoria). Por otro lado, el empresario Wolfgang Kiessling decide hacer la guerra por su cuenta atacando a los ecologistas con un vídeo desde las redes sociales del Loro Parque, mientras que unos días antes el presidente de la patronal turística estallaba en la radio cuando se hablaba de los salarios del personal de la limpieza. División en el mundo económico y nerviosismo entre unas élites que se creían impunes.

Convulsiones en los partidos, revitalización del activismo social, competición entre alcaldes, declaraciones contradictorias e intereses contrapuestos entre los sectores económicos… No fue sólo una manifestación ¿Qué está ocurriendo?

El movimiento del 20 de abril navega sobre la ruptura de tres consensos que sostienen el modelo de desarrollo canario: la renuncia del pueblo a la diversificación productiva a cambio de que el turismo mejorara su calidad de vida, la diferencia territorial entre zonas turísticas y residenciales, y aparcar ciertas cuestiones de nuestro carácter archipelágico (reclamación de aguas o política portuaria) a cambio de los beneficios de formar parte de la Unión Europea.

La quiebra de estos consensos impide que estos actores (políticos, sociales, económicos e intelectuales) se presenten como capaces de hacer que la economía funcione en favor de todos. Además, esto no ocurre en un momento de derrumbe financiero o de colapso pandémico, sino en una coyuntura donde la locomotora turística funciona a pleno rendimiento. Hacer un llamamiento a la espera de tiempos mejores no es creíble cuando se baten récords de turistas. La confianza se rompe, las expectativas se truncan y la gente exige soluciones.

Ante a una crisis de hegemonía, el bloque de poder tiene dos opciones: intentar desactivar frontalmente la impugnación ciudadana o arriesgarse a pilotar una regeneración “desde arriba” donde se asuman algunas de las demandas, se reformulen otras en unas condiciones aceptables por los sectores dominantes y se desactiven aquellas que golpean más duramente al statu quo.

Los cruces de declaraciones y posiciones revelan que existen divergencias e intereses contradictorios entre los diferentes sectores que componen el bloque de poder canario. Por ejemplo, la agenda de los rentistas inmobiliarios no parece coincidir completamente con la agenda de la patronal turística, así como las pretensiones regeneradoras de Coalición Canaria no casan con el Partido Popular, que prefiere ejercer su rol en el cogobierno como cortafuegos ideológico en favor de los grandes intereses económicos.

Mientras dure, esta división da tiempo a quienes buscan una respuesta nacional, democrática y popular. ¿Cómo puede el pueblo aprovechar esta oportunidad? Esta es la gran pregunta estratégica del momento político actual.

Diversos colectivos lanzaron la iniciativa Canarias Palante, que busca impulsar, según sus propias palabras, un “proceso participativo para un cambio de modelo” que “permita a la gente ser parte del modelo económico y social de canarias”. La metodología, que recoge propuestas mediante formularios virtuales, quiere canalizar el ánimo impugnatorio de manera constructiva para empezar a dibujar un nuevo modelo productivo. Mas allá del recorrido que tenga, la iniciativa toca un aspecto clave: buscar que la cadena plural de críticas e impugnaciones tome forma de agenda para la transformación integral del archipiélago.

Porque una vez abierto el debate público, el reto está en liderarlo.

La división entre los sectores dominantes y que todavía disten tres años hasta la próxima cita electoral es una oportunidad para el movimiento popular, que puede ensamblar una propuesta sólida sin ser presa de las urgencias. La claridad en el rumbo es condición de posibilidad de que las transformaciones que el archipiélago reclama se concreten en políticas públicas, bien porque un gobierno ceda ante la presión ciudadana, bien porque un cambio político las haga posibles o bien por una combinación de ambas.

El reparto de la riqueza, la diversificación productiva, el derecho a la vivienda o el cuidado del territorio son cuestiones nucleares para curar las heridas que desangran a la sociedad canaria. Cualquier agenda de reformas debe incluir estos principios y concretarlos en resultados. De no hacerlo, la oportunidad de cambio corre el riesgo de agotarse bajo una performance cosmética.

La respuesta ciudadana ha sido ejemplar reivindicando los límites como patrimonio democrático para escribir un nuevo contrato social y señalando a los de arriba como responsables del agotamiento del actual modelo turístico. Una oportunidad sin precedentes para avanzar que el pueblo canario no debería desaprovechar. Y no es para menos, porque nos jugamos el futuro de Canarias.