Gaza es una herida abierta de la humanidad. Una herida dolorosa de destrucción y una violencia estéril que tan solo se alimenta a sí misma década tras década. La primera misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, en mayo de 1948, fue en Palestina hace 77 años; cientos de miles de víctimas, ciudades destruidas, familias enteras, niños, están en este momento privadas de alimento, de agua, de medicinas, de alojamiento. ¿Cuánto más hay que esperar para cerrar esa herida? 

Hay un camino alternativo a la violencia permanente y el dolor sin fin. Un camino que parte de reconocer que el pueblo palestino y el pueblo israelí tienen derecho, exactamente el mismo derecho, a vivir en paz y seguridad. Un camino cuyo punto de llegada es la paz y que necesariamente pasa por reconocer el Estado palestino y aplicar la solución de dos Estados. No hay atajos ni vías alternativas para alcanzar una paz irreversible en la región. 

Por eso España reconoció, hoy hace un año, al Estado palestino. Lo hicimos porque el pueblo palestino no puede estar eternamente condenado a ser un pueblo de refugiados, porque es bueno para la seguridad y la estabilidad de Israel y la región, porque así lo demandaba el sentir del pueblo español y, sobre todo, porque es la vía hacia la paz. 

Además, España fue el primer país en solicitar la celebración de una conferencia internacional para lograr la aplicación de la solución de dos Estados. Desde entonces, se han dado pasos en ese camino: en septiembre de 2024 en Nueva York se creó la Alianza Global para la Implementación de la solución de dos Estados, que se ha reunido ya cinco veces. También se ha convocado una Conferencia de Alto Nivel sobre la resolución pacífica de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución de dos Estados, el 17 de junio en Nueva York. Es sin duda un momento crucial en una cadena de acontecimientos que no habría sido posible sin este impulso inicial del 28 de mayo de 2024. 

Todos asistimos consternados a las imágenes diarias de destrucción y muerte en Gaza, y es verdad que ya es difícil encontrar las palabras, pero no podemos permitir un silencio que siempre va contra las víctimas. Hay que alzar la voz, hay que hablar, hay que seguir sumando voluntades y uniendo fuerzas. Y hay que convertir esa voluntad y esa unión en acción. El pasado domingo nos reunimos en Madrid 20 países para exigir, con una misma voz, el final de la guerra y de la violencia en Gaza. Países muy diferentes, con gobiernos de distinto signo político y religiones distintas, pero unidos en lo esencial: no tenemos más enemigo que la guerra y la violencia. No tenemos más objetivo que la paz. No tenemos más interés que aquello que todos compartimos: la más elemental humanidad. 

La violencia debe parar, la masacre de inocentes debe parar, la paz debe llegar y la comunidad internacional debe reaccionar. España ha propuesto a los socios europeos aplicar lo que ya aplicamos en nuestro país: un embargo a la venta de armas a Israel, la aplicación de sanciones contra los colonos violentos y quienes obstaculizan la solución de los dos Estados y la suspensión del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Israel por incumplimiento en lo relativo a la defensa de los derechos humanos.

No queremos un futuro luchando contra la violencia y la guerra, queremos un futuro sin violencia y sin guerra y hay un camino para lograrlo. España empezó a recorrerlo hoy hace un año con el reconocimiento del Estado palestino y vamos a seguir caminando, vamos a seguir sumando fuerzas y voluntades para la paz, para la seguridad, para la justicia y por la humanidad.

Se cumplen tres años del inicio de la injustificable guerra de Rusia contra Ucrania. Tres años de ataques diarios a un país soberano y democrático, de agresión a los valores sobre los que construimos el orden internacional y la Unión Europea. Pero también tres años de resistencia del pueblo ucraniano, con el apoyo de Europa y de las democracias occidentales, en defensa de esos mismos valores en los que nos reconocemos como pueblos libres y sobre los que hemos construido las mejores décadas de prosperidad, igualdad y crecimiento de nuestra historia. 

España está presente en todos los foros internacionales en los que, en este momento, se está definiendo nuestro futuro: este lunes, en el aniversario de esa agresión, el presidente del Gobierno visitaba Kiev, junto a otros dirigentes europeos, donde ha anunciado un nuevo paquete de ayuda de 1.000 millones. En Nueva York, esa misma tarde, apoyamos en la votación en la Asamblea General el proyecto de resolución de Ucrania y de la UE. En Bruselas, me reunía a lo largo del lunes con los ministros de Asuntos Exteriores y la Alta Representante de la UE para tomar decisiones y fijar posiciones. 

Países con diferentes realidades e intereses nacionales, también con distintas orientaciones ideológicas, pero con una determinación compartida: mantener el compromiso con Ucrania que es también un compromiso con la seguridad y los valores de Europa. Defender los valores de la democracia, la paz justa y el orden internacional basado en reglas que dieron sentido a nuestra Unión y cuya vigencia cobra hoy, precisamente porque están amenazados, más sentido que nunca.

Europa quiere la paz, pero queremos una paz justa, global y duradera para Ucrania y para Europa, que no sea un mero alto el fuego. Una paz que no recompense la agresión ni ponga al mismo nivel al agresor y la víctima. Queremos una paz que cumpla con los principios de la Carta de Naciones Unidas, que garantice la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. No puede haber paz justa para Ucrania sin Ucrania y no puede haber garantía de seguridad creíble para Europa sin contar con Europa.

La UE es la mayor unión política y económica del planeta y durante años los europeos hemos hablado de la necesidad de traducir ese peso en presencia e influencia internacional. Es la hora de pasar de la teoría a la práctica: ya no basta con hablar sobre una Europa fuerte, hay que hacerla realidad. Para ello se requieren decisiones trascendentales para el porvenir de Europa, pero no partimos de cero. Igual que la Unión Europea adoptó medidas sin precedentes para hacer frente unidos a la crisis económica o al COVID, y consiguió gracias a ello superarlas, debemos responder con unión y desde la unión ante las amenazas a nuestra seguridad y a nuestra democracia y debemos hacerlo ya. 

Por eso España propone iniciativas concretas que estén a la altura de los desafíos a los que nos enfrentamos. 

En primer lugar, debemos aumentar a muy corto plazo la capacidad de despliegue rápido para intervenir en caso de crisis y que sea el embrión de un verdadero ejército europeo. 

En coherencia con lo anterior, debemos desarrollar la industria de defensa europea, de manera progresiva y ambiciosa, para que tengamos aseguradas las capacidades que necesitamos y también para fomentar la innovación y la creación de empleo en Europa.

Pero la garantía de la seguridad en este momento va mucho más allá de la defensa. Europa debe adoptar un concepto amplio de seguridad que incluya aspectos como la desinformación y los ataques híbridos, la protección civil, la seguridad de bienes fundamentales y la protección de infraestructuras críticas.  

Igualmente, debemos reforzar la autonomía y convergencia estratégica de Europa, para que seamos solidarios en un mismo análisis de riesgos, integrando adecuadamente la dimensión de la vecindad sur que es vital para España y para la Unión Europea.

Finalmente, la seguridad debe ser entendida como un bien público europeo y debemos garantizarlo como hacemos otros con otros bienes públicos. Por ello, la clave, la condición y la premisa de todo lo anterior es la movilización de la financiación necesaria a escala europea. Una financiación adicional que sea suficiente para hacer realidad la seguridad de nuestras sociedades y nuestra democracia en este nuevo entorno.

Hoy amenazan a Europa quienes siempre rechazaron los valores de paz, justicia social y democracia sobre los que se construyó y lo hacen desde fuera de nuestras fronteras, pero también desde un euroescepticismo que trabaja contra Europa y contra el interés de cada país, también de España. A lo largo de estas décadas hemos comprobado que, en un mundo de grandes potencias, nuestra unión es nuestra fortaleza. Es algo que saben perfectamente quienes quieren una Europa dividida porque quieren países europeos debilitados. Por eso, defender hoy el interés de España es defender Europa. El verdadero patriotismo español hoy está en defender Europa.

Las crisis son momentos de peligro pero también de reacción. Las amenazas unen, las identidades se fortalecen, los compromisos se hacen firmes, los avances se aceleran. Estamos ante una encrucijada histórica y del camino que tomemos dependerá lo que sea Europa y lo que seamos, como país, cada uno de nosotros. Ante ese escenario mundial que se está reconstruyendo, la decisión del Gobierno de España es clara: estamos con los derechos humanos, estamos con el multilateralismo, estamos con la paz justa y segura, estamos con la justicia social y, por todo eso, estamos con Europa, con una Europa con más presencia, seguridad e influencia. Esta puede ser, esta debe ser la hora de Europa.

La escala de los mapas no ha cambiado pero las distancias ya no son las mismas que hace apenas unas décadas en un mundo en el que lo global y lo local se mezclan. Lo comprobamos cada día con los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, el fenómeno migratorio, la situación en el África Subsahariana y el Sahel o la globalización económica, científica y cultural. Ante retos y oportunidades que trascienden fronteras, la respuesta eficaz debe tener la misma escala y trascender fronteras.

Por eso la cooperación al desarrollo española es un instrumento que recoge la mejor expresión de la solidaridad de la ciudadanía española, pero es también una política pública esencial para nuestro progreso y nuestro bienestar, un ejercicio de responsabilidad con nuestro futuro como sociedad española y como parte de la sociedad global. Es la proyección hacia el exterior de nuestros mejores valores –los que nos definen como una sociedad democrática, humanista y avanzada– pero también una herramienta esencial para construir un mundo próspero, sostenible y en paz.

El año pasado fue histórico para la Cooperación Española. Aprobábamos una ley de cooperación con un amplio respaldo social y parlamentario que da cuenta de la transversalidad de esta política pública. Con ese texto desplegamos una reforma amplia y profunda de la cooperación que ha tenido continuidad en la aprobación esta misma semana por el Consejo de Ministros del Plan Director de la Cooperación Española que marcará nuestra actuación de 2024 a 2027. Un documento que se aprueba tras un largo proceso participativo con la sociedad civil, las Comunidades Autónomas, los entes locales y los grupos parlamentarios. Un Plan Director que supone un impulso transformador en varios ámbitos.

En primer lugar, el Plan Director apuntala el compromiso de alcanzar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta en Ayuda Oficial al Desarrollo para el año 2030. Una reivindicación histórica de la sociedad española. Nuestro objetivo es que el 10% de la Ayuda Oficial al Desarrollo se dedique a Acción Humanitaria, en línea con el esfuerzo que estamos realizando en los últimos años: desde 2018, hemos triplicado el presupuesto en acción humanitaria gestionado por AECID, hasta alcanzar los 114 millones de euros.

En segundo lugar, el Plan Director incluye por primera vez al África Occidental y el Sahel como una de sus regiones prioritarias, junto a la tradicional y permanente relevancia de América Latina. Quien decide por necesidad no decide libremente y solo la necesidad extrema puede llevar a tantas personas a dejar su tierra y a su familia para intentar ganarse un futuro a miles de kilómetros emprendiendo un viaje que pone en riesgo sus vidas. Por ello, vamos a prestar aún más atención al África Subsahariana con un acento particular en la creación de oportunidades, de trabajo y formación para los jóvenes y en la atención y protección de los derechos de las mujeres. El Plan Director también identifica a Ucrania como país de interés especial, lo que nos permitirá seguir trabajando en la recuperación y reconstrucción del país cuando acabe la guerra.

En coherencia con lo anterior, y en línea con la Agenda 2030, nos fijamos como objetivo promover una triple transición social, económica y ecológica. La lucha contra el hambre, contra el cambio climático, la educación, el acceso al agua y el avance en los derechos de mujeres y niñas son los sectores prioritarios del nuevo Plan Director.

El Plan Director supone un compromiso con el multilateralismo que se traducirá en la elaboración de una Estrategia de Política Multilateral para el Desarrollo Sostenible y que tendrá expresión en 2025 en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo que se celebrará en Sevilla, en lo que supone un reconocimiento a nuestra capacidad de tender puentes a nivel internacional. En el horizonte, el compromiso del Presidente del Gobierno de situar a España entre los diez primeros donantes en el año 2027.

Finalmente, este nuevo Plan Director integra la reforma del sistema de Cooperación Española y sirve de guía para su desarrollo señalando hojas de ruta específicas con los diferentes actores del sistema de cooperación: ONGDs, sindicatos, universidades, Comunidades Autónomas y entes locales. En el centro de la reforma del sistema se sitúa la AECID que, gracias a su nuevo Estatuto que aprobaremos después del verano, reforzará su papel como piedra angular del sistema en la coordinación operativa de actores y la generación de alianzas.

Al Plan Director se suma además la aprobación del nuevo Estatuto de las Personas Cooperantes que supone un importante avance en la protección de los derechos de los más de 2.500 cooperantes españoles y sus familiares, en su formación y desarrollo profesional y en su reincorporación una vez finalizada su misión internacional.

Este nuevo Estatuto incorpora varias novedades, como la ampliación del marco de aplicación, por ejemplo a los empleados de consultoras, y la mejora de los derechos de las personas cooperantes y sus familiares en un contexto en el que la conciliación de la vida familiar y laboral es particularmente difícil: por ejemplo, se incluye que las personas cooperantes y trabajadores humanitarios se beneficien de un régimen de indemnizaciones por fallecimiento e incapacidad similar al de los periodistas o las tropas que trabajan en zonas de conflicto. 

Otro hito importante es la previsión, contenida en el Estatuto, de un perfil profesional específico en la clasificación de ocupaciones del Servicio Público de Empleo (SEPE), lo que contribuirá a la profesionalización del sector y al reconocimiento de la labor de los cooperantes. Además, se establecen medidas para promover su formación y el desarrollo profesional, así como para facilitar su reincorporación una vez finalizada su misión internacional.

Se trata, en definitiva, de avances que beben de décadas de compromiso y de una experiencia acumulada que hoy nos permite actuar allí donde somos más útiles, más necesarios y más eficaces para contribuir a ese objetivo irrenunciable de ir construyendo un mundo más humano, más justo y en paz. Sabemos que alcanzar ese horizonte llevará tiempo y esfuerzo, pero nuestro compromiso es más firme y más necesario que ningún otro.

Reconocer el Estado de Palestina es empezar a saldar una deuda que la comunidad internacional tiene desde hace 76 años con un pueblo cuya identidad ha sido frecuentemente despreciada; sus tierras, ocupadas, y sus instituciones, negadas. Es, además, empezar a construir un camino hacia la paz y la seguridad que también necesitan los israelíes. Porque solo reconociendo la parte aún no reconocida, el Estado de Palestina, empieza a hacerse realidad la única solución posible a este conflicto que causa tanto sufrimiento: la solución de los dos Estados. 

Reconocer la legitimidad de una de las partes que sufren este conflicto no solo no va en perjuicio de la otra: al contrario, la asegura y le da garantías, porque abre una vía hacia la paz y la seguridad que necesita el Estado y el pueblo amigo de Israel, tanto como el pueblo amigo de Palestina. 

Hoy España da un paso histórico que representa el sentir mayoritario de la sociedad española, ya reflejado en una votación casi unánime en el Parlamento español en 2014. Una sociedad que se identifica con el diálogo y el multilateralismo como formas para afrontar los conflictos. Una sociedad, la española, que defiende la paz en Ucrania al igual que defiende la paz en Palestina. Es un paso valiente, porque, aunque otros 143 países nos han precedido en el reconocimiento del Estado palestino, hemos adoptado una posición de liderazgo en Europa y en el mundo ante una situación intolerable. Una situación que comenzó el 7 de octubre con los horrendos atentados de Hamas, que acabó con la vida de 1.200 israelís y que condenamos desde el primer momento. 

Meses después, el balance no puede ser más desolador. Con más de 35.000 palestinos muertos –muchos de ellos mujeres y niños– y cientos de miles de personas desplazadas y privadas de alimento, de agua, de medicinas, de alojamiento, no podemos quedarnos cruzados de brazos. 

Cuando acabe la guerra en Gaza los españoles podrán decir con orgullo que su Gobierno y su país estuvieron defendiendo la legalidad internacional y la dignidad humana. En Ucrania y en Palestina. Sin dobles estándares. Sin excusas"

La paz no puede esperar y solo será posible si preservamos un orden internacional basado en reglas; un orden donde no se deshumanice ni  convierta en cotidiano el sufrimiento, los desplazamientos y la muerte indiscriminada de personas. Cuando acabe la guerra en Gaza los españoles podrán decir con orgullo que su Gobierno y su país estuvieron defendiendo la legalidad internacional y la dignidad humana. En Ucrania y en Palestina. Sin dobles estándares. Sin excusas. Al frente de los mismos principios que nos guían ante cualquier injusticia, promoviendo soluciones que, además de justas, son útiles y necesarias.

Ese Estado palestino debe ser viable, poniendo Gaza y Cisjordania bajo la Autoridad Nacional Palestina, unidas por un corredor, con una salida al mar y con capital en Jerusalén Este"

Hoy reconocemos al Estado palestino porque es de justicia, pero también porque es la única opción viable para la paz. Y ese Estado palestino debe ser viable, poniendo Gaza y Cisjordania bajo la Autoridad Nacional Palestina, unidas por un corredor, con una salida al mar y con capital en Jerusalén Este. 

Reconocemos al Estado Palestino porque el pueblo Palestino no puede estar condenado a ser un pueblo de refugiados, porque es el camino para la paz en oriente Medio y porque es la vía para que Israel alcance la seguridad que legítimamente demanda.

El pueblo palestino tiene derecho a un futuro de esperanza del mismo modo que el pueblo de Israel tiene derecho a un futuro en paz y seguridad y, tras tantas décadas de dolor y enfrentamiento, sabemos que no puede haber lo uno sin lo otro: la seguridad de Israel, la paz en la región, están estrechamente entrelazadas con la esperanza del pueblo palestino de tener un Estado. Paz, esperanza y seguridad, ambos pueblos tienen derecho a ello, exactamente el mismo derecho.

En ese camino hacia la paz definitiva, España ha propuesto la celebración de una conferencia internacional de paz tan pronto como sea posible tras el cese de la violencia, y con el objetivo de avanzar hacia la materialización de la solución de dos Estados. La Unión Europea ya ha expresado su apoyo a nuestra propuesta, también lo han hecho la Liga de Estados Árabes y la Organización para la Cooperación Islámica. En total, más de ochenta países ya se han sumado a la propuesta española. El objetivo no es otro que ayudar con el multilateralismo a abrir una nueva página en la historia de Oriente Medio: la de la paz definitiva.

El mejor camino para proteger y garantizar la aplicación de esa solución de dos Estados pasa, asimismo, por admitir al Estado Palestino como miembro de pleno derecho de la Organización de las Naciones Unidas. Tuve el honor de defender su ingreso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Posteriormente, España copatrocinó la votación en la Asamblea General, donde votaron a favor 143 países que representan más de dos tercios de los miembros.  

Reconocemos al Estado Palestino porque no se puede esperar más. En mayo de 1948, tres años después de la conferencia de San Francisco que creó las Naciones Unidas, esa organización lanzaba su primera operación de mantenimiento de la paz. La primera de la historia. Hace 76 años y aquella primera misión de mantenimiento de la paz ya fue en Palestina. No hay ningún problema más antiguo al que se haya enfrentado Naciones Unidas ¿Cuánto más debemos esperar para solventarlo?

El pueblo palestino debe tener un Estado propio, y también el lugar y la existencia de Israel debe ser reconocido por todos aquellos que aún no lo han hecho. Es de justicia para Palestina, es la mejor garantía de seguridad para Israel, y es la primera y fundamental condición para un futuro de paz en la región.

La paz, la justicia, la esperanza y el futuro son valores que vale la pena defender y apoyar. Este es el sentido y también el sentir de nuestra decisión de hoy como Gobierno y como país. Así lo hace y lo hará España por la paz, por la justicia y por pura humanidad.