El Consell Valencià de la Joventut (CVJ) ha presentado esta semana su Observatorio de Emancipación y, para variar, no nos ha traído buenas noticias. En el primer semestre de 2023 solo el 15,5% de la juventud valenciana estaba emancipada. O, dicho de otra forma, más del 84% de las personas jóvenes no pueden vivir de manera independiente. Esto se explica, sobre todo, por la dificultad de acceso a una vivienda digna, una dificultad que es fácilmente apreciable si tenemos en cuenta que, según el propio Observatorio, una persona joven debe dedicar de media el 77,7% de su salario en alquiler para independizarse en solitario. Misión imposible, vaya. ¿Y la compra? Pues imposible también. Solo para acceder a la entrada de un piso, una persona joven debería de dedicar de media 3,5 años de su salario.

Y como se suele decir, dos noticias se entienden mejor juntas. Si el martes se presentaban estos datos que ratifican, una vez más, la precariedad que rodea a la juventud, el lunes conocíamos que las llamadas de veinteañeros que piden ayuda en la línea de prevención al suicidio se han multiplicado. Y aunque puedan parecer datos inconexos, nada más lejos de la realidad. Según el informe “Estado de la Salud Mental de la Juventud Valenciana” (2022), las tres principales causas de aparición de problemas de salud mental en jóvenes son de carácter socioeconómico (inestabilidad laboral, inestabilidad económica y dificultades para emanciparse). Sorpresa para nadie.

Aunque para la juventud sea realmente increíble tener que explicarlo, las condiciones socioeconómicas afectan (y mucho) a nuestra salud mental. Y quien no lo vea es porque cierra los ojos a esa realidad o decide mirar hacia otro lado.

Esta situación insostenible debería de tener una respuesta a la altura en las políticas públicas porque no podemos permitirnos, como sociedad, abandonar una vez más a toda una generación, y desgraciadamente es lo que se está haciendo. Lo hace el Gobierno de Mazón cuando su medida estrella para vivienda joven es la eliminación del impuesto de sucesiones, cuando solo un 3% de jóvenes emancipados lo hacen en tenencia de herencia o donación, mientras que se niegan orgullosos a regular el precio del alquiler, mientras el 57,4% de la juventud emancipada lo hace en ese régimen. Lo hacen también cuando en su anunciado Plan de Salud Mental desaparece por completo la palabra “jóvenes” (0 veces aparece tanto esta como cualquier sinónimo) y con ella cualquier tipo de medida concreta para la franja de población más afectada por la aparición de nuevos problemas de salud mental.

Y esto que es tan sorprendente, no es casualidad si no causalidad. Es causa de una visión que premeditadamente pretende excluir a parte de la sociedad y hacer políticas solo para unos pocos, aquellos que sí que van a heredar una vivienda o que tienen un trabajo que les permite no tener ansiedad por llegar a final de mes.

Una visión en definitiva que pretende arrastrar a los márgenes a la juventud diversa que acumula realidades que les ponen todavía más difícil sin llegar siquiera a poder hablar de salud mental. Una visión antigua de la salud mental que vacía las políticas públicas de la visión psicosocial y aparta a la juventud del foco de debate. Para los suyos todo, y para el resto palmaditas en la espalda y coaching de pacotilla para animarnos a seguir viendo el vaso medio lleno. Mientras la realidad nos ahoga.