Son los dos ya fallecidos casos del PAI Sant Gregori de Burriana y del PAI Doñablanca Golf de Torreblanca. Fallecidos hace años, pero que permanecen insepultos y de cuyas efigies, cual Cid Campeador ante las puertas de Valencia, pretenden los saldos del urbanismo de principios de siglo, hacer reliquias del ladrillo. 

El caso del ya imposible desarrollo del Doñablanca Golf de Torreblanca está siendo en sus estertores de agonía finales extraordinariamente patético. Iniciado en 2003 y tras veintiún años perdidos, hay quien quiere hacer pasar el cadáver por un lustroso y atractivo proyecto. Es un zombi. No importa qué razones tengan sus defensores para intentar dar la imagen de que ahora sí que se va a hacer, cada uno de sus adalides tendrá tales o cuales razones, todas muy privadas y muy ligadas a muy precisos intereses económicos particulares, pero a estas alturas eso ya no resulta significativo. Importa más bien aclarar las cosas desde el punto de vista jurídico y administrativo.

El proyecto está materialmente muerto por al menos seis motivos legales.

En primer lugar porque carece de Declaración de Impacto Ambiental válida, ya que la que se presenta se aprobó en el año 2003 y para un proyecto concreto, que no se llevó a cabo porque la empresa adjudicataria dejó pasar el plazo administrativo acordado en las Bases de programación de treinta y dos meses sin ni siquiera haber movido un palmo de tierra. No nos interesa ahora inquirir en el porqué de su desidia y la posterior desestimación, sino en el hecho de que pasó el plazo concedido y acordado y por tanto prescribieron las Bases del PAI y obviamente, la DIA.

La legislación vigente sobre DIA es del año 2015 y define el plazo máximo de vigencia de cualquier DIA: cuatro años. Si pasado ese plazo no se ha comenzado a desarrollar la obra la DIA legalmente decae. Ese es el caso. Explícitamente esta norma indica que toda DIA tiene una duración máxima de cuatro años, y en nuestro caso han pasado veintiuno. Todo esto lo han advertido repetidas veces en sus informes internos a lo largo de los años los diferentes secretarios e interventores municipales. Sobran comentarios. Simplemente se pretendería por el ayuntamiento desarrollar un PAI sin DIA vigente.

En segundo lugar el ayuntamiento pretende desarrollar un PAI sin que el único organismo capacitado para evaluar la justificación de la suficiencia de recursos hídricos, esto es la Confederación Hidrográfica del Júcar, haya informado favorablemente. Afirman con el mayor entusiasmo que han cerrado un convenio con ACUAMED, la empresa pública de las desaladoras, y que eso ya garantiza suficientemente el suministro.

El acuerdo con ACUAMED implica por parte del ayuntamiento el compromiso de pagar la totalidad de las obras a realizar para la conexión de la desaladora de Oropesa sita a casi treinta kilómetros de distancia, incluyendo las expropiaciones precisas para la conducción a través de tres términos municipales, la estación receptora y el compromiso por el que Torreblanca se haría cargo de las obras precisas, si así lo considerase la empresa, de ampliación y mejora de la propia desaladora. El ayuntamiento dice que eso no es importante porque cuando llegue la hora de pagar le van a pedir a la Diputación que lo pague ella.  Recordamos que la Ley hace referencia estrictamente a que ningún PAI puede ser aprobado si no está previamente garantizada la suficiencia de recursos hídricos por la Confederación Hidrográfica del Júcar, y parecemos estar lejos de cumplirse este requisito imprescindible.

Además la CHJ ha indicado al ayuntamiento que en caso de cerrarse el trato para surtirse del agua de la desaladora, éste se compromete a cerrar los pozos que actualmente abastecen de agua de boca al municipio y utilizar para ese fin sólo el agua desalada. Esto implica una subida del precio de al menos 300 € al año para cada vecino según cálculo del propio interventor municipal. Una broma.

En tercer lugar la posibilidad de creación del sistema de depuración de aguas residuales no está ni acordado, ni por tanto garantizado, ya que no hay  dónde ubicar legalmente la nueva depuradora que el PAI exige y la propuesta de hacerlo en los terrenos del Parque Natural del Prat además de estúpida es ilegal. Un requisito más, indispensable, y del cual parece que no quieren hablar en el ayuntamiento.

Pero el tema verdaderamente más interesante es el de la vigencia o no del PATIVEL.

Como ya hemos indicado, ante la falta de un PGOU del ayuntamiento de Torreblanca, en el año 2002 la Dirección Territorial de Urbanismo aprobó un Plan Parcial, que permitiera avanzar en el proceso urbanístico en la costa del municipio. Es el llamado “Homologación del Litoral del municipio de Torreblanca” que definía las bases sobre las que se estructuraba la totalidad del litoral del municipio. Este plan declaraba urbanizables los suelos al norte del pequeño núcleo ya urbano de Torrenostra y el límite con Alcossebre. Esto incluía ocho sectores de los que tres estaban entre Torrenostra y un viejo camino vecinal llamado Carrasa de Mon Rossi, y cinco conformaban la Unidad de ejecución al norte de este vial, que son los que luego abarcaron el PAI Doñablanca Golf.

La estrategia determinada por esta Homologación del Litoral exigía para el desarrollo de todos estos sectores la ampliación de dicha vía de comunicación a dieciocho metros de ancho, el encintado de sus aceras y su adecuada red de iluminación, indicándose que estas labores deberían desarrollarse “de forma previa o simultanea” al proceso de urbanización de estos sectores. Se añadía que el coste podría repercutirse en forma proporcional entre todos ellos. Este Plan Parcial es anterior a la aprobación de las Bases en el año 2003.

Un imaginativo funcionario municipal defensor a ultranza de Doñablanca, pasó veinte años después, en el año 2023, a informar que el desarrollo del vial debe ser considerado la parte “externa” del PAI. Llama la atención respecto a este punto de vista el sorprendente hecho de que en veintidós años de polémica nadie se hubiera dado cuenta, hasta tan hábil interpretación, de que parte del PAI ya estaba hecho, incluyendo el curioso hecho de que el mismo funcionario no había caído en la cuenta de tan interesante avance en ninguno de los numerosos informes elevados en 2017, 2018 y 2020, y curiosamente ningún otro funcionario del ayuntamiento había dado hasta tan avanzada fecha tan peregrina  interpretación.

Esto es importante porque en 2018 se aprobó el PATIVEL que declara Suelo No Urbanizable de Especial Protección todos los escasos suelos de costa que a esa fecha no estuvieran ya urbanizados o tuvieran un proyecto de urbanización ya en desarrollo, caso este último en el que concedía un plazo de hasta cinco años para comenzar las obras, y en caso de no haberse iniciado en dicho plazo se aplicaría la condición de Suelo No Urbanizable de Especial Protección.

Como en quince años, desde que se aprobó inicialmente el PAI en 2003 hasta el 2018, ni se había iniciado ninguna obra, y ni tan siquiera después del primer fallido intento de 2003 se disponía de Bases de programación válidas ni de Agente Urbanizador, esos suelos entraron en ese condicionante y por tanto si no se habían iniciado las obas en mayo de 2018, vencidos los cinco años de plazo estipulados, esto es en mayo de 2023, los suelos quedaban declarados definitivamente no urbanizables. 

Prodigio de imaginación fue el descubrimiento de que no ya entonces sino años atrás se habían no sólo iniciado sino incluso finalizado las obras nada menos que de una carretera “externa al PAI” obligado por el Plan Parcial, luego, según tan peregrina consideración, ya no se podría aplicar la disposición de prorroga que establecía el PATIVEL. ¡Milagro!

Por otra parte y de forma casi desesperada se intenta demostrar por este probo funcionario que los retrasos en ejecutar el PAI se deben en exclusiva al mal funcionamiento de otras administraciones, que es el otro condicionante que exime de aplicar el PATIVEL en suelos donde ya hubiera un plan urbanístico aprobado pero no desarrollado. Olvida que desde 2003 hasta 2017 no se realizó ninguna actuación, cosa imposible de achacar a otras administraciones, y que desde 2017 al 2020 se siguió sin desarrollar todo el complejo aparato administrativo que requería la implementación del PAI, cosa que señalaron en sus informes los diferentes secretarios e interventores con amarga queja, y que estos mismos funcionarios ya habían advertido repetidamente que el pequeño ayuntamiento de Torreblanca carecía de personal y medios para el proceso administrativo a desarrollar, y que explícitamente en uno de sus informes indican su extrañeza porque se mantuvieran supuestas interminables conversaciones, no reflejadas en elaboración de documentos concretos, con ACUAMED y mientras no se adelantaran los trabajos necesarios para poder llevar a buen término el acuerdo con esta empresa pública. Pretender que ACUAMED y la CHJ son los culpables de que en 22 años no se haya podido llevar a cabo el PAI resulta cuanto menos chocante.

De esta manera resulta difícilmente discutible que en mayo de 2024, no habiéndose realizado ninguna obra, están sobradamente vencidos los cinco años de cadencia que el PATIVEL daba a los ayuntamientos que tuvieran ya realizada reparcelación. Cualquier otra interpretación es un intento de forzar las realidades hasta un límite que no puede provocar más que asombro o risa.

En el 2017, la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, evacua informe según el cual se había determinado previamente la existencia de un humedal en la zona en la que posteriormente se aprueban las Bases para la urbanización del sector. El informe evacuado en el año 2002 determinaba tanto su extensión mínima grafiada en el mismo, como la clasificación en la que quedaba establecido el uso de tales terrenos. “Se ha de clasificar como Suelo No Urbanizable de Protección Especial” decía el informe.

Con atrevimiento singular el ayuntamiento de Torreblanca incluyó el humedal, cuyos terrenos y delimitación se encontraban dentro del PAI como “parque público y zonas verdes”, como si fuera posible no tener en cuenta la declaración de Suelo No Urbanizable de Especial Protección que ya tenían dichos terrenos. Se pretendía considerarlos dentro del PAI, esto es Suelo Urbanizable, cuando obviamente lo que establece la condición de Suelo No Urbanizable es precisamente que de ninguna manera puede ser considerado parte de ningún PAI.

Como es bien sabido, tres sentencias al respecto han sido meridianamente claras, y en especial la del Tribunal Supremo sobre el humedal de Massamagrell ha creado jurisprudencia al respecto. Ningún suelo clasificado como humedal puede ser incluido en ningún proceso de urbanización, en ningún PAI. Este es el caso, al proyecto del PAI Doñablanca Golf se le excluyen explícitamente unas veinticuatro hectáreas por estar declaradas humedal y por tanto protegidas de todo proceso de urbanización, ni como futuros solares ni como parques y jardines, ya que en ambos casos esos elementos tendrían que ser suelos urbanizables.

La sentencia del TS en el caso del humedal de la Quadra de Santiago en Benicassim no se limitó a declarar no urbanizables los terrenos que resultaran ser humedales, sino que en consecuencia declaró nulo el propio Plan de Actuación Integrada. “…anulamos (…) el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benicassim, por el que se aprobó definitivamente (…) el Plan de Actuación Integrada Benicassim Golf”.

Así pues, en el caso que nos ocupa, tenemos la declaración de Suelo No Urbanizable de Protección Especial para un humedal, sito en el interior del PAI aprobado por el pleno de mayo de 2003, y una normativa, aclarada con toda precisión por las sentencias del TS, según las cuales la propia aprobación de ese planeamiento urbanístico debe ser declarada nula por no preservar el humedal de acuerdo a la Ley.  

Y hay aún más razones para afirmar que este proyecto está definitivamente muerto, aunque esté mal enterrado, y especialmente constan los informes de Secretarios e Interventores municipales indicando que este proyecto requiere una previsión financiera que nunca se ha hecho, ya que para tan pequeño municipio el coste total es de tal magnitud y las posibilidades reales tan escasas que la probabilidad de acarrear la ruina del ayuntamiento es excesiva. Ya hay un ayuntamiento en otro lugar de España que por causa de una falta de previsión razonable ha sido declarado judicialmente en quiebra, y en consecuencia todos sus bienes inmuebles han salido a subasta pública y un fondo financiero los está revendiendo a precio de saldo. ¿Es ese el futuro que ediles entusiastas y funcionarios oscuros desean para Torreblanca?

Puede sorprender extraordinariamente que en tales condiciones haya un ayuntamiento que siga insistiendo en aprobar su desarrollo. Es evidente que los mismos que lo intentan mantener como si pudiera aún desarrollarse saben que no tiene ninguna posibilidad, especialmente porque además de todo lo expuesto requiere una inversión de más de cincuenta millones de euros que nadie va a poner encima de la mesa. ¿Quieren simplemente aprobar la obra civil con sus costes, sus primas y quizás otras exigencias económicas no muy presentables y luego abandonar los esqueletos, las calles inacabadas, los cableados muertos y las redes urbanísticas de suministro hueras, y luego desaparecer dejando el pastel como en tantos otros lugares en un preciso paisaje de ruinas y broza? ¿O simplemente siguen la simplista filosofía de “Tira pa’lante y ya veremos”? 

En Abril del 37 Negrín dio su discurso ante la sociedad de Naciones en Ginebra ofreciendo un acuerdo de paz en España si la República recibía el apoyo claro de Inglaterra y Francia para cerrar un final pactado, ante la falta de apoyo de estas potencias en abril del 38 publicó su propuesta en Trece puntos en los que ofrecía una plataforma para acabar la guerra mediante una reconciliación nacional con elecciones libres en todo el territorio, tanto el legítimo republicano como el ocupado por los generales insurgentes. En julio del mismo 38 Azaña dio su famoso discurso en el ayuntamiento de Barcelona ofreciendo la fórmula de Paz, Piedad, Perdón para todos. Pero mientras, Alemania se había anexionado Austria en marzo del 38.

Negrín pensaba que si no recibía ayuda de Inglaterra y Francia tras la derrota militar en el frente de Aragón y la ruptura del territorio de la República en Vinaròs, sólo quedaba forzar esa ayuda lanzando una ofensiva de gran envergadura que obligara a sus supuestos aliados a creer en las posibilidades de la República. Fue la Batalla del Ebro, batalla muy arriesgada porque se haría dejando el gran río a la espalda de los combatientes republicanos imposibilitados de retroceder sin enormes pérdidas. En su buena fe Negrín y Rojo pensaron que si mantenían la batalla un tiempo suficiente el creciente poder de Alemania iría forzando cada vez más a los aliados a cambiar de posición.

Y al principio parecían tener razón. La batalla comenzó en julio del 38 con un sorprendente y eficaz éxito, pero en setiembre Alemania, Italia, Gran Bretaña y Francia firmaron el Pacto de Múnich en el que vergonzosamente dejaban manos libres a Alemania para actuar en Europa central, en octubre Alemania invadió los Sudetes checoslovacos, y ante la evidente rotura del pacto de Múnich por parte de Alemania, y en contra de lo que pensaba Negrín, Gran Bretaña y Francia en vez buscar su propia salvación futura volcándose en ayuda de ese baluarte que era todavía la República Española, se acabaron de rendir y la dejaron morir. La batalla del Ebro pudieron prolongarla hasta noviembre con un fuerte desgaste del Ejército Popular y dos meses después ante la indiferencia suicida de Inglaterra, Franco tomó Barcelona y otros dos meses después entro en Madrid.

La estrategia de Negrín era creíble, lo que no era tan creíble era la mezquina postura suicida de Gran Bretaña, pero para los profundos conocedores de la vida política de Inglaterra era lo obvio, y así lo sabían tanto el duque de Alba, embajador oficioso y muy eficaz de Franco en Londres, como seguramente Azaña y los dirigentes republicanos liberales tan ligados históricamente a Inglaterra. No en vano cuando tras lo de Múnich el primer ministro británico Chamberlain dijo que habían, con su sacrificio, (y el de la República española, por cierto), asegurado una larga paz en Europa, Churchill le respondió que lo que había asegurado era la guerra inminente.

De la misma manera Zelenski pretende ahora, cuando ve ya que la guerra con la Federación Rusa se acaba y que sus aliados están preparando la rendición y la entrega a Rusia de los territorios perdidos en Ucrania a cambio de integrar a lo que quede de Ucrania en la OTAN, salvar Odessa e impedir que Rusia enlace sus nuevos territorios con la Transnistria moldava, y ve que cada vez son sus socios más renuentes a seguir enviando el más avanzado y caro material de guerra a Ucrania, intenta forzar ese apoyo imprescindible con esta dura maniobra de ocupación de territorio ruso.

Intenta prolongar la guerra a la espera de que en menos de dos meses pueda resolverse la presidencia de los EEUU, y de que eso represente un cambio en el apoyo decidido a la guerra en Ucrania, claro está que, según Zelenski cree, siempre que la que gane sea Harris. Piensa seguramente también que la guerra en Oriente Medio se va a prolongar casi indefinidamente y que eso le favorece porque la división del mundo en dos bloques se hará más rígida y la UE y la angloesfera no tendrá más remedio que apoyarle decididamente y entrar en una guerra de mayor envergadura. Tiene que intentar prolongar la ofensiva en Kursk hasta las elecciones USA en octubre. Es suicida, pero si no lo intenta, es el final de la Ucrania post URSS, su final personal, y el de los que desde dentro apoyan su decidida intransigencia en negociar un final que parece ya decidido.

El mismo error que tuvieron en el 38 Negrín y Rojo, confiar en sus presuntos amigos. Se atribuye tradicionalmente a Lord Palmerston en referencia a Inglaterra haber dicho cínicamente: “No tenemos aliados eternos ni enemigos perpetuos, sólo nuestros intereses son eternos y perpetuos”.

Curiosamente no tiene exactamente el formato tradicional de toda norma legal, pareciendo más bien un conjunto de declaraciones de intenciones inconcreto y difuso. Quizás la causa debamos buscarla en el hecho de que más o menos la mitad del texto es simple copia literal, párrafo a párrafo, artículo a artículo, de una Ley similar aprobada el pasado año en Galicia. El resto es en general trasposición de dicha ley gallega con variantes escasamente significativas, si bien el texto de la norma valenciana ha eliminado un cincuenta por ciento de los diferentes apartados de la gallega que indicaban concreción, aspectos de participación ciudadana y procedimientos de garantías.

Yendo al texto publicado y en resumen podemos decir que esta propuesta hace referencia a dos cuestiones muy diferentes.

Por un lado trata de la gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), esa franja de costa delimitada por el Estado y recogida en la Constitución Española (Art. 132) que constituye bien de dominio público y cuyos usos son regulados por la legislación estatal. La Ley propone negociar con el Estado central la gestión de tales usos. Obviamente la propuesta de negociar algo en el futuro no puede ser objeto de ninguna legislación, más bien diríamos que tras negociar lo que sea con el Estado central se podrá legislar sobre aquello que ya se haya acordado entre las partes.

Sin duda la cuestión a la que se pretende hacer referencia es la de las construcciones que actualmente se encuentran dentro del deslinde del DPMT y cuyos propietarios llevan tiempo exigiendo que se les permita la consideración de poseer la nuda propiedad de las viviendas y su suelo y que se encuentran ante la perentoria situación de inundabilidad por la evidente regresión del mar. Parecería más bien una propuesta con un notable tinte electoralista que una propuesta seria y rigurosa para intentar dar solución adecuada al problema. El resto de esta parte se refiere al uso de playas y acantilados para fines turísticos y de hostelería, lo que ya se encuentra recogido en la actual legislación y no parece requerir más que negociaciones de detalle.

En todo caso la Ley gallega no planteaba negociar con el gobierno central el uso del DPMT, sino que establecía un conjunto de usos determinados por la Xunta. El gobierno central llevó el caso al Tribunal Constitucional y éste falló hace un par de meses que no había tal apropiación de unos derechos exclusivos ya que el Estatuto de Autonomía reconocía desde su aprobación por las Cortes Generales en 1981 tal derecho a la Xunta y la competencia no es exclusiva del Ministerio sino compartida con la Xunta por el Estatuto de Autonomía, que como en todos los demás casos forma parte del ordenamiento jurídico del Estado según recoge los artículos 146 y 147 de la Constitución Española. Caso muy diferente sería el de la Comunidad Valenciana, cuyo estatuto de autonomía no recoge tal posibilidad y por tanto se mantiene en exclusiva la capacidad de regular el uso del DPMT por parte del ministerio. Será preciso recordar este detalle por si hubiera quien pretendiese defender esta presunta competencia del Gobern en base a la sentencia del TC, esa es la razón por la que esta curiosa propuesta legal actual se limita a declarar su intención de negociar en el futuro dichas posibles competencias.

Pero por otro lado la norma que se pretende llevar a las Corts es un conjunto de afirmaciones sobre un espacio difuso al que denomina “litoral” manifiestamente indefinido. Eso sí que parece que es el meollo de la propuesta.

Sin embargo nos encontramos con un amplio puñado de folios impresos dedicados a proclamar con el mayor entusiasmo la necesidad de defender un futuro ecológico, verde, natural, racional y equilibrado y a jurar por todo lo más sagrado el más profundo respeto del Gobern hacia tan altos ideales y su más alto compromiso por desarrollar tales objetivos, pero sin ninguna medida concreta para conseguir tan elevado fin, que se reduce simplemente a la declaración de una propuesta de zonificación cuyas características y usos se definen vagamente.

Se repite insistentemente en que ese espacio indefinido llamado litoral debe ser conservado, respetado, y cuidado con el mayor entusiasmo para su mejor aprovechamiento “social y económico”. Ahí, sin duda, al lector le empiezan a asaltar las dudas.

Sólo al final del texto en una Disposición Adicional se indica que una vez aprobada la Ley, el PATIVEL “deberá ser revisado para su adaptación a esta Ley en un plazo de tres meses a contar desde su entrada en vigor”, añadiendo en la Disposición Adicional Tercera que los ayuntamientos indicarán en ese mismo plazo cuales suelos pueden en su criterio ser urbanizados en la franja de un máximo de doscientos metros desde el DPMT.

Quizás no eran necesarios veinte folios del DOGV llenos de declaraciones de exaltación ecológica un tanto abstracta, para simplemente decir que la intención final es “revisar” el PATIVEL y urbanizar la primera línea de costa que esa norma ha pretendido preservar de un proceso urbanizador.

Hay que recordar que el PATIVEL se aprueba como Decreto de la Generalitat, no como Ley de las Corts. En consecuencia su revisión podría hacerse por vía Decreto nuevamente sin necesidad de una legislación previa que intente justificar su supuesta invalidez. ¿Para qué entonces esta Ley? ¿De quién tienen miedo? ¿De Bruselas?, ¿Del Tribunal Constitucional? ¿De los movimientos sociales conservacionistas que se manifiestan escandalizados de la pertinaz destrucción de la costa en manos de alcaldes y promotores asilvestrados? Probablemente de todo ello.

Llama entonces la atención el descuido y la ligereza del texto propuesto. Ya decimos que es copia literal en gran parte de la Ley aprobada en Galicia a finales del pasado año. Veamos:

Así en el Título 1 son copia literal palabra a palabra de los Capítulos íntegros 2, 3 con todos sus artículos y parte del 4, en el Título 2º casi todo el Capítulo 1º, especialmente literales los artículos de los planes de ordenación y de playas, en el Título 3º, todo el Capítulo 5, y en el resto de los Títulos y Capítulos son copia no literal o simples adaptaciones más de la mitad del texto.

Sin embargo observamos con sorpresa que mientras la Ley gallega tiene 73 artículos, la valenciana sólo tiene 59. ¿Qué se ha suprimido? Pues aunque resulte tan burdo, todos los artículos referidos a la protección, delimitación, concreción de usos y prohibiciones, los aspectos cívicos, de participación ciudadana, de igualdad de género, y los de garantías que llenaban folios y folios de la Ley gallega.

De esta manera si nos adentramos en la comparativa de ambas normas vemos que la copia carece de todo sentido por al menos tres poderosas razones: En primer lugar porque la costa gallega es atlántica y la valenciana mediterránea, con lo que las mareas no tienen punto de comparación, y en consecuencia las mediciones de aquello a lo que denominar litoral carece de cualquier parecido. En segundo lugar porque la costa gallega es la base de la más importante parte del PIB gallego por cuanto la marisquería y la pesca de bajura son no sólo un importantísimo capítulo de esa economía, sino porque sustenta casi el 20% del empleo del país y porque el marisco gallego es el producto importado de mayor valor añadido de su economía. Y por último, en tercer lugar, porque la estructura económica de Galicia no tiene relación alguna con la valenciana, y en particular en su costa o en esa precisa banda llamada litoral que la Ley gallega delimita con absoluta precisión y la valenciana deja en el limbo de los injustos, ya que en Galicia esa banda no está sobresaturada por el ladrillo ni por un turismo masivo destructivo, sino por aldeas, pueblos y puertos y rías cuyo aprovechamiento es casi el opuesto al que los valencianos amos del ladrillo y demasiados gobernantes locales quieren dar su primera línea de costa.

Además cabe destacar que en la transmutación de una legislación a otra han ocurrido fenómenos locales muy interesantes. La inmensa ambigüedad de la ley valenciana sorprende al lector. Por ejemplo define litoral como una franja de terreno entre la línea de mar y según una distancia que no se define con claridad cómo de 2.000 metros, o 500 metros, 200 metros, más de doscientos pero más o menos de 500 y menos de 200. Así el Art. 2º del Capítulo 1º dice: ¨El ámbito de aplicación de esta ley viene constituido por el litoral de la Comunidad Valenciana, entendido como la franja geográfica de anchura variable en la que se produce la transición entre los sistemas terrestre y marítimo con interacción de la naturaleza y las actividades humanas. A los efectos de la presente ley el litoral valenciano abarca la franja de anchura variable que abarca desde la primera línea de tierra no bañada por el mar y oscilará entre 500 y 2000 metros medidos en proyección horizontal. Con carácter general su anchura será de 500 metros, salvo cuando exista una clara discontinuidad con terrenos situados más allá de dicha franja donde así mismo se aprecie la interacción entre las actividades humanas y el mar. Excepcionalmente dicha franja podrá tener una anchura inferior cuando debido a barreras naturales o artificiales, como vías de transporte interurbano, se rompa la interacción entre el mar y dichas actividades humanas. El plan litoral de la Comunidad Valenciana delimitará la anchura de la zona litoral conforme a lo indicado en este precepto“.    

Luego deberemos ir a la definición de plan litoral. Art. 15. “El plan de ordenación costera es el instrumento de ordenación en ejecución de las determinaciones establecidas en la presente ley que pretende dotar al litoral de un marco normativo estable que lo proteja de forma efectiva a través de establecimiento de un conjunto de criterios y normas que garanticen una ordenación basada en criterios de sostenibilidad y la conservación, protección y puesta en valor de estos espacios del litoral de forma armonizada con su aprovechamiento económico.” Parecería que entonces se van a establecer claros criterios objetivos para el desarrollo de esas normas, pero a continuación sólo se ofrece un listado de determinaciones igualmente abstracto e indefinido.

En realidad todo el texto peca de una inmensa indefinición, vaguedad y un alto grado de abstracción lo que acaba llevando al redactor valenciano a hacer gala del tradicional barroquismo a que tan aficionado es el conservadurismo popular local, incluyendo verdaderas joyas de lenguaje típicamente marxista del estilo de “La parte primera de la parte contratante es igual que la parte primera de la parte contratante”, como por ejemplo cuando en el artículo 36 referido a usos prohibidos en lo que denomina “área de mejora” afirma que estarán prohibidos: “Los usos prohibidos en suelo no urbanizable de conformidad con el (sic) dispuesto en la legislación urbanística sin perjuicio de lo indicado en esta Ley para los núcleos tradicionales regulados en el Art. 18”, y a continuación buscamos el Artículo 18 y vemos que es un artículo simplemente dedicado a definir el concepto de playa. Con la mejor voluntad buscamos la posible referencia al margen de la probable errata, y encontramos el artículo 23 “Zonificación del litoral”: “Área de mejora ambiental y paisajística: comprende los espacios que sin reunir las condiciones de los anteriores [se refiere a los espacios que llama de protección ambiental] se mantienen mayoritariamente libres de procesos de urbanización y degradación o sufrieron procesos de desnaturalización fácilmente reversibles, por lo que exigen acciones de protección, recuperación y mejora de sus condiciones”.  Sin que quede claro si eran suelos urbanizables o no y qué acciones requieren, con lo que la indefinición definitiva resulta palmaria. Intentando aclarar por qué se hace referencia a un supuesto artículo 18, puede pensar el lector que quizás sea una simple errata y la referencia real sea un llamado Artículo 28, en el que en alguno de sus apartados se hace alguna referencia al DPMT entre otros.      

Sin embargo lo más importante es que en todo este conglomerado de vaguedades hay un punto en el que se establece que a la hora de urbanizar alguno de estos espacios vagamente protegidos (o no, no se sabe) resultara preceptivo que sea el ayuntamiento de esa localidad costera quien informe de qué uso debería en su opinión darse a esos suelos. O sea que al final toda la farfolla ecologista se resume en que se protegerá o no y en indefinida medida a aquellos suelos que al ayuntamiento le parezca adecuado urbanizar o no, todo eso expresado con confusa vaguedad. Por ahí deberíamos haber comenzado.

Por otra parte la Ley gallega dedica numerosos artículos a normas específicas y muy concretas de protección de su litoral (perfectamente definido en su extensión) para su máximo mantenimiento estable y de esta manera su mejor uso en relación a las tareas de marisquería y pesca, urbanas, portuarias y turísticas, buscando un futuro lo más estable y conservacionista posible, incluyendo incluso medidas didácticas que deberán incorporarse a planes de estudio infantiles y juveniles y labores de promoción de la educación cívica. Obviamente todo eso está absolutamente ausente del borrador de la ley valenciana.

En conclusión si esta Ley se aprobase como está no dudamos que crearía una enorme inseguridad jurídica ante la inmensa falta de concreción y la notable vaguedad de sus prescripciones. Nada puede ser peor para una norma legal. Y no se diga que toda esa concreción se pretenderá desarrollar en un futuro reglamento, pues los reglamentos de las leyes lo que hacen es aplicar la Ley a la realidad fáctica, pero aquí no parece haber materia alguna concreta que aplicar.

En conclusión, sería preciso alegar en este periodo de alegaciones abierto, tanto que una norma legal no puede hacer referencia a que en el futuro se pretenderá negociar con otro nivel administrativo como es el gobierno central o el MITECO. Eso es más bien una declaración de intenciones que una normativa aplicable a ninguna cuestión. Espere, al menos en esta parte, la legislación a lo que se pueda acordar con el gobierno central y luego ya se podrá legislar positivamente.

Y en segundo lugar será preciso advertir que una norma tan vaga y difusa que en consecuencia crea una gran inseguridad jurídica y que dejaría en manos de los tribunales interpretaciones enormemente variables, no es lo más prudente, y que si esto se hace con la oscura intención precisamente de dejar una gama de interpretaciones inmensa en manos de ayuntamientos, y en última instancia de los Tribunales, se comete un grave error cuyas consecuencias pueden resultar desastrosas para vecinos, organizaciones ecologistas, ayuntamientos y promotores inmobiliarios.