La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE ha abierto una puerta muy importante para la reparación moral, social y política de todos cuantos fuimos injustamente acusados y condenados por este asunto. El PP ha desarrollado un ecosistema político-mediático basado en el ruido. No en el debate y el disenso, no en el contraste de ideas basadas en hechos. No, lo que ha hecho el PP es crear un sistema en el que los decibelios y las cacerías ordenadas desde la calle Génova y ejecutadas desde distintos ámbitos acallen a la razón y, por lo tanto, a la verdad. 

Quince años después puedo decir que yo era inocente respecto a la trama política organizada y hoy felizmente desmontada. El TC ha confirmado lo que venimos diciendo desde hace muchos años: una ley aprobada en un Parlamento no puede ser ilegal. Y las leyes del Parlamento de Andalucía no podían ser sometidas a control jurisdiccional atendiendo al principio de separación de poderes. El garante de la Constitución ha anulado esa sentencia y ha dicho que ese delito no existía. Esa es la verdad judicial, la que siempre reclama el PP cuando le conviene. Pues ahí la tienen. Solo espero y deseo que las próximas sentencias sigan el mismo camino para el resto de compañeros condenados, entre ellos los dos expresidentes, Manolo Chaves y Pepe Griñán.

La sentencia es un bálsamo en tres sentidos.

Es imposible combatir una campaña de acoso como la que he padecido. Me aterraba que mis nietos crecieran y pudieran pensar que su abuela era quien otros decían que era. Esa sensación horrible se ha diluido gracias a la sentencia del TC.

Personalmente, respiro aliviada: nada tan injusto y demoledor como pasar a la historia como una política corrupta cuando durante mi trayectoria política he acreditado justo lo contrario. Una sabe quién es y los tuyos lo saben, pero es imposible combatir una campaña de acoso como la que he padecido. Sé que incluso gente de buena fe creyó los argumentos fabricados ad hoc. Ahora hay una oportunidad para el desmontaje de lo que podemos llamar “la gran mentira”. La política cosifica a quienes la practicamos. Nos convierte en objetos privados de derechos. Pero no, somos personas. Y me aterraba que mis nietos crecieran y pudieran pensar que su abuela era quien otros decían que era. Esa sensación horrible se ha diluido gracias a la sentencia del TC.

Políticamente, la sentencia recoloca al PSOE en la posición de la que nunca debió salir: la de un partido honrado que ha transformado profundamente Andalucía. Los socialistas andaluces hemos pagado una cuenta muy elevada sin ser nuestra: la pérdida del poder y del prestigio ante nuestros ciudadanos. El PP y sus entornos judiciales supieron construir una causa a la medida de sus intereses. A la vez que los andaluces votaban a Moreno Bonilla en las urnas, los dirigentes del PSOE estábamos sentados injustamente en un banquillo. La alteración de las reglas de juego fue evidente. Trabajaron coordinadamente para quebrar el sistema. Y lo lograron. Después llegó lo que ustedes conocen y que sabemos que tardará tiempo en ser enterrado: la manipulación, la fijación de la idea de que nos habíamos llenado los bolsillos con dinero público. En la causa que nos atañe no ha habido un solo renglón en el que se afirme que alguno de nosotros nos enriquecimos ni que el partido se financió ilegalmente, algo que no puede decir el PP, según sentencia del Tribunal Supremo, que acreditó que el partido de la calle Génova se financió ilegalmente durante 18 años a través de una caja B.

Socialmente, la sentencia nos permite salir de cierto ostracismo en el que te sumerge un caso tan brutal como falso. Voluntariamente das pasos atrás en tu vida porque no quieres perjudicar con tu presencia. Hoy ha acabado todo esto. La reparación total es imposible: han sido 15 años en los que han pasado muchas cosas. Quince años en los que has visto tu nombre utilizado para fines políticos. Dejé la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones. He tenido que hacer frente patrimonialmente a los gastos derivados del proceso. No, esos 15 años no nos lo devuelve nadie. Pero al menos queda la verdad. Todo lo que han dicho durante este tiempo era falso, no existía. El montaje se ha caído.

El PP debería dar explicaciones, pero no lo hará. No sabe hacerlo. Al contrario, ha emprendido el camino de la demolición del TC porque la sentencia los desnuda. Es una actitud antidemocrática. Cada vez parece más un partido antisistema. Saben que el TC es el tribunal de garantías y no hay juego político limpio y democrático si no se respetan sus decisiones. Por eso no va a parar la cacería política, porque sería como admitir lo que han hecho.

La justicia tendrá que concretar en cada caso si hubo o no fraude, la cuantía y los beneficiarios, y hasta ahora no lo ha hecho. La cifra de 700 millones de euros repetida hasta la saciedad por el Partido Popular es otro invento; tanto la han repetido que hasta los mejor intencionados se lo han creído. Los datos de la Cámara de cuentas de Andalucía son otros bien distintos. Sin embargo, lo extraño es que el señor Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, sigue pagando dichas ayudas (las fraudulentas, según ellos) año tras año. ¿No eran ilegales? ¿La Junta de Andalucía comete una ilegalidad a sabiendas? ¿están pagando ayudas a quien no corresponde? ¿A cuántas de las personas que reciben estas ayudas han solicitado su devolución?

Demasiadas falsedades acumuladas durante muchos años son difíciles de desmontar en unos días. Pero ya conocemos la verdad política y la verdad judicial y ambas permiten afirmar que no estamos “ante el mayor caso de corrupción” de la democracia sino ante la mayor manipulación de la historia de la democracia. Ante un montaje diseñado, coordinado y ejecutado contra el PSOE. El PP debería estar avergonzado y pidiendo disculpas, pero ya han descubierto que hay atajos que les sirven para conquistar el poder. Y seguirán recurriendo a esos atajos aún a costa del daño a las personas y del deterioro infinito que se inflige a nuestro sistema democrático.