A lo largo de la historia económica moderna, determinadas oleadas de inversión han reconfigurado de manera radical los paradigmas tecnoeconómicos que definen la lógica de la producción y comercialización de bienes y servicios. Hoy, la inversión en digitalización rivaliza tanto con los grandes proyectos del pasado, desde el tendido de la red ferroviaria hasta la exploración espacial, como con la transición energética; que constituye el otro gran vector de transformación económica contemporánea.

Dada la magnitud de recursos dedicados al desarrollo de software (como los modelos estadísticos detrás de la inteligencia artificial), y de hardware (p. ej. microchips, tarjetas gráficas o centros de datos), es de esperar que se redefina los procesos de trabajo en la mayoría de las ocupaciones. En este sentido, la literatura especializada en los efectos sobre el mercado laboral del cambio tecnológico sostiene dos grandes tesis: (a) el aumento de la productividad (unidades de producto por unidad de trabajo) es inferior al aumento del producto y, por lo tanto, no se destruye empleo en términos generales; (b) las ocupaciones cuyas tareas son más fácilmente automatizables (o “rutinarias”) se verán desplazadas en la estructura ocupacional del empleo y, por lo tanto, se perderán y/o dejarán de crear estos puestos de trabajo. El efecto combinado de ambas tesis implica que las transiciones laborales en las ocupaciones con mayor grado de automatización se verán afectadas por dos vías: por un lado, habrá personas que cambiarán de ocupación (mayor flujo de salida hacia el resto) y, por otro lado, se reducirán las nuevas incorporaciones (menor flujo de entrada). Por ello, las implicaciones para las trayectorias laborales individuales son de una gravedad que no debe ser subestimada.

La evidencia sobre estos fenómenos en las últimas décadas es bastante clara, particularmente si se toman los datos de EE. UU., dado que ofrecen una mayor calidad y homogeneidad. Allí, estudios previos han hallado un patrón de polarización o, al menos, de creación de empleo sesgado. En el primer cuarto del siglo XXI, se observa una caída intensa en categorías “cognitivas rutinarias” como trabajadores de apoyo administrativo y de oficina (-4 millones) y ventas (-1,5 millones). Los primeros se encargan principalmente de registrar y controlar información y documento o atender y comunicarse con el público, mientras que los segundos incluyen ventas minoristas, mayoristas y sector inmobiliario; tareas que pudieron automatizarse mediante la informática. En el otro extremo se sitúan los puestos de dirección y profesionales, científicos y técnicos; juntos suponen aproximadamente 25 de los 26 millones de puestos que se han creado desde el año 2000. Este colectivo engloba, lógicamente, actividades muy diferentes que abarcan desde finanzas, hasta informática, arquitectura, ingeniería, distintas ramas científicas (ciencias de la vida, físicas, naturales y sociales), el ámbito jurídico, junto con las artes y la comunicación.

La pregunta que surge ante la nueva ola de digitalización es si algunas de estas ocupaciones “cognitivas no rutinarias”, que han liderado la creación de empleo en las últimas décadas, mostrarán el mismo declive que hemos observado en las ocupaciones “cognitivas rutinarias” y, con ello, generarán nuevos procesos de polarización ocupacional.

Ante esta cuestión, no conviene olvidar que los mercados de trabajo no son simples mecanismos de asignación eficiente de habilidades, sino estructuras segmentadas en las que el acceso a empleos estables, bien remunerados y con posibilidades de ascenso (segmento primario) está condicionado por un conjunto de factores institucionales de relaciones laborales que la digitalización no disuelve, sino que frecuentemente refuerza. Esto se debe a que la incorporación de una nueva tecnología al entorno laboral es un proceso de construcción social en el que distintos grupos luchan por definir los límites e implicaciones de su uso.

La experiencia del trabajo en plataformas digitales muestra precisamente que mediante la externalización se puede profundizar la brecha entre el segmento primario (trabajadores con autonomía y capacidad de adaptación, que pueden decidir su relación con la tecnología) y un segmento secundario (trabajadores sometidos a vigilancia algorítmica, estandarización de tareas y pérdida de control sobre su ritmo y condiciones). La tecnología, en este sentido, actúa como un mecanismo que naturaliza la segmentación: convierte una división social del trabajo en una necesidad técnica.

En consecuencia, la regulación de los efectos laborales de la digitalización, tanto a nivel general por ley o como a nivel especifico mediante la negociación colectiva, puede entenderse como un mecanismo que impide que el marco tecnológico empresarial se imponga sin contrapeso, permitiendo que otros grupos tengan capacidad de redefinir el problema y de exigir que la tecnología se adapte a sus necesidades y derechos. Es en este contexto donde cobran especial relevancia la participación de los trabajadores en la organización del trabajo para canalizar los efectos del cambio tecnológico.

Los convenios colectivos deberían incorporar la obligación de la compañía de comunicar de forma previa a los trabajadores y sus representantes los proyectos de introducción de nuevas tecnologías que suponga una modificación sustancial de las condiciones laborales o que exija un periodo de formación y adaptación técnica. Deben analizarse específicamente los efectos en los salarios, en el empleo, con cláusulas de salvaguarda, la salud laboral, especialmente en términos de desconexión, la formación, con cursos de adaptación específicos, y en la organización del tiempo de trabajo.

En síntesis, la envergadura de la inversión en digitalización obliga a tomar en serio sus implicaciones económicas y sociales. Ello exige examinar quién controla la adopción de las tecnologías, quién se apropia de sus beneficios, sobre qué estructuras laborales preexistentes se despliegan y qué mecanismos de regulación, representación colectiva y redistribución serían necesarios para que su impacto resulte socialmente legítimo. La historia de las grandes transformaciones técnicas enseña que la forma concreta que adopte esta reorganización del trabajo, junto con sus efectos distributivos, está determinada por las decisiones institucionales y los equilibrios de poder que enmarcan su adopción. La digitalización no es una excepción.

La reducción de jornada o más específicamente la reducción del tiempo de trabajo (RTT) ha sido una de las grandes medidas en política laboral, tradicionalmente reivindicada por el movimiento obrero, y que recientemente ha recobrado protagonismo. Las iniciativas como los proyectos piloto de reducción de jornada fomentados desde el Ministerio de Industria, pero también otros ejemplos como el proyecto impulsado desde la Comunidad Valenciana han supuesto pasos significativos en la aceptación y viabilidad de la medida. Todo ello, acompañado del empuje de la Four-Day Week Summit, que pretende aunar las posiciones de los agentes sociales para generar un consenso en torno a los beneficios, no sólo sobre la salud y la conciliación sino también sobre las variables macroeconómicas que de su implementación se derivarían. Así, llegó a recogerse en el acuerdo de Gobierno de Coalición la propuesta de reducción de la jornada laboral de forma escalonada hasta alcanzar las 37,5 horas en 2025, abriendo camino a futuras reducciones. Como en cada ocasión, se ha iniciado un amplio debate sobre sus posibles efectos macroeconómicos.

Si bien los beneficios en torno a la salud y la conciliación gozan de un gran consenso, los críticos con la RTT arremeten contra los efectos macroeconómicos. Se sostiene que, de no acompañarse de una reducción proporcional de los salarios, el aumento de los costes laborales será superior al aumento de la productividad lo que incrementará el coste laboral unitario (definido como los costes salariales nominales en relación con la productividad real). Este efecto, argumentan, contraerá los beneficios y conllevará a un aumento de precios de bienes y servicios por parte de las empresas para protegerse de la subida salarial. Como consecuencia, esa mayor inflación deteriorará las exportaciones netas (por la pérdida de competitividad) y perjudicará la demanda interna. Este argumento nos tiene que sonar familiar, es en realidad la crítica habitual a cualquier subida salarial.

La premisa fundamental detrás de esta teoría es que el aumento salarial sólo puede tener efecto negativo porque los salarios son contemplados únicamente como un coste para las empresas. Sin embargo, si se incorpora el hecho de que los salarios son la principal fuente de ingresos de la mayoría de consumidores se obtiene que incrementar los salarios reales no solo beneficia a los trabajadores individualmente, sino que también tiene efectos macroeconómicos positivos. Conviene analizar cada elemento del mecanismo causal por partes.

Primero, un aumento en los salarios reales implica un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores. Dado que estos tienden a tener una propensión marginal al consumo más alta que los ingresos derivados del capital, esto se traduce en un aumento significativo de la demanda agregada de bienes y servicios, impulsando así la actividad económica.

Segundo, el incremento en la demanda interna no solo beneficia a sectores orientados al mercado interno, como el comercio minorista y los servicios, sino que también estimula la producción industrial y la inversión empresarial. Esto se debe en parte al efecto acelerador, que sugiere que un aumento en la demanda final de bienes y servicios estimula a las empresas a expandir la producción. Las empresas, ante una mayor demanda, tienen incentivos para invertir en la ampliación de su capacidad productiva para satisfacer la creciente demanda del mercado. Por ello, realizan inversiones en capital (instalaciones y equipamientos productivos) que a su vez estimulan la demanda de los sectores que producen bienes de capital.

Tercero, al efecto combinado de estos dos impulsos se le denomina el efecto multiplicador, el cual juega un papel crucial en este contexto. El mecanismo es realmente simple. Cada unidad adicional de gasto inicial genera un aumento de la producción. Este aumento de la producción provoca un aumento equivalente de la renta y de la renta disponible. Como la propensión marginal a consumir es positiva, el aumento de la renta disponible eleva aún más la demanda; lo cual vuelve a incrementar el gasto y así sucesivamente hasta que este ciclo de efectos encadenados se agota. Así, los aumentos en la demanda interna derivados de salarios más altos activan un ciclo de crecimiento donde la producción, la inversión y el empleo se refuerzan mutuamente, promoviendo así una expansión económica sostenida.

En síntesis, las economías en las que el aumento de los salarios tiene un efecto positivo sobre el crecimiento y el empleo se distinguen por varias características clave. En primer lugar, exhiben una propensión al consumo de las rentas del trabajo significativamente mayor que la propensión al consumo de las rentas del capital. Esto se debe a que los trabajadores, al tener salarios más altos, tienden a gastar una mayor proporción de sus ingresos en bienes y servicios, en comparación con los inversores que optan por ahorrar en mayor medida; lo cual reduce el efecto multiplicador.

En segundo lugar, la inversión en estas economías está menos ligada a la rentabilidad inmediata del capital provocada por los márgenes de beneficios y más influenciada por la demanda interna y las expectativas de crecimiento a largo plazo. Es por ello que para que ese aumento salarial no provoque tensiones inflacionarias es necesario que haya una ampliación de la capacidad productiva y una mejora de la eficiencia, para lo cual es necesaria una tasa elevada de reinversión de los beneficios que garantice la elasticidad de la oferta ante cambios en la renta y la demanda.

En tercer lugar, se trata de economías cuyos productos de exportación son poco sensibles al precio (baja elasticidad-precio de los bienes exportados) y los productos importados son poco sensibles al incremento de la renta disponible (baja elasticidad-renta en los productos importados).

La cuestión de si estas condiciones se cumplen no depende de supuestos apriorísticos ni axiomas indemostrables, sino de la evidencia empírica disponible. En una serie de trabajos hemos encontrado de manera sistemática, utilizando distintas metodologías, fuentes de datos y períodos de análisis, que estas condiciones se cumplen para el caso de la economía española.

Finalmente, es importante destacar que un aspecto central es aplicar medidas generales al conjunto de la economía ya que, debido al carácter dual de los salarios, en caso contrario se podría producir un fallo de coordinación. Por una parte, la masa salarial, y por tanto gran parte de la demanda de consumo, depende de los salarios pagados por el conjunto de las empresas. En consecuencia, a cada empresa individual le interesa que el resto de empresas paguen mayores salarios para que la masa salarial sea lo más elevada posible (porque también lo será el consumo agregado y sus beneficios). A su vez, como los salarios suponen un coste, cada empresa individualmente desea pagar lo menos posible. De esta forma, cuando existen esas reglas de coordinación que permiten evitar comportamientos estratégicos en el incremento salarial se alcanza una mayor inversión, producción y empleo.

En resumen, la RTT sin una reducción de salarios podría tener efectos positivos en la economía española como consecuencia, precisamente, del aumento de los ingresos de los trabajadores. Al fortalecer el consumo, impulsar la inversión y amplificar el efecto multiplicador, esta política no sólo promueve una economía más inclusiva en el plano social sino que también podría generar un estímulo al crecimiento en el plano macroeconómico.